Renato Michua Martínez
Expediente 953/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 953/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/07/2023
Partes del expediente
- Renato Michua Martínez
- Director del Centro Penitenciario Y de Reinserción Social de Tenancingo Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el informe justificado rendido por el Director del Centro de Penitenciario de Reinserción Social, Tenancingo Sur, Estado de México, y al cual, adjunta un escrito del quejoso Renato Michua Martínez, en el que advierte que se desiste del presente asunto. De lo anterior, únicamente se toma nota en virtud que en auto once de julio del año en curso se acordó lo conducente.
- Principal
Toluca, Estado de México; once de julio de dos mil veintitrés. OFICIO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese el oficio ******************** del proveído treinta de junio de dos mil veintitrés, el cual se envió mediante estafeta. Asimismo, se desprende que no pudo entregarse dado que la denominación se encontraba mal dirigida, sin embargo de una consulta telefónica a la Dirección General del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), se advierte que sí era la denominación correcta y el domicilio correcto. REEXPEDICIÓN DE OFICIO Por tanto, comisiónese al actuario adscrito para que reenvíe el oficio ********************; asimismo, lo haga llegar por cualquier medio electrónico, debiendo asentar la razón correspondiente. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de julio de dos mil veintitrés. INFORMES JUSTIFICADOS Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, intégrense los informes justificados rendidos por el Director del Centro de Penitenciario de Reinserción Social, Tenancingo Sur, Estado de México y por el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México; por tanto, con sus contenidos se ordena dar vista a las partes por un término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. Sin que pase inadvertido para la suscrita que el Director del Centro de Penitenciario de Reinserción Social, Tenancingo Sur, Estado de México únicamente rinde su informe con relación al quejoso Renato Michua Martínez y no así por lo que hace a Sonia García Castañeda; no obstante a lo anterior, hágase del conocimiento a la responsable en comento para los efectos legales conducentes. Asimismo, se tiene por atendido el requerimiento formulado en auto de veintiocho de junio pasado, por el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México; lo anterior, para los efectos legales conducentes. PRUEBAS En términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, las documental consistente en la copia certificada de diversas constancias relativas al internamiento del quejoso Renato Michua Martínez; la cual se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. SE REQUIEREN CONSTANCIAS Ahora bien, no obstante a la documental recibida con antelación, cabe destacar que de derivado de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, los quejosos manifestaron lo siguiente: En esa tesitura, con apoyo en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se ordena requerir al Director del Centro de Penitenciario de Reinserción Social, Tenancingo Sur, Estado de México, para que en el término de tres días legalmente computado, remita la totalidad de las constancias relacionadas con los actos aquí reclamados por los quejosos de mérito (incomunicación y malos tratos), correspondientes al período del once de abril al nueve de junio de dos mil veintitrés, en atención a que de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que la bitácora adjuntada es a partir de la fecha nueve de junio del año en curso. En la inteligencia que deberá anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar su informe, tales como bitácoras, visitas, llamadas telefónicas, reportes o exámenes médicos y psicológicos del expediente donde se cuente con esas constancias, el expediente médico del quejoso privado de libertad y demás relacionadas. APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior y de informar la imposibilidad para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. ESTADO DE AUTOS En otra guisa, visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días otorgado en auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, al defensor particular Raúl Simón Reyes González, designado por el quejoso Renato Michua Martínez para representarlo en el presente expediente, transcurrió del treinta de junio al cuatro de julio del año en curso, en virtud de que fue notificado por conducto de dicho impetrante el veintiocho de junio pasado (foja 57), sin que a la fecha se haya presentado a aceptar y protestar el cargo conferido. SE HACE EFECTIVA MULTA Y SE REQUIERE A QUEJOSO En esa tesitura se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y respecto a la medida de apremio con la que se conminó a profesionista Raúl Simón Reyes González, con sustento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impone una multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización. Así, se requiere al quejoso Renato Michua Martínez, para que en el acto de la notificación del presente proveído, informe algún dato donde pueda ser localizado dicho profesionista (domicilio laboral, teléfono y/o correo electrónico), a efecto de que esta potestad judicial pueda requerirle diversos datos (Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, etc.) y puedan ser remitidos a la autoridad correspondiente para que proceda a la ejecución de la multa impuesta. SE DESIGNA DEFENSOR PÚBLICO Por otro lado, a fin de que el quejoso de mérito se encuentre debidamente asistido en el presente juicio, tomando en cuenta que esta privado de la libertad en el Centro de Penitenciario de Reinserción Social, Tenancingo Sur, Estado de México, con copia de la demanda que al efecto se adjunte, se requiere al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, para que en el término de tres días legalmente computado, designe un defensor público, quien deberá comparecer ante este Órgano Jurisdiccional, a fin de protestar el cargo conferido; ello, considerando que el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la jurisprudencia número 43/2019 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, con el fin de evitar posibles reposiciones de procedimiento. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de identificación 2020495, tesis 1ª/J 43/2019, de epígrafe y texto: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja". APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior y de informar la imposibilidad para ello, se le hará efectiva similar medida de apremio a la indicada en párrafos que anteceden. Notifíquese como legalmente corresponda.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de junio de dos mil veintitrés. COLEGIADO ADMITE REVISIÓN Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de la Ley de Amparo, intégrese el oficio procedente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, el cual lo radicó bajo el número 155/2023, de su estadística, circunstancia de la que se toma nota para los efectos legales procedentes y se está en espera de que la Superioridad emita resolución en el citado medio de impugnación. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Juan José González Azcona, secretario que autoriza y da fe.los
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