Rene Gonzalez Ortega
Expediente 1329/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1329/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rene Gonzalez Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por René González Ortega, contra el acto reclamado a la Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando sexto de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el INFORME JUSTIFICADO rendido por la autoridad responsable 1. Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. En ese orden, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119, ambos de la Ley de Amparo, téngase a la citada autoridad ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que acompaña al oficio de cuenta, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza.
- Incidental
En San Andrés Cholula, Puebla, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del cinco de diciembre de dos mil diecisiete, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1329/2017-C (foja 6 vuelta), María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistida de María del Carmen Ortega Reguera, Secretaria con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, sin asistencia de las partes. San Andrés Cholula, Puebla, cinco de diciembre de dos mil diecisiete. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por RENÉ GONZÁLEZ ORTEGA (fojas 1 a 4) y auto de treinta de noviembre de dos mil diecisiete (suspensión provisional, con fojas 5 a 9). Y, da cuenta con el informe previo rendido por la autoridad responsable 1. Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla. A lo anterior, la Jueza acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias, así como la certificación secretarial que anteceden, para los efectos legales conducentes; y con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo abrogada, por rendido el informe de la autoridad en cita. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia que a la letra dice: SUSPENSIÓN EN AMPARO. NO PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA INCIDENTAL SI EN ELLA SE DA CUENTA CON EL INFORME PREVIO. Si se toma en consideración que el incidente de suspensión se rige por el principio de celeridad y que el artículo 131 de la Ley de Amparo exige que la audiencia incidental se celebre dentro del plazo de setenta y dos horas con informe o sin él, es inconcuso que no procede diferir aquélla, si el Juez de Distrito da cuenta con dicho informe durante la celebración de la audiencia, tanto más si las autoridades responsables al rendir su informe niegan la existencia del acto reclamado, en virtud de que en la propia audiencia, la parte quejosa están en aptitud de ofrecer las pruebas documental y de inspección ocular tendentes a desvirtuar dicha negativa, lo que no produce la indefensión de aquéllos, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, último párrafo, de la ley de la materia, las partes pueden objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; y la Jueza acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas; por lo que se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no exhibió pedimento. A lo anterior, la Jueza acuerda: se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Luego, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1329/2017-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por RENÉ GONZÁLEZ ORTEGA; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por RENÉ GONZÁLEZ ORTEGA, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, el acto reclamado en el presente asunto es: I. La falta de acuerdo respecto de la radicación del incidente de desvanecimiento de datos en autos de la causa penal 144/2016, del índice del juzgado responsable, presentado el veintiuno de noviembre de esta anualidad, ante el Juzgado Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; así como, el no señalar fecha para la celebración de la audiencia incidental correspondiente en dicho incidente. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye el acto reclamado - que quedó precisado en el considerando que antecede- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME PREVIO Foja 1 Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla. CIERTO 13 La referida autoridad responsable, al rendir su informe previo, aceptó la existencia del acto que se le reclama, por lo que el mismo debe tenerse por cierto. De ahí que, con fundamento en los artículos 124, fracciones I, II y III; 136, párrafos primero, cuarto y quinto; y 138 de la Ley de la materia abrogada, se procede a resolver lo relativo a la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, en los siguientes términos: I) Atento a la naturaleza de los actos reclamados precisados en el apartado I (negativas), debe señalarse que resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada, de acuerdo a las consideraciones que enseguida se exponen: Para efectos de la suspensión dentro del juicio de garantías se encuentran, entre otros: los actos positivos y los negativos; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; y los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos. Por tanto, si tomamos en consideración que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, es evidente que la procedencia de la suspensión no se actualiza ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera o, como ocurre con los actos reclamados, en el sentido de que el juez responsable desde el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, no ha acordado lo relativo al incidente de desvanecimiento de datos promovido por el aquí quejoso, pues si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, dispone que para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad deben concurrir los siguientes requisitos, que a saber, son: 1. Que se solicite la suspensión; y, 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravenga disposiciones de orden público; también lo es que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, lo que no ocurre en el caso, pues los actos reclamados por la parte quejosa son de naturaleza negativa y omisiva, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, no existiría, como en el presente asunto, materia que suspender; de ahí que, como se dijo, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender". Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por RENÉ GONZÁLEZ ORTEGA, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí indicadas.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1329/2017-C Ahora bien, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII, X y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 37, 107, 112, 115, 117 y 128 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de garantías signada por René González Ortega, quien promueve por su propio derecho, contra actos de la autoridad responsable Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla Por separado y duplicado fórmese y tramítese el incidente de suspensión del acto reclamado por así haberlo solicitado la parte quejosa Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este juzgado de Distrito ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla Con el apercibimiento que de no hacerlo o no anexar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emita el presente proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y 260, fracción II de la Ley de Amparo Esto es así, ya que la no rendición del informe justificado implica que se presuma cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Amparo Vigente; y, por lo que respecta a los informes rendidos fuera de los plazos establecidos, podrán ser tomados en cuenta si la parte quejosa estuvo en posibilidad de conocerlos, con fundamento en la primera parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. No ha lugar a remitirles copia de la demanda de amparo, pues la misma se remitirá al momento de requerir el informe previo, de conformidad con el artículo 116 del multicitado ordenamiento legal. En otro sentido, se solicita a la autoridad señalada como responsable informe a este juzgado de Distrito si este juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional o por tratarse de actos derivados del propio procedimiento, o bien, porque se refiera a los mismos hechos. En la inteligencia, que deberá de rendir su respectivo informe justificado en forma separada del previo, haciendo referencia al número de oficio que contesta, el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo. Según lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, téngase con el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, por lo que, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la citada Ley, se ordena sea emplazado al presente juicio constitucional por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándole copia autorizada de la demanda de amparo. Por otro lado, resérvese por el momento acordar tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto obre en autos el informe de la autoridad responsable a efecto de acordar lo que en derecho corresponda, pues sólo teniendo a la vista el informe se puede corroborar a quien le asiste tal carácter. Así mismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que si tiene conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberá comunicarlo inmediatamente a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emita el presente proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y 251 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envió se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Por otra parte, se requiere a la autoridad que, en su caso, convenga en la existencia el acto reclamado, precise si las constancias que remita como justificación a su informe, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se usen de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que le corresponde. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en la demanda de amparo; y por autorizados en término restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, pues no obstante que la parte quejosa manifiesta que es su deseo autorizarlas en los términos amplios del citado precepto, esta autoridad carece de los elementos necesarios para corroborar que cuentan con cédula de licenciados en derecho inscrita ante la Secretaría de Educación Pública y, el solo hecho de indicar su nombre, no es suficiente, en virtud de los homónimos que pudieran existir respecto de ésta. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable y a aquélla que tenga el carácter de tercero interesada, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." También, hágase saber a la autoridad responsable que de negarse a recibir la notificación, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá por hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Aunado a ello, se les impondrá por separado una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, como lo ordena el artículo 245 de la citada legislación, en los términos siguientes: "(.) a la autoridad responsable que se niegue a recibir la notificación se le impondrá multa de cien a mil días. (.)". Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial
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