Renán Gabriel Jiménez Tah

Expediente 919/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
919/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
05/07/2023

Partes del expediente

  • Renán Gabriel Jiménez Tah

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: téngase por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, su oficio número 6651/2023, por medio del cual transcribe el contenido del acuerdo de veintinueve de junio del año en curso, dictado en autos del toca relativo al recurso de queja 249/2023, del cual se advierte que entre otras cuestiones, se admitió a trámite dicho recurso interpuesto por Renán Gabriel Jiménez Tah, en contra del acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo que nos atañe. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito signado por el quejoso ***** por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA en contra del proveído de trece de marzo del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que SÍ ES CIERTO que mediante proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, por los motivos ahí expuestos, se desechó la demanda de amparo que promovió Renán Gabriel Jiménez Tah, contra el acto del agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la célula B-III-6 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; con sede en la Ciudad de México. En tal virtud, envíese vía interconexión la digitalización del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente resolver al respecto. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. ***************CUMPLE PREVENCION.********************Visto el estado que guarda el presente expediente, agréguese el escrito signado por ****************** Primer Regidor Electo y Presidente Municipal del Ayuntamiento de Peto, Yucatán; con el cual da cumplimiento a la prevención realizada en proveído de nueve de junio del año en curso, manifestando en el mismo el carácter que ostenta en la carpeta de investigación ********************.********************DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO.********************Ahora bien, como dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano.********************Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal.********************Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, que dice: ********************"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.********************Ahora bien, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, de manera notoria, manifiesta e indudable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuyen:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(...)********************"XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.********************(.)****************************************"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.********************"(...)********************"C. De los derechos de la víctima o del ofendido:********************"(...)********************VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño."****************************************De una interpretación sistemática y armónica de la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto los cuales proceda ley algún juicio, recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.********************En ese sentido, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, establece que la víctima u ofendido deberá impugnar ante el Juez de Control competente, entre otras, las omisiones o abstenciones del Ministerio Público consistentes en retardar, dejar de actuar o rehusarse a hacer lo conducente para integrar debidamente la carpeta de investigación; ello es así ya que la intención del Constituyente Permanente, dentro del nuevo esquema procesal, es que el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita al respecto procederá el juicio de amparo.********************Es necesario destacar que por decreto de reforma y adición publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se determinó reformar los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115; y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************En su régimen transitorio se fijaron los plazos y condiciones para la entrada en vigor del citado decreto, de lo dispuesto en sus artículos primero y segundo, se advierte que la Federación, los Estados y la Ciudad de México (actualmente), en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal acusatorio. ********************La Federación, los Estados y la Ciudad de México (actualmente), adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito.********************Ahora, respecto de las restantes reformas Constitucionales que atañen al sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, el Constituyente, para su entrada en vigor, estableció dos supuestos, que son los que se contemplan en los artículos segundo y tercero transitorios del decreto de reformas.********************El artículo segundo transitorio establece que el sistema procesal penal acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación del decreto.********************En ese contexto, si la impugnación de un acto se hace con posterioridad a la declaratoria de vigencia del nuevo sistema penal acusatorio, indudablemente que su confrontación debe hacerse conforme al nuevo texto Constitucional.********************De ahí que la víctima u ofendido debe impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, ante el Juez facultado para tal efecto, dentro del sistema acusatorio que rige a nivel federal, en razón de que fue intención del Constituyente Permanente que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en contra de las omisiones en que incurran al respecto, procederá el juicio de amparo, de conformidad con el actual artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional y el numeral 107, fracción VII, de la Ley de Amparo.********************Precisado lo anterior, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado la omisión de acordar su escrito de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de investigación ********************. ********************Bajo dicha manifestación, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que contra el acto reclamado la parte quejosa, previo a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a agotar el medio ordinario de impugnación innominado, en virtud de que el artículo 20 Constitucional, en su apartado C, fracción VII, establece la obligación del agraviado de impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.********************En efecto, el mencionado medio de impugnación encuentra su sustento legal en lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece:********************"Artículo 258. Notificaciones y control judicial ********************Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación.********************La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno".********************De la lectura del anterior precepto legal, se desprende que en contra de las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, el legislador otorgó a los gobernados un medio de impugnación ordinario innominado el cual debe agotar previo a acudir al juicio de amparo.********************En ese sentido, de la interpretación de los preceptos legales, se advierte un derecho fundamental de la víctima u ofendido de impugnar las omisiones y determinaciones que el Ministerio Público emita dentro de la carpeta de investigación; dentro de ellas está precisamente el abstenerse a investigar, que implica un acto negativo, dicha omisión puede ser impugnada ante el Juez de Control competente, quien en una audiencia podrá estimar que la actuación ministerial es ilegal y deberá conminarlo a que practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, si es que no se justifica la procedencia de la determinación de la representante social impugnada o alguna otra, que lo faculte para dejar de investigar.********************Sostener que es innecesario agotar el medio de impugnación ordinario innominado, previo a la promoción de la demanda de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio de amparo, soslayando la intención de legislador permanente, pues bastaría aducir que una omisión o abstención del fiscal investigador, durante la integración de la carpeta de investigación es violatoria de derechos humanos, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas.********************De lo hasta aquí destacado, se advierte que el citado artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XX, establece que el juicio de amparo es inadmisible contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto los cuales la ley establezca algún juicio, recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.********************En consecuencia, si el acto reclamado consiste en la omisión del Ministerio Público de acordar el escrito de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de investigación ********************P3/94/2021, es evidente, que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto, derivada de la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto constitucional antes citado.********************En ese contexto, de todo lo anterior se desprende que en contra el acto reclamado, no es procedente el juicio de amparo indirecto, dado que en su caso, sólo será reclamable en la vía constitucional, aquella que emita el Juez de Control, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.********************Por tanto, es evidente que contra el acto reclamado, no es procedente el juicio de amparo indirecto, dado que en su caso, sólo será combatible en la vía constitucional, aquella que emita el Juez de Control, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.********************Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 27/2018, correspondiente a la Décima Época, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: ********************"SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." ****************************************En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede es desechar de plano la demanda de mérito por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia. ********************Notifíquese personalmente al quejoso y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de junio de dos mil veintitrés. PRESENTACION DE LA DEMANDA Y FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO Vista la demanda de amparo promovida por ++++ quien se ostenta Primer Regidor Electo del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, contra el acto que reclama del agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la célula B-III-6 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en la Ciudad de México, que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, de la Ley de Amparo, como una facultad exclusiva del juzgador federal, es el siguiente: La omisión de acordar su escrito de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-YUC/0685/2022. RADICACIÓN Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 919/2023-V-B, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce a Renán Gabriel Jiménez Tah, el carácter de Primer Regidor Electo y Presidente Municipal del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, en términos de la copia certificada de la constancia de mayoría relativa expedida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán de nueve de junio de dos mil veintiuno adjuntada al escrito de demanda; la cual contiene los sellos y firmas autógrafas. REQUERIMIENTO A LA PARTE PROMOVENTE Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de acordar respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación que se le realice del presente proveído, cumpla con lo siguiente: Precise el carácter que tiene en la carpeta de investigación en la que hizo la solicitud en su escrito de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés ante la responsable, toda vez que fue omiso en proporcionar ese dato en su escrito de demanda. APERCIBIMIENTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con lo requerido en este auto, dentro del plazo otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de mérito, como lo dispone el penúltimo párrafo del invocado numeral 114, de la Ley de la materia. PRECISIÓN DE LAS COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO En la inteligencia, que deberá exhibir dos copias de su escrito aclaratorio, para correrle traslado a las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la ley de la materia, las cuales se distribuirán de la siguiente manera: una para la autoridad responsable y una más agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 36/2001 y la tesis VII/2001, por analogía, aprobadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles con los números de registro 189977 y 189978, publicadas en las páginas 79 y 325, del Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que respectivamente establecen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues éste último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." y "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio alterno para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda; toda vez que se desprende que señaló que estas se hagan por la vía electrónica y como sus autorizados a ******************** y ********************, en términos amplios de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo y a los demás mencionados con las limitantes del referido numeral. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Ahora bien, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en el numeral 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, como lo solicita la parte interesada, se otorga autorización al usuario "********************", para que tengan acceso al expediente electrónico de este juicio y además las notificaciones relativas, se les efectúen por la vía electrónica. En consecuencia, proceda la Secretaría a realizar las autorizaciones correspondientes al citado usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace saber a la parte interesada que, en términos del artículo 41 Bis del indicado acuerdo plenario, los autorizados para acceder a los expedientes judiciales deberán consultarlo en su versión electrónica y, al efecto, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso conforme a lo previsto en los artículos precedentes, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. COMUNICACIONES NO PROCESALES En cuanto al señalamiento del correo electrónico ******************** se tiene por proporcionado, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en caso de ser necesarias, sin que haya lugar a tenerlos como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, pues las notificaciones se practicarán con base en lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Amparo. EXHORTACIÓN A CONTINUAR EL JUICIO EN LÍNEA. Además, en atención a lo indicado en el apartado tercero, articulo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General indicado en párrafos precedentes, se exhorta a las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y autorizar se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. TRANSPARENCIA. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. AUTORIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. EQUIVALENCIA DE LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE ELCTRÓNICO A COPIAS CERTIFICADAS Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (VIGÉNTE A PARTIR DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS) Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese personalmente al promovente y cúmplase.

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