Remedios Celeste Trujillo Palomino y Otros.
Expediente 1290/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1290/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/01/2022
Partes del expediente
- Remedios Celeste Trujillo Palomino y Otros.
- Remedios Celeste Trujillo Palomino
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, doce de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto de treinta de diciembre de dos mil veintiuno que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso arábigo 8.1.2 numeral 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Intégrese el escrito signado por la quejosa, a través del cual, desahoga la prevención formulada en proveído de ocho de los actuales; atento a ello, téngase por satisfecho el requerimiento de que fue objeto. DESECHAMIENTO En ese orden, del análisis de la demanda y del ocurso de cuenta se advierte que los actos reclamados consisten en: La interlocutoria emitida el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, emitida en el incidente de nulidad de actuaciones, derivado del expediente 487/2016, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, por la que declaró procedente dicha incidencia y se dejó nula la notificación del auto de uno de septiembre del año en curso, practicada a Daniel Segura Anaya (aquí tercero interesado). El auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual, el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto por Daniel Segura Anaya (aquí tercero interesado), en contra del acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se concede la guardia y custodia de manera provisional de los menores de iniciales D.S.T., D.S.T. y A.S.T., a la quejosa Remedios Celeste Trujillo Palomino. Atento a lo anterior, en la especie se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que los actos de molestia no afectan derechos sustantivos protegidos por la Constitución Federal y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, a favor de la quejosa, como se expondrá a continuación. Los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De acuerdo a lo establecido en los numerales trascritos, es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial, respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fueron emitidos, trascienda materialmente a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y tratados internaciones tales como la libertad, vida, propiedad, entre otros; para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En ese tenor, es preciso señalar que los denominados derechos adjetivos o procesales sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Bajo esa premisa, el juicio constitucional intentado resulta improcedente en la especie, toda vez que, respecto al acto reclamado consistente en la interlocutoria emitida el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, emitida en el incidente de nulidad de actuaciones, derivado del expediente 487/2016, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, por la que declaró procedente dicha incidencia y se dejó nula la notificación del auto de uno de septiembre del año en curso, practicada a Daniel Segura Anaya (aquí tercero interesado), no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación; esto así, porque dicho acto, en todo caso, sólo afecta derechos procesales de la parte quejosa. Lo anterior es así, pues de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio biinstancial resulta improcedente contra actos en juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como en el caso acontece, toda vez que el acto reclamado, no es de aquellos que lleve en sí una ejecución de imposible reparación, ya que no causa algún daño jurídico que no sea reparable, sino que solamente repercute en el procedimiento de origen y puede ser reparable con la sentencia que ponga fin al juicio de origen si es acorde a los intereses de la quejosa; de ahí que, el acto reclamado no es considerado de imposible reparación para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese tenor, es dable sostener que el acto reclamado no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa, en tanto que no genera efectos materiales sobre ella, sean de carácter real o personal, sino sólo la posibilidad de que pueda ocurrir al dictarse la sentencia definitiva o auto y/o resolución que ponga fin al juicio, en la medida en que influya para que el fallo sea adverso a sus intereses; por tanto, como se dijo, el acto combatido únicamente tiene efecto de carácter formal o intraprocesal, por lo que se puede extinguir en la realidad de los hechos sin originar alguna afectación a los derechos sustantivos de la peticionaste del amparo y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Máxime que en el juicio de origen a la fecha en que se emite el presente auto, no se ha dictado sentencia que ponga fin a ese procedimiento; de ahí que si al momento en que esta se dicte, resulta favorable a los intereses de la quejosa, ningún perjuicio le causa a esta última, ya que los efectos del acto reclamado habrán desaparecido, lo que conlleva a establecer que el auto no es de imposible reparación y, por ende, el juicio biinstancial se torna improcedente. Sustenta lo anterior, la tesis I.14º.C.3 K, sustentada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1402, Septiembre de 2002, Tomo XVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto señalan: "NULIDAD DE ACTUACIONES POR DEFECTOS EN EL EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE SE DICTA EN EL INCIDENTE RELATIVO, CUANDO ES PROMOVIDO ANTES DEL FALLO DEFINITIVO, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE NO ES PROCEDENTE EN SU CONTRA EL AMPARO INDIRECTO. Aun cuando el incidente de nulidad de actuaciones verse sobre defectos en el emplazamiento y constituyan éstos la infracción procesal de mayor magnitud en un procedimiento, ello no hace procedente el amparo en la vía biinstancial contra la resolución dictada en el mismo si dicha incidencia se promovió y resolvió antes del dictado del fallo definitivo, ya que no es un acto de imposible reparación, en virtud de que no producirá de manera inmediata una afectación a los derechos fundamentales de quien promueve el amparo, cuenta habida de que puede obtener un fallo definitivo favorable, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones en el emplazamiento que se hubieren cometido en su contra. En caso contrario, podrá impugnar la resolución recaída al incidente, como violación intraprocesal, en amparo directo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 159, fracción V, de la Ley de Amparo" Asimismo, en la parte conducente es aplicable la diversa tesis I. 8º.C.17 K, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, dentro del Tomo V, página 485, Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto señalan: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO EN CONTRA DE LAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCION QUE CONFIRMA SU DESECHAMIENTO NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE. La resolución que confirma el auto que desechó por frívolo e improcedente el incidente de nulidad de actuaciones en contra de las diligencias de notificación y emplazamiento, no constituye un acto de ejecución irreparable, sino que sólo produce efectos intraprocesales por lo que en su contra no procede la demanda de amparo indirecto." Por otro lado, la quejosa también señala como acto reclamado el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual, el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto por Daniel Segura Anaya (aquí tercero interesado), en contra del acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se concede la guardia y custodia de manera provisional de los menores de iniciales D.S.T., D.S.T. y A.S.T., a la aquí quejosa. En tal virtud, la determinación combatida de igual forma, no es un acto de los que alude el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que tiene la naturaleza de un acto procesal. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. En esas circunstancias, se advierte que el acto reclamado en tiene sólo como consecuencia la admisión del recurso de revocación interpuesto por su contraparte, el cual según su dicho se encuentre en trámite, lo que evidencia -como se mencionó con anterioridad- carece de ejecución irreparable, ello así, ya que al momento de resolverse, la parte quejosa se puede beneficiar de la resolución que se emita, o bien, en caso contrario, podrá impugnarla en la vía de amparo indirecto, pero hasta ese momento procesal. Puesto que la finalidad del juicio de amparo es, como quedó apuntado, la de tutelar y salvaguardar los derechos públicos subjetivos de los gobernados contenidos en Constitución de la República, dado que no puede constituirse como un mecanismo de defensa utilizado tan ampliamente que con él se pretenda suplir el ejercicio de medios jurídico-procesales que existen en la ley aplicable. Por lo que, para la procedencia del amparo, debe cumplirse con todos los presupuestos establecidos en la referida ley, así como los de la Ley de Amparo, puesto que no puede desconocerse la estructura normativa del Estado mexicano, ni la naturaleza misma del juicio de garantías. Sirve de sustento a lo anterior la tesis II.2o.P.70 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Julio de 2003, Pagina 1023, de la Novena Época, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: "AMPARO, JUICIO DE. NO PUEDE SER UTILIZADO DE MANERA QUE SUPLA CAPRICHOSAMENTE EL EJERCICIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS JURÍDICO-PROCESALES QUE PREVÉ EL MARCO NORMATIVO NACIONAL, NI SER SUSTITUIDO POR OTRAS INSTANCIAS SUPRANACIONALES, NO VINCULANTES EN LA TUTELA DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL CONTEXTO DE NUESTRO DERECHO CONSTITUCIONAL. La finalidad del juicio de amparo, como un mecanismo de control de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la de tutelar y salvaguardar los derechos públicos subjetivos de los gobernados contenidos en esa Ley Suprema del país, pero de ninguna manera puede constituir un mecanismo de defensa que sea utilizado de modo tan amplio que con él se pretende suplir el ejercicio, en su caso, de los diversos medios jurídico-procesales existentes en el marco jurídico nacional, tendentes a dirimir cuestiones como las de responsabilidad o de reclamación de indemnizaciones, por ejemplo. El juicio de amparo mexicano es una institución ampliamente reconocida, incluso en el extranjero, destacada como medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad que afecten o atenten contra los derechos fundamentales de los gobernados y así se ha caracterizado desde el siglo XIX; por tanto, la ulterior tendencia al reconocimiento por parte de la comunidad internacional respecto del carácter positivo de la voluntad de generalizar ese reconocimiento, creando incluso organismos facultados para emitir recomendaciones a los Estados suscriptores de los tratados correspondientes, no implica de ningún modo que dichas instancias se sustituyan en la tutela de los derechos fundamentales reconocidos y garantizados en el contexto del propio derecho constitucional de la nación, y en el procedimiento que, en su caso, debe ejercerse de acuerdo con el medio de control de constitucionalidad que en la propia Constitución se prevé, el juicio de amparo. Por lo que es menester para lograr su procedencia el que se cumpla previamente con todos y cada uno de los presupuestos establecidos en la propia ley de la materia de donde emane el acto reclamado, así como los de la Ley de Amparo, puesto que no puede desconocerse la estructura normativa del Estado mexicano, ni la naturaleza misma del juicio de garantías." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del diverso 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Remedios Celeste Trujillo Palomino, en virtud de ser notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Intégrese el escrito signado por el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, por medio del cual remite el informe y las constancias solicitadas en el proveído de ocho de diciembre del año en curso. Atento a ello, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto la quejosa .....desahogue la prevención formulada en el auto de referencia. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Intégrese el oficio signado por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de México, a través del cual cumple con el requerimiento de dieciocho de noviembre pasado, e informa que no localizó algún domicilio respecto a la tercero interesado ++++++++++; por tanto, téngase por cumplido el requerimiento formulado y déjese sin efecto el apercibimiento con que se le conminó.
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