Remedios Castro Esquivel

Expediente 1197/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1197/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
07/01/2022

Partes del expediente

  • Remedios Castro Esquivel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Notifíquese y por oficio al defensor público ...

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Intégrese el escrito signado por ... en su carácter de defensor público designado a la quejosa ....por medio del cual, en atención a requerimiento de dieciséis de los actuales, desahoga la prevención de veinticinco de noviembre pasado, en favor de la citada peticionaria del amparo. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En tales condiciones, este juzgador estima que la parte quejosa reclama del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras autoridades, lo siguiente: El auto de vinculación a proceso, dictado el treinta y uno de agosto de dos mil vente, dentro de la carpeta administrativa 665/2020; en virtud de la omisión de ordenar y aperturar la investigación del protocolo de Estambul en su favor. Lo anterior se considera así con los datos aportados en el ocurso que ahora se atiende, así como con las manifestaciones el defensor público de la peticionaria del amparo en las que refiere que el acto reclamado lo es "el auto constitucional" y que "la fecha del auto de vinculación a proceso se dicto en fecha 31 de agosto del 2020" robustecido con lo informado por el Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el que aduce que en la carpeta administrativa 665/2020, de la estadística de la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, el treinta de abril del año en curso, se dictó auto de apertura a juicio oral en contra de la quejosa por el hecho delictuoso de secuestro, en agravio de las víctimas de identidad reservada -foja 17 de este sumario-. DESECHAMIENTO Sentado lo anterior, se estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". De la interpretación del precepto legal parcialmente descrito, permite establecer que el motivo de improcedencia descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación de la demanda de amparo, ya que el no promoverse dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, conlleva a su extemporaneidad. Por su parte, los artículos 17, primer párrafo y 18 de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: IV. Cuando el acto reclamado implique peligro a la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzada al ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". En ese tenor, se sigue, que el plazo general para la promoción del juicio constitucional será de quince días, el cual se computará de acuerdo con tres supuestos distintos: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Establecido lo anterior, es dable considerar que desde el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, la quejosa tuvo pleno conocimiento del acto que aquí reclama; toda vez, que en ese momento se hizo sabedora de que el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, dictó auto de vinculación a proceso en su contra por el delito de secuestro, en agravio de A.C.D. Por lo anterior, se insiste que el plazo para promover el juicio intentado transcurrió por más de un año, en razón que desde el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, la quejosa tuvo conocimiento del auto de vinculación a proceso emitido en su contra, y que el término para promover el juicio de amparo en contra de de éste, es el genérico de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no se encuentra en alguno de los casos de excepción, ya que no deriva de un procedimiento de extradición; no se trata de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal; tampoco privan total o parciamente, en forma temporal o definitiva, la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a núcleos de población ejidal o comunal; ni implica un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento y tampoco se trata de incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada o de los prohibidos por el numeral 22 Constitucional. En ese contexto, si la demanda de cuenta, fue presentada el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues se promovió en forma extemporánea. Igualmente la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". Así como la diversa con número de registro 2005330, publicada en la página 2949, del Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación, del año dos mil catorce, Décima Época, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente "AMPARO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI FUE EMITIDO ANTES DEL 2 DE ABRIL DE 2013 Y EL JUICIO SE PROMOVIÓ CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE VIGENCIA DE LA LEY DE LA MATERIA PUBLICADA EN ESA FECHA, EN ATENCIÓN AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA, EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA EN QUE AQUÉLLA ENTRÓ EN VIGOR (3 DE ABRIL) Y NO DEL DÍA SIGUIENTE AL QUE SE COMPUTAN LOS PLAZOS CONFORME A SU ARTÍCULO 18. Conforme a la legislación penal ordinaria es obligación de las autoridades judiciales aplicar retroactivamente la ley en beneficio del reo y su incumplimiento es violatorio del derecho humano de exacta aplicación de la ley, contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, en atención a que es un principio general de derecho que cuando la ley anterior o posterior resulta más benéfica para el inculpado que aquella conforme a la cual se siguió el proceso, debe aplicarse la más benigna en el dictado de la sentencia correspondiente. Ahora bien, si se promueve la demanda de amparo contra el auto de vinculación a proceso, en términos de los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, ésta puede presentarse en cualquier tiempo, por encontrarse dentro de la excepción al plazo genérico de quince días a que se refiere el citado artículo 22, fracción II; mientras que conforme al artículo 17 de la ley vigente, el plazo para presentarla es de quince días, pues aun cuando es un acto de naturaleza penal que ataca la libertad personal del inculpado, se dicta dentro de un procedimiento judicial; por ende, no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción a que se refiere este numeral. Sin que lo anterior comprenda la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio del gobernado, ni constituya un derecho adquirido, pues esa circunstancia no puede materializarse como tal, al tratarse de un requisito que la ley impone al quejoso para poder ejercer el juicio de amparo, el cual obedece al interés público que se erige como facultad del legislador para establecer diversos requisitos u obligaciones en la norma, lo que implica modificarla para lograr una mejor impartición de justicia. Sin embargo, cuando el auto de vinculación a proceso fue emitido antes del 2 de abril de 2013 y el juicio se promueve con posterioridad al inicio de vigencia de la Ley de Amparo vigente, para efectos del cómputo respectivo, no debe tomarse en cuenta su artículo 18 que dispone que los plazos para promover la demanda deberán computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; en que haya tenido conocimiento; o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; pues en atención al derecho de acceso a la justicia, debe contabilizarse a partir de que surtió efectos la publicación de dicha ley en el Diario Oficial de la Federación, esto es, el 3 de abril de 2013. Ello, al constituir la publicación de la ley un hecho notorio para los gobernados y hacer las veces de notificación; estimar lo contrario, sería aplicar la ley en su perjuicio y negarles el acceso a la justicia, porque en la mayoría de los casos el plazo habrá fenecido.". A lo anterior, es oportuno precisar que las tesis que se cita en esta determinación, si bien hacen referencia a preceptos de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, también es cierto que las mismas no se oponen a los preceptos de la nueva Ley de Amparo; lo anterior de conformidad con el artículo sexto transitorio de ésta. Ahora bien, este juzgador no soslaya el hecho de que la quejosa aduzca que se dictó el auto de vinculación a proceso en su contra ante la omisión de ordenar y aperturar la investigación del protocolo de Estambul en su favor; por lo que al respecto es menester hacer del conocimiento a la peticionaria del amparo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que todas las personas gozan del derecho fundamental a que el Estado investigue las violaciones a sus derechos humanos, en específico, el derecho a no ser objeto de tortura. Sobre ese tópico, considera que la autoridad judicial, como parte integral del Estado Mexicano, ante la denuncia de que un gobernado ha sido víctima de aquélla, tiene la obligación de investigarla; lo que se constituye en una formalidad esencial del procedimiento, al incidir sobre las efectivas posibilidades de defensa de los gobernados previo al correspondiente acto de autoridad privativo de sus derechos. Ello, porque al ser la tortura una violación a los derechos humanos de la que pueden obtenerse datos o elementos de prueba que con posterioridad se utilicen para sustentar una imputación de carácter penal contra la presunta víctima de la tortura, se advierte una relación entre la violación a derechos humanos y el debido proceso; lo cual implica que, luego de realizarse la investigación necesaria para determinar si se actualizó o no la tortura, de obtenerse un resultado positivo, la autoridad que tenga a cargo resolver la situación jurídica de la víctima de violación a derechos humanos, estará obligada a realizar un estudio escrupuloso de los elementos en que se sustenta la imputación al tenor de los parámetros constitucionales fijados en relación con las reglas de exclusión de las pruebas ilícitas. Así, el soslayar una denuncia de tortura, sin realizar la investigación correspondiente, coloca en estado de indefensión a quien la alega, ya que la circunstancia de no verificar su dicho implica dejar de analizar una eventual ilicitud de las pruebas con las que se dictará la sentencia. Por tal motivo, agregó que la omisión de la autoridad judicial de investigar una denuncia de tortura como violación a derechos fundamentales dentro del proceso penal, constituye una violación a las leyes que rigen el procedimiento, que trasciende a las defensas del quejoso, en términos de los artículos 173, fracción XXII, de la Ley de Amparo, 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y, por consiguiente, debe ordenarse la reposición del procedimiento de primera instancia para realizar la investigación correspondiente y analizar la denuncia de tortura, únicamente desde el punto de vista de violación de derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha transgresión para los efectos probatorios correspondientes al dictar la sentencia. En tal contexto, este juzgador estima que si la quejosa aduce que dentro del proceso penal al cual se le vinculó a proceso, se omitió ordenar y aperturar la investigación del protocolo de Estambul en favor, ella está en aptitud de hacerlo valer en el juicio de origen, a fin de que no se le deje en estado de indefensión, ya que la circunstancia de no verificar su dicho, implicaría dejar de analizar una eventual ilicitud de las pruebas con las que se dictará la sentencia, lo cual es propio del perjuicio causado en su contra dentro de una sentencia definitiva y que puede ser impugnado a través del amparo directo en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo. Situación que se robustece con lo considerado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia citada en los párrafos que anteceden, por lo que se estima, si ha existido omisión de la autoridad judicial de investigar una denuncia de tortura como violación a derechos fundamentales dentro del proceso penal, constituye una violación a las leyes que rigen el procedimiento, que trasciende a las defensas del quejoso, en términos de los artículos 173, fracción XXII, de la Ley de Amparo, 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura que de ser procedente y fundada, llevaría a ordenar la reposición del procedimiento de primera instancia para realizar la investigación correspondiente y analizar la denuncia de tortura, únicamente desde el punto de vista de violación de derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha transgresión para los efectos probatorios correspondientes al dictar la sentencia. En consecuencia, al existir motivo manifiesto e indudable de la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracciones XIV, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por .... Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio al defensor público

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los el oficio signado por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, por medio del cual informa que: ".mediante acuerdo plenario número 20/2021, de fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, del Tribunal Superior Agrario, se determinó modificar la competencia territorial de los Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos 8, 9 y 10, por lo que a partir del UNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, este Tribunal Unitario Agrario Distrito 9 dejó de ser competente para conocer de los asuntos que correspondan a los municipios de LERMA, OCOYOACAC y XALATLACO, encontrándose, entre ellos, el juicio agrario identificado con el número 24/2007, debiendo precisarse que dicho expediente fue remitido al Tribunal Unitario Agrario Distrito 8, con sede en la Ciudad de México, quien ahora resulta competente para conocer y resolver dicho asunto" Asimismo, regresa el oficio 25144/2021 del índice de este Juzgado Federal, para proveer lo que corresponda. Atento a lo anterior, se ordena reenviar dicha misiva bajo la denominación antes citada, para los efectos legales a que haya lugar, sin realizar mayor pronunciamiento al respecto, pues en proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se proveyó lo conducente respecto a esta autoridad, así como al cambio de competencia. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de dos de los cursantes, José Arturo Belmonte Cruz, en su carácter de defensor público designado a la quejosa Remedios Castro Esquivel, compareció a este sumario a aceptar y protestar el cargo que le fue conferido; asimismo, en esa data se le autorizó el acceso de este expediente electrónico para que se impusiera del mismo. Lo anterior, con la finalidad de que el citado profesionista diera cumplimiento a la prevención ordenada el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno; de igual manera, se le facultó para que realizara todas las diligencias que estimara necesarias para ello, incluso, entrevistarse con ella a fin de subsanar la misma y fijar la Litis del presente sumario, sin que a la presente fecha, este juzgado tenga conocimiento de la labor que realizó el mencionado defensor pese a estar debidamente notificado para ello (foja 54 de este sumario). REQUERIMIENTO En consecuencia, previo a que el suscrito realice el pronunciamiento que en derecho corresponda sobre la demanda de mérito, se requiere a José Arturo Belmonte Cruz, en su carácter de defensor público designado a la quejosa Remedios Castro Esquivel, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de su legal notificación, informe la manera en que dio cumplimiento a lo ordenado el dos de los cursantes; en el entendido que de no hacerlo, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del secretario Ivan Valdes Gómez, que da fe.

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