Remigio Martínez Celis
Expediente 502/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Remigio Martínez Celis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
CAUSA ESTADO AUTO DE DESECHAMIENTO AL NO HABER INTERPUESTO RECURSO ALGUNO PARTE QUEJOSA, ARCHIVO.
- Principal
Xalapa, Veracruz; treinta de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guarda este asunto, se desprende que mediante proveído de veintinueve de los corrientes, el quejoso ******************** desahogó la prevención realizada en autos y señalo un nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones; asimismo, se omitió acordar respecto del domicilió señalado por el quejoso; en consecuencia, con fundamento en el artículo, téngase como su domicilio el ubicado en la calle Teodoro Avendaño, número 7- A, colonia Francisco Ferrer Guardia, de esta ciudad. En ese contexto, túrnese este expediente al actuario correspondiente para que notifique personalmente al quejoso de mérito el auto antes citado. Notifíquese como corresponda.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LOSS AUTOS DE VEINTINUEVE Y TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE DICEN: "Xalapa, Veracruz; treinta de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guarda este asunto, se desprende que mediante proveído de veintinueve de los corrientes, el quejoso Remegio Martínez Celis desahogó la prevención realizada en autos y señalo un nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones; asimismo, se omitió acordar respecto del domicilió señalado por el quejoso; en consecuencia, con fundamento en el artículo, téngase como su domicilio el ubicado en la calle Teodoro Avendaño, número 7- A, colonia Francisco Ferrer Guardia, de esta ciudad. En ese contexto, túrnese este expediente al actuario correspondiente para que notifique personalmente al quejoso de mérito el auto antes citado. Notifíquese como corresponda. Xalapa, Veracruz; veintinueve de octubre de dos mil veinte. Visto el escrito de cuenta, signado por ***; téngasele dando cumplimiento a la prevención realizada en autos. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO .Ahora bien, la demanda de amparo es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: (.) El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Ello, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Por su parte, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. (.) En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el accionista del amparo reclama de la autoridad responsable los actos siguientes: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta judicial ***, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Noveno Distrito Judicial, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz. La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en su contra. Así, este Juzgado de Distrito estima actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo relacionada con los diversos 17 y 18 del propio ordenamiento que a la letra establecen: (...) De análisis de los citados preceptos legales, se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro de quince días, contados éstos, a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclame, al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; y que se exceptúan de la regla anterior, según el numeral 17, por lo que el cómputo de dicho término depende básicamente, de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado; lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; o bien b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace al primero de ellos, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acto que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. (.) En relatadas circunstancias, de no promoverse el juicio de amparo dentro del término antes señalado, éste ser improcedente, dada su extemporaneidad. Ahora bien, en el caso a estudio, elquejoso reclama la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictada en el proceso penal 84/2020, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Noveno Distrito Judicial, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, en la que se le vinculó a proceso, así como la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa impuesta en su contra en audiencia inicial de doce del citado mes y año y confirmada el diecisiete septiembre de la presente anualidad.Actos respecto de los cuales el propio quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó haber sido notificado el mismo día de la audiencia en la que se emitió tal resolución, es decir, el diecisiete de septiembre de la anualidad que cursa. En ese contexto, debe partirse de la premisa de que el auto de vinculación a proceso y medida cautelar reclamados, fueron emitidos dentro de un juicio del sistema penal acusatorio en el que las partes deben estar presentes en las audiencias, tal como lo dispone el artículo 56 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y que por ese motivo, quedan formalmente notificado de ellas, como lo establece el numeral 63 y 82 de esa legislación; además que fue el propio quejoso quien manifestó haber sido notificado del acto reclamado, desde el momento en que fue emitido. Los preceptos antes mencionados, son 22 del tenor siguiente: (.) Ahora bien, cabe destacar que mediante Circular Número 6, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado determinó la suspensión de labores a partir del dieciocho de marzo del año en curso, con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Asimismo, de las medidas tomadas para dar cumplimiento a tal acuerdo, se advierte la especificada con el número IV, en la que se estableció que respecto a la suspensión de labores de los Juzgados de Proceso y Procedimiento Penal Oral (jueces de control, enjuiciamiento y ejecutores de sentencia), éstos tendría que llevar a cabo las diligencias establecidas en los artículo 94 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 193, 194 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, entre las que se encuentran las relativas a la procedenciade medidas cautelares así como decidir sobre la procedencia de la vinculación a proceso. También, aquellas orientadas a cumplir con las ejecutorias y proveídos emanados de las autoridades federales en materia de amparo. Por lo tanto, se suspendían todos los términos dentro de los procesos penales, tanto en la etapa de control como en la de juicio, con excepción de las diligencias listadas con antelación, entre las que se encuentran las medidas cautelares y la vinculación a proceso, para las cuales todos los días se computarían como hábiles y serían realizadas por los jueces que se encuentren en funciones. De igual forma, no pasa inadvertido que mediante Acuerdos Generales 4/2020 y, 6/2020 y de acuerdo al esquema de trabajo a que se refieren los diversos Acuerdos Generales 8/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales debido al fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, 15 se ordenó la suspensión de labores de los órganos jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación a partir del diecisiete de marzo de dos mil veinte. Sin embargo, debe atenderse a que en el artículo 1° del Acuerdo General 8/2020 del referido Pleno, se establecieron los postulados conforme a los que se regiría lafunción jurisdiccional del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte y sus ampliaciones al quince y treinta de junio así como al treinta y uno de julio de la presente anualidad, conforme a los Acuerdos Generales emitidos por el citad pleno. De tal forma que los juzgados de Distrito continuaron recibiendo las demandas de amparo (física y electrónicamente) que se encontraran en alguno de los supuestos establecidos en el referido Acuerdo General 8/2020, específicamente en los ordinales 3 y 4, fracción IV, como en el caso acontece. Y, actualmente con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del tres de agosto de esta anualidad, se dio paso a una tercera etapa de restablecimiento de la actividad jurisdiccional, mediante la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Por lo que, en atención a la circular yacuerdos invocados con anterioridad, el promovente estuvo en aptitud, sin ninguna restricción, de presentar su escrito dedemanda en los términos establecidos en la Ley de Amparo. Por tanto, para efectos del cómputo del término legal correspondiente, debe entenderse que el aquí quejoso fue notificado de los actos reclamados el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, por lo que el plazo para presentar la demanda de amparo que se intenta, empezó a correr a partir del día hábil siguiente de aquél en que surtió efectos tal notificación, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 82, en relación con su fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, el veintiuno de septiembre de dos mil veinte; y, el último día para su presentación fue el nueve de octubre de este mismo año, descontando los díasveintiséis y veintisiete de septiembre, tres y cuatro de octubre de este año, por haber sido sábados y domingos, como se advierte de las imágenes que para tal efecto se insertan: (.)Luego, si la demanda de amparo fue presentada hasta el trece de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, es evidente que ya había transcurrido el término de quince días hábiles con que contaba la parte quejosa, de conformidad con el artículo 17 de la ley de Amparo, para interponer la demanda de amparo tratándose de asuntos de esta naturaleza, sin que así lo hubiera hecho, de ahí que su presentación es extemporánea. En consecuencia, al resultar notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona; con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, resulta procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA.
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DESECHAMIENTO POR EXTEMPORANEO
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