René Adrián Acosta López

Expediente 61/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
61/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/03/2022

Partes del expediente

  • René Adrián Acosta López

Actuaciones

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, once de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de quince de febrero de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo 61/2022-1A, por el que se desechó la demanda de amparo interpuesta por ******************** por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, párrafo segundo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de quince de febrero de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo interpuesta por ******************** consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación

  2. Principal

    Vista la demanda de cuenta, promovida por René Adrián Acosta López, contra actos de la Jefa del Departamento Jurídico de la Embajada de Los Estados Unidos en México, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 61/2022-1A. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitid por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 198, Tomo VIII, Noviembre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro de localización 221353, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional.". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Jefa del Departamento Jurídico de la Embajada de Los Estados Unidos en México. ACTO RECLAMADO: La violación al artículo 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que se ha excedido en los plazos y términos establecidos en la Ley del derecho a la petición y a la información. Establecido lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con los numerales 1º., fracción I, y 5o., Fracción II, todos de la Ley de Amparo, así como con los preceptos 1° y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en ese orden se reproducen a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "[.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. "[.]" "Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.". "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su parte, en el ordinal 1°, fracción I, de la referida ley se prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que en el numeral 5°, fracción II, se establece la definición de autoridad responsable. Con base en lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, es dable concluir que en caso de que el acto u omisión reclamada no provenga de una autoridad y, como consecuencia de ello, no sea susceptible de violar algún derecho humano, entonces el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto. Lo anterior, teniendo el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Complementa las características de la autoridad responsable en el juicio de amparo, la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, visible a página 1089, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011. Novena Época, de registro 161133, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado" Así como, la tesis aislada número P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Criterio que se afirma como la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo VIII, página 223, diciembre de 1991, del rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO DERIVA DE UNA AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE GARANTÍAS." Ahora bien, del primero de los preceptos constitucionales transcritos, se desprende que en los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de los derechos humanos que otorga nuestra Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; en tanto que el segundo, consagra la procedencia del juicio de amparo en México, al señalar que éste procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridades que lesionen tales derechos. Entonces, la protección que brinda el Estado Mexicano a los derechos humanos a través del juicio de amparo, obliga a que todas sus autoridades, en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), a asegurar el completo respeto de esas prerrogativas esenciales; por tanto, la titularidad de esos derechos corresponde a todo aquel sujeto que pueda considerarse en un momento específico gobernado por autoridades del país, ya sea que los agraviados sean nacionales o extranjeros, ciudadanos o no ciudadanos. Así pues, cualquier gobernado es titular de los derechos que le otorga la Constitución Federal, mientras que el sujeto pasivo, es cualquier gobernante o autoridad Nacional (federal, estatal o municipal) que está obligado a respetar el derecho del individuo, dado que la finalidad primordial de tales derechos es frenar la actuación autoritaria de los entes públicos del Estado Mexicano, en beneficio de esos derechos humanos fundamentales. Asimismo, el artículo 103 constitucional, establece que la competencia para conocer del juicio de amparo radica en los Tribunales de la Federación, como únicas autoridades para proteger en México los derechos humanos consagrados en dicha norma fundamental, sin que ningún otro órgano de gobierno pueda conocer de ese juicio. De esta manera, el juicio de amparo, únicamente será procedente contra actos de autoridades mexicanas, sean éstas federales, estatales o municipal, sin importar que se trate de autoridad legislativa, judicial o ejecutiva, salvo las excepciones establecidas en la Constitución Federal y en la Ley de Amparo. Ahora, si bien es cierto que en los preceptos legales previamente transcritos, no se contempla el supuesto específico de que un quejoso señale como autoridad responsable a un ente público extranjero (como en el caso Jefa del Departamento Jurídico de la Embajada de Los Estados Unidos en México), este juzgador está facultado para realizar una interpretación sistemática y analógica de los referidos preceptos legales, de los cuales se obtiene que dicha autoridad, aunque tenga su residencia en la Ciudad de México, no puede considerarse que tenga la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, dado que no cuenta con las facultades necesarias para ejercer su jurisdicción en este país. En efecto, para que determinada autoridad posea la calidad de responsable en el juicio de amparo, necesariamente debe tener competencia legal y ejercer su jurisdicción en el Estado Mexicano, de conformidad con la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, pues debe insistirse en que el juicio amparo está diseñado para proteger a las personas respecto de los actos de autoridad que ejerzan su jurisdicción con arreglo a las leyes y reglamentos que emanen de la Constitución Federal; ya que de hacerlo de otra manera, permitiría que autoridades que no formen parte del Estado Mexicano (extranjeras), vulneren la soberanía nacional, al permitirles ejecutar actos legales en territorio mexicano. Entonces, la protección que brinda el Estado Mexicano a los derechos humanos a través del juicio de amparo, obliga a que todas sus autoridades, en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), a asegurar el completo respeto de esas prerrogativas esenciales; por tanto, la titularidad de esos derechos corresponde a todo aquel sujeto que pueda considerarse en un momento específico gobernado por autoridades del país, ya sea que los agraviados sean nacionales o extranjeros, ciudadanos o no ciudadanos. Así pues, cualquier gobernado es titular de los derechos que le otorga la Constitución Federal, mientras que el sujeto pasivo, es cualquier gobernante o autoridad Nacional (federal, estatal o municipal) que está obligado a respetar el derecho del individuo, dado que la finalidad primordial de tales derechos es frenar la actuación autoritaria de los entes públicos del Estado Mexicano, en beneficio de esos derechos humanos fundamentales. Asimismo, el artículo 103 constitucional, establece que la competencia para conocer del juicio de amparo radica en los Tribunales de la Federación, como únicas autoridades para proteger en México los derechos humanos consagrados en dicha norma fundamental, sin que ningún otro órgano de gobierno pueda conocer de ese juicio. De esta manera, el juicio de amparo, únicamente será procedente contra actos de autoridades mexicanas, sean éstas federales, estatales o municipal, sin importar que se trate de autoridad legislativa, judicial o ejecutiva, salvo las excepciones establecidas en la Constitución Federal y en la Ley de Amparo. Además, no debe soslayarse que este juzgador no cuenta con las facultades para solicitar y, en su caso, requerir a las autoridades de otro país, para que rindan su informe con justificación; aunado a que en el hipotético caso de una concesión del amparo, de igual forma, no se estaría en posibilidades de exigir el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, ya que no habría posibilidad alguna de someter a la autoridad extranjera a las leyes mexicanas a fin de obligarles a acatar el fallo constitucional; ello es comprensible, dado que ningún país puede ejercer potestad sobre otro, pues, se reitera, con ello se atentaría en contra de la soberanía de cada Estado. Apoya lo anterior la tesis II.1o.P.1 K (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a página 1901, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, Décima Época de registro 2016714. Que dice: "AUTORIDADES EXTRANJERAS. EL JUEZ DE AMPARO NO ESTÁ FACULTADO PARA REQUERIRLES INFORMES JUSTIFICADOS CON LOS APERCIBIMIENTOS DE LEY, NI EXIGIRLES EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA PROTECTORA. El juzgador de amparo no está facultado para requerir informes justificados con los apercibimientos de ley a las autoridades extranjeras, ni podría exigirles el cumplimiento de una ejecutoria, en el caso de que la protección de la Justicia Federal llegara a concederse. Lo que es comprensible, porque ningún país puede ejercer potestad sobre otro y, de hacerlo, se contravendrían los principios del derecho internacional público de libre autodeterminación de los pueblos y de no intervención. Igualmente la diversa tesis II.1o.P.2 K (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a página 1901, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, Décima Época de registro 2016715. Que dice: "AUTORIDADES EXTRANJERAS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO TENGAN SU RESIDENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA. Acorde con los artículos 1o., 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, y los órganos federales están constreñidos a resolver las controversias suscitadas por normas generales, actos u omisiones de las autoridades que violen precisamente esos derechos; por lo que la titularidad de esas prerrogativas corresponde a todo sujeto que pueda considerarse, en un momento específico, gobernado por las autoridades del país, ya sea que los agraviados sean nacionales o extranjeros, ciudadanos o no ciudadanos y, en ese entendido, los Jueces de amparo se encuentran imposibilitados para admitir una demanda cuando los actos reclamados no provengan de una autoridad para efectos del juicio constitucional, porque la protección que brinda el Estado Mexicano a los derechos humanos mediante el juicio de amparo, es para verificar la actuación de autoridades en algún nivel de gobierno de este país, por ende, las autoridades extranjeras no pueden tener el carácter de responsables, porque no cuentan con las facultades necesarias para ejercer jurisdicción, en el entendido de que el amparo fue creado para proteger a las personas contra actos de autoridades emanadas de la propia Constitución Federal; sin que obste para ello que las autoridades señaladas como responsables tengan su residencia en este país, toda vez que, en términos de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, los espacios físicos que ocupan se considerarán territorio extranjero. En ese orden de ideas, resulta inconcuso que no puede considerarse como autoridad responsable a la Jefa del Departamento Jurídico de la Embajada de los Estados Unidos en México), en virtud de que dicha autoridad no forma parte de los Poderes de la Unión del Estado Mexicano, además de que se encontraría impedida para ejecutar determinaciones sobre leyes mexicanas; lo que torna improcedente vincularla al juicio de amparo. De igual manera, por identidad de razón, en la Jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer circuito, visible en la página 1224, del libro 11, del mes de Octubre de dos mil catorce, tomo dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de registro digital 2007580, que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." Sin que lo anterior, implique el desconocimiento el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 54/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 929, Libro X, julio de dos mil doce, Tomo 2, materia común, correspondiente a la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO."; toda vez que la propia Segunda Sala, mediante resolución de dieciocho de mayo del dos mil dieciséis, pronunciada en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, aclaró el rubro de la misma, señalando que lo que se pretendió reflejar de manera concreta y abstracta en la citada tesis, fue que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado consistente en el acuerdo por el cual se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de la autoridad para efectos del juicio de amparo". De la referida solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, se aclaró la jurisprudencia 2a./J.54/2012 (10a.), de registro 2011888, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a las diez horas con diecisiete minutos en el Semanario Judicial de la Federación, para quedar como sigue: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos." (lo subrayado es propio)." Por tanto, el caso que nos ocupa no encuadra en la hipótesis de aplicación de la referida jurisprudencia, ya que ésta sólo es aplicable en aquellos casos en los que se reclame el acuerdo por el cual se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas. Además, debe decirse que sería ocioso dar trámite a una demanda de amparo, de la cual resulta evidente su sobreseimiento, además de que simplemente crearía falsas exceptivas a la parte peticionario de amparo, coartando su derecho de acudir a una diversa instancia que pudiera dar solución a los actos que considera conculcatorios de sus derechos, pues es claro que la responsable en cita no le asiste el carácter de autoridad para los efectos de la vía intentada. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio, promovida por René Adrián Acosta López, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Es aplicable, la Jurisprudencia 1.13º.A J/6 del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, de registro 180663, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". Teniendo en consideración que la actuación de un defensor de oficio o asesor debe ser continua y sin condiciones que limiten su función, en términos del artículo 4o. de la Ley Federal de Defensoría Pública, a fin de no dejarlos en estado de indefensión, toda vez que la demanda de amparo la promovió por su propio derecho, se le asigna a Alicia Ortiz Santiago y en su ausencia José Orozco Carrillo, Defensores Públicos adscritos a este juzgado, con domicilio para oír y recibir notificaciones en las oficinas que ocupa la Defensoría Pública Federal, ubicada en Bulevar Adolfo López Mateos número 2213 Norte, esquina con Fuente de Artemisa, Fraccionamiento Las Fuentes, en esta ciudad.

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