Renan Marcelino Puc Chi

Expediente 703/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
703/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
11/07/2023

Partes del expediente

  • Renan Marcelino Puc Chi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; once de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de veintidós de junio de dos mil veintitrés, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, se declara que causa ejecutoria la referida sentencia que sobreseyó en el presente asunto. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En virtud de lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General sin número de fecha dos de junio de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del citado precepto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de todos los actos. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 703/2023-IV-A, promovido por RENÁN MARCELINO PUC CHI, en su carácter de Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial del Estado de Yucatán; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció RENÁN MARCELINO PUC CHI, en su carácter de Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial del Estado de Yucatán, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en la ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: La omisión de dictar el laudo en el expediente 72/2019. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, aun y cuando manifestó al rendir su informe justificado por conducto de su Presidente, que sí es cierto el acto reclamado, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo el procedimiento del expediente 72/2019, no se encontraba en estado de resolución. Lo que se corrobora de la constancia remitida por el Tribunal responsable relativa al juicio laboral 72/2019, consistente en copia certificada del proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se ordenó el cierre de instrucción y se turnaron los autos para el dictado de la resolución dentro del término legal de treinta días, con base a lo establecido en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán; así como las relativas a la notificación realizada a la parte aquí quejosa del citado proveído. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo tanto, como queda expuesto, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -tres de mayo de dos mil veintitrés)- la autoridad responsable no estaba en condiciones de emitir la resolución correspondiente en el expediente 72/2019; toda vez que el procedimiento no estaba en estado de resolución, ya que aún se encontraba en una fase previa, ya que no se había declarado el cierre de instrucción y turnando los autos para la emisión con base a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán; de ahí que se concluya que el acto reclamado es inexistente. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 926, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En las relatadas consideraciones, al resultar inexistente el acto omisivo reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio constitucional. Lo que impide analizar el fondo del asunto, de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por RENÁN MARCELINO PUC CHI, en su carácter de Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en contra del acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos precisados el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; dos de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y lo de cuenta, agréguese el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento realizado el treinta de mayo pasado, proporciona el domicilio cierto y actual donde puede ser emplazada la parte tercero interesada Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Yucatán, sito en el predio marcado con el número 301 de la calle cuarenta y siete, por veintiséis y cuarenta y uno A, colonia Industrial, de esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, por conducto de uno de los actuarios judiciales de este tribunal, emplácese a la citada parte tercero interesada al presente juicio en el domicilio proporcionado para tal efecto, con entrega de copia simple del escrito de demanda, así como copia autorizada del auto de admisión y del presente acuerdo, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio, si así conviniere a sus intereses; ordenando darle vista con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. Notifíquese, personalmente a la parte tercero interesada y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que en el auto inicial, este Juzgado de Distrito se reservó a proveer en relación con la persona sobre la cual recae el carácter de parte tercero interesada, hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable, lo cual ya aconteció. En consecuencia, derivado de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable adjuntas a su informe de ley, en términos del indicado numeral 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se tiene como parte tercero interesada en este juicio al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Sin embargo, toda vez que de las referidas constancias no se advierte el domicilio en el que pueda ser emplazado dicho Sindicato a través de su representante, se requiere a la autoridad responsable Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, para que a través de su Presidente dentro del término de TRES DÍAS hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, proporcione, el domicilio cierto y actual de la referida tercero interesada, o bien, informe la imposibilidad jurídica que tenga para ello. Apercibida que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo establece la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la ley de la materia, equivalente a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos, cero centavos, moneda nacional). Por tal motivo, y para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

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