Régulo Beltrán Beltrán

Expediente 683/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
683/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/08/2023

Partes del expediente

  • Régulo Beltrán Beltrán

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución correspondiente a la sesión ordinaria celebrada en forma remota el nueve de agosto del año en curso, en el recurso de queja *****, de la que se advierte que se declaró infundado el citado recurso interpuesto por la parte promovente contra el auto de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, por medio del cual se desechó la demanda de amparo propuesta. ACÚSESE RECIBO, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con apoyo en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en esta ciudad, que aparece inserto el proveído de treinta de junio del año en curso, dictado en la queja 132/2023, a través del cual el Magistrado Presidente de dicho Tribunal admitió el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, contra el auto de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 683/2023-IV-A.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta remitido por ********************, autorizado de la parte promovente en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el Módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mismo que contiene firma criptográfica del autorizado, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 101, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación. En consecuencia, mediante oficio que derive del presente proveído, ríndase el informe justificado a la superioridad, manifestando que es cierto el acto impugnado, toda vez que este órgano jurisdiccional, el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, emitió el acuerdo que se combate; agréguese al mismo, el original del escrito de agravios y copia certificada de las constancias necesarias para resolver el citado recurso, mismos que deberán remitirse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en esta ciudad. De igual manera, se instruye al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este Juzgado, a fin de que realice las gestiones correspondientes en dicho sistema, con el propósito de que el expediente electrónico del juicio de amparo 683/2023-IV-A, sea vinculado en el Tribunal de Alzada, para su debida integración a las actuaciones de su expediente de queja.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por *************************, a través de la cual se solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Agente del Ministerio Público, adscrito a la Agencia de lo Penal de Tramitación Común, Región Centro, con residencia en esta ciudad. Fórmese el expediente 683/2023-IV-A, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Asimismo, anótese su ingreso en los libros electrónicos de registro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO ANÁLISIS DE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Del mencionado precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto se cita, en la idea jurídica y sustancialmente conducente la jurisprudencia del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En ese orden de ideas, se precisa que del contenido de la demanda se sigue que el acto que reclama la parte promovente es esencialmente el siguiente: "1.- La falta de dar respuesta en breve término y congruente a la denuncia número ********************, misma que le fue turnada al licenciado Josué Gerardo López Ochoa, Agente del Ministerio Público, Adscrito a la Agencia de lo Penal de Tramitación Común, Región Centro, con residencia en Culiacán, Sinaloa". En principio, es dable precisar que si bien la parte quejosa, refiere en su escrito de demanda, que se transgrede el derecho de petición por la falta de respuesta en breve término y congruente respecto de la denuncia que señala, invocando al respecto el artículo 8º de la Constitución Federal; sin embargo, del contenido integral de la demanda se aprecia que de lo que se duele el promovente, es de que se vulnera el derecho contenido en el artículo 17 del citado ordenamiento federal, respecto, al no emitir pronunciamiento la responsable en relación con dicha denuncia, no obstante haberla recibido desde el tres de mayo de dos mil veintitrés. Cabe citar en lo conducente la tesis del Semanario Judicial de la Federación que dice: "SUPLENCIA DE DEMANDA DEFICIENTE Y SUPLENCIA DE ERROR. El amparo contra leyes impone una norma de conducta al órgano del Poder Judicial consistente en que, en los fallos que se dicten, sólo deben analizarse los conceptos de violación expuestos en la demanda, sin formularse consideraciones sobre actos que no se reclamen expresamente o que no se relacionen con los conceptos de violación. Es decir, por virtud del principio de estricto derecho, el juzgador no tiene libertad para apreciar todos los posibles aspectos inconstitucionales del acto reclamado o del que debió ser acto reclamado, sino que está constreñido a examinar únicamente aquellos que se traten en la demanda de garantías. Ello equivale a que el juzgador no pueda colmar las deficiencias de la demanda, o las omisiones en que haya incurrido el quejoso en la parte impugnativa de los actos reclamados. Ahora bien, la suplencia de la demanda deficiente es distinta a la suplencia del error, que sí procede aun en los amparos de estricto derecho, y que es a lo que se refiere el artículo 79 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Esta suplencia del error puede darse cuando existe una equivocada cita o invocación de la garantía violada, tanto en su denominación, como en el precepto constitucional que la contenga, y sólo significa que el juzgador puede corregir el error respecto de dicha equivocada cita o invocación, pero sin cambiar los hechos o conceptos de violación expuestos en la demanda. Sin embargo, el imperativo del artículo 79 no opera, no se extiende, a casos en que existe error en lo que debió ser el acto reclamado, pues entonces no hay error en la cita o invocación de la garantía violada, sino se cambiaría propiamente la litis del juicio constitucional para ampliarla a un nuevo acto que no fue reclamado. Consecuentemente, no tiene aplicación a este caso el artículo 79 de la Ley de Amparo." Precisado lo anterior, se tiene que en relación con el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. El numeral y fracción invocados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". Del citado precepto legal y fracción, se coligen reglas a fin de que se actualice dicha causal de improcedencia, tratándose de la materia judicial, a saber: 1. Que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda modificarlo, nulificarlo o revocarlo; y, 2. Que dicho recurso se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente. En efecto, las reglas que se destacan consagran que el juicio de amparo en materia judicial resulta improcedente, cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia judicial, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de amparo. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado disponga para tal efecto, cuando no se encuentren en ninguno de los casos de excepción que la propia Ley de Amparo dispone. Ahora, respecto de los citados actos reclamados, las dos reglas enunciadas anteriormente se encuentran satisfechas, puesto que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Atento a lo anterior, del citado precepto se advierte la existencia de un medio ordinario de defensa el cual tiene por objeto revocar la omisión o abstención de investigar los hechos denunciados en la citada carpeta de investigación; asimismo, está establecido en la citada codificación penal; y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición. Ello, pues dicho artículo contempla como derechos de la víctima u ofendido, el impugnar ante el juez de control, entre otros, la abstención del ministerio público de investigar los hechos denunciados, dentro de los diez días posteriores a que le sea notificada dicha omisión o abstención; en ese caso, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva; y, si la víctima u ofendido o sus representantes legales no comparecen a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de control declarará sin materia la impugnación. En consecuencia, si la omisión que la parte quejosa reclama al Agente del Ministerio Público, Adscrito a la Agencia de lo Penal de Tramitación Común, Región Centro, con residencia en Culiacán de atender la denuncia número ********************, relativa a los hechos denunciados - tal como lo manifiesta la parte quejosa como acto reclamado-, en la citada carpeta de investigación, puede impugnarse a través del medio de defensa en estudio y este no se agotó, se estima que no se cumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional. Lo anterior, pues la parte quejosa al ostentarse víctima u ofendida tiene derecho a impugnar el acto que aquí reclama ante la autoridad judicial, en términos del precitado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el 109, fracción XXI, de esa misma legislación, en tanto prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la omisión de integrar averiguación previa y/o carpeta de investigación de los hechos denunciados. Al respecto se cita la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Así también se cita la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Bajo estas condiciones, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional; éste sólo procede contra actos definitivos, salvo las excepciones previstas en la ley; por ello, es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, sólo que le asista alguna salvedad legal. De ahí, que en el particular se debió agotar el recurso que prevé el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previo a la promoción de la instancia constitucional; y, al no haberse hecho así, se actualiza la causa de notoria e indudable improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que en términos del numeral 113 de dicha ley de la materia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA QUE SE ANALIZA. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la VÍA ELECTRÓNICA, y como su autorizado en términos amplios de artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, tal y como se advierte de la certificación de cuenta. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO VÍA INTERNET Se autoriza a ********************, para que tengan acceso a la consulta del expediente electrónico correspondiente y puedan ser notificados de las resoluciones y acuerdos que se dicten y promover en este juicio de amparo. Lo anterior, una vez que la Secretaria actuante lleve a cabo los trámites para acceder al portal de SISE dentro de la intranet del Consejo de la Judicatura Federal, en la dirección electrónica http://10.100.125.33/sise/login.aspx, para agregar a los usuarios "********************", que el autorizado registró en el sistema respectivo, previa verificación y cotejo de coincidencia del solicitante y el usuario de mérito. Ahora, respecto del domicilio procesal que señala, no ha lugar a tenerlo por señalado, ello, atento que también solicitó se realizaran las notificaciones vía electrónica en el presente juicio de amparo, por lo que, tener ambas vías podrían practicarse dobles notificaciones. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, en atención a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como disponen los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que resulten necesarias en este expediente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE En cumplimiento al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, así como el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se instruye a la Secretaria actuante para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias, constancias, diligencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presente en forma electrónica, se proceda su impresión para ser incorporada al expediente impreso. EXHORTO PARA TRANSICIÓN AL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se invita a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea.

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