René Javier Jiménez López

Expediente 1317/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1317/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
22/04/2022

Partes del expediente

  • René Javier Jiménez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1. relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro aspecto, por carecer de objeto su permanencia en este Juzgado, devuélvase al Magistrado Titular de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca, los dos tomos de pruebas que integran los autos originales del expediente 159/2016. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el Juez determina lo siguiente: I. En este expediente por auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el trece de diciembre de dos mil veintiuno, se negó la definitiva solicitada; que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. II. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión (original) del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. V. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. VI. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. VII. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    " . . . S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1317/2021, promovido por René Javier Jiménez López, en contra de los actos que reclama a la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y otra autoridad. El problema jurídico en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si la multa impuesta en proveído de veintiocho de febrero de dos mil veinte, en el expediente de nulidad 159/2016, del índice de la Sala responsable, que dio origen al crédito fiscal 48008, vulnera los derechos fundamentales del quejoso contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES Según señala la parte quejosa bajo formal protesta de decir verdad en su demanda de amparo, el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, fue informado por una compañera de trabajo que dos personas, una del sexo masculino y otra del femenino, quienes portaban unos gafetes que se alcanzaba a leer que decían notificador y ejecutor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, le manifestaron que existen alrededor de cinco créditos fiscales contra del aquí quejoso, que requerían de su presencia para hacerlo de su conocimiento, que posteriormente regresarían a realizar diligencias de notificación y embargo a su fuente de trabajo, todo esto ordenado por la Coordinadora de Cobro Coactivo, el Secretario de Finanzas y la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. Consta en autos que el treinta y uno de enero de dos mil veinte, en autos del juicio de nulidad 159/2016, se requirió al quejoso el cumplimiento de la sentencia dictada, con apercibimiento que de no cumplir en los términos de dicho requerimiento se le haría efectiva una multa. En acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento citado; determinación que se notificó al aquí quejoso el veinticinco de septiembre de dos mil veinte. Mediante oficio TJAO/SUPI/734/2020, la Sala responsable solicitó al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, hiciera efectiva la multa impuesta, la que quedó controlada con el crédito 48008. La multa referida y su cobro constituyen el acto reclamado en esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, René Javier Jiménez López, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que atribuyó a la Coordinadora de Cobro Coactivo, el Secretario de Finanzas y la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los hechos del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Primer Juzgado conocedor de la demanda. El escrito original de demanda fue turnado al Juzgado Segundo de Distrito en esta localidad, quien lo admitió a trámite en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, radicándolo con el número 970/2021, solicitó los informes a las responsables y siguió el trámite correspondiente. Ampliación de demanda. El dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el quejoso presentó en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, un escrito por el que amplió la demanda origen de dicho expediente por actos que adujo tuvo conocimiento a raíz de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, la que fue admitida en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Separación de juicios. En el citado proveído, el Juez Segundo de Distrito en el Estado, determinó la separación de juicios, en virtud que de la ampliación de la demanda se advertían actos desvinculados entre sí, dado que los nuevos actos reclamados derivan del cobro de diversos créditos fiscales, ordenando remitir copia certificada de todo lo actuado dentro del expediente mencionado. Admisión de la demanda por parte de este órgano jurisdiccional. Las copias certificadas deducidas de la separación de juicios realizada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, fueron remitidas a este órgano jurisdiccional, por razón de turno, admitiéndose a trámite el tres de diciembre de dos mil veintiuno, registrando el nuevo juicio con el número 1317/2021, ´precisando que el trámite sería únicamente por cuanto hace a los actos consistentes en la imposición de la multa controlada con el crédito fiscal 48008, derivado del expediente 159/2016 del índice de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, y los actos relativos a su cobro atribuidos a la Coordinadora de Cobro Coactivo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, por lo que se les solicitó el informe justificado correspondiente; se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo a los trámites del juicio, se llevó a cabo el dieciséis de marzo de dos mil veintidós. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto; este juzgado conoce de todas las materias por carecer de jurisdicción especial, y porque los actos reclamados derivan de autoridades que residen dentro la de jurisdicción de este órgano jurisdiccional. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, de los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la parte inconforme combate lo siguiente: De la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca: La multa impuesta en proveído de veintiocho de febrero de dos mil veinte, en el expediente relativo al juicio de nulidad 159/2016. De la Coordinadora de Cobro Coactivo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca: El mandamiento de ejecución relativo al crédito fiscal 48008, derivado de la multa impuesta en el auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, en el expediente relativo al juicio de nulidad 159/2016, dictado por la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. CERTEZA DEL ACTO Al rendir sus respectivos informes justificados el Magistrado titular de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, y el Director de lo Contencioso de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, en representación de la autoridad señalada como Coordinadora de Cobro Coactivo de dicha secretaría, aceptaron el acto reclamado, agregando que el ahora quejoso reclama diversos créditos fiscales emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, originados de multas impuestas por diferentes autoridades jurisdiccionales, de las cuales se advierte que el crédito fiscal 48008 se originó en el expediente de nulidad 0159/2016 del índice de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia, en el que se impuso multa a René Javier Jiménez López en su carácter de Síndico Hacendario Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, por la cantidad de $4,430.88 (cuatro mil cuatrocientos treinta pesos 88/100). Ahora, de las constancias remitidas por ambas autoridades responsables, precisamente de los oficios SF/SI/DIR/CCC/2415/2021 y SF/SI/DIR/CCC/2436/2021 de siete y nueve de diciembre de dos mil veintiuno, firmados por la Coordinadora de Cobro Coactivo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, y dirigidos el primero al Director de la Contencioso y el segundo, a la Actuaria Adscrita a la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, les informó el número de créditos fiscales emitidos con motivo de la multas impuestas a diversas autoridades municipales de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, así como su estatus, entre los cuales se encuentra el crédito fiscal 48008 a nombre de René Javier Jiménez López en su carácter de Síndico Hacendario Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Además, la certeza de esas actuaciones se deduce de los documentos que anexaron a sus respectivos informes justificados las autoridades responsables, a los que se les otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2, pues fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la tesis de Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." PROCEDENCIA El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Se advierte que respecto del acto consistente en: la multa impuesta en proveído de veintiocho de febrero de dos mil veinte, dentro del juicio de nulidad 156/2016, por el Magistrado de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De las precitadas reglas, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva fuera del término de quince días contado a partir de que: a) haya surtido efectos, de acuerdo a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) se haya ostentado sabedor del acto reclamado. Aunado a lo anterior, debe precisarse que el juicio de amparo que ahora se resuelve no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado carece de un contenido o efecto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército. Tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En el caso, de las constancias de autos remitidas por la Sala responsable se advierte lo siguiente: 1) El quejoso René Javier Jiménez López, en el momento en que se le hizo efectiva la multa materia de la litis, ostentaba la personalidad de Síndico Hacendario y Representante Legal del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, como parte demandada en el juicio de 159/2016 del índice de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; promovido por Noé Andrés García, propietario de ANDALVA Distribuidora de Medicamentos, Materiales para Consultorios y Farmacias. 2) En sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se declaró la nulidad lisa y llana de la negativa de pago por parte del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y en consecuencia, se ordenó el pago de las facturas señaladas, por la cantidad en dicha sentencia precisada. 3) Una vez que quedó firme la sentencia, en auto de doce de diciembre de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad demandada para que, dentro del plazo de tres días, diera cumplimiento a la sentencia, remitiendo las constancias que así lo justificaran. 4) Desde esa fecha, se llevaron a cabo diversos actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de nulidad; así, en proveído de treinta y uno de enero de dos mil veinte, la magistrada Presidente de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, tuvo a las autoridades del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, entre ellos, a René Javier Jiménez López, en su carácter de Síndico Hacendario y representante legal, manifestando que contemplaron el pago de la condena en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil veinte; con lo que se tuvo en vías de cumplimiento la sentencia, requiriéndolos para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la legal notificación de ese proveído, remitieran la documentación que acreditara el cumplimiento del fallo, apercibiéndolos para el caso de no hacerlo, les impondría una multa de cincuenta y un unidades de medida y actualización, en términos del artículo 184, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. 5) Determinación de la que el aquí quejoso quedó notificado el trece de febrero de dos mil veinte, según consta en el expediente de origen; sin que se inconformara con el mismo. 6) En proveído de veintiocho de febrero de dos mil veinte, la magistrada de la Sala responsable tuvo por recibidos diversos escritos de las autoridades demandadas, entre ellos, el de René Javier Jiménez López, en su carácter de Síndico Hacendario del multicitado Ayuntamiento, por el que hicieron manifestaciones en relación al cumplimiento de la sentencia referida; no obstante, a juicio de la responsable, dicha información ya se había tomado en consideración en diversa actuación, por lo que solamente se trataba de meras evasivas que pretendían sorprender a la autoridad retrasando el cumplimiento del fallo, razón por la que hizo efectivo el medio de apremio decretado en auto de treinta y uno de enero del mismo año, imponiendo a las autoridades demandadas, entre ellas, el aquí quejoso, la multa por la cantidad de cincuenta y un unidades de medida y actualización, equivalente a $4,430.88 (cuatro mil cuatrocientos treinta pesos 88/100 Moneda Nacional), ordenando girar oficio al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, para que girara las instrucciones necesarias para su cobro -Esta determinación constituye la multa y el motivo del crédito fiscal 48008-. 7) Mediante oficio TJAO/1ªSU/723/2020, recibido el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, con fundamento en el artículo 142 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, se le notificó al Síndico Hacendario -aquí quejoso- la determinación de veintiocho de febrero de dos mil veinte, asentando además la fedataria pública adscrita a la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, que en el acto de la diligencia de notificación entregó copia simple de dicho acuerdo que contenía el pronunciamiento de multa -Fecha de conocimiento de la multa-. En síntesis, es evidente que, contrario a las manifestaciones del quejoso éste no era ningún desconocedor del origen de la multa que le fue impuesta por la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa. En primer término, porque de los antecedentes narrados anteriormente, se advierte que tuvo una conducta procesal activa dentro del juicio de nulidad 159/2016, pues presentó diversos informes sobre el cumplimiento dado a la sentencia condenatoria, en los que hizo del conocimiento de la Sala responsable, las gestiones realizadas, pero ello no fue suficiente para acatar el fallo. En segundo lugar, porque en el momento en que sucedieron los hechos, el quejoso se encontraba ostentando el cargo de Síndico Hacendario del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca; y el oficio mediante el cual se le hizo del conocimiento la imposición de la multa, obedeció a la formalidad de notificación prevista en el artículo 142 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. De igual modo, porque el uno de octubre de dos mil veinte, el quejoso informó que no estaba dentro de las posibilidades de su representado dar cumplimiento en una sola exhibición a la sentencia, aunado a que la partida respectiva del presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil veinte se había autorizado por una cantidad menor a la que ascienden las deudas del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino por concepto de laudos y sentencias, por lo que solicitó fecha para una audiencia de conciliación con la parte actora a fin de llegar a un acuerdo común para el pago de la sentencia. Por ende, es inconcuso que el quejoso se encontraba en aptitud de actuar oportunamente frente a la imposición de la multa que reclama y que, de manera extemporánea, pretende combatir en esta vía constitucional. Lo anterior es así, dado que mediante oficio TJAO/1ªSU/723/2020, dirigido al Síndico Hacendario del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, emitido por la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, cuya recepción data del veinticinco de septiembre de dos mil veinte -apreciable por la razón y sello de la encargada de Oficialía de Partes del Ayuntamiento- se hace patente que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veintisiete de agosto de dos mil veintiuno), había transcurrido en exceso el plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo para combatir en esta instancia la referida multa. Sin que este Órgano Jurisdiccional esté facultado para examinar la validez de la notificación por medio de la cual se hizo del conocimiento de la parte quejosa el auto donde se impuso la multa; aunado a que no fue señalado como acto reclamado por vicios propios, ni señaló como responsable al actuario o notificador en su escrito de demanda y ampliación de la misma. En apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, se cita el siguiente criterio: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. La notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Así, la parte que no esté conforme con la notificación efectuada por el órgano jurisdiccional respecto del laudo que pretende combatir, tiene la carga procesal de impugnar dicho acto a través del incidente de nulidad de notificaciones (regulado por la legislación laboral), pues de lo contrario, esa actuación debe entenderse consentida, además de subsistente y con plenos efectos legales. Luego, el juicio de amparo directo no es el medio pertinente para determinar la legalidad o ilegalidad de la notificación practicada por el órgano jurisdiccional emisor del laudo reclamado, ni siquiera al realizar el estudio de la oportunidad de la presentación de la demanda, por lo que cuando exista constancia de que se efectuó la notificación respectiva a determinada parte en el juicio laboral, los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a ella y a la fecha de su diligenciación para analizar la procedencia del juicio de amparo directo, específicamente para realizar el cómputo a efecto de determinar si se promovió oportunamente, sin que puedan hacer un análisis de las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra litis que, como se ha apuntado, se ciñe al análisis del laudo dictado en el juicio laboral y, en su caso, de las violaciones en el procedimiento que le dieron origen". De lo antes expuesto, se demuestra que la parte quejosa consintió tácitamente el auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, dictado dentro del juicio de nulidad 159/2016, por la Magistrada de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, donde se le impuso la multa que reclama. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia señalada, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías acorde con lo dispuesto en el diverso normativo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Estudio de las causas de improcedencia respecto del acto consistente en el mandamiento de ejecución del crédito fiscal 48008. Previo al estudio de fondo del asunto, con fundamento en el artículo 62 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales, procede el análisis de las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio constitucional. Por lo que atendiendo al contenido de las constancias, este juzgador advierte que en relación al acto reclamado consistente en mandamiento de ejecución relativo al crédito fiscal 48008, derivado de la multa impuesta en el auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, en el expediente relativo al juicio de nulidad 159/2016, dictado por la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley, bajo la óptica de que éstos son actos derivados de otros consentidos, porque así lo dispone la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, los aludidos preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". El citado numeral si bien no dispone de manera específica un motivo manifiesto que vuelva improcedente el juicio de amparo, si estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Las anteriores consideraciones tienen sustento por identidad jurídica con la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 9, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél". También, las tesis aisladas sustentadas por las otrora Tercera y Cuarta Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Registro: 352671, Tomo LXXI, Página: 6431 y Quinta Época, Tomo XCVII, Página: 1891 publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dicen: "ACTOS CONSECUENCIA DE OTROS CONSENTIDOS. La jurisprudencia relativa a que el amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino consecuencia de otros que la ley reputa consentidos, ha sido modificada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que sólo debe sobreseerse cuando el acto de que es consecuencia el segundo, lleva implícito o comprendido a este último". "ACTOS QUE SON CONSECUENCIA DE OTROS CONSENTIDOS. Para que pueda estimarse que el acto reclamado en un juicio de amparo, es consecuencia de otro anterior que fue consentido, es indispensable que éste sea susceptible de recurrirse por la misma vía, ya que de lo contrario, no es posible hablar del consentimiento del acto para los efectos del amparo". Ahora, de lo anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos de autoridad consentidos tácitamente. Para tener por actualizada la causa de improcedencia invocada, deben cumplirse dos condiciones básicas, a saber: a) La existencia de un acto anterior consentido tácitamente; y, b) La existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquel. En la inteligencia que, para que exista ese consentimiento (tácito), debe tratarse de un acto que sea susceptible de impugnarse en el juicio de amparo y que cause perjuicios en la esfera jurídica del impetrante y, en relación con la existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria del acto que fue consentido, únicamente puede sobreseerse por actualizarse el citado motivo de improcedencia, cuando el acto de que es consecuencia el segundo, lleva implícito o comprendido a este último. Como se dijo en párrafos previos, se considera que el quejoso consintió tácitamente el mandamiento de ejecución derivado del crédito fiscal 48008, mediante el cual se pretende ejecutar la multa derivada de un desacato a un mandato judicial. Es así, porque se encuentra demostrado que tal acto reclamado deriva de otro consentido, toda vez que, si bien es cierto, el impetrante mediante este juicio de amparo impugnó la multa emitida por la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, dentro del juicio de nulidad 159/2016; también lo es que la presentación de la demanda de amparo fue extemporánea como se analizó en el considerando quinto de esta sentencia. Por consiguiente, si la multa fue consentida tácitamente al ser impugnada de forma extemporánea, es incuestionable que el acto reclamado por el quejoso en su escrito inicial de demanda y en el escrito de ampliación, esto es, el mandato de ejecución, constituyen actos derivados de otros previamente consentidos tácitamente, toda vez que estos son consecuencia directa de las multas impuestas al impetrante de amparo. Máxime, que de la lectura de la demanda de amparo y escrito de ampliación no se aprecia que la parte quejosa reclame los mandamientos de ejecución emitidos por la Coordinadora de Cobro Coactivo, dependiente de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por vicios propios. Por las razones que la informan se citan los siguientes criterios: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, sólo es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto de que derivan." Adicionalmente a lo expuesto, contra el mandamiento de ejecución antes mencionado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, como se especificó, la parte quejosa reclama de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, y de la Coordinadora de Cobro Coactivo, el mandamiento de ejecución relativo al crédito fiscal 48008 derivado del expediente 159/2016. Bajo esa tesitura, de autos se aprecia que el siete de diciembre de dos mil veintiuno, la Coordinadora de Cobro Coactivo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, informó a la Sala responsable que el quejoso pagó voluntariamente la multa controlada con el crédito fiscal 48008 materia de la litis constitucional en este asunto. Por lo anterior, si en esta instancia se reclamó el mandamiento de ejecución relativo al crédito fiscal 48008 derivado del expediente 159/2016, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que al haberse hecho efectivo el pago del crédito, se destruyeron los efectos de lo reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si tal omisión no hubiera invadido la esfera jurídica de la particular. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente" DECISIÓN En ese contexto, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIV, XXI y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, en relación con los artículos 17, 18 y 217 del mismo ordenamiento legal, respectivamente, este juzgador determina el sobreseimiento en el juicio con fundamento en el diverso 63 fracción V de la Ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ***, respecto de los actos reclamados a la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y a la Coordinadora de Cobro Coactivo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, en los términos del apartado VI de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. ( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)

  4. Principal

    " . . . S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1317/2021, promovido por René Javier Jiménez López, en contra de los actos que reclama a la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y otra autoridad. El problema jurídico en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si la multa impuesta en proveído de veintiocho de febrero de dos mil veinte, en el expediente de nulidad 159/2016, del índice de la Sala responsable, que dio origen al crédito fiscal 48008, vulnera los derechos fundamentales del quejoso contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES Según señala la parte quejosa bajo formal protesta de decir verdad en su demanda de amparo, el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, fue informado por una compañera de trabajo que dos personas, una del sexo masculino y otra del femenino, quienes portaban unos gafetes que se alcanzaba a leer que decían notificador y ejecutor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, le manifestaron que existen alrededor de cinco créditos fiscales contra del aquí quejoso, que requerían de su presencia para hacerlo de su conocimiento, que posteriormente regresarían a realizar diligencias de notificación y embargo a su fuente de trabajo, todo esto ordenado por la Coordinadora de Cobro Coactivo, el Secretario de Finanzas y la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. Consta en autos que el treinta y uno de enero de dos mil veinte, en autos del juicio de nulidad 159/2016, se requirió al quejoso el cumplimiento de la sentencia dictada, con apercibimiento que de no cumplir en los términos de dicho requerimiento se le haría efectiva una multa. En acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento citado; determinación que se notificó al aquí quejoso el veinticinco de septiembre de dos mil veinte. Mediante oficio TJAO/SUPI/734/2020, la Sala responsable solicitó al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, hiciera efectiva la multa impuesta, la que quedó controlada con el crédito 48008. La multa referida y su cobro constituyen el acto reclamado en esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, René Javier Jiménez López, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que atribuyó a la Coordinadora de Cobro Coactivo, el Secretario de Finanzas y la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los hechos del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Primer Juzgado conocedor de la demanda. El escrito original de demanda fue turnado al Juzgado Segundo de Distrito en esta localidad, quien lo admitió a trámite en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, radicándolo con el número 970/2021, solicitó los informes a las responsables y siguió el trámite correspondiente. Ampliación de demanda. El dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el quejoso presentó en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, un escrito por el que amplió la demanda origen de dicho expediente por actos que adujo tuvo conocimiento a raíz de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, la que fue admitida en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Separación de juicios. En el citado proveído, el Juez Segundo de Distrito en el Estado, determinó la separación de juicios, en virtud que de la ampliación de la demanda se advertían actos desvinculados entre sí, dado que los nuevos actos reclamados derivan del cobro de diversos créditos fiscales, ordenando remitir copia certificada de todo lo actuado dentro del expediente mencionado. Admisión de la demanda por parte de este órgano jurisdiccional. Las copias certificadas deducidas de la separación de juicios realizada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, fueron remitidas a este órgano jurisdiccional, por razón de turno, admitiéndose a trámite el tres de diciembre de dos mil veintiuno, registrando el nuevo juicio con el número 1317/2021, ´precisando que el trámite sería únicamente por cuanto hace a los actos consistentes en la imposición de la multa controlada con el crédito fiscal 48008, derivado del expediente 159/2016 del índice de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, y los actos relativos a su cobro atribuidos a la Coordinadora de Cobro Coactivo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, por lo que se les solicitó el informe justificado correspondiente; se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo a los trámites del juicio, se llevó a cabo el dieciséis de marzo de dos mil veintidós. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto; este juzgado conoce de todas las materias por carecer de jurisdicción especial, y porque los actos reclamados derivan de autoridades que residen dentro la de jurisdicción de este órgano jurisdiccional. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, de los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la parte inconforme combate lo siguiente: De la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca: La multa impuesta en proveído de veintiocho de febrero de dos mil veinte, en el expediente relativo al juicio de nulidad 159/2016. De la Coordinadora de Cobro Coactivo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca: El mandamiento de ejecución relativo al crédito fiscal 48008, derivado de la multa impuesta en el auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, en el expediente relativo al juicio de nulidad 159/2016, dictado por la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. CERTEZA DEL ACTO Al rendir sus respectivos informes justificados el Magistrado titular de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, y el Director de lo Contencioso de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, en representación de la autoridad señalada como Coordinadora de Cobro Coactivo de dicha secretaría, aceptaron el acto reclamado, agregando que el ahora quejoso reclama diversos créditos fiscales emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, originados de multas impuestas por diferentes autoridades jurisdiccionales, de las cuales se advierte que el crédito fiscal 48008 se originó en el expediente de nulidad 0159/2016 del índice de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia, en el que se impuso multa a René Javier Jiménez López en su carácter de Síndico Hacendario Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, por la cantidad de $4,430.88 (cuatro mil cuatrocientos treinta pesos 88/100). Ahora, de las constancias remitidas por ambas autoridades responsables, precisamente de los oficios SF/SI/DIR/CCC/2415/2021 y SF/SI/DIR/CCC/2436/2021 de siete y nueve de diciembre de dos mil veintiuno, firmados por la Coordinadora de Cobro Coactivo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, y dirigidos el primero al Director de la Contencioso y el segundo, a la Actuaria Adscrita a la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, les informó el número de créditos fiscales emitidos con motivo de la multas impuestas a diversas autoridades municipales de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, así como su estatus, entre los cuales se encuentra el crédito fiscal 48008 a nombre de René Javier Jiménez López en su carácter de Síndico Hacendario Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Además, la certeza de esas actuaciones se deduce de los documentos que anexaron a sus respectivos informes justificados las autoridades responsables, a los que se les otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2, pues fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la tesis de Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." PROCEDENCIA El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Se advierte que respecto del acto consistente en: la multa impuesta en proveído de veintiocho de febrero de dos mil veinte, dentro del juicio de nulidad 156/2016, por el Magistrado de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De las precitadas reglas, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva fuera del término de quince días contado a partir de que: a) haya surtido efectos, de acuerdo a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) se haya ostentado sabedor del acto reclamado. Aunado a lo anterior, debe precisarse que el juicio de amparo que ahora se resuelve no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado carece de un contenido o efecto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército. Tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En el caso, de las constancias de autos remitidas por la Sala responsable se advierte lo siguiente: 1) El quejoso René Javier Jiménez López, en el momento en que se le hizo efectiva la multa materia de la litis, ostentaba la personalidad de Síndico Hacendario y Representante Legal del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, como parte demandada en el juicio de 159/2016 del índice de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; promovido por Noé Andrés García, propietario de ANDALVA Distribuidora de Medicamentos, Materiales para Consultorios y Farmacias. 2) En sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se declaró la nulidad lisa y llana de la negativa de pago por parte del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y en consecuencia, se ordenó el pago de las facturas señaladas, por la cantidad en dicha sentencia precisada. 3) Una vez que quedó firme la sentencia, en auto de doce de diciembre de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad demandada para que, dentro del plazo de tres días, diera cumplimiento a la sentencia, remitiendo las constancias que así lo justificaran. 4) Desde esa fecha, se llevaron a cabo diversos actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de nulidad; así, en proveído de treinta y uno de enero de dos mil veinte, la magistrada Presidente de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, tuvo a las autoridades del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, entre ellos, a René Javier Jiménez López, en su carácter de Síndico Hacendario y representante legal, manifestando que contemplaron el pago de la condena en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil veinte; con lo que se tuvo en vías de cumplimiento la sentencia, requiriéndolos para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la legal notificación de ese proveído, remitieran la documentación que acreditara el cumplimiento del fallo, apercibiéndolos para el caso de no hacerlo, les impondría una multa de cincuenta y un unidades de medida y actualización, en términos del artículo 184, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. 5) Determinación de la que el aquí quejoso quedó notificado el trece de febrero de dos mil veinte, según consta en el expediente de origen; sin que se inconformara con el mismo. 6) En proveído de veintiocho de febrero de dos mil veinte, la magistrada de la Sala responsable tuvo por recibidos diversos escritos de las autoridades demandadas, entre ellos, el de René Javier Jiménez López, en su carácter de Síndico Hacendario del multicitado Ayuntamiento, por el que hicieron manifestaciones en relación al cumplimiento de la sentencia referida; no obstante, a juicio de la responsable, dicha información ya se había tomado en consideración en diversa actuación, por lo que solamente se trataba de meras evasivas que pretendían sorprender a la autoridad retrasando el cumplimiento del fallo, razón por la que hizo efectivo el medio de apremio decretado en auto de treinta y uno de enero del mismo año, imponiendo a las autoridades demandadas, entre ellas, el aquí quejoso, la multa por la cantidad de cincuenta y un unidades de medida y actualización, equivalente a $4,430.88 (cuatro mil cuatrocientos treinta pesos 88/100 Moneda Nacional), ordenando girar oficio al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, para que girara las instrucciones necesarias para su cobro -Esta determinación constituye la multa y el motivo del crédito fiscal 48008-. 7) Mediante oficio TJAO/1ªSU/723/2020, recibido el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, con fundamento en el artículo 142 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, se le notificó al Síndico Hacendario -aquí quejoso- la determinación de veintiocho de febrero de dos mil veinte, asentando además la fedataria pública adscrita a la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, que en el acto de la diligencia de notificación entregó copia simple de dicho acuerdo que contenía el pronunciamiento de multa -Fecha de conocimiento de la multa-. En síntesis, es evidente que, contrario a las manifestaciones del quejoso éste no era ningún desconocedor del origen de la multa que le fue impuesta por la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa. En primer término, porque de los antecedentes narrados anteriormente, se advierte que tuvo una conducta procesal activa dentro del juicio de nulidad 159/2016, pues presentó diversos informes sobre el cumplimiento dado a la sentencia condenatoria, en los que hizo del conocimiento de la Sala responsable, las gestiones realizadas, pero ello no fue suficiente para acatar el fallo. En segundo lugar, porque en el momento en que sucedieron los hechos, el quejoso se encontraba ostentando el cargo de Síndico Hacendario del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca; y el oficio mediante el cual se le hizo del conocimiento la imposición de la multa, obedeció a la formalidad de notificación prevista en el artículo 142 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. De igual modo, porque el uno de octubre de dos mil veinte, el quejoso informó que no estaba dentro de las posibilidades de su representado dar cumplimiento en una sola exhibición a la sentencia, aunado a que la partida respectiva del presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil veinte se había autorizado por una cantidad menor a la que ascienden las deudas del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino por concepto de laudos y sentencias, por lo que solicitó fecha para una audiencia de conciliación con la parte actora a fin de llegar a un acuerdo común para el pago de la sentencia. Por ende, es inconcuso que el quejoso se encontraba en aptitud de actuar oportunamente frente a la imposición de la multa que reclama y que, de manera extemporánea, pretende combatir en esta vía constitucional. Lo anterior es así, dado que mediante oficio TJAO/1ªSU/723/2020, dirigido al Síndico Hacendario del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, emitido por la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, cuya recepción data del veinticinco de septiembre de dos mil veinte -apreciable por la razón y sello de la encargada de Oficialía de Partes del Ayuntamiento- se hace patente que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veintisiete de agosto de dos mil veintiuno), había transcurrido en exceso el plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo para combatir en esta instancia la referida multa. Sin que este Órgano Jurisdiccional esté facultado para examinar la validez de la notificación por medio de la cual se hizo del conocimiento de la parte quejosa el auto donde se impuso la multa; aunado a que no fue señalado como acto reclamado por vicios propios, ni señaló como responsable al actuario o notificador en su escrito de demanda y ampliación de la misma. En apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, se cita el siguiente criterio: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. La notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Así, la parte que no esté conforme con la notificación efectuada por el órgano jurisdiccional respecto del laudo que pretende combatir, tiene la carga procesal de impugnar dicho acto a través del incidente de nulidad de notificaciones (regulado por la legislación laboral), pues de lo contrario, esa actuación debe entenderse consentida, además de subsistente y con plenos efectos legales. Luego, el juicio de amparo directo no es el medio pertinente para determinar la legalidad o ilegalidad de la notificación practicada por el órgano jurisdiccional emisor del laudo reclamado, ni siquiera al realizar el estudio de la oportunidad de la presentación de la demanda, por lo que cuando exista constancia de que se efectuó la notificación respectiva a determinada parte en el juicio laboral, los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a ella y a la fecha de su diligenciación para analizar la procedencia del juicio de amparo directo, específicamente para realizar el cómputo a efecto de determinar si se promovió oportunamente, sin que puedan hacer un análisis de las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra litis que, como se ha apuntado, se ciñe al análisis del laudo dictado en el juicio laboral y, en su caso, de las violaciones en el procedimiento que le dieron origen". De lo antes expuesto, se demuestra que la parte quejosa consintió tácitamente el auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, dictado dentro del juicio de nulidad 159/2016, por la Magistrada de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, donde se le impuso la multa que reclama. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia señalada, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías acorde con lo dispuesto en el diverso normativo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Estudio de las causas de improcedencia respecto del acto consistente en el mandamiento de ejecución del crédito fiscal 48008. Previo al estudio de fondo del asunto, con fundamento en el artículo 62 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales, procede el análisis de las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio constitucional. Por lo que atendiendo al contenido de las constancias, este juzgador advierte que en relación al acto reclamado consistente en mandamiento de ejecución relativo al crédito fiscal 48008, derivado de la multa impuesta en el auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, en el expediente relativo al juicio de nulidad 159/2016, dictado por la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley, bajo la óptica de que éstos son actos derivados de otros consentidos, porque así lo dispone la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, los aludidos preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". El citado numeral si bien no dispone de manera específica un motivo manifiesto que vuelva improcedente el juicio de amparo, si estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Las anteriores consideraciones tienen sustento por identidad jurídica con la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 9, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél". También, las tesis aisladas sustentadas por las otrora Tercera y Cuarta Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Registro: 352671, Tomo LXXI, Página: 6431 y Quinta Época, Tomo XCVII, Página: 1891 publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dicen: "ACTOS CONSECUENCIA DE OTROS CONSENTIDOS. La jurisprudencia relativa a que el amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino consecuencia de otros que la ley reputa consentidos, ha sido modificada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que sólo debe sobreseerse cuando el acto de que es consecuencia el segundo, lleva implícito o comprendido a este último". "ACTOS QUE SON CONSECUENCIA DE OTROS CONSENTIDOS. Para que pueda estimarse que el acto reclamado en un juicio de amparo, es consecuencia de otro anterior que fue consentido, es indispensable que éste sea susceptible de recurrirse por la misma vía, ya que de lo contrario, no es posible hablar del consentimiento del acto para los efectos del amparo". Ahora, de lo anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos de autoridad consentidos tácitamente. Para tener por actualizada la causa de improcedencia invocada, deben cumplirse dos condiciones básicas, a saber: a) La existencia de un acto anterior consentido tácitamente; y, b) La existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquel. En la inteligencia que, para que exista ese consentimiento (tácito), debe tratarse de un acto que sea susceptible de impugnarse en el juicio de amparo y que cause perjuicios en la esfera jurídica del impetrante y, en relación con la existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria del acto que fue consentido, únicamente puede sobreseerse por actualizarse el citado motivo de improcedencia, cuando el acto de que es consecuencia el segundo, lleva implícito o comprendido a este último. Como se dijo en párrafos previos, se considera que el quejoso consintió tácitamente el mandamiento de ejecución derivado del crédito fiscal 48008, mediante el cual se pretende ejecutar la multa derivada de un desacato a un mandato judicial. Es así, porque se encuentra demostrado que tal acto reclamado deriva de otro consentido, toda vez que, si bien es cierto, el impetrante mediante este juicio de amparo impugnó la multa emitida por la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, dentro del juicio de nulidad 159/2016; también lo es que la presentación de la demanda de amparo fue extemporánea como se analizó en el considerando quinto de esta sentencia. Por consiguiente, si la multa fue consentida tácitamente al ser impugnada de forma extemporánea, es incuestionable que el acto reclamado por el quejoso en su escrito inicial de demanda y en el escrito de ampliación, esto es, el mandato de ejecución, constituyen actos derivados de otros previamente consentidos tácitamente, toda vez que estos son consecuencia directa de las multas impuestas al impetrante de amparo. Máxime, que de la lectura de la demanda de amparo y escrito de ampliación no se aprecia que la parte quejosa reclame los mandamientos de ejecución emitidos por la Coordinadora de Cobro Coactivo, dependiente de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por vicios propios. Por las razones que la informan se citan los siguientes criterios: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, sólo es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto de que derivan." Adicionalmente a lo expuesto, contra el mandamiento de ejecución antes mencionado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, como se especificó, la parte quejosa reclama de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, y de la Coordinadora de Cobro Coactivo, el mandamiento de ejecución relativo al crédito fiscal 48008 derivado del expediente 159/2016. Bajo esa tesitura, de autos se aprecia que el siete de diciembre de dos mil veintiuno, la Coordinadora de Cobro Coactivo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, informó a la Sala responsable que el quejoso pagó voluntariamente la multa controlada con el crédito fiscal 48008 materia de la litis constitucional en este asunto. Por lo anterior, si en esta instancia se reclamó el mandamiento de ejecución relativo al crédito fiscal 48008 derivado del expediente 159/2016, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que al haberse hecho efectivo el pago del crédito, se destruyeron los efectos de lo reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si tal omisión no hubiera invadido la esfera jurídica de la particular. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente" DECISIÓN En ese contexto, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIV, XXI y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, en relación con los artículos 17, 18 y 217 del mismo ordenamiento legal, respectivamente, este juzgador determina el sobreseimiento en el juicio con fundamento en el diverso 63 fracción V de la Ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ***, respecto de los actos reclamados a la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y a la Coordinadora de Cobro Coactivo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, en los términos del apartado VI de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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