Renato Pelayo Escalante
Expediente 1194/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1194/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Renato Pelayo Escalante
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término del artículo 86 de la Ley de la Materia sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente sumario constitucional. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existen diligencias por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se procede a determinar su destino legal. Ahora, en su artículo 21, inciso a), prevé que es susceptibles de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que este juicio de amparo se sobreseyó. Por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción, y una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido Acuerdo General, previa acta que se elabore para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta, a fin de dar cumplimiento a los artículos 23 y 24 del mencionado acuerdo general. Se instruye a la secretaría y oficial de trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad de su envío efectivo recae en la actuaria o actuario de la adscripción que corresponda.
- Principal
Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por****, contra los actos reclamados a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en la consideración última de este fallo constitucional.
- Principal
En virtud de no haberse presentado el quejoso a notificarse personalmente del acuerdo de veintiuno de octubre del año en curso, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo citatorio que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo |dispuesto en los artículos 27 fracción I, inciso b), y 29, de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fijó en los estrados del Juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el acuerdo de referencia, que en lo conducente dice:Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Renato Pelayo Escalante, mediante el cual pretende ampliar su demanda de amparo AMPLIACIÓN DE DEMANDA Este órgano jurisdiccional considera que no se actualiza la ampliación de la demanda de amparo, porque, los actos reclamados no guardan estrecha relación con el reclamado en el escrito de demanda presentado originalmente. Lo que implica, que se ordene la separación de juicios, respecto esta ampliación. Previo a evidenciar lo anterior, conviene señalar, que la ampliación de la demanda, ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un acto procesal cuyo objeto consiste en adicionar o modificar lo expuesto en el escrito general, a fin de incorporar a la litis, elementos vinculados para que también los resuelva el juzgador. En la contradicción de tesis 368/2016, el máximo tribunal puntualizó que en diversos criterios, incluso durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada en donde no se encontraba prevista expresamente esta posibilidad, ha existido, en general, un reconocimiento de esta institución, aceptándola y explicando su conveniencia. De entre los criterios emitidos se hizo alusión a uno en particular, conforme al cual se destacó que la posibilidad de que una vez presentada la demanda de amparo, el quejoso pueda ampliarla, se ha considerado como parte de la impartición de justicia completa, pronta e imparcial, plasmado en la jurisprudencia P./J. 12/2003, cuyo contenido es el siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. DEBE ADMITIRSE AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO, YA QUE CONSTITUYE UNA FIGURA INDISPENSABLE PARA QUE EL JUZGADOR DÉ UNA SOLUCIÓN COMPLETA A LA ACCIÓN DEL GOBERNADO. La ampliación de la demanda de amparo implica la adición o modificación, por parte del quejoso, de lo expuesto en su escrito original para que forme parte de la controversia que deberá resolver el Juez o tribunal, y si bien no está prevista expresamente en la Ley de Amparo, su inclusión se estima indispensable para que el juzgador dé una solución adecuada al conflicto que le plantea el quejoso, por lo que es posible considerarla como parte del sistema procesal del amparo con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece como garantía individual la impartición de justicia completa, además de pronta e imparcial, máxime que dicha figura no está en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas deban llenar". En ese orden de ideas, actualmente, el artículo 111 de la Ley de Amparo ya prevé expresamente la posibilidad de ampliar una demanda, bajo dos hipótesis: 1) que no hayan transcurrido los plazos para su presentación; y, 2) que, en los juicios de amparo indirecto, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, supuesto que está condicionado a que no se haya celebrado la audiencia y se deberá promover la ampliación dentro de los plazos previstos en el artículo 17 del mismo ordenamiento, o presentar nueva demanda. Criterio que se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 15/2003: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional". Aunado a lo anterior, se exige que la materia de ampliación de la demanda guarde estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, como pudiera ser: - Un nuevo acto; - La intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o; - Que hasta ese momento se conozca la fundamentación o motivación que sustenta el acto reclamado. Lo que también posibilita ampliar la demanda respecto a los conceptos de violación, como, en su momento reconoció la Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 121/2016 (10a.), que ha sido compartida por el Pleno del Alto Tribunal, cuyo contenido señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU AMPLIACIÓN PARA COMBATIR, MEDIANTE NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, LOS VICIOS PROPIOS DE LOS ACTOS NOVEDOSOS VINCULADOS CON LOS RECLAMADOS INICIALMENTE. La ampliación de demanda de amparo indirecto constituye un medio para salvaguardar derechos fundamentales y resulta acorde con diversos principios. Aunado a ello, el artículo 111 de la Ley de Amparo condiciona su procedencia, por lo que hace a los actos novedosos vinculados con los reclamados inicialmente, a que se presente dentro de los plazos legales y a que no se haya celebrado la audiencia constitucional y, paralelamente, otorga al quejoso la prerrogativa de optar por promover una nueva demanda, en caso de no ampliarla. Por tanto, decretar la improcedencia de la ampliación de la demanda, con base en que esos nuevos actos se reclamen por vicios propios, a pesar de que no sea uno de los requisitos aludidos, equivale a imponer en su perjuicio una restricción y una obligación que ese ordenamiento jurídico no contempla. Además, el hecho de que dichos actos se combatan por vicios propios no justifica la inexistencia de la vinculación entre ellos, pues: a) ésta depende de los hechos del caso, y no de la manera en que se controviertan; b) una vez admitida la ampliación, nada impide que el análisis de constitucionalidad se realice respecto de cada uno de ellos de manera independiente; y, c) se trata de una cuestión que, en tanto influye en el estudio de fondo, no debe impactar en la fijación de la litis. Finalmente, como el artículo citado no establece restricción alguna para formular nuevos conceptos de violación en relación con los actos novedosos objeto de la ampliación, no existe impedimento legal alguno para hacerlo". En conclusión, el Tribunal Pleno ha reconocido que para ampliar una demanda de amparo debe atenderse a los siguientes elementos: 1) La ampliación de demanda constituye una opción a favor del quejoso, ya que también está en aptitud de presentar una nueva demanda de amparo. 2) La materia de ampliación de la demanda puede recaer sobre actos reclamados, autoridades responsables o conceptos de violación que el quejoso no estuviera en posibilidad de reclamarlos anteriormente. 3) Los aspectos novedosos, por los que se intenta ampliar la demanda deben guardar relación con los actos inicialmente reclamados. 4) Se debe presentar dentro de los plazos previstos el artículo 17 de la Ley de Amparo, tomando como referente para iniciar el cómputo respectivo, el artículo 18 de la misma disposición legal. 5) La ampliación de demanda podrá presentarse hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, pues pasado ese momento, sólo podrá promover un nuevo juicio de amparo. De esta forma, la ampliación de la demanda en cualquiera de sus supuestos, procede ante nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables o la necesidad de presentar nuevos conceptos de violación derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad. De ahí que el Pleno del Alto Tribunal haya destacado que la novedad y la relación con los actos inicialmente reclamados sean el factor determinante. Ahora, si mediante la ampliación de demanda lo que se ejerce es la acción de amparo, ésta está supeditada a las cuestiones de procedencia, como el supuesto que se mencionó con antelación de la temporalidad, en ese caso, únicamente podrá desecharse cuando la causa de improcedencia invocada por el Juez de Distrito sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba que pudiera ofrecerse en el transcurso del procedimiento pueda desvirtuarse dicha causal. Lo anterior porque el numeral 62 de la Ley de Amparo establece el análisis oficioso de las causas de improcedencia y su artículo 113 de la Ley de Amparo posibilita al juzgador de amparo a desechar una demanda de plano, o sin mayor trámite, bajo la condición ineludible de que el motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable. En la contradicción de tesis 369/2019, el Tribunal Pleno retomó las consideraciones del recurso de reclamación 209/2001, derivado de la controversia constitucional 28/2001, las cuales estimó aplicables por analogía, en donde se explicó que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, por lo cual, si un motivo de improcedencia no está plenamente demostrado, entonces se debe admitir la demanda a trámite, pues de lo contrario se estaría privando al actor de su derecho a instar la acción y probar en el juicio. De modo que si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, no podrá ser desechada, sino que atendiendo al principio pro actione y en aras de respetar el derecho de acceso a la justicia, cuya relevancia es sumamente trascendente por tratarse de una acción que tiene como propósito la salvaguarda de los derechos fundamentales, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia podrá desecharla. Resulta conveniente destacar que la actuación del juez ante quien se promueve una demanda como ampliación, no implica en modo alguno reencauzar la vía. Por el contrario, se estima que la vía ejercida es la misma, esto es, el amparo indirecto, pero al no actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 111 de la Ley de Amparo para que se trámite como una ampliación de demanda, se ordenará darle trámite como una demanda de amparo independiente, con la finalidad de salvaguardar el derecho de acceso de la justicia y tutela judicial efectiva de las partes, contemplado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, a efecto, de evidenciar lo anterior, conviene exponer brevemente el acto reclamado originalmente, para luego señalar que la ampliación pretendida no guarda estrecha relación con el acto reclamando originalmente. Del escrito inicial de demanda del aquí quejoso, se advierte que, esencialmente, reclamó lo siguiente: "IV. Acto reclamado. La omisión de la H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE SINALOA, de realizar lo siguiente: a) Llevar a cabo el desahogo de la audiencia de RATIFICACIÓN DE CONTENIDO Y FIRMA, dentro de los plazos y términos fijados en la última parte del artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, así como la omisión de la Autoridad Responsable de llevar a cabo el desahogo del procedimiento del expediente natural en los términos y plazos fijados por la Ley Federal del Trabajo". En ese orden de ideas se tiene que del escrito de ampliación de demanda señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: IV. EL ACTO RECLAMADO.- DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SINALOA, SE RECLAMA EL ACUERDO de fecha 29 de octubre de 2020, mediante el cual de manera oficiosa declina la competencia para conocer del juicio tramitado bajo expediente OPDL-5-119/2016 y ordena remitirlo a la que considera competente. DEL TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SINALOA, EL ACUERDO DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2020, donde admite la competencia para conocer del conflicto laboral declinado por la diversa Autoridad laboral reclamada y que le fue remitido, ordenando tramitarlo bajo expediente 171/2020, siendo notoriamente incompetente. De la primera de las autoridades referidas, se reclama la indebida declinación de competencia efectuada por la JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SINALOA que le permitía conocer del conflicto laboral denunciado de mi parte en contra de SERVICIOS DE EDUCACIÓN DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA (SEPDES), procedimiento del que se declara nulo todo lo actuado y el haberlo remitido para el conocimiento competencial de la diversa autoridad responsable TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SINALOA, de quien se reclama que indebidamente acepta la competencia a pesar de que al hacerlo viola los derechos fundamentales del quejoso. De ambas autoridades se reclama la violación al principio de justicia pronta, al dejar sin efectos las actuaciones que se habían realizado ante la Junta laboral, lo que en los hechos se traduce en una negativa de justicia por autoridad competente al disolverse la instancia y obligarnos a volver a iniciar el procedimiento a pesar de que la instrucción del expediente ante la primera Autoridad procesalmente ya se encontraba avanzado con muchas dilaciones, por lo que el cambio de autoridad competencial implica una violación a los derechos fundamentales de justicia pronta a través de órganos competentes. La falta de notificación personal que debió haber ordenado a la Quejosa la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa de su decisión de declinar su competencia para continuar conociendo del juicio tramitado en el expediente OPDL-5-119/2016, lo que se nos impidió conocer y oponernos con anterioridad a tan indebido acto". Este órgano, considera que dichos actos reclamados no guardan estrecha relación con el que es objeto de éste juicio constitucional, dado que se trata de diversos actos reclamados con efectos positivos, atribuidos incluso a nueva autoridad, que ahí señala. Es decir, en primer término se reclamó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, la omisión de llevar a cabo el desahogo de la audiencia de ratificación de contenido y firma, dentro de los plazos y términos fijados en la última parte del artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, así como la omisión de la Autoridad Responsable de llevar a cabo el desahogo del procedimiento del expediente natural en los términos y plazos fijados por la Ley Federal del Trabajo. En cambio, en esta ampliación precisa adicionalmente como autoridad responsable al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, y le reclama el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte, donde admite la competencia para conocer del conflicto laboral declinado por la diversa Autoridad laboral reclamada y que le fue remitido, ordenando tramitarlo bajo el expediente 171/2020, así como la violación al principio de justicia pronta, al dejar sin efectos las actuaciones que se habían realizado ante la Junta Laboral. De ahí que, si bien señala que con dichos actos se le causa un perjuicio "que parecería" guardan relación al acto reclamado originalmente, por derivar del juicio laboral tramitado en la Junta responsable, lo cierto es que, se varía la litis planteada originalmente, pues se habían reclamado actos omisivos a la Junta responsable, y en la ampliación pretendida, se señala una nueva autoridad responsable y actos positivos dictados tanto en el juicio laboral, así como en el diverso juicio aperturado ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. En ese sentido, se considera viable la separación, porque se tratan en la ampliación de actos diversos que, como se dijo, no tienen vinculacio´n directa y sustancial con las omisiones en su actuar, reprochadas a la Junta Responsable que hizo valer en su escrito inicial de demanda, al resultar éstos hechos y actos distintos a los que motivaron el inicio del presente juicio. Los cuales son susceptibles de estudiarse en una nueva demanda de amparo y no asi´ por medio de una ampliacio´n de demanda. Es asi´, (como se vio en pa´rrafos precedentes), ya que la admisibilidad de una ampliacio´n de demanda se relaciona con la necesidad de ampliar la litis, en razo´n de que se impugnen nuevos actos, se sen~ale una nueva autoridad o se ampli´en los conceptos de violacio´n, pero se condiciona a que exista estrecha relacio´n entre un acto y el otro, lo que corresponde a la figura de conexidad y obedece a los principios procesales de economi´a y concentracio´n. Por esa razo´n, no basta que deriven del mismo procedimiento laboral, puesto que seri´a tanto como estimar que puede ampliarse de manera indefinida por todos los actos que puedan dictarse dentro del mismo juicio del que deriven los actos que originen el juicio de amparo, lo que no seri´a aceptable juri´dicamente. Asi´ pues, la conexidad que satisface el presupuesto de procedencia para ampliar la demanda de amparo tiene su li´mite en la naturaleza de lo que se reclama; es decir, se trata de una consecuencia inmediata o natural que se encuentra vinculada a lo que se reprocho´ en un primer momento, como por ejemplo seri´a: una falta de respuesta y la determinacio´n que se emite con posterioridad en atencio´n a la solicitud cuya omisio´n se reclamaba. Sin embargo, los actos, autoridad y conceptos de violación que ahora pretende reclamar la parte quejosa a través del escrito de cuenta, no guardan esa estrecha vinculacio´n con los que se destacaron en el escrito inicial de demanda, pues se reitera, por un lado reclaman actos positivos de diversa autoridad que ya no tiene relacio´n directa e inmediata con las omisiones reclamadas en la tramitación del juicio laboral, sino con aspectos relativos a la competencia tanto de la Junta responsable como del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad (ésta última autoridad que pretende ingresar a la contienda constitucional). De ahi´ que, no se actualizan los supuestos de procedencia de ampliacio´n de demanda, ya sea por nuevos conceptos de violacio´n, autoridades responsables o actos reclamados. Ello es así, pues se refiere a los aspectos novedosos, los cuales (como se explico´) deben derivar de los actos que se reclamaron en un primer momento ya sea por un nuevo acto que debe superar el presupuesto de conexidad, lo cual no acontece en la especie. ENVI´O DE ESCRITO COMO DEMANDA NUEVA A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMU´N. En consecuencia, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos para la procedencia de la ampliación de la demanda, lo conducente es que una vez que cause firmeza el presente auto se remita el escrito que se acuerda y las copias del mismo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, a fin de que la registre, como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que se provea lo conducente, debiendo dejar copias certificas de los mismo. Cabe señalar, que la anterior determinación se sustenta en la jurisprudencia ./J. 7/2020 (10a.), registro digital 2022181, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla".
- Principal
Agréguese a los presentes autos con vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el oficio y anexo de cuenta, por medio del cual rinde informe justificado el Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. Ahora, del contenido de dicho informe, la autoridad responsable informa que el expediente laboral ********************, del cual emana el acto reclamado, en proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, declinó competencia para conocer del conflicto laboral al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa, para que en el término de TRES DÍAS, se manifieste al respecto.
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