Reina María González Garduño

Expediente 1182/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1182/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Reina María González Garduño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; diez de octubre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación y el estado que guardan los autos, y toda vez que la parte quejosa no formuló manifestación con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la responsable; se procede a calificar el mismo. Por sentencia de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se concedió el amparo a la parte quejosa para que la Junta Especial Numero Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, realizara lo siguiente: "Inmediatamente a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución, de no haberlo hecho ya, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda en los autos del expediente laboral J.29/1358/2017, cumpla el proceso de aprobación del proyecto de laudo, previsto en la legislación de la materia, hasta su engrose y ordene notificar dicha determinación en el lugar que para tal efecto haya señalado la quejosa" Posteriormente, mediante auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Asimismo, por auto de veintinueve de septiembre dos mil veintitrés, el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve, informo el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada del laudo emitido en el expediente laboral 1358/2017. Así, del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tiene pleno valor probatorio, se desprende que se atendieron los efectos del fallo protector. Por lo anterior, debe hacerse mención que se restituyó a la solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es conservable, ya que se concedió el amparo solicitado. RELEVANCIA DOCUMENTAL De conformidad con el artículo 15, del Acuerdo General referido, el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. AUTORIDAD RESPONSABLE REMITE CUMPLIMIENTO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, de la Ley de Amparo, intégrese el oficio y anexos de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remite copia certificada del laudo emitido en el expediente laboral 1358/2017, a fin de acreditar su dicho. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con las constancias recibidas, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga; bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se determinará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad oficiante. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, Secretaria que autoriza y da fe. Jueza de Distrito. La Secretaria. Cotejó: Paola Lizzette Acosta Campos *LMSD

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veinte de septiembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia emitida en el presente juicio de amparo indirecto; por tanto, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, párrafo segundo, se declara que la misma ha causado ejecutoria. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Por lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Toluca, Estado de México, por conducto de quien legalmente corresponda, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que se le practique la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Inmediatamente a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución, de no haberlo hecho ya, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda en los autos del expediente laboral ********************, cumpla el proceso de aprobación del proyecto de laudo, previsto en la legislación de la materia, hasta su engrose y ordene notificar dicha determinación en el lugar que para tal efecto haya señalado la quejosa. APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá a la persona física que ostente dicho cargo una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo. En el entendido, que en caso de no acatar la actual determinación, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese como legalmente corresponda.

  4. Principal

    Acto continuo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, se abre el periodo probatorio y la secretaria da cuenta con documental ofrecida por la autoridad responsable consistente en copia certificada del auto emitido el ********************, emitido en el expediente ********************. La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la prueba documental señalada. Al no existir prueba pendiente por desahogar, se cierra este periodo. ALEGATOS Se abre la fase de alegatos y el secretario certifica: que ninguna de las parte formuló alegatos. La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes de formular alegatos. Acto continuo, se cierra el periodo de alegatos y al no haber diligencias pendientes que practicar, se da por concluida la audiencia en las etapas referidas, por lo que se procede a dictar la sentencia correspondiente. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1182/2023-II-C; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado en el Buzón Judicial el dos de agosto del año en curso, y turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, el mismo día este órgano jurisdiccional; ********************, por conducto de su apoderada legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Seguido el juicio se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio intervención al agente del Ministerio Público adscrito y se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual se levantó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Séptimo de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que la parte quejosa reclama actos de naturaleza omisiva que no precisan ejecución material, y el libelo constitucional fue presentado en el lugar donde este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial número 29 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Toluca, Estado de México. ACTO RECLAMADO La abstención por parte de la autoridad responsable para emitir laudo en el expediente laboral número ********************, que el quince de abril de dos mil veintitrés ordenó el cierre de instrucción envió los autos a dictamen. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó el Presidente de la Junta Especial número 29 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Toluca, Estado de México al rendir su informe justificado (foja 21), por lo que así deberá tenérsele para los efectos legales conducentes. Certeza que además se corrobora con la copia certificada del proveído de ********************, emitido en el expediente ********************, que remitió la responsable como anexo a su informe con justificación; misma que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa, y de la cual se aprecia que declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos al auxiliar dictaminador para que emitiera el proyecto de resolución, sin que hasta el día de hoy se haya dictado el laudo correspondiente. CUARTO. ANÁLISIS DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Del análisis de las causas de improcedencia es de orden público y estudio preferente, independientemente que lo aleguen o no las partes, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al hacerse un análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que las partes no hicieron valer, ni se actualiza causa alguna de improcedencia que de oficio deba ser examinada por el suscrito; en consecuencia, se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa. QUINTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se hace transcripción de los conceptos de violación alegados, por no existir precepto legal alguno que así obligue a esta juzgadora. Es aplicable la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y datos: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." (Jurisprudencia 2a./J.58/2010, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830). En ese sentido, los conceptos de violación que hace valer la quejosa son fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado; pues aduce en esencia, que la autoridad responsable, hasta la presentación de su demanda de amparo, no ha pronunciado el laudo correspondiente en el expediente laboral ********************, dentro del plazo de diez días que establece el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. En principio, conviene puntualizar que el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 17.- . Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." De la transcripción anterior se advierte que el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia, que en su acepción más amplia implica la prerrogativa de los particulares a una administración de justicia con la característica de prontitud a favor de los gobernados, a través de los principios siguientes: Justicia pronta: se traducen en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establecen las leyes. Justicia completa: consiste en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le aseguren la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Justicia imparcial: significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Justicia gratuita: estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el tema de acceso a la justicia, postulado que el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se garantiza a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia, que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental a los fines siguientes: 1) lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable; 2) que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan; 3) que las condiciones o presupuestos procesales que establezcan encuentres sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución; y, 4) tomar en cuenta entre otras circunstancias la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da. Apoya a lo anterior la jurisprudencia P./J.113/2001 publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, septiembre de 2001, materia constitucional de rubro y texto siguientes: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.". Por tanto, todo gobernado tiene derecho a que una autoridad judicial le administre justicia dentro del término de ley. Tales consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVI, Octubre de dos mil siete, página doscientos nueve, cuyo rubro es: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." En ese orden de ideas, el tribunal responsable, de conformidad con el artículo 17 constitucional está obligada a impartir en forma pronta, completa, gratuita e imparcial la administración de justicia en los asuntos del ámbito de su competencia, como el que reclama la parte quejosa en esta vía constitucional, obligación que como ya se mencionó, incluye impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Para así considerarlo, es necesario precisar que el juicio laboral ********************, en el que el impetrante es la parte actora, fue turnado para proyecto de resolución (laudo) mediante acuerdo de ********************. Ahora bien, el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, establece: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley." Entonces, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya había transcurrido con exceso el plazo de diez días para resolver el juicio de origen. Máxime, que al rendir su informe justificado la responsable, aceptó la omisión reclamada, manifestando que no había emitido el laudo correspondiente; de ahí que se insista en que resulta evidente que a la fecha de presentación del escrito constitucional, ya había transcurrido con exceso el plazo que consigna el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 12/2022 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Marzo de 2022, Tomo III, página 1927, Undécima Época, con registro digital 2024318, del rubro y texto siguiente: "DILACIÓN EXCESIVA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA LABORAL. PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE UN AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, NO ES APLICABLE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si resultaba aplicable o no la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), para determinar la actualización de una dilación excesiva, como caso de excepción para la procedencia del amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no resulta aplicable para analizar si se ha configurado o no una dilación excesiva que haga procedente el amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Justificación: Esto es así, ya que a través de dicha jurisprudencia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación simplemente se limitó a complementar el alcance de la diversa jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la cual había dejado a la interpretación judicial analizar, en cada caso, si existía o no una abierta dilación procesal o paralización total del procedimiento, como una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto contra los actos previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, contra los "actos en juicio" cuyos efectos son de imposible reparación, para lo cual estableció un parámetro mínimo objetivo para emprender la acción constitucional en contra de las dilaciones presuntamente excesivas de la autoridad responsable en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Dicho parámetro se fijó en función del lapso máximo que preveía la Ley Federal del Trabajo para que el juicio laboral permaneciera inmóvil, so pena de que operara la caducidad de la instancia, lo que evidentemente no aplica con relación a las dilaciones procesales ocurridas en la fase de ejecución de sentencia, al tratarse de una etapa procesal diferente a la del juicio, en la que la Ley Federal del Trabajo establece procedimientos y plazos específicos para el cumplimiento de un laudo, los cuales, incluso, en un momento dado pudieran abonar para determinar la actualización de una dilación procesal para esa etapa; además de que la propia Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos después de concluido el juicio, establece reglas específicas de procedencia diferentes a la analizada en la jurisprudencia en comento, es decir, a la prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, a juicio de esta Segunda Sala, corresponde al juzgador, en cada caso, ponderar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto, para lo cual deberá considerar, además de la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada; que un plazo razonable en la etapa de ejecución de sentencia pudiera ser aquel que permita el desahogo de dicha fase en un tiempo ligeramente superior al que pudiera desarrollarse en condiciones normales." En esta tesitura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puntualizó que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley; y, que la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, porque con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, porque el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar al tribunal a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo. Apoya a lo anterior el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juez de amparo cuando advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o en su paralización total, deberá darse trámite legal a la demanda, para que se determine los efectos contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia; motivo por el cual, el juicio de amparo procede cuando transcurran más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.33/2019 publicada en la página 1643 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 64, marzo de 2019, materia común y laboral de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador". Por ende, los tribunales laborales están obligados a emitir el dictado de proveídos, laudos o la realización de cualquier otra diligencia dentro del plazo establecido por la ley. Las anteriores consideraciones, aplicadas al caso, sirven de base para establecer que debe concederse el amparo, porque se vulneró el derecho fundamental de acceso a la justicia en agravio de la parte quejosa, porque a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (********************), había transcurrido en exceso el plazo señalado por la ley laboral para pronunciar el fallo correspondiente en el expediente ********************. Con base en las anteriores consideraciones, es que procede conceder la protección constitucional a la parte quejosa. Justamente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CDV/2014 (10a.), Décima Época, Registro: 2007981, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Página: 714, de rubro: "DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO.", sostuvo el criterio consistente en que el contenido de los derechos humanos no se limita al texto expreso de las normas que los reconocen, sino que se robustece con la interpretación evolutiva o progresiva que al respecto realicen tanto los tribunales de constitucionalidad nacionales, como los organismos internacionales autorizados en la materia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo solicitado para que la Junta Especial número 29 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Toluca, Estado de México (autoridad responsable) actúe en el sentido de respetar los derechos de legalidad, seguridad jurídica y de impartición de justicia pronta y expedita transgredidos, ajustando su actuación al espectro de protección siguiente: Inmediatamente a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución, de no haberlo hecho ya, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda en los autos del expediente laboral ********************, cumpla el proceso de aprobación del proyecto de laudo, previsto en la legislación de la materia, hasta su engrose y ordene notificar dicha determinación en el lugar que para tal efecto haya señalado la quejosa. Lo anterior es así, pues los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Sirve a poyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala del más alto Tribunal del país, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de los datos siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74, fracción V, 77, fracción II y 107 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra la omisión que reclama de la autoridad responsable, precisada en el considerando segundo y para los efectos vertidos en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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