Regina Ontiveros Ramírez

Expediente 403/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 29 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
403/2022
Año
2022
Actuaciones
29
Última actuación
28/07/2022

Partes del expediente

  • Regina Ontiveros Ramírez
  • R. O. R. y Otros.
  • Regina Ontiveros Ramírez y Otros.
  • R. O. R.
  • Reynaldo Ontiveros Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que la parte quejosa dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el proveído de diez de junio de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes; por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y visto el estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El presente asunto es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la justicia federal en el presente asunto (artículo 18, fracción I, inciso b) del acuerdo en cita). El cuaderno original del incidente de suspensión es depurable, ya que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, en atención a lo ordenado en el artículo 18, inciso a), del referido acuerdo. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción (artículo 20, fracción II, inciso a). A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Incidental

    Toluca, Estado de México; diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el oficio firmado por el Secretario del Consejo de Salubridad General, por medio del cual rinde informe previo, sin realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que resulta extemporáneo a la celebración de la audiencia incidental, misma que tuvo verificativo el pasado once de abril de la presente anualidad, por lo que a dicha autoridad se refiere. Al respecto tiene aplicación la tesis, consultable en la página 403, octava época del Semanario Judicial de la Federación, tomo III, segunda parte-1, enero a junio de 1989, que a la letra establece: "INFORME PREVIO EXTEMPORÁNEO. Si las autoridades responsables rindieron su informe previo después de celebrada la audiencia incidental, el juez de Distrito procedió correctamente al tener por presuntivamente ciertos los actos reclamados y conceder la suspensión definitiva solicitada respecto de dichos actos, puesto que no tenía obligación legal de considerarla negativa de actos contenida en el informe previo de que se trata y menos aún a estimar que la quejosa debe desvirtuar esa negativa, por haberse rendido extemporáneamente el mencionado informe." Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; diez de junio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIA DE AMPARO. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada en el presente asunto el veintiocho de abril de dos mil veintidós, en la que se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal, no fue recurrida; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En ese sentido, toda vez que la resolución dictada por este Órgano Jurisdiccional, otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal para que las autoridades responsables, realicen lo siguiente: "(.)1. Dentro del plazo de tres días, computados legalmente, después de que cause ejecutoria la presente resolución, las autoridades responsables incluyan a la menor quejosa, de acuerdo con su edad acreditada, en el grupo etario correlativo de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCOV- 2, para la prevención de la COVID 19 en México", con independencia de que cuente con comorbilidades o no. 2. De acuerdo con lo anterior, y previo otorgamiento de consentimiento informado por parte de los padres, o quien ejerza la patria potestad del menor, realicen las gestiones necesarias para que se le aplique el esquema completo de la vacuna contra la COVID-19, del laboratorio Pfizer- BioNTech -en las fechas respectivas de acuerdo con el manual de aplicación de la vacuna-. (.)" PARTE QUEJOSA INFORMÓ SE APLICÓ VACUNA A MENOR. Ahora bien, mediante escrito presentado el seis de los cursantes Reynaldo Ontiveros Torres, en representación de su menor hija de iniciales R.O.R., informó que el día veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la inoculación de la segunda dosis de la menor de iniciales R.O.R., contra el virus SARS-CoV-2, que origina la enfermedad conocida como COVID-19; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La omisión de integrar a la menor de iniciales R.O.R., al grupo etario de doce a catorce años de edad, en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de COVID-19 en México; y, como consecuencia, la negativa a ser vacunada con el biológico autorizado." Previa substanciación del juicio de amparo, el veintiocho de abril de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se resolvió: "PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Reynaldo Ontiveros Torres, en representación de la menor de identidad reservada de iniciales R.O.R., contra el acto y autoridades que quedaron precisados en los considerandos segundo y quinto de la presente resolución, por los motivos expuestos en este último. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Reynaldo Ontiveros Torres, en representación de la menor de identidad reservada de iniciales R.O.R., contra el acto y autoridades señalados en los considerandos segundo y sexto, para los efectos precisados en el considerando octavo de la presente resolución." En esta fecha ha causado ejecutoria la sentencia de referencia, no obstante no ha lugar a requerir el cumplimiento toda vez que mediante escritos registrados con folios 7339 y 10329; Reynaldo Ontiveros Torres, en representación de su menor hija de iniciales R.O.R., informó que se llevaron a cabo las inoculaciones de la primera y segunda dosis a la menor quejosa en este asunto, contra el virus SARS-CoV-2, que origina la enfermedad conocida como COVID-19. Lo precedente revela que no obstante las responsables no han exhibido las constancias relativas a la aplicación del esquema de vacunación a la parte quejosa, con las documentales aportadas por el propio promovente del amparo, se acredita que acataron el efecto de la ejecutoria, pues se llevó a cabo la inoculación de la primera y segunda dosis a la menor citada; de ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra totalmente cumplida. En consecuencia, se puede concluir que las autoridades responsables no incurrieron en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrieron en exceso, ya que no se extralimitaron de lo expresamente solicitado; por tanto, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por último, se hace del conocimiento a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguense al expediente electrónico y físico para que obren como correspondan los oficios firmados por el Secretario del Consejo de Salubridad General, por medio de los cuales rinde informe justificado y de cumplimiento a la suspensión otorgada; sin realizar mayor pronunciamiento, en virtud de lo acordado en líneas precedentes. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    MESA I (AVISO) SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS QUE REFIERE LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México; diez de junio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIA DE AMPARO. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada en el presente asunto el veintiocho de abril de dos mil veintidós, en la que se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal, no fue recurrida; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En ese sentido, toda vez que la resolución dictada por este Órgano Jurisdiccional, otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal para que las autoridades responsables, realicen lo siguiente: "(.)1. Dentro del plazo de tres días, computados legalmente, después de que cause ejecutoria la presente resolución, las autoridades responsables incluyan a la menor quejosa, de acuerdo con su edad acreditada, en el grupo etario correlativo de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCOV- 2, para la prevención de la COVID 19 en México", con independencia de que cuente con comorbilidades o no. 2. De acuerdo con lo anterior, y previo otorgamiento de consentimiento informado por parte de los padres, o quien ejerza la patria potestad del menor, realicen las gestiones necesarias para que se le aplique el esquema completo de la vacuna contra la COVID-19, del laboratorio Pfizer- BioNTech -en las fechas respectivas de acuerdo con el manual de aplicación de la vacuna-. (.)" PARTE QUEJOSA INFORMÓ SE APLICÓ VACUNA A MENOR. Ahora bien, mediante escrito presentado el seis de los cursantes Reynaldo Ontiveros Torres, en representación de su menor hija de iniciales R.O.R., informó que el día veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la inoculación de la segunda dosis de la menor de iniciales R.O.R., contra el virus SARS-CoV-2, que origina la enfermedad conocida como COVID-19; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La omisión de integrar a la menor de iniciales R.O.R., al grupo etario de doce a catorce años de edad, en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de COVID-19 en México; y, como consecuencia, la negativa a ser vacunada con el biológico autorizado." Previa substanciación del juicio de amparo, el veintiocho de abril de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se resolvió: "PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Reynaldo Ontiveros Torres, en representación de la menor de identidad reservada de iniciales R.O.R., contra el acto y autoridades que quedaron precisados en los considerandos segundo y quinto de la presente resolución, por los motivos expuestos en este último. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Reynaldo Ontiveros Torres, en representación de la menor de identidad reservada de iniciales R.O.R., contra el acto y autoridades señalados en los considerandos segundo y sexto, para los efectos precisados en el considerando octavo de la presente resolución." En esta fecha ha causado ejecutoria la sentencia de referencia, no obstante no ha lugar a requerir el cumplimiento toda vez que mediante escritos registrados con folios 7339 y 10329; Reynaldo Ontiveros Torres, en representación de su menor hija de iniciales R.O.R., informó que se llevaron a cabo las inoculaciones de la primera y segunda dosis a la menor quejosa en este asunto, contra el virus SARS-CoV-2, que origina la enfermedad conocida como COVID-19. Lo precedente revela que no obstante las responsables no han exhibido las constancias relativas a la aplicación del esquema de vacunación a la parte quejosa, con las documentales aportadas por el propio promovente del amparo, se acredita que acataron el efecto de la ejecutoria, pues se llevó a cabo la inoculación de la primera y segunda dosis a la menor citada; de ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra totalmente cumplida. En consecuencia, se puede concluir que las autoridades responsables no incurrieron en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrieron en exceso, ya que no se extralimitaron de lo expresamente solicitado; por tanto, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por último, se hace del conocimiento a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguense al expediente electrónico y físico para que obren como correspondan los oficios firmados por el Secretario del Consejo de Salubridad General, por medio de los cuales rinde informe justificado y de cumplimiento a la suspensión otorgada; sin realizar mayor pronunciamiento, en virtud de lo acordado en líneas precedentes. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

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