Rene Galaviz Briseño

Expediente 4/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
4/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
28/05/2019

Partes del expediente

  • Rene Galaviz Briseño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha dos de enero de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en sentencia de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se concedió al quejoso Rene Galaviz Briseño, el amparo y protección de la Justicia Federal para efecto de que el Presidente Municipal y Síndico Procurador, ambos del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, ambos con sede en esta ciudad, para efectos de que en el plazo de tres días, contado a partir de que se le notifique la ejecutoria que cause este fallo, otorguen respuesta a las peticiones del quejoso Rene Galaviz Briseño, de manera completa y coherente al escrito de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho; y, le hagan saber en breve término su contestación; en la inteligencia de que la protección constitucional obsequiada tiende a asegurar una determinación sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido. En auto de ocho de marzo de dos mil diecinueve, quedó firme la sentencia por no haber sido recurrida por las partes y se requirió a las autoridades responsables Presidente Municipal y Síndico Procurador, ambos del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, ambos con sede en esta ciudad, por el cumplimiento de la misma. Mediante oficios sin número recibidos en este juzgado el catorce y veintidós de marzo de dos mil diecinueve, el delegado de las autoridades responsables solicitó prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la cual le fue concedida. Ahora bien, por diverso oficio recibido el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, el delegado de las autoridades responsable adjunta el oficio DAJ535/03/2019 de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual el Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de Ahome, Sinaloa, da respuesta a la solicitud hecha por el quejoso el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, haciéndole entrega de las copias certificadas solicitadas por el mismo, oficio que le fue notificado al quejoso por conducto de su autorizado legal en el domicilio para ello señalado. Con lo anterior, en proveído de dos de abril de la presente anualidad, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, quien quedó debidamente notificado del mismo. Ahora, tomando en cuenta que se concedió al quejoso Rene Galaviz Briseño, el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Presidente Municipal y Síndico Procurador, ambos del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, ambos con sede en esta ciudad, para efectos de que en el plazo de tres días, contado a partir de que se le notifique la ejecutoria que cause la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, otorguen respuesta a las peticiones del quejoso Rene Galaviz Briseño, de manera completa y coherente al escrito de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho; y, le hagan saber en breve término su contestación; en la inteligencia de que la protección constitucional obsequiada tiende a asegurar una determinación sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido; por tanto, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin excesos ni defectos. Cabe precisar que, la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado; empero, la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario; consecuentemente, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el suscrito juzgador, en el presente procedimiento de ejecución del fallo protector, pueda examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida y, en el caso concreto la autoridad responsable parte de un presupuesto procesal como es la competencia, de ahí que, si la responsable remitió el asunto a cabildo a efecto de continuar con el proceso, el suscrito juzgador no está en posibilidad de analizar la legalidad o ilegalidades del mismo, pues ello es materia diferente a la del acto reclamado. En efecto, el acto reclamado versa sobre un reproche de naturaleza omisiva, de ahí que, el acto positivo en el que dé cumplimiento y parte de la remisión del asunto a cabildo debe analizarse en diversa instancia a la luz de diversos agravios o conceptos de violación; máxime, que el estado procesal de la petición ha cambiado, por ende, quien resuelve no puede analizar el estado procesal actual, ni prejuzgar sobre omisiones o actos futuros e inciertos. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia de la Novena Época, con registro 190356, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2001, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 1/2001, cuyo contenido es: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia.".

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta que suscribe el Delegado de las autoridades responsables, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales. Con lo anterior dese vista a la parte quejosa para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el delegado de las autoridades responsables mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo y solicita se le conceda prórroga para dar cumplimiento a la misma; agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales. Como lo solicita la autoridad oficiante, con apoyo en el artículo 192 párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se le concede una prórroga de treinta días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para dar trámite a la ejecutoria de amparo.

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