Renata Nava González

Expediente 1739/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1739/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Renata Nava González

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII. CAUSA ESTADO. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. ANOTACIONES Y ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda que dio origen al presente juicio (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otra parte, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. VISTA QUEJOSA. Por otra parte, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, personalmente o por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger el documento que exhibió en el presente asunto adjunto a su escrito inicial de demanda; con el apercibimiento que de no hacerlo, dicha constancia podrá ser destruida junto con el expediente. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    MESA VII. SOLICITA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el escrito signado por ********************, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia de la parte quejosa, mediante el cual solicita se devuelva el documento original anexado al escrito inicial de demanda y autoriza a una persona para su recepción. En consecuencia, dígase a la parte quejosa que no ha lugar a acordar favorable su petición, hasta en tanto el auto de ocho de noviembre del actual adquiera firmeza procesal; por lo que una vez que ocurra lo anterior este juzgador proveerá lo conducente. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    RADICACIÓN. Visto el escrito de demanda promovida por Renata Nava González, por propio derecho, contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otra autoridad. Fórmese el expediente físico y electrónico respectivo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1739/2022-VII. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que el impetrante de amparo reclama: La omisión de dar respuesta a la solicitud de pensión presentada por la quejosa el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, con número de folio *. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretende impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Precisado lo anterior, este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 114 de la ley de la materia, por las razones que a continuación se indican: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. " El acto que por esta vía se reclama, se hace consistir en la omisión de dar respuesta a la solicitud de pensión presentada por la quejosa el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, con número de folio 471,460,920-43100; por lo que resulta improcedente su demanda, pues se estima que no ha transcurrido un plazo razonable para efectos de emitir la respuesta respectiva, considerando la fecha de la presentación del escrito de petición y la promoción del amparo. Resulta conveniente destacar que el artículo 8º constitucional, en el cual se reconoce el derecho fundamental de petición, no establece un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados. Sobre el particular, importa destacar que el denominado "derecho de petición", es la garantía individual consagrada en el artículo 8°, constitucional, en función de la que cualquier gobernado que presente una petición de manera respetuosa y pacífica ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta congruente con su petición, que debe ser emitida en breve término por la autoridad." Ahora, en el caso, tenemos que, tanto de la demanda de amparo como del acuse de recibo de la petición combatida, el derecho de petición consagrado por el precepto 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue ejercido por Renata Nava González, aquí quejosa, el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, esto es, veinte días naturales antes de la presentación de la demanda de amparo, esto es, a la data de presentación de la demanda de derechos humanos no ha transcurrido el plazo de treinta días que establece el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, para dar respuesta a la petición de la quejosa. Esto es, debe considerarse que la autoridad cuenta con un plazo de treinta días para dar contestación a las peticiones hechas ante su potestad; lo anterior, sin contar el plazo para que se hagan las notificaciones y éstas surtan efectos. En efecto, si bien la citada norma constitucional establece que el derecho de petición debe ser satisfecho con una contestación, la cual debe ser otorgada en breve término o bien en el plazo previsto por la norma que rija el actuar de la responsable, ello de ningún modo implica que ésta deba ser proporcionada el mismo día en que se eleve su promoción; puesto que esto, en todo caso, implicaría desatender las labores previas con las que las autoridades cuenten, a efecto de satisfacer el "breve término" o en el plazo que la norma les señala, en el que se deba contestar dicha solicitud. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.A.68 K, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, página 390, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Febrero de 1994, octava época, cuyo rubro y texto es: PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." En efecto, el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, menciona que las autoridades contaran con un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha en que reciban la solicitud, para emitir la respuesta correspondiente, al precisar: Artículo 73. El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente. (.)" Es por ello, que resulta necesario que la autoridad a la que se elevó la petición combatida, dispongan de un tiempo razonable para atender su solicitud, lo que en la especie no ha ocurrido, ya que del acuse de recibo que insertó en su escrito inicial de demanda, se advierte que la fecha de recepción es de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, y la demanda de amparo fue recibida el día siete de noviembre del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por ende, es inconcuso que no ha transcurrido el término que la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, fija para que la autoridad responsable de contestación a su escrito de petición, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la recurrente de amparo, pues no ha transcurrido tiempo que le otorga la norma que rige el actuar de la responsable para que acuerde la solicitud que le fuera elevada. En ese sentido, este órgano constitucional estima que existe una causa notoria de improcedencia, en virtud de que si bien la quejosa en la presente instancia reclama la violación al derecho de petición por la falta de contestación por parte de la autoridad responsable, también lo es, que la impetrante de amparo no ha dejado el lapso que la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios establece para que materialmente la autoridad puedan dar contestación a su escrito respectivo y hacerle conocer el acuerdo recaído, en consecuencia, es indudable que en el presente caso no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto de estudio en el juicio de amparo en que se actúa, por lo que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla. Bajo esa tesitura, es inconcuso, para que este órgano jurisdiccional entre al estudio del acto que por esta vía se reclama, es necesario que la quejosa, deje pasar el lapso que la norma respectiva establece, sin que la autoridad dé contestación a su petición, para estar en aptitud de analizar la violación a su garantía en la presente instancia reclamada; en consecuencia, en el presente caso, el acto impugnado no le causa ningún perjucio a sus garantías consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.1o.5 K emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633, Tomo IV, septiembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, misma que a la letra dice: DERECHO DE PETICION. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." En esa tónica, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 114 de la citada ley, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por Renata Nava González, por propio derecho, contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otra autoridad. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. DOMICILIO. Conforme a lo establecido en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la quejosa. AUTORIZADOS. En otro punto, atendiendo a la certificación de cuenta, se tiene por autorizados en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo a Ricardo Guillermo Richardson Rodríguez y Carlos Jiménez Garduño, y en términos restringidos a la diversa persona que refiere, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, limitación que subsistirá hasta en tanto cuente con el aludido registro, lo cual deberá comunicar a este juzgado mediante nueva promoción. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV 2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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