René Hernández Sánchez

Expediente 959/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
959/2014
Año
2014
Actuaciones
9
Última actuación
02/03/2015

Partes del expediente

  • René Hernández Sánchez
  • RENÉ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    MESA I-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dos de marzo de dos mil quince. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que en el juicio de amparo del que emana el presente incidente, con esta fecha se dictó un proveído en el que se declaró consentido el auto de veintiocho de enero de dos mil quince, por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; asimismo, que por auto de dieciséis de julio de dos mil catorce, se concedió la suspensión provisional, y mediante interlocutoria pronunciada el veintitrés siguiente, por una parte, se negó y por otra, se concedió la suspensión definitiva; y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que en este incidente se concedió la suspensión provisional, y por otra se negó y concedió la suspensión definitiva; que por la naturaleza de lo resuelto en este incidente, se estima carece de relevancia documental, y dado, que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos originales; en consecuencia, con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme a los puntos segundo, fracción XVIII, cuarto y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del citado Acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto Décimo fracción I, del referido acuerdo, el original de este incidente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración, por lo que debe conservarse únicamente el auto de dieciséis de julio de dos mil catorce, que concedió la suspensión provisional, e interlocutoria de veintitrés siguiente, que por una parte negó y por otra, concedió la suspensión definitiva. Asimismo, se indica, conforme a la certificación de cuenta, en este incidente de suspensión no existen documentos considerados originales en términos del punto Segundo fracción XVIII, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    MESA I-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dos de marzo de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del distrito judicial del centro, residente en esta ciudad, en su carácter de tercera interesada, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, los terceros interesados Liborio Silva García y Lucía Aída José Pérez y al quejoso, del tres al veinticuatro de febrero del dos mil quince; y para el tercero interesado Alberto Gregorio García Soto, del nueve al veintisiete de febrero último, sin que hayan interpuesto el recurso de inconformidad contra el proveído de veintiocho de enero del año en curso, por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, se declara consentido el referido auto, hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el expediente principal como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero, y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que en la sentencia dictada en este expediente de amparo, por una parte, sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la referida parte quejosa, se estima que este expediente es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y sentencia emitida en este juicio de amparo. Se considera que este expediente carece de relevancia documental, en virtud, que se reclamó la orden de aprehensión y su ejecución; por lo que, no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, o que por el sentido de la resolución en la que se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Así también se precisa que, conforme a la certificación de cuenta, se hizo constar que las partes en este expediente no exhibieron documentos considerados originales en términos del punto Segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto Décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de CINCO AÑOS contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Devuélvanse a su lugar de origen la copia certificada de las constancias de la causa penal 151/2013, que remitió la Juez Primero de lo Penal de esta ciudad, en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE...

  3. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiocho de enero de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta se advierte que el plazo concedido a las partes relativo a la vista de la resolución dictada por la jueza Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcurrió para la autoridad tercera interesada agente del Ministerio Público adscrito al juzgado Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, del diecinueve al veintiuno del mes que transcurre; para el quejoso René Hernández Sánchez y los terceros interesados Liborio Silva García y Lucía Aída José Pérez, del veinte al veintidós del mes en curso; y para el tercero interesado Alberto Gregorio García Soto, del veintitrés al veintisiete de este mes, sin que hicieran manifestación alguna al respecto, por tanto, este órgano de control constitucional, procede a verificar si la responsable cumplió con la ejecutoria de amparo en sus términos. Ahora bien, en la sentencia dictada en este juicio de garantías, se concedió al quejoso René Hernández Sánchez, el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la jueza Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca: 1.- Dejara sin efecto la orden de aprehensión dictada el diez de marzo de dos mil catorce, en la causa penal 151/2013, únicamente en contra del aquí quejoso René Hernández Sánchez. 2.- Dictara otra determinación en la que subsanara los vicios formales y resolviera conforme a sus atribuciones con plenitud de jurisdicción, en los términos siguientes: 1.- Omitió señalar si las denuncias de Liborio Silva García, Lucía Aida José Pérez y Alberto Gregorio García Soto, fueron formuladas verbalmente por escrito y en su caso si se levantó el acta relativa o fue ratificada ante la autoridad ministerial, como lo señalan los artículos 9 y 10 del invocado código adjetivo. 2.- Al analizar el elemento del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad, relativo a que la privación de la libertad se efectuó en otro lugar que no era la cárcel pública, omitió valorar la prueba pericial en fotografía. 3.- Al valorar la inspección ocular de veintitrés de diciembre de dos mil doce, omitió fundarla en los numerales 355, fracción I, del Código adjetivo penal en vigor en el Estado, por encontrarse en el supuesto del diverso numeral 356, fracción X, en relación con el 68 del código adjetivo de la materia, asimismo, debió señalar si se satisfacen los requisitos establecidos en los artículos 370, 371, 372 y 373 del mismo ordenamiento legal, que se refieren a la forma en que se deben practicar las diligencias de inspección ocular. 4.- Al pronunciarse sobre la integración del elemento del cuerpo del delito consistente en que la privación de la libertad se efectuó en otro lugar que no era la cárcel pública, deberá atender a las observaciones vertidas previamente sobre la fundamentación y motivación de las declaraciones de los ofendidos; de igual manera deberá valorar la pericial en fotografía. 5.- Al valorar la prueba pericial en fotografía y planimetría, la responsable omitió señalar si el perito practicó todas las operaciones y experiencias que su ciencia o arte le sugirió y si expresó los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento a su opinión; así como explicar lo que advirtió de esa prueba. 6.- Omitió valorar las pruebas que tomó en consideración para acreditar los elementos del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad, a la luz del artículo 25 del código adjetivo penal 7.- En cuanto a los elementos del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad, relativos al objeto material, bien jurídico tutelado y el nexo causal, omitió señalar las pruebas que los acreditan y emitir la valoración correspondiente, o en su caso, reiterar la vertida previamente al efecto. 8.- Omitió pronunciarse respecto del elemento relativo a la calidad específica del sujeto pasivo, a que aludió al integrar el elemento del cuerpo del delito consistente en que los sujetos activos detengan en calidad de rehén a una persona o servidor público con el fin de presionar a que un servidor público realice o deje de realizar un acto de cualquier naturaleza; no dijo cómo acreditó que los pasivos tienen el carácter de servidores públicos, ni mencionó las pruebas que tomó en consideración para arribar a esa conclusión y valorarlas. 9.- La responsable al acreditar el elemento del delito de robo calificado, consistente en que el activo despliegue una conducta de apoderamiento de una cosa ajena mueble, deberá subsanar las deficiencias de fundamentación y motivación de las declaraciones de los pasivos y la fe ministerial de fotografía de catorce de febrero de dos mil trece, en relación a la cual omitió explicar lo que advirtió de esa diligencia para afirmar que percibió que los indiciados tenían en su poder los teléfonos propiedad de los pasivos. 10.- Al pronunciarse respecto del elemento del cuerpo del delito relativo a que el apoderamiento se realice sin el consentimiento de la persona que pueda disponer con arreglo a ello, omitió explicar lo que advirtió de las declaraciones de los pasivos para acreditar ese elemento. 11.- En relación con el elemento del cuerpo del delito de que los activos hayan tenido la voluntad de someter los bienes al propio poder de disposición, omitió valorar la declaración de los ofendidos y la fe ministerial de fotografía, o hacer extensiva la valoración vertida previamente al efecto y explicar lo que apreció de las mismas. 12.- En cuanto al elemento consistente en que el delito se ejecute por dos o más ladrones, omitió valorar la declaración de los pasivos y la fe ministerial de fotografía o hacer extensiva la valoración vertida previamente al efecto; asimismo, explicar lo que apreció de tales medios de convicción para acreditar que fueron cuatro los sujetos activos. 13.- En cuanto a la acción típica del delito de robo calificado, la responsable omitió precisar las pruebas que acreditan la acción delictiva, valorarlas o hacer extensiva la valoración previa y en su caso, explicar lo que advirtió de cada medido de convicción para acreditar ese elemento. 14.- Al tomar en consideración el dictamen pericial contable emitido por el perito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, omitió conceder valor probatorio pleno o de indicio y explicar las razones de su conclusión conforme a los lineamientos de la prueba pericial. 15.- En cuanto al delito de robo calificado con violencia, la responsable omitió señalar y valorar las pruebas con las que acreditó los elementos relativos al objeto material y nexo causal, así como emitir la valoración correspondiente a su naturaleza y señalar las pruebas con las que acreditó el elemento relativo al a las circunstancias de lugar. 16.- Al tener por acreditado el elemento relativo a que el activo cometa un delito en contra de un funcionario o agente de la autoridad, omitió valorar correctamente las declaraciones de los denunciantes. 17.- Al tener por acreditado el elemento consistente en que el ilícito se realice en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, omitió explicar cómo acreditó que la actividad que desempeñaban los pasivos al momento en que se cometieron los ilícitos en su contra es propia de sus cargos públicos. 18.- Al concluir que el delito contra funcionarios públicos, fue cometido por cuatro personas, omitió valorar correctamente la inspección ocular y la pericial en fotografía y planimetría que tomó en consideración. 19.- La responsable al pronunciarse sobre la acreditación de los elementos del cuerpo del delito contra funcionarios públicos, omitió señalar y valorar las pruebas que tomó en consideración para acreditar actividad típica, lesión al bien jurídico tutelad, el objeto material, la calidad específica del sujeto pasivo y nexo de causalidad. 20.- Al pronunciarse respecto de la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión de los delitos privación ilegal de la libertad, robo calificado con violencia por equiparación y delitos cometidos contra servidores públicos, omitió valorar correctamente las declaraciones de los ofendidos, la inspección ocular de veintitrés de diciembre de dos mil doce y pericial en fotografía y planimetría. 21.- Omitió explicar por qué las pruebas que tomó en consideración para acreditar la probable responsabilidad del aquí quejoso son aptas para acreditarla; y cuál fue el señalamiento que se hizo en su contra; tampoco explicó fundada y motivadamente cuál fue el grado de participación del aquí quejoso en la comisión de dicho ilícito. La concesión del amparo se hizo extensiva respecto del acto de ejecución reclamados al procurador General de justicia del Estado y del coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en esta ciudad. Por auto de veintitrés de diciembre de dos mil catorce, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Mediante oficios 4785, 52 y PGJE/DAJ/D.A./0181/2015 de veintinueve de diciembre de dos mil catorce, siete y trece de enero del año en curso, la jefa de la unidad administrativa y de carrera policial de la Agencia Estatal de Investigaciones, por orden del coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, la jueza Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro y el director de asuntos jurídicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en representación del procurador General de Justicia del Estado, comunicaron haber dejado sin efecto la orden de aprehensión reclamada y sin efecto su ejecución (fojas 157, 207 y 252). Por su parte, la autoridad judicial remitió copia certificada de la resolución dictada el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 208 a 247); por tanto, en auto de quince de enero del año en curso, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hicieran manifestación alguna al respecto, por lo que este juzgado entrará al análisis de la resolución precisada, para determinar en cuanto a su exacto cumplimiento. A. La autoridad responsable en la nueva resolución de treinta y uno de diciembre del año próximo pasado, dictado en el expediente 151/2013 de su índice, ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión dictada el diez de marzo de dos mil catorce contra el aquí quejoso René Hernández Sánchez (foja 208). 1. Manifestó que las denuncias de Liborio Silva García, Lucia Aida José Pérez y Alberto Gregorio García Soto, únicamente fueron formuladas verbalmente ante la autoridad municipal, el catorce de febrero de dos mil trece, cumpliendo con los preceptos 8 y 9 del invocado código adjetivo. 2. En la nueva resolución manifestó que después de haber analizado todos y cada una de las constancias existentes en autos, valoradas en lo individual y luego en su conjunto, llegó a la conclusión que sólo se acreditó el cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad, previsto por el artículo 347 Bis A, primer párrafo en relación con el 8°, fracción I y 10 fracción I y sancionado por el artículo 347 Bis A del Código Penal; no así del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad a que alude la fracción I del artículo 346, en relación con el 8° fracción I y 10 fracción I y sancionado por el numeral 346, todos del Código Penal del Estado, como lo estimó la autoridad consignante; por ende, no se analizó el elemento del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad, relativo a que la privación de la libertad se efectuó en otro lugar que no era la cárcel pública, y por ende no valoró la prueba pericial en fotografía. 3. A la inspección ocular de veintitrés de diciembre de dos mil doce, le dio valor probatorio pleno en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales en vigor, toda vez que reúnen los requisitos exigidos por los numerales 355, fracción I, del Código adjetivo penal en vigor en el Estado, por encontrarse en el supuesto del diverso numeral 356, fracción X, en relación con el 68 del código adjetivo de la materia, pues se practicó por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y en donde además se desprende se desahogaron con apego los lineamientos establecidos en los artículos 370, 371, 372 y 373 del mismo ordenamiento legal, pues el personal actuante se constituyó con las formalidades de ley al lugar de los hechos, hizo constar circunstancias que a través del sentido de la vista pudo apreciar la autoridad ministerial. 4. No se pronunció sobre la integración del elemento del cuerpo del delito consistente en que la privación de la libertad se efectuó en otro lugar que no era la cárcel pública, en cuanto a la fundamentación y motivación de las declaraciones de los ofendidos y la valoración de la pericial en fotografía. Toda vez que, como quedó precisado en el inciso c) de este acuerdo, la autoridad judicial precisó que sólo se acreditó el cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad, regulado en el artículo 347 Bis A, primer párrafo en relación con el 8°, fracción I y 10 fracción I y sancionado por el artículo 347 Bis A del Código Penal; no así del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad a que alude la fracción I del artículo 346, en relación con el 8° fracción I y 10 fracción I y sancionado por el numeral 346, todos del Código Penal del Estado. 5. A la prueba pericial en fotografía y planimetría, la responsable le dio el valor probatorio de indicios en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, ya que reúnen los requisitos que exige el artículo 403, pues tales dictámenes se emitieron por una persona con conocimientos especiales en la materia, como así acreditó serlo, el dictamen lo ratificó en diligencia formal y su designación se hizo a través de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a petición del agente del ministerio público, con título en la materia y que desempeña ese empleo por nombramiento oficial y a sueldo fijo; aunado a ello, emitió su dictamen en base a lo que su ciencia, experiencia y profesión le sugiere, en el que expresó los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento a su opinión y explicó lo que advirtió de esa prueba. 6. Valoró las pruebas que tomó en consideración para acreditar los elementos del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad, a la luz del artículo 25 del código adjetivo penal, tomando en consideración la denuncias de los ofendidos, el informe de investigación rendido por el agente y comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones adscrito a la comandancia del Grupo de Investigaciones de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de fecha veintiuno de junio de dos mil catorce, fe ministerial de fotografías, inspección ocular, pericial en fotografía y planimetría, precisando cada una circunstancias para quedar acreditada la corporeidad. 7.- En cuanto a los elementos del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad, relativos al objeto material, bien jurídico tutelado y el nexo causal, señaló las pruebas que los acreditan y emitió la valoración correspondiente. 8.- Al pronunciarse respecto del elemento relativo a la calidad específica del sujeto pasivo, a que aludió al integrar el elemento del cuerpo del delito consistente en que los sujetos activos detengan en calidad de rehén a una persona o servidor público con el fin de presionar a que un servidor público realice o deje de realizar un acto de cualquier naturaleza; dijo que los pasivos Liborio Silva García, Lucía Aída José Pérez y Alberto Gregorio García Soto, fueron precisos en indicar ante la autoridad ministerial que el veintiséis de diciembre de dos mil catorce, el primero de ellos se desempeñaba como empleado del municipio de Santa Cruz, Xococotlán, Centro, Oaxaca, como asesor adscrito a la subdirección jurídica de dicho municipio, bajo las órdenes de la licenciada Lucía Aída José Pérez, quien funge como secretaria municipal de dicho ayuntamiento y el licenciado Alberto Gregorio García Soto, era subdirector de la secretaría municipal, éstos dos últimos al comparecer ante la autoridad municipal a interponer su denuncia, se identificaron con sus credenciales originales que los acreditaron con tales cargos, expedidos por la Secretaría General de Gobierno, documentos que se encuentran agregados en copia certificada en autos, a las que valoró en términos del artículo 354 del Código Adjetivo Penal en vigor, con valor de indicio, con los que se acredita que en la fecha y hora de los eventos, los ofendidos se encontraban como empleados municipales del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. 9.- La responsable al acreditar el elemento del delito de robo calificado, consistente en que el activo despliegue una conducta de apoderamiento de una cosa ajena mueble, fundó y motivó las declaraciones de los pasivos la que se realizó en forma verbal ante la autoridad ministerial, cumpliendo con lo descrito en los preceptos 8 y 9 del Código Federal de Procedimientos Penales, toda vez que los referidos denunciantes señalan con exactitud la conducta desplegada por los sujetos activos del delito y en términos del artículo 352 del mismo cuerpo de leyes invocado, atendiendo ser verosímil con los datos que arroja la averiguación previa, constituyen indicios que acreditan la existencia de la correspondiente acción, que atendiendo al nivel cultural de los denunciantes, su grado de desarrollo social y edad, les permitió comparecer ante la autoridad ministerial a manifestar tales hechos delictuosos, sin constancia que hayan sido obligados a declarar por fuerza o miedo ni impulsados por error, engaño o soborno, y la fe ministerial de fotografía de catorce de febrero de dos mil trece, en relación a la cual certificó y dio fe tener a la vista treinta y seis fotografías, en las cuales aparecen los ofendidos Liborio Silva García, Lucía Aída José Pérez y Alberto Gregorio García Soto, entre un grupo de personas del sexo femenino, quienes tienen detenidos y encerrados a los ofendidos, con mecates que sostienen diversas personas y del brazo, también aparecen agentes de la policía municipal de Santa Cruz, Xoxocotlán, Oaxaca, y otras personas al parecer periodistas, las cuales se encuentran tomando fotografías y grabando videos; asimismo, se observó que en dichas fotografías se encuentran varias personas identificadas por los ofendidos, las cuáles están encerradas en un círculo con los nombres, entre otros, lo que corrobora que el aquí quejoso René Hernández Sánchez y otros, efectivamente en la fecha y hora de los eventos, los ofendidos fueron desapoderados de sus teléfonos celulares por parte de los activos como indicaron en su denuncia verbal. 10.- Al pronunciarse respecto del elemento del cuerpo del delito relativo a que el apoderamiento se realice sin el consentimiento de la persona que pueda disponer con arreglo a la ley, explicó que en las declaraciones de los pasivos Liborio Silva García, Lucía Aída José Pérez y Alberto Gregorio García Soto, refirieron que los teléfonos marca Blackberry color negro, modelo CERBE9220; Blackberry color negro, modelo CURBE 92220; marca Nokia color gris modelo STAR Tac; marca LG color negro, modelo LG P500H pantalla táctil, son de su propiedad, que dichos bienes no pertenecían a los ofendidos y que en ningún momento les otorgaron al aquí quejoso y a sus acompañantes el consentimiento para disponer de los objetos en la forma que lo hicieron; no obstante lo anterior, los activos decidieron incorporarlos a su patrimonio, sacándolos de la esfera patrimonial de los ofendidos, lo que se acredita con lo manifestado por los denunciantes, quienes coincidieron en manifestar que en la fecha y hora de los eventos cuando se encontraban retenidos en un círculo formado por mecates que eran sostenidas por un grupo de aproximadamente treinta personas, entre ellos se encontraba el activo con otras personas más y sin su consentimiento les arrebataron los teléfonos celulares que les pertenecían. 11.- En relación con el elemento del cuerpo del delito de que los activos hayan tenido la voluntad de someter los bienes al propio poder de disposición, al valorar la declaración de los ofendidos, le otorgó valor indiciario en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, pues la misma fue hecha por parte afectada en forma verbal ante la autoridad ministerial, cumpliendo con lo descrito en los preceptos 8 y 9 del citado código, que las mismas revisten características de un testimonio como así lo regula el artículo 355, fracción VI, del código en consulta, toda vez que los referidos denunciantes señalan con exactitud la conducta desplegada por los sujetos activos del delito y en términos del artículo 352 del mismo cuerpo de leyes invocado, atendiendo ser verosímil con los datos que arroja la averiguación previa, constituyen indicios que acreditan la existencia de la correspondiente acción, que atendiendo al nivel cultural de los denunciantes, su grado de desarrollo social y edad, les permitió comparecer ante la autoridad ministerial a manifestar tales hechos delictuosos, sin constancia que hayan sido obligados a declarar por fuerza o miedo ni impulsados por error, engaño o soborno; y la fe ministerial de fotografía, a la que le otorgó valor probatorio pleno, en términos de los artículos 354, 355, fracción I y 356, fracción X, en relación con el numeral 68, todos del Código Procesal en cita, pues las diligencias practicas por la autoridad ministerial con motivo de una averiguación previa de un hecho delictivo, tienen dicho valor probatorio, siempre y cuando se ajusten a las disposiciones relativas al Título de Pruebas de ese ordenamiento legal, lo que acontece en la especie, pues esa actuación se realizó para corroborar el dicho de los testigos en el sentido de que efectivamente en la fecha y hora de los eventos, cuando los ofendidos fueron desapoderados de sus teléfonos celulares por parte de los activos. 12.- En cuanto al elemento consistente en que el delito se ejecute por dos o más ladrones, hizo extensiva la valoración vertida previamente al efecto; asimismo, explicó lo que apreció de tales medios de convicción para acreditar que fueron varios los sujetos activos, que Héctor Santos le arrebató al licenciado Alberto Gregorio García Soto su teléfono celular, que René Hernández Sánchez, le arrebató su teléfono celular a Lucía Aida José Pérez y Cándido López Ventura, metió su mano derecha en la bolsa de mano que llevaba colgando de su brazo Lucía Aida José Pérez. 13.- En cuanto a la acción típica del delito de robo calificado, la responsable precisó que los elementos de convicción en lo individual y su conjunto, en términos del artículo 354 del Código Adjetivo de la materia, relacionando el dicho de los ofendidos, el informe de investigación rendido por el agente y comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones adscrito a la comandancia del Grupo de Investigaciones de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de veintiuno de junio de dos mil catorce, fe ministerial de fotografías, inspección ocular, pericial en fotografía y planimetría, medios las pruebas que acreditan la acción delictiva, valorándolas, explicando lo que sucedió el día de los hechos para acreditar ese elemento. 14.- Al tomar en consideración el dictamen pericial contable emitido por el perito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, le concedió valor probatorio de indicio en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, ya que reúnen los requisitos que exige el artículo 403, pues tales dictámenes se emitieron por una persona con conocimientos especiales en la materia, como así acreditó serlo, el dictamen lo ratificó en diligencia formal y su designación se hizo a través de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a petición del agente del ministerio público, con título en la materia y que desempeña ese empleo por nombramiento oficial y a sueldo fijo; aunado a ello, emitió su dictamen en base a lo que su ciencia, experiencia y profesión le sugiere, 15.- En cuanto al delito de robo calificado con violencia, la responsable señaló y valoró cada una de las pruebas con las que acreditó los elementos relativos al objeto material y nexo causal, consistente en apoderarse de objetos muebles ajenos, así como emitir la valoración correspondiente a su naturaleza y señalar las pruebas con las que acreditó el elemento relativo al a las circunstancias de lugar. 16.- Al tener por acreditado el elemento relativo a que el activo cometa un delito en contra de un funcionario o agente de la autoridad, le otorgó valor indiciario en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, a las declaraciones de los denunciantes, señalan con exactitud la conducta desplegada un testimonio como así lo regula el artículo 355, fracción VI, del código en consulta, toda vez que los referidos denunciantes señalan con exactitud la conducta desplegada por los sujetos activos del delito, atendiendo ser verosímil con los datos que arroja la averiguación previa, constituyen indicios que acreditan la existencia de la correspondiente acción, que atendiendo al nivel cultural de los denunciantes, su grado de desarrollo social y edad, les permitió comparecer ante la autoridad ministerial a manifestar tales hechos delictuosos, sin constancia que hayan sido obligados a declarar por fuerza o miedo ni impulsados por error, engaño o soborno. 17.- Al tener por acreditado el elemento consistente en que el ilícito se realice en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, señaló cómo acreditó que la actividad que desempeñaban los pasivos al momento en que se cometieron los ilícitos en su contra es propia de sus cargos públicos, dijo que los pasivos Liborio Silva García, Lucía Aída José Pérez y Alberto Gregorio García Soto, el primero de ellos se desempeñaba como empleado del municipio de Santa Cruz, Xococotlán, Centro, Oaxaca, como asesor adscrito a la subdirección jurídica de dicho municipio, bajo las órdenes de la licenciada Lucía Aída José Pérez, quien funge como secretaria municipal de dicho ayuntamiento y el licenciado Alberto Gregorio García Soto, era subdirector de la secretaría municipal, éstos dos últimos al comparecer ante la autoridad municipal a interponer su denuncia, se identificaron con sus credenciales originales que los acreditaron con tales cargos, expedidos por la Secretaría General de Gobierno, documentos que se encuentran agregados en copia certificada en autos, con los que se acredita que en la fecha y hora de los eventos, los ofendidos se encontraban como empleados municipales del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. 18.- Al concluir que el delito contra funcionarios públicos, fue cometido por cuatro personas, René Hernández Sánchez, Cándido López Ventura, Esther Gabriela Fabián Hernández y María de los Ángeles Martínez Olivera, lo que consideró se robustece con la pericial en fotografía y fe ministerial de fotografías, e inspección ocular, a las que les otorgó valor probatorio de indicios en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, ya que reúnen los requisitos que exige el artículo 403, pues de los dictámenes se emitieron por una persona con conocimientos especiales en la materia, como así acreditó serlo, el dictamen lo ratificó en diligencia formal y su designación se hizo a través de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a petición del agente del ministerio público, con título en la materia y que desempeña ese empleo por nombramiento oficial y a sueldo fijo; aunado a ello, emitió su dictamen en base a lo que su ciencia, experiencia y profesión le sugiere, en el que expresó los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento a su opinión y explicó lo que advirtió de esa prueba y de la inspección ocular, con valor probatorio pleno en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, ya que reúnen los requisitos que exige el artículo 355, fracción I, del código adjetivo penal en vigor, por encontrarse en el diverso numeral 356, fracción X, en relación con el 68 del código adjetivo de la materia, pues se practicó por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y en donde además se desprende se desahogaron con apego los lineamientos establecidos en los artículos 370, 371, 372 y 373 del mismo ordenamiento legal, pues el personal actuante se constituyó con las formalidades de ley al lugar de los hechos, hizo constar circunstancias que a través del sentido de la vista pudo apreciar la autoridad ministerial. 19.- La responsable al pronunciarse sobre la acreditación de los elementos del cuerpo del delito contra funcionarios públicos, señaló y valoró las pruebas que tomó en consideración para acreditar la actividad típica, lesión al bien jurídico tutelado, el objeto material, la calidad específica del sujeto pasivo y nexo de causalidad. 20.- Al pronunciarse respecto de la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión de los delitos privación ilegal de la libertad, robo calificado con violencia por equiparación y delitos cometidos contra servidores públicos, valoró correctamente las declaraciones de los ofendidos, la inspección ocular de veintitrés de diciembre de dos mil doce y pericial en fotografía y planimetría, en los términos ya expuestos. 21.- Explica las pruebas que tomó en consideración para acreditar la probable responsabilidad del aquí quejoso son aptas para acreditarla; y cuál fue el señalamiento que se hizo en su contra; y que en términos del artículo 11, fracción III, del Código Penal del Estado, el grado de participación del aquí quejoso en la comisión del ilícito, se llevó a cabo como coautor material. Consecuentemente, con tales actuaciones se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho humano violado, por lo que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de garantías. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.... EN TERMINSO DEL ART 27, FRAC I

  4. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiocho de enero de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta se advierte que el plazo concedido a las partes relativo a la vista de la resolución dictada por la jueza Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcurrió para la autoridad tercera interesada agente del Ministerio Público adscrito al juzgado Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, del diecinueve al veintiuno del mes que transcurre; para el quejoso René Hernández Sánchez y los terceros interesados Liborio Silva García y Lucía Aída José Pérez, del veinte al veintidós del mes en curso; y para el tercero interesado Alberto Gregorio García Soto, del veintitrés al veintisiete de este mes, sin que hicieran manifestación alguna al respecto, por tanto, este órgano de control constitucional, procede a verificar si la responsable cumplió con la ejecutoria de amparo en sus términos. Ahora bien, en la sentencia dictada en este juicio de garantías, se concedió al quejoso René Hernández Sánchez, el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la jueza Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca: 1.- Dejara sin efecto la orden de aprehensión dictada el diez de marzo de dos mil catorce, en la causa penal 151/2013, únicamente en contra del aquí quejoso René Hernández Sánchez. 2.- Dictara otra determinación en la que subsanara los vicios formales y resolviera conforme a sus atribuciones con plenitud de jurisdicción, en los términos siguientes: 1.- Omitió señalar si las denuncias de Liborio Silva García, Lucía Aida José Pérez y Alberto Gregorio García Soto, fueron formuladas verbalmente por escrito y en su caso si se levantó el acta relativa o fue ratificada ante la autoridad ministerial, como lo señalan los artículos 9 y 10 del invocado código adjetivo. 2.- Al analizar el elemento del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad, relativo a que la privación de la libertad se efectuó en otro lugar que no era la cárcel pública, omitió valorar la prueba pericial en fotografía. 3.- Al valorar la inspección ocular de veintitrés de diciembre de dos mil doce, omitió fundarla en los numerales 355, fracción I, del Código adjetivo penal en vigor en el Estado, por encontrarse en el supuesto del diverso numeral 356, fracción X, en relación con el 68 del código adjetivo de la materia, asimismo, debió señalar si se satisfacen los requisitos establecidos en los artículos 370, 371, 372 y 373 del mismo ordenamiento legal, que se refieren a la forma en que se deben practicar las diligencias de inspección ocular. 4.- Al pronunciarse sobre la integración del elemento del cuerpo del delito consistente en que la privación de la libertad se efectuó en otro lugar que no era la cárcel pública, deberá atender a las observaciones vertidas previamente sobre la fundamentación y motivación de las declaraciones de los ofendidos; de igual manera deberá valorar la pericial en fotografía. 5.- Al valorar la prueba pericial en fotografía y planimetría, la responsable omitió señalar si el perito practicó todas las operaciones y experiencias que su ciencia o arte le sugirió y si expresó los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento a su opinión; así como explicar lo que advirtió de esa prueba. 6.- Omitió valorar las pruebas que tomó en consideración para acreditar los elementos del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad, a la luz del artículo 25 del código adjetivo penal 7.- En cuanto a los elementos del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad, relativos al objeto material, bien jurídico tutelado y el nexo causal, omitió señalar las pruebas que los acreditan y emitir la valoración correspondiente, o en su caso, reiterar la vertida previamente al efecto. 8.- Omitió pronunciarse respecto del elemento relativo a la calidad específica del sujeto pasivo, a que aludió al integrar el elemento del cuerpo del delito consistente en que los sujetos activos detengan en calidad de rehén a una persona o servidor público con el fin de presionar a que un servidor público realice o deje de realizar un acto de cualquier naturaleza; no dijo cómo acreditó que los pasivos tienen el carácter de servidores públicos, ni mencionó las pruebas que tomó en consideración para arribar a esa conclusión y valorarlas. 9.- La responsable al acreditar el elemento del delito de robo calificado, consistente en que el activo despliegue una conducta de apoderamiento de una cosa ajena mueble, deberá subsanar las deficiencias de fundamentación y motivación de las declaraciones de los pasivos y la fe ministerial de fotografía de catorce de febrero de dos mil trece, en relación a la cual omitió explicar lo que advirtió de esa diligencia para afirmar que percibió que los indiciados tenían en su poder los teléfonos propiedad de los pasivos. 10.- Al pronunciarse respecto del elemento del cuerpo del delito relativo a que el apoderamiento se realice sin el consentimiento de la persona que pueda disponer con arreglo a ello, omitió explicar lo que advirtió de las declaraciones de los pasivos para acreditar ese elemento. 11.- En relación con el elemento del cuerpo del delito de que los activos hayan tenido la voluntad de someter los bienes al propio poder de disposición, omitió valorar la declaración de los ofendidos y la fe ministerial de fotografía, o hacer extensiva la valoración vertida previamente al efecto y explicar lo que apreció de las mismas. 12.- En cuanto al elemento consistente en que el delito se ejecute por dos o más ladrones, omitió valorar la declaración de los pasivos y la fe ministerial de fotografía o hacer extensiva la valoración vertida previamente al efecto; asimismo, explicar lo que apreció de tales medios de convicción para acreditar que fueron cuatro los sujetos activos. 13.- En cuanto a la acción típica del delito de robo calificado, la responsable omitió precisar las pruebas que acreditan la acción delictiva, valorarlas o hacer extensiva la valoración previa y en su caso, explicar lo que advirtió de cada medido de convicción para acreditar ese elemento. 14.- Al tomar en consideración el dictamen pericial contable emitido por el perito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, omitió conceder valor probatorio pleno o de indicio y explicar las razones de su conclusión conforme a los lineamientos de la prueba pericial. 15.- En cuanto al delito de robo calificado con violencia, la responsable omitió señalar y valorar las pruebas con las que acreditó los elementos relativos al objeto material y nexo causal, así como emitir la valoración correspondiente a su naturaleza y señalar las pruebas con las que acreditó el elemento relativo al a las circunstancias de lugar. 16.- Al tener por acreditado el elemento relativo a que el activo cometa un delito en contra de un funcionario o agente de la autoridad, omitió valorar correctamente las declaraciones de los denunciantes. 17.- Al tener por acreditado el elemento consistente en que el ilícito se realice en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, omitió explicar cómo acreditó que la actividad que desempeñaban los pasivos al momento en que se cometieron los ilícitos en su contra es propia de sus cargos públicos. 18.- Al concluir que el delito contra funcionarios públicos, fue cometido por cuatro personas, omitió valorar correctamente la inspección ocular y la pericial en fotografía y planimetría que tomó en consideración. 19.- La responsable al pronunciarse sobre la acreditación de los elementos del cuerpo del delito contra funcionarios públicos, omitió señalar y valorar las pruebas que tomó en consideración para acreditar actividad típica, lesión al bien jurídico tutelad, el objeto material, la calidad específica del sujeto pasivo y nexo de causalidad. 20.- Al pronunciarse respecto de la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión de los delitos privación ilegal de la libertad, robo calificado con violencia por equiparación y delitos cometidos contra servidores públicos, omitió valorar correctamente las declaraciones de los ofendidos, la inspección ocular de veintitrés de diciembre de dos mil doce y pericial en fotografía y planimetría. 21.- Omitió explicar por qué las pruebas que tomó en consideración para acreditar la probable responsabilidad del aquí quejoso son aptas para acreditarla; y cuál fue el señalamiento que se hizo en su contra; tampoco explicó fundada y motivadamente cuál fue el grado de participación del aquí quejoso en la comisión de dicho ilícito. La concesión del amparo se hizo extensiva respecto del acto de ejecución reclamados al procurador General de justicia del Estado y del coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en esta ciudad. Por auto de veintitrés de diciembre de dos mil catorce, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Mediante oficios 4785, 52 y PGJE/DAJ/D.A./0181/2015 de veintinueve de diciembre de dos mil catorce, siete y trece de enero del año en curso, la jefa de la unidad administrativa y de carrera policial de la Agencia Estatal de Investigaciones, por orden del coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, la jueza Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro y el director de asuntos jurídicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en representación del procurador General de Justicia del Estado, comunicaron haber dejado sin efecto la orden de aprehensión reclamada y sin efecto su ejecución (fojas 157, 207 y 252). Por su parte, la autoridad judicial remitió copia certificada de la resolución dictada el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 208 a 247); por tanto, en auto de quince de enero del año en curso, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hicieran manifestación alguna al respecto, por lo que este juzgado entrará al análisis de la resolución precisada, para determinar en cuanto a su exacto cumplimiento. A. La autoridad responsable en la nueva resolución de treinta y uno de diciembre del año próximo pasado, dictado en el expediente 151/2013 de su índice, ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión dictada el diez de marzo de dos mil catorce contra el aquí quejoso René Hernández Sánchez (foja 208). 1. Manifestó que las denuncias de Liborio Silva García, Lucia Aida José Pérez y Alberto Gregorio García Soto, únicamente fueron formuladas verbalmente ante la autoridad municipal, el catorce de febrero de dos mil trece, cumpliendo con los preceptos 8 y 9 del invocado código adjetivo. 2. En la nueva resolución manifestó que después de haber analizado todos y cada una de las constancias existentes en autos, valoradas en lo individual y luego en su conjunto, llegó a la conclusión que sólo se acreditó el cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad, previsto por el artículo 347 Bis A, primer párrafo en relación con el 8°, fracción I y 10 fracción I y sancionado por el artículo 347 Bis A del Código Penal; no así del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad a que alude la fracción I del artículo 346, en relación con el 8° fracción I y 10 fracción I y sancionado por el numeral 346, todos del Código Penal del Estado, como lo estimó la autoridad consignante; por ende, no se analizó el elemento del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad, relativo a que la privación de la libertad se efectuó en otro lugar que no era la cárcel pública, y por ende no valoró la prueba pericial en fotografía. 3. A la inspección ocular de veintitrés de diciembre de dos mil doce, le dio valor probatorio pleno en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales en vigor, toda vez que reúnen los requisitos exigidos por los numerales 355, fracción I, del Código adjetivo penal en vigor en el Estado, por encontrarse en el supuesto del diverso numeral 356, fracción X, en relación con el 68 del código adjetivo de la materia, pues se practicó por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y en donde además se desprende se desahogaron con apego los lineamientos establecidos en los artículos 370, 371, 372 y 373 del mismo ordenamiento legal, pues el personal actuante se constituyó con las formalidades de ley al lugar de los hechos, hizo constar circunstancias que a través del sentido de la vista pudo apreciar la autoridad ministerial. 4. No se pronunció sobre la integración del elemento del cuerpo del delito consistente en que la privación de la libertad se efectuó en otro lugar que no era la cárcel pública, en cuanto a la fundamentación y motivación de las declaraciones de los ofendidos y la valoración de la pericial en fotografía. Toda vez que, como quedó precisado en el inciso c) de este acuerdo, la autoridad judicial precisó que sólo se acreditó el cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad, regulado en el artículo 347 Bis A, primer párrafo en relación con el 8°, fracción I y 10 fracción I y sancionado por el artículo 347 Bis A del Código Penal; no así del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad a que alude la fracción I del artículo 346, en relación con el 8° fracción I y 10 fracción I y sancionado por el numeral 346, todos del Código Penal del Estado. 5. A la prueba pericial en fotografía y planimetría, la responsable le dio el valor probatorio de indicios en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, ya que reúnen los requisitos que exige el artículo 403, pues tales dictámenes se emitieron por una persona con conocimientos especiales en la materia, como así acreditó serlo, el dictamen lo ratificó en diligencia formal y su designación se hizo a través de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a petición del agente del ministerio público, con título en la materia y que desempeña ese empleo por nombramiento oficial y a sueldo fijo; aunado a ello, emitió su dictamen en base a lo que su ciencia, experiencia y profesión le sugiere, en el que expresó los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento a su opinión y explicó lo que advirtió de esa prueba. 6. Valoró las pruebas que tomó en consideración para acreditar los elementos del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad, a la luz del artículo 25 del código adjetivo penal, tomando en consideración la denuncias de los ofendidos, el informe de investigación rendido por el agente y comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones adscrito a la comandancia del Grupo de Investigaciones de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de fecha veintiuno de junio de dos mil catorce, fe ministerial de fotografías, inspección ocular, pericial en fotografía y planimetría, precisando cada una circunstancias para quedar acreditada la corporeidad. 7.- En cuanto a los elementos del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad, relativos al objeto material, bien jurídico tutelado y el nexo causal, señaló las pruebas que los acreditan y emitió la valoración correspondiente. 8.- Al pronunciarse respecto del elemento relativo a la calidad específica del sujeto pasivo, a que aludió al integrar el elemento del cuerpo del delito consistente en que los sujetos activos detengan en calidad de rehén a una persona o servidor público con el fin de presionar a que un servidor público realice o deje de realizar un acto de cualquier naturaleza; dijo que los pasivos Liborio Silva García, Lucía Aída José Pérez y Alberto Gregorio García Soto, fueron precisos en indicar ante la autoridad ministerial que el veintiséis de diciembre de dos mil catorce, el primero de ellos se desempeñaba como empleado del municipio de Santa Cruz, Xococotlán, Centro, Oaxaca, como asesor adscrito a la subdirección jurídica de dicho municipio, bajo las órdenes de la licenciada Lucía Aída José Pérez, quien funge como secretaria municipal de dicho ayuntamiento y el licenciado Alberto Gregorio García Soto, era subdirector de la secretaría municipal, éstos dos últimos al comparecer ante la autoridad municipal a interponer su denuncia, se identificaron con sus credenciales originales que los acreditaron con tales cargos, expedidos por la Secretaría General de Gobierno, documentos que se encuentran agregados en copia certificada en autos, a las que valoró en términos del artículo 354 del Código Adjetivo Penal en vigor, con valor de indicio, con los que se acredita que en la fecha y hora de los eventos, los ofendidos se encontraban como empleados municipales del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. 9.- La responsable al acreditar el elemento del delito de robo calificado, consistente en que el activo despliegue una conducta de apoderamiento de una cosa ajena mueble, fundó y motivó las declaraciones de los pasivos la que se realizó en forma verbal ante la autoridad ministerial, cumpliendo con lo descrito en los preceptos 8 y 9 del Código Federal de Procedimientos Penales, toda vez que los referidos denunciantes señalan con exactitud la conducta desplegada por los sujetos activos del delito y en términos del artículo 352 del mismo cuerpo de leyes invocado, atendiendo ser verosímil con los datos que arroja la averiguación previa, constituyen indicios que acreditan la existencia de la correspondiente acción, que atendiendo al nivel cultural de los denunciantes, su grado de desarrollo social y edad, les permitió comparecer ante la autoridad ministerial a manifestar tales hechos delictuosos, sin constancia que hayan sido obligados a declarar por fuerza o miedo ni impulsados por error, engaño o soborno, y la fe ministerial de fotografía de catorce de febrero de dos mil trece, en relación a la cual certificó y dio fe tener a la vista treinta y seis fotografías, en las cuales aparecen los ofendidos Liborio Silva García, Lucía Aída José Pérez y Alberto Gregorio García Soto, entre un grupo de personas del sexo femenino, quienes tienen detenidos y encerrados a los ofendidos, con mecates que sostienen diversas personas y del brazo, también aparecen agentes de la policía municipal de Santa Cruz, Xoxocotlán, Oaxaca, y otras personas al parecer periodistas, las cuales se encuentran tomando fotografías y grabando videos; asimismo, se observó que en dichas fotografías se encuentran varias personas identificadas por los ofendidos, las cuáles están encerradas en un círculo con los nombres, entre otros, lo que corrobora que el aquí quejoso René Hernández Sánchez y otros, efectivamente en la fecha y hora de los eventos, los ofendidos fueron desapoderados de sus teléfonos celulares por parte de los activos como indicaron en su denuncia verbal. 10.- Al pronunciarse respecto del elemento del cuerpo del delito relativo a que el apoderamiento se realice sin el consentimiento de la persona que pueda disponer con arreglo a la ley, explicó que en las declaraciones de los pasivos Liborio Silva García, Lucía Aída José Pérez y Alberto Gregorio García Soto, refirieron que los teléfonos marca Blackberry color negro, modelo CERBE9220; Blackberry color negro, modelo CURBE 92220; marca Nokia color gris modelo STAR Tac; marca LG color negro, modelo LG P500H pantalla táctil, son de su propiedad, que dichos bienes no pertenecían a los ofendidos y que en ningún momento les otorgaron al aquí quejoso y a sus acompañantes el consentimiento para disponer de los objetos en la forma que lo hicieron; no obstante lo anterior, los activos decidieron incorporarlos a su patrimonio, sacándolos de la esfera patrimonial de los ofendidos, lo que se acredita con lo manifestado por los denunciantes, quienes coincidieron en manifestar que en la fecha y hora de los eventos cuando se encontraban retenidos en un círculo formado por mecates que eran sostenidas por un grupo de aproximadamente treinta personas, entre ellos se encontraba el activo con otras personas más y sin su consentimiento les arrebataron los teléfonos celulares que les pertenecían. 11.- En relación con el elemento del cuerpo del delito de que los activos hayan tenido la voluntad de someter los bienes al propio poder de disposición, al valorar la declaración de los ofendidos, le otorgó valor indiciario en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, pues la misma fue hecha por parte afectada en forma verbal ante la autoridad ministerial, cumpliendo con lo descrito en los preceptos 8 y 9 del citado código, que las mismas revisten características de un testimonio como así lo regula el artículo 355, fracción VI, del código en consulta, toda vez que los referidos denunciantes señalan con exactitud la conducta desplegada por los sujetos activos del delito y en términos del artículo 352 del mismo cuerpo de leyes invocado, atendiendo ser verosímil con los datos que arroja la averiguación previa, constituyen indicios que acreditan la existencia de la correspondiente acción, que atendiendo al nivel cultural de los denunciantes, su grado de desarrollo social y edad, les permitió comparecer ante la autoridad ministerial a manifestar tales hechos delictuosos, sin constancia que hayan sido obligados a declarar por fuerza o miedo ni impulsados por error, engaño o soborno; y la fe ministerial de fotografía, a la que le otorgó valor probatorio pleno, en términos de los artículos 354, 355, fracción I y 356, fracción X, en relación con el numeral 68, todos del Código Procesal en cita, pues las diligencias practicas por la autoridad ministerial con motivo de una averiguación previa de un hecho delictivo, tienen dicho valor probatorio, siempre y cuando se ajusten a las disposiciones relativas al Título de Pruebas de ese ordenamiento legal, lo que acontece en la especie, pues esa actuación se realizó para corroborar el dicho de los testigos en el sentido de que efectivamente en la fecha y hora de los eventos, cuando los ofendidos fueron desapoderados de sus teléfonos celulares por parte de los activos. 12.- En cuanto al elemento consistente en que el delito se ejecute por dos o más ladrones, hizo extensiva la valoración vertida previamente al efecto; asimismo, explicó lo que apreció de tales medios de convicción para acreditar que fueron varios los sujetos activos, que Héctor Santos le arrebató al licenciado Alberto Gregorio García Soto su teléfono celular, que René Hernández Sánchez, le arrebató su teléfono celular a Lucía Aida José Pérez y Cándido López Ventura, metió su mano derecha en la bolsa de mano que llevaba colgando de su brazo Lucía Aida José Pérez. 13.- En cuanto a la acción típica del delito de robo calificado, la responsable precisó que los elementos de convicción en lo individual y su conjunto, en términos del artículo 354 del Código Adjetivo de la materia, relacionando el dicho de los ofendidos, el informe de investigación rendido por el agente y comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones adscrito a la comandancia del Grupo de Investigaciones de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de veintiuno de junio de dos mil catorce, fe ministerial de fotografías, inspección ocular, pericial en fotografía y planimetría, medios las pruebas que acreditan la acción delictiva, valorándolas, explicando lo que sucedió el día de los hechos para acreditar ese elemento. 14.- Al tomar en consideración el dictamen pericial contable emitido por el perito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, le concedió valor probatorio de indicio en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, ya que reúnen los requisitos que exige el artículo 403, pues tales dictámenes se emitieron por una persona con conocimientos especiales en la materia, como así acreditó serlo, el dictamen lo ratificó en diligencia formal y su designación se hizo a través de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a petición del agente del ministerio público, con título en la materia y que desempeña ese empleo por nombramiento oficial y a sueldo fijo; aunado a ello, emitió su dictamen en base a lo que su ciencia, experiencia y profesión le sugiere, 15.- En cuanto al delito de robo calificado con violencia, la responsable señaló y valoró cada una de las pruebas con las que acreditó los elementos relativos al objeto material y nexo causal, consistente en apoderarse de objetos muebles ajenos, así como emitir la valoración correspondiente a su naturaleza y señalar las pruebas con las que acreditó el elemento relativo al a las circunstancias de lugar. 16.- Al tener por acreditado el elemento relativo a que el activo cometa un delito en contra de un funcionario o agente de la autoridad, le otorgó valor indiciario en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, a las declaraciones de los denunciantes, señalan con exactitud la conducta desplegada un testimonio como así lo regula el artículo 355, fracción VI, del código en consulta, toda vez que los referidos denunciantes señalan con exactitud la conducta desplegada por los sujetos activos del delito, atendiendo ser verosímil con los datos que arroja la averiguación previa, constituyen indicios que acreditan la existencia de la correspondiente acción, que atendiendo al nivel cultural de los denunciantes, su grado de desarrollo social y edad, les permitió comparecer ante la autoridad ministerial a manifestar tales hechos delictuosos, sin constancia que hayan sido obligados a declarar por fuerza o miedo ni impulsados por error, engaño o soborno. 17.- Al tener por acreditado el elemento consistente en que el ilícito se realice en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, señaló cómo acreditó que la actividad que desempeñaban los pasivos al momento en que se cometieron los ilícitos en su contra es propia de sus cargos públicos, dijo que los pasivos Liborio Silva García, Lucía Aída José Pérez y Alberto Gregorio García Soto, el primero de ellos se desempeñaba como empleado del municipio de Santa Cruz, Xococotlán, Centro, Oaxaca, como asesor adscrito a la subdirección jurídica de dicho municipio, bajo las órdenes de la licenciada Lucía Aída José Pérez, quien funge como secretaria municipal de dicho ayuntamiento y el licenciado Alberto Gregorio García Soto, era subdirector de la secretaría municipal, éstos dos últimos al comparecer ante la autoridad municipal a interponer su denuncia, se identificaron con sus credenciales originales que los acreditaron con tales cargos, expedidos por la Secretaría General de Gobierno, documentos que se encuentran agregados en copia certificada en autos, con los que se acredita que en la fecha y hora de los eventos, los ofendidos se encontraban como empleados municipales del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. 18.- Al concluir que el delito contra funcionarios públicos, fue cometido por cuatro personas, René Hernández Sánchez, Cándido López Ventura, Esther Gabriela Fabián Hernández y María de los Ángeles Martínez Olivera, lo que consideró se robustece con la pericial en fotografía y fe ministerial de fotografías, e inspección ocular, a las que les otorgó valor probatorio de indicios en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, ya que reúnen los requisitos que exige el artículo 403, pues de los dictámenes se emitieron por una persona con conocimientos especiales en la materia, como así acreditó serlo, el dictamen lo ratificó en diligencia formal y su designación se hizo a través de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a petición del agente del ministerio público, con título en la materia y que desempeña ese empleo por nombramiento oficial y a sueldo fijo; aunado a ello, emitió su dictamen en base a lo que su ciencia, experiencia y profesión le sugiere, en el que expresó los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento a su opinión y explicó lo que advirtió de esa prueba y de la inspección ocular, con valor probatorio pleno en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, ya que reúnen los requisitos que exige el artículo 355, fracción I, del código adjetivo penal en vigor, por encontrarse en el diverso numeral 356, fracción X, en relación con el 68 del código adjetivo de la materia, pues se practicó por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y en donde además se desprende se desahogaron con apego los lineamientos establecidos en los artículos 370, 371, 372 y 373 del mismo ordenamiento legal, pues el personal actuante se constituyó con las formalidades de ley al lugar de los hechos, hizo constar circunstancias que a través del sentido de la vista pudo apreciar la autoridad ministerial. 19.- La responsable al pronunciarse sobre la acreditación de los elementos del cuerpo del delito contra funcionarios públicos, señaló y valoró las pruebas que tomó en consideración para acreditar la actividad típica, lesión al bien jurídico tutelado, el objeto material, la calidad específica del sujeto pasivo y nexo de causalidad. 20.- Al pronunciarse respecto de la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión de los delitos privación ilegal de la libertad, robo calificado con violencia por equiparación y delitos cometidos contra servidores públicos, valoró correctamente las declaraciones de los ofendidos, la inspección ocular de veintitrés de diciembre de dos mil doce y pericial en fotografía y planimetría, en los términos ya expuestos. 21.- Explica las pruebas que tomó en consideración para acreditar la probable responsabilidad del aquí quejoso son aptas para acreditarla; y cuál fue el señalamiento que se hizo en su contra; y que en términos del artículo 11, fracción III, del Código Penal del Estado, el grado de participación del aquí quejoso en la comisión del ilícito, se llevó a cabo como coautor material. Consecuentemente, con tales actuaciones se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho humano violado, por lo que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de garantías. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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