Remedios Bonilla Rojano

Expediente 565/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
565/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
27/06/2018

Partes del expediente

  • Remedios Bonilla Rojano

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, doce de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Remedios Bonilla Rojano, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 565/2018 que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Tal consideración se encuentra sustentada por la Tesis I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página ochocientos noventa, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, novena época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". Lo dispuesto en el primer numeral trascrito, debe interpretarse en el sentido que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa se prevén, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio constitucional, pero no son los únicos casos de improcedencia, ya que existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia ley reglamentaria en cuestión. Por su parte, el segundo de tales preceptos, señala con claridad que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, la cual debe ser entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En el caso a estudio, del análisis integral a la demanda de amparo que se provee, se desprende en lo sustancial, que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, señala entre otras cosas que: a). Por así convenir a los intereses de las partes, se celebró un convenio de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria, el cual, por auto de cinco de junio de dos mil trece, fue elevado a la categoría de cosa juzgada; b) Posterior a dicho convenio, se siguieron llevando a cabo actuaciones dentro del juicio ordinario mercantil 1972/2012/I, sin el conocimiento de la quejosa; c) Asimismo, refiere que tiene conocimiento de que en el procedimiento se dictó una resolución de adjudicación directa a favor de la parte actora del inmueble ubicado en el lote de terreno número dos y casa ahí construida, en el fraccionamiento Chula Vista, Primera Privada de Hortencia, esquina con calle de Ana María Martínez Flores, número trece, camino a Copexpan, de Xalapa, Veracruz. Por otra parte, el acto reclamado consiste en; 1.-La diligencia de lanzamiento y/o puesta en posesión al adjudicatario judicial; 2.- La resolución de adjudicación directa; 3.- El auto de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, las diligencias de notificación de reanudación de procedimiento de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, cita de espera de doce de mayo de dos mil dieciséis y el requerimiento de pago de trece de mayo de dos mil dieciséis, todos emitidos dentro del juicio ordinario mercantil 1972/2012/I, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en esta ciudad. Antes de establecer por qué esta demanda de amparo es notoriamente improcedente, resulta válido señalar que la ocursante es "parte" en el juicio natural de donde emana el acto reclamado, en virtud que así se desprende de las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad, contenidas en la demanda. Esto es, tiene el carácter de parte formal en el juicio de origen, donde ya firmó un convenio que adquirió la categoría de cosa juzgada, y ahora, en la etapa de ejecución, reclama diversos autos, así como la orden de lanzamiento y la orden de adjudicación directa del inmueble que aduce tiene en posesión; por lo que es claro que el impetrante no es tercero extraño al juicio de origen. Por tanto, si los actos aquí reclamados constituyen una consecuencia directa e inmediata del convenio que tiene categoría de cosa juzgada, es indudable que tienen como finalidad ejecutar tal sentencia, puesto que obliga a la parte vencida, hoy quejosa, a cumplir con el convenio. Máxime, que el convenio fue firmado por la quejosa, por lo que ya fue oída y vencida en el juicio. De ahí que, no exista duda de que se actualiza la causal de improcedencia invocada, en virtud que el acto reclamado se emitió en la etapa de ejecución, sin que se trate todavía del último que pueda ser dictado en dicho procedimiento, toda vez que por "última resolución" debe entenderse como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Lo anterior encuentra apoyo en el criterio que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la jurisprudencia VI.2º.C.J/253, consultable a página mil trescientos treinta y uno, Tomo XXI, Mayo de dos mil cinco, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN". También sostiene esta determinación, la jurisprudencia P./J. 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página treinta y uno, Materia Común, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA". Además de los criterios anteriores, por su contenido, se invoca la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 19/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de dos mil uno, Materia Civil, página treinta y cuatro, de rubro: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO." De igual forma, por su contenido, la jurisprudencia I.2o.C. J/2 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo XIII, viernes 08 de junio de 2018, Materia Común, con número de registro digital 2017100, que establece: "ORDEN DE LANZAMIENTO POSTERIOR AL REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE ATENDERSE A LA REGLA PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO Y NO A LA DIVERSA ESTABLECIDA EN EL PÁRRAFO TERCERO DE LA MISMA FRACCIÓN. De conformidad con el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tratándose de actos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente y, que tratándose de remates, en términos del párrafo tercero de la misma fracción, se establece la procedencia del juicio de amparo biinstancial, por regla general, contra la última resolución dictada en dicho procedimiento; esto es, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, determinaciones que pueden emitirse junta o separadamente; por tanto, cuando en un juicio de amparo indirecto, se reclaman actos emitidos después de concluido el procedimiento de remate; esto es, posteriores a la determinación que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, como puede ser el auto en que se hace efectivo el apercibimiento por no haber entregado el bien objeto del juicio y se ordena el lanzamiento, debe estimarse que para efectos de determinar sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, hay que atender a la regla establecida en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, y no a la estatuida en el párrafo tercero de la misma fracción, en tanto que el acto reclamado no se emitió en la fase procesal de remate, sino en la etapa de ejecución de sentencia posterior a dicho remate; máxime que la orden de lanzamiento no es ajena a la cosa juzgada, sino consecuencia de la misma, y deriva de la contumacia del demandado de entregar el bien rematado. En consecuencia, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción IV y 113 de la Ley de Amparo, por lo que, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA. Consérvese por separado en la Secretaría de este juzgado, las copias de la demanda de amparo que acompañan para mejor manejo del expediente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Así mismo, se tiene como autorizado en términos del párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Amparo a Alberto Javier Sánchez Rojas, debido a que no cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. De igual forma, se autoriza a César Augusto López Medina, Rafael Carlos Caloca Ruiz, Viridiana del Carmen Castro Chontal, Verónica Alejandra Salas Alonso y Norma Leticia Martínez Aburto, únicamente para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado. LEY DE TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega del presente proveído y copias de las actuaciones de este juicio de amparo que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Guadalupe Domínguez Lagunes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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