Remedios Ortiz Medina
Expediente 1656/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1656/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/11/2023
Partes del expediente
- Remedios Ortiz Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
Toluca, Estado de México; quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo; agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por quien se ostenta como apoderado legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, a través del cual pretende rendir su informe previo. Sin que se haga mayor pronunciamiento, toda vez que la oficiante, no acredita la calidad que aduce ostentar, aunado a que aun y cuando se pasara por alto dicha circunstancia, el oficio de cuenta, fue recibido de forma extemporánea, ya que la audiencia incidental fue celebrada el trece de los cursantes. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Incidental
(...), se resuelve: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a *, contra el acto que reclamo de la autoridad precisada en los considerandos segundo y tercero de esta interlocutoria, por las razones precisadas en el similar cuarto. Notifíquese.
- Principal
MESA III Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el escrito signado por la quejosa, por el cual desahoga la prevención de que fue objeto el trece de octubre último, manifestando su deseo de señalar como responsable al Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; se tiene por cumplido el requerimiento de mérito, y como responsable a dicha autoridad. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: * La omisión de realizar el pago de pensión, cuya aceptación realizó mediante promoción presentada el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, ante la Unidad de Atención al Derechohabiente de Ixtapan de la Sal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando lo que realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." ADMISIÓN. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda promovida por REMEDIOS ORTIZ MEDINA. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. Acorde con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dese la intervención correspondiente. Motivo por el cual, notifíquese por medio de lista, o, de ser posible vía electrónica, al Agente del Ministerio Público adscrito la radicación del presente juicio, dejando a su disposición, copia simple de la demanda y auto admisorio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en lo establecido por los numerales 125 y 128, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, de trece de octubre del año dos mil veintidós, fórmese por separado y tramítese el incidente de suspensión en original y electrónicamente. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo dicha audiencia. SOLICITUD DEL INFORME JUSTIFICADO. En atención a los artículos 75, 115 y 117, de la ley de la materia, solicítese a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. En el entendido que de no existir inconveniente legal alguno, remita el informe solicitado al correo electrónico institucional 6jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se le impondrá multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de que dentro de la información que remitan como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria correspondiente. Se apercibe a la responsable que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérasele a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado, apercibida que en caso de ser omisa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se hará acreedora a una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual forma, se requiere a la autoridad señalada como responsable para que dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, informe a este órgano de control constitucional si en el expediente del cual emana el acto reclamado se han promovido diversos juicios de amparo, por lo que en caso de ser así deberá comunicar ante qué autoridades se radicaron, el número de registro y el estado procesal de los mismos, debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. TERCERO INTERESADO. Dada la naturaleza del acto reclamado, se estima que en el presente asunto no existe tercero interesado. PRUEBAS. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas que ofrece el quejoso en su escrito de demanda, sin perjuicio de hacer relación de éstas en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional y tomadas en consideración como en derecho corresponda en el momento procesal oportuno. NOTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. Se exhorta a las partes, para que continúen la tramitación del asunto, a través del portal de "Juicio en línea", para tal efecto, deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, con la finalidad de obtener su firma electrónica. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Incidental
MESA III APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como está ordenado en auto de esta fecha dictado en el cuaderno principal relativo al juicio de amparo 1656/2023-III, promovido por Remedios Ortiz Medina, por propio derecho, contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otra; se integra el presente incidente, de conformidad con los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo. SOLICITUD DE INFORME PREVIO. Con apoyo en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir, dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto una copia simple de la demanda de amparo y escrito aclaratorio; en él se concretará a expresar si son ciertos los hechos que le atribuye la parte quejosa y que determinan la existencia del acto reclamado, pudiendo agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Se apercibe a la responsable que de ser omisa en rendir su informe previo, se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión, además, de conformidad con los preceptos legales 238 y 260, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se hará acreedora a una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización. En el entendido que de no existir inconveniente legal alguno, remita el informe solicitado al correo electrónico institucional 6jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx sin perjuicio de que lo haga por la vía ordinaria. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia incidental. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en el presente caso, se tuvo como acto reclamado por la parte quejosa: La omisión de realizar el pago de pensión, cuya aceptación realizó mediante promoción presentada el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, ante la Unidad de Atención al Derechohabiente de Ixtapan de la Sal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CONCESIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR. Ahora bien, en el caso procede conceder la suspensión provisional, ya que la solicitada, contra un acto omisivo, sí puede tener efectos restitutorios provisionales, atendiendo la apariencia del buen derecho y la afectación o perjuicio que esa omisión causa a la promovente, porque conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, es posible restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Ciertamente, la ley de la materia establece la posibilidad de que la medida cautelar tenga como efecto restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado, en tanto se dicta la sentencia ejecutoria, siempre que esto sea jurídica y materialmente posible; fijando la situación en la que habrán de quedar las cosas, para conservar la materia del amparo, acorde a la naturaleza del acto impugnado, para garantizar que los derechos de ellos no se afecten y, por ende, se hagan efectivos. Lo anterior, obliga al juzgador a analizar la naturaleza de los actos reclamados, sin importar si tienen el carácter de omisivos, porque la norma no distingue al respecto; debiendo ponderar la apariencia del buen derecho y el perjuicio que ocasionen a la parte quejosa, para establecer en qué medida el acto impugnado le afecta un derecho sustantivo. De ahí que sea primordial precisar cómo se manifiesta el acto reclamado en la esfera de derechos de la parte quejosa. En ese contexto, si el aquí recurrente reclamó en su demanda un acto omisivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Amparo, su naturaleza no impide conceder la medida cautelar solicitada, porque se debe analizar si es posible restablecerle provisionalmente, el disfrute de la prerrogativa afectada. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.70/2019 (10a.)7 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Sumado a ello, es preciso señalar que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter instrumental, cuyo fin es preservar la materia del juicio constitucional. Cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista de una autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios, mientras se resuelve la controversia constitucional. De ahí que su objetivo primordial sea mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga nugatoria para la parte agraviada la protección de la Justicia Federal, evitando a ésta los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. Al respecto el artículo 107, fracción X, de la carta magna, en relación con los artículos 125, 128 y 129 de la ley de amparo; prevén respecto a la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo, lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social". "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso". "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social". De su contenido deriva que para que se conceda la suspensión definitiva de los actos reclamados, se debe analizar por regla general: 1) Que el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; y, 2) Que se reúnan los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, que lo pida el agraviado (quien debe acreditar al menos un interés indiciario para obtener la medida cautelar); y, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, momento en el que se deberá ponderar la apariencia del buen derecho. En este caso, respecto al primer punto relativo a que el acto reclamado, sea susceptible de suspenderse, considerando lo establecido en el artículo 107, fracción X, constitucional, que impone para conceder la medida, considerar "la naturaleza de la violación alegada", esto es, verificar si el acto reclamado es susceptible de suspenderse. Así, en el caso que se analiza se trata de un acto de naturaleza omisiva, susceptible de suspenderse conforme a lo que estableció el Alto Tribunal del país, en la jurisprudencia 1a./J.70/2019. Por otro lado, la promovente demostró su interés suspensional, porque indicó tanto en su demanda como en el escrito aclaratorio, bajo protesta de decir verdad que: 1. En veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se emitió el dictamen de pensión con folio ******************** a nombre de la impetrante. 2. El dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, acudió ante la Oficina de Atención al Derechohabiente de Ixtapan de la Sal, a aceptar el dictamen pensionario, no obstante, a la fecha de presentación de esta demanda no le han pagado la pensión. Así, del expediente relativo al incidente de suspensión que al rubro se indica, constan, en particular las documentales consistentes en copias del dictamen ********************, y del formato de aceptación de pensión, de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Documentos que adquieren el valor de indicio en términos de los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, suficiente para conceder la medida provisional. En efecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, el análisis simultáneo de la apariencia del buen derecho, peligro en la demora y no contravención a disposición de orden público, ni afectación al interés social, implica verificar la verosimilitud del derecho alegado y el análisis relativo a que, de acuerdo con un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo pudiera declararse la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ello se plasmó en la jurisprudencia P./J. 15/961211, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se eclarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión." También es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 204/200913,12 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dice: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Criterios que si bien se emitieron bajo la vigencia de la abrogada Ley de Amparo, no contrarían el contenido de las disposiciones actuales, de ahí que resulten aplicables. Bajo tales circunstancias, si en el caso se comprobó que la parte quejosa reclama la omisión del pago por concepto de pensión del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al verificar los derechos que pueden resultar afectados por esa conducta omisiva de la responsable. Se tiene que el Alto Tribunal del país, ha dispuesto que las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro gozan de las medidas de protección establecidas para el salario, contenidas en el artículo 123, apartados A, fracción VIII y B, fracción VI, constitucional, en tanto que los ingresos respectivos son asimilables al ser producto del trabajo, y porque "dichas prestaciones de seguridad social sustituyen al salario cuando el trabajador ya no está laboralmente activo, y los ingresos derivados de todos esos conceptos tienen por objeto satisfacer sus necesidades y las de su familia, por igualdad de razón - en tanto se trata de la protección de los derechos adquiridos por el trabajador o de quien tiene derecho, quien posee también el derecho al mínimo vital inherente a todo ser humano-." Criterio que el Pleno del alto tribunal, plasmó en el criterio de rubro: "SEGURIDAD SOCIAL. LAS JUBILACIONES, PENSIONES U OTRAS FORMAS DE RETIRO GOZAN DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS DEL SALARIO CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADOS A, FRACCIÓN VIII Y B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." De ahí que, se pueda sostener que la omisión que reclama la quejosa involucra la afectación a su mínimo vital, porque con la omisión del pago de su pensión autorizada, se le impide gozar de los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades. Máxime si se tiene presente que en el caso quedó demostrado para efectos de los alcances de la suspensión provisional, que la parte quejosa cuenta con un dictamen por el que se acordó favorablemente su derecho a recibir una pensión, como consta en la copia exhibida del dictamen pensionario de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, signado por el Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) y que existe un "formato de aceptación de pensión", de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, otorgado a favor de la ahora quejosa. Documentales que indiciariamente evidencian que el promovente cuenta con el derecho a recibir el pago de la pensión; derecho que conforme a la interpretación del Alto Tribunal, tiene vinculación directa con el derecho humano del mínimo vital. Aunado a esto, también se actualiza el peligro en la demora, porque la satisfacción de las necesidades de la parte quejosa no admiten postergación, ya que los ingresos que tiene derecho a percibir, le permiten llevar una vida digna. Por cuanto al interés social y orden público, que establece el artículo 129 de la ley de la materia, los cuales se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Lo cual sustentan los criterios: "INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917- 1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría." "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común 14 Tesis aislada, Séptima Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." Así, se advierte de autos que la concesión de la medida no atenta contra el interés social ni se contraviene el orden público; porque sólo tiene como efecto que la parte quejosa goce del beneficio del pago de su pensión, que ya se le autorizó, sin que con ello se ocasione daño alguno a la sociedad o la colectividad. Máxime que con esa medida no se constituye un de derecho que, la quejosa manifestó ya le fue reconocido previamente por la autoridad responsable. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128, 138, 147 y 148, de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que la parte quejosa goce del derecho al pago de la pensión, en los términos y conforme a la cuota pensionaria establecida en el dictamen ********************. Medida suspensional que conforme a lo dispuesto en el artículo 136, primer párrafo de la Ley de Amparo, surte sus efectos desde el momento que se pronuncia en la presente ejecutoria. Sin que se fije ninguna garantía en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo, ya que no se advierte que con la suspensión provisional pueda causar un daño económico concreto a persona alguna. Similares consideraciones sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en el recurso de queja ******************** Lo que es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, pues el citado medio de impugnación derivó del incidente de suspensión del juicio de amparo ********************, del índice de este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX.2o. J/24, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2470, de la Novena Época, con registro digital 168124 de rubro texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular". DOMICILIO. Con sustento en el numeral 26 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, se tiene por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que refiere en el líbelo que se provee. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. NOTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. Se exhorta a las partes, para que continúen la tramitación del asunto, a través del portal de "Juicio en línea", para tal efecto, deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, con la finalidad de obtener su firma electrónica. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
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