Rene Gonzalez Ortega
Expediente 1360/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1360/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 01/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rene Gonzalez Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, primero de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se SOBRESEYÓ FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III, primer párrafo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario Judicial de la adscripción de la que se advierte que no logró notificar personalmente al quejoso René González Ortega, el auto dictado el veintisiete de diciembre del año próximo pasado, por los motivos que a continuación se exponen: El fedatario Judicial de la adscripción, aduce que al constituirse en el domicilio ubicado en calle nueve sur, número dos mil ciento seis, interior tres, de la ciudad de Puebla, y cerciorarse plenamente de ser la vivienda buscada, después de tocar en reiteradas ocasiones, ninguna persona atendió a su llamado, sin dejar aviso de notificación, pues no tenía la certeza de que al dejarlo en la entrada del referido inmueble, la notificación de mérito llegara a su destinatario. Por lo que, dado lo acordado en párrafos precedentes con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo vigente, notifíquese a la parte quejosa, el auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, así como el presente proveído por medio de lista de acuerdos.. El auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, en lo conducente dice: "San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario en funciones de Juez del Juzgado Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla y, en atención a su contenido, téngasele remitiendo copia certificada de las constancias solicitadas por acuerdo de veintiuno de diciembre pasado (foja 38). Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene como prueba de la autoridad responsable de mérito, la documental que anexa al oficio de cuenta, sin perjuicio de relacionarla al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, de la documental remitida por la autoridad responsable, se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia del presente juicio de garantías, prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: (.) "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) En principio, debe resaltarse que el precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Hecha esta precisión, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente señalar que el quejoso René González Ortega, acude a esta instancia constitucional a reclamar lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- LA FALTA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA y EXPEDITA DENTRO DEL PROCESO NÚMERO 144/2016 RESPECTO A LA FALTA DE SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 380 DEL CÓDIGO ADJETIVO DE LA MATERIA Y EN EL TIEMPO QUE EL MISMO NUMERAL ESTABLECE DENTRO DEL INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS PRESENTADO POR EL SUSCRITO QUEJOSO, YA QUE EL DIA UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE DENTRO DEL INCIDENTE DE DESVANECIMIENTO DE DATOS PRESENTADO EN LA OFICIALÍA MAYOR DE El JUZGADO SÉPTIMO DE LO PENAL DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA, SE ACORDÓ QUE SE ADMITE DICHO INCIDENTE, SIN EMBARGO DICHA AUTORIDAD RESPONSABLE ES TOTALMENTE OMISA AL SEÑALAR LA. AUDIENCIA DE LEY QUE ESTABLECE EL ARTICULO 380 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS DE DEFENSA SOCIAL, SITUACIÓN QUE A TODAS LUCES ES VULNERABLE DE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES YA QUE NO SEÑALA LA AUDIENCIA QUE ESTABLECE EL CÓDICO ADJETIVO DE LA MATERIA EN EL TERMINO SEÑALADO POR LA LEY ESTANDO DE POR MEDIO LA LIBERTAD DEL HOY QUEJOSO, LO CUAL ES VIOLATORIO DE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO YA QUE NO SE HAN RESPETADO LOS TIEMPOS QUE LA PROPIA LEY ESTABLECE, Y QUE NUESTRA CARTA MAGNA CONTIENE EN LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES SE MENCIONARON COMO VIOLENTADOS EN MI PERJUICIO." Luego, del informe justificado que rindió al autoridad responsable Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla (foja 18), así como de las copias certificadas que remitió en apoyo a su informe justificado (fojas 19 a 32 y 42 a 44), se aprecia lo siguiente: El acuerdo de uno de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 144/2016 del índice del Juez responsable, en el que se admitió a trámite el incidente de libertad por desvanecimiento de datos promovido por el hoy quejoso René González Ortega; Auto de veinte de diciembre del año que trascurre, dictado en el referido proceso penal, en el cual, el juez de la causa señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia relativa al incidente de libertad por desvanecimiento de datos que promovió el quejoso. Constancias de notificación realizadas a las partes del acuerdo de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, de las que se advierte que el quejoso fue notificado de dicho auto, el veintidós de diciembre del actual. En ese orden de ideas, de las aludidas constancias, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia relativa al incidente de libertad por desvanecimiento de datos que promovió el quejoso dentro de la causa penal 144/2016 de su índice, lo que constituye el acto que por esta vía se combate, y notificó al quejoso de dicha determinación, el veintidós de diciembre siguiente. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, es evidente que, se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional del acto que aquí se reclama, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del quejoso, o habiéndola irrumpido, no se haya dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Con lo expuesto, se advierte que en la especie se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto que aquí se reclama. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causa de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Tampoco pasa inadvertido para el suscrito Secretario encargado del despacho que no se haya ordenado el emplazamiento de la parte tercero interesada; sin embargo, tomando en consideración que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional, resulta innecesario el citado emplazamiento, pues no le irroga algún perjuicio, además, de esperar su comparecencia, en nada cambiaría el sentido del presente acuerdo, máxime que el retraso sería en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita, garantía consignada en el artículo 17 Constitucional. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con diez minutos del nueve de enero de dos mil dieciocho, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes)."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario en funciones de Juez del Juzgado Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla y, en atención a su contenido, téngasele remitiendo copia certificada de las constancias solicitadas por acuerdo de veintiuno de diciembre pasado (foja 38). Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene como prueba de la autoridad responsable de mérito, la documental que anexa al oficio de cuenta, sin perjuicio de relacionarla al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, de la documental remitida por la autoridad responsable, se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia del presente juicio de garantías, prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: (.) "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) En principio, debe resaltarse que el precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Hecha esta precisión, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente señalar que el quejoso René González Ortega, acude a esta instancia constitucional a reclamar lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- LA FALTA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA y EXPEDITA DENTRO DEL PROCESO NÚMERO 144/2016 RESPECTO A LA FALTA DE SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 380 DEL CÓDIGO ADJETIVO DE LA MATERIA Y EN EL TIEMPO QUE EL MISMO NUMERAL ESTABLECE DENTRO DEL INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS PRESENTADO POR EL SUSCRITO QUEJOSO, YA QUE EL DIA UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE DENTRO DEL INCIDENTE DE DESVANECIMIENTO DE DATOS PRESENTADO EN LA OFICIALÍA MAYOR DE El JUZGADO SÉPTIMO DE LO PENAL DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA, SE ACORDÓ QUE SE ADMITE DICHO INCIDENTE, SIN EMBARGO DICHA AUTORIDAD RESPONSABLE ES TOTALMENTE OMISA AL SEÑALAR LA. AUDIENCIA DE LEY QUE ESTABLECE EL ARTICULO 380 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS DE DEFENSA SOCIAL, SITUACIÓN QUE A TODAS LUCES ES VULNERABLE DE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES YA QUE NO SEÑALA LA AUDIENCIA QUE ESTABLECE EL CÓDICO ADJETIVO DE LA MATERIA EN EL TERMINO SEÑALADO POR LA LEY ESTANDO DE POR MEDIO LA LIBERTAD DEL HOY QUEJOSO, LO CUAL ES VIOLATORIO DE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO YA QUE NO SE HAN RESPETADO LOS TIEMPOS QUE LA PROPIA LEY ESTABLECE, Y QUE NUESTRA CARTA MAGNA CONTIENE EN LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES SE MENCIONARON COMO VIOLENTADOS EN MI PERJUICIO." Luego, del informe justificado que rindió al autoridad responsable Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla (foja 18), así como de las copias certificadas que remitió en apoyo a su informe justificado (fojas 19 a 32 y 42 a 44), se aprecia lo siguiente: El acuerdo de uno de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 144/2016 del índice del Juez responsable, en el que se admitió a trámite el incidente de libertad por desvanecimiento de datos promovido por el hoy quejoso René González Ortega; Auto de veinte de diciembre del año que trascurre, dictado en el referido proceso penal, en el cual, el juez de la causa señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia relativa al incidente de libertad por desvanecimiento de datos que promovió el quejoso. Constancias de notificación realizadas a las partes del acuerdo de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, de las que se advierte que el quejoso fue notificado de dicho auto, el veintidós de diciembre del actual. En ese orden de ideas, de las aludidas constancias, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia relativa al incidente de libertad por desvanecimiento de datos que promovió el quejoso dentro de la causa penal 144/2016 de su índice, lo que constituye el acto que por esta vía se combate, y notificó al quejoso de dicha determinación, el veintidós de diciembre siguiente. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, es evidente que, se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional del acto que aquí se reclama, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del quejoso, o habiéndola irrumpido, no se haya dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Con lo expuesto, se advierte que en la especie se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto que aquí se reclama. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causa de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Tampoco pasa inadvertido para el suscrito Secretario encargado del despacho que no se haya ordenado el emplazamiento de la parte tercero interesada; sin embargo, tomando en consideración que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional, resulta innecesario el citado emplazamiento, pues no le irroga algún perjuicio, además, de esperar su comparecencia, en nada cambiaría el sentido del presente acuerdo, máxime que el retraso sería en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita, garantía consignada en el artículo 17 Constitucional. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con diez minutos del nueve de enero de dos mil dieciocho, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario en funciones de Juez del Juzgado Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, mediante el cual, en cumplimiento al acuerdo de dieciocho de diciembre pasado (foja 33), informa el nombre y domicilio de la persona que pudiera tener el carácter de tercero interesada en el presente asunto; al respecto, se reserva acordar lo que a derecho corresponda, hasta en tanto tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto. Así mismo, téngase al juez responsable informando que se señalaron las once horas del veintiséis de diciembre de dos mi diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia incidental relativa al incidente por desvanecimiento de datos promovido por el quejoso dentro de la causa penal 144/2016 de su índice; de lo que toma conocimiento este órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Séptimo de lo penal de la ciudad de Puebla, para que en el improrrogable término de veinticuatro horas contadas a partir de su notificación, remita a este órgano jurisdiccional, copia certificada del acuerdo en el cual señaló fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia relativa al incidente por desvanecimiento de datos promovido por el hoy quejoso Rene González Ortega, dentro de la causa penal 144/2016 de su índice, así como de la constancia de notificación realizada al citado quejoso de dicho acuerdo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
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