Regina Dimas García
Expediente 169/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 169/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/03/2022
Partes del expediente
- Regina Dimas García
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; catorce de marzo de dos mil veintidós. RAZÓN DE IMPOSIBILIDAD. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, la razón de imposibilidad signada por la Actuaria Judicial de la adscripción, a través de la cual informa la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa la determinación de nueve de marzo del año en curso, en el domicilio procesal que señalo en su demanda de amparo. A tal aseveración se le da valor probatorio para los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues dicha diligencia tiene valor probatorio, al suscribirla un funcionario con fe pública, por lo que lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable la jurisprudencia 563, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 405, del Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, materia común, con número de registro 198729, que establece: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LA RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Ahora bien, toda vez que no fue posible notificar a la parte quejosa en el domicilio procesal que le fue reconocido por las razones expuestas por la Actuaria de la adscripción; con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, la notificación del proveído de nueve de los cursantes, así como las de los acuerdos subsecuentes, realícense a la parte quejosa por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista a la parte quejosa, el presente proveído así como el diverso de nueve de marzo de dos mil veintidós. AUTO DE NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS Toluca, Estado de México; nueve de marzo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en términos del artículo 98 de la Ley de Amparo, contra el auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, en relación con el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente ordenar el archivo del expediente, como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En términos del artículo 21 del citado Acuerdo, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días hábiles, comparezcan a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que acompañó a su escrito de demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo así podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido que, para la comparecencia, con el fin de recoger los documentos de mérito, en el local que ocupa este recinto judicial, la persona autorizada para tal efecto deberá realizar el trámite correspondiente al que alude el numeral 31 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, además de quien acuda deberá presentar identificación oficial vigente y copia de la misma. Se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de marzo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en términos del artículo 98 de la Ley de Amparo, contra el auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, en relación con el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente ordenar el archivo del expediente, como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En términos del artículo 21 del citado Acuerdo, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días hábiles, comparezcan a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que acompañó a su escrito de demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo así podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido que, para la comparecencia, con el fin de recoger los documentos de mérito, en el local que ocupa este recinto judicial, la persona autorizada para tal efecto deberá realizar el trámite correspondiente al que alude el numeral 31 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, además de quien acuda deberá presentar identificación oficial vigente y copia de la misma. Se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintidós de febrero de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Visto el escrito de demanda promovida por Regina Dimas García, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 169/2022-V. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la quejosa reclama: La resolución de once de noviembre de dos mil veintiuno y la notificación de once de febrero de dos mil veintidós. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretende impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El suscrito juzgador advierte que en el caso a estudio se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V aplicada en sentido contrario, del numeral 107 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En apoyo a lo anterior, este juzgado estima pertinente dejar asentado que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de amparo se encuentra el llamado principio de agravio personal y directo, consagrado en la racción I, del artículo 107 Constitucional, en relación con el 107, fracción V de la Ley de Amparo, revistiéndolo de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de agravio personal y directo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la ley suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria; por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la noble institución controladora encarnada en el juicio de amparo. En ese entendido, el agravio personal y directo debe entenderse como la lesión o afectación de los derechos de una persona, en especial a través de una resolución o determinación de carácter judicial emitida por una autoridad, y siendo que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional, es la existencia de un agravio personal y directo que el peticionario de amparo, resienta en su esfera jurídica como consecuencia de un acto de autoridad; así tenemos, que para que proceda el juicio de garantías es un requisito sine qua non, que el quejoso resienta un agravio personal y directo a sus derechos pertenecientes a la esfera jurídica de protección constitucional. Así, el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar en una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación, ello en términos de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes: 199-204, Primera Parte, página 135, Séptima Época de rubro y texto siguientes: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." En ese mismo sentido, el agravio debe ser directo, ya que la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto reclamado, y no por quien sólo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el acto ocasiona a otra persona porque, en este supuesto, esta última es a quien corresponde instaurar el juicio de garantías, como se advierte de la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen: 71, Primera Parte, página 15, Séptima Época de rubro y texto siguientes: "AGRAVIO INDIRECTO. El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos, es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo." En virtud de lo anterior, debe decirse, que por agravio personal y directo debe entenderse la lesión o afectación de los derechos de una persona, en especial, a través de una resolución judicial; el agravio es el equivalente al perjuicio o afectación de un derecho, y éste es el significado que se emplea en los artículos 5° fracción I y 6°, de la Ley de Amparo cuando califica de agraviado, al demandante de la protección ante los tribunales federales, que le otorga la facultad de exigir una reclamación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Ahora bien, de los antecedentes que la quejosa narra bajo protesta de decir verdad, se advierte que no es parte en el juicio 704/2016, donde se emitió la resolución que reclama; y, la notificación de once de febrero de dos mil veintidós, no se encuentra dirigida a su persona. De ahí, no se advierte que exista algún acto que produzca un agravio personal y directo a la quejosa, dado que como lo manifestó no es parte en el juicio de origen, por ende los actos reclamados no le causan perjuicio. En este sentido, para que proceda el juicio de garantías, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo cual ocurre cuando dicho acto lesiona los derechos del gobernado, entendiéndose éstos como aquellos que le asisten a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías constitucionales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Así, el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos constitucionales establecidos en la propia Carta Magna, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real y directo a la solicitante del amparo; lo cual, en el caso no acontece. De ahí que dichos actos no deben reclamarse en amparo indirecto, ya que no le causan perjuicio alguno. Consecuentemente, procede desechar de plano la demanda de amparo presentada por Regina Dimas García, por propio derecho; al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio precisado por la parte quejosa en su escrito de demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, atendiendo a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia a las personas que se autorizan en la demanda que se atiende, toda vez que no se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero, de la legislación en cita, se ordena habilitar horas y días inhábiles, para realizar las notificaciones relacionadas con este juicio de amparo. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AVISO PARTE QUEJOSA SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS EN EL QUE: RADICACIÓN. Visto el escrito de demanda promovida por Regina Dimas García, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 169/2022-V. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la quejosa reclama: La resolución de once de noviembre de dos mil veintiuno y la notificación de once de febrero de dos mil veintidós. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretende impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El suscrito juzgador advierte que en el caso a estudio se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V aplicada en sentido contrario, del numeral 107 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En apoyo a lo anterior, este juzgado estima pertinente dejar asentado que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de amparo se encuentra el llamado principio de agravio personal y directo, consagrado en la racción I, del artículo 107 Constitucional, en relación con el 107, fracción V de la Ley de Amparo, revistiéndolo de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de agravio personal y directo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la ley suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria; por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la noble institución controladora encarnada en el juicio de amparo. En ese entendido, el agravio personal y directo debe entenderse como la lesión o afectación de los derechos de una persona, en especial a través de una resolución o determinación de carácter judicial emitida por una autoridad, y siendo que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional, es la existencia de un agravio personal y directo que el peticionario de amparo, resienta en su esfera jurídica como consecuencia de un acto de autoridad; así tenemos, que para que proceda el juicio de garantías es un requisito sine qua non, que el quejoso resienta un agravio personal y directo a sus derechos pertenecientes a la esfera jurídica de protección constitucional. Así, el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar en una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación, ello en términos de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes: 199-204, Primera Parte, página 135, Séptima Época de rubro y texto siguientes: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." En ese mismo sentido, el agravio debe ser directo, ya que la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto reclamado, y no por quien sólo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el acto ocasiona a otra persona porque, en este supuesto, esta última es a quien corresponde instaurar el juicio de garantías, como se advierte de la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen: 71, Primera Parte, página 15, Séptima Época de rubro y texto siguientes: "AGRAVIO INDIRECTO. El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos, es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo." En virtud de lo anterior, debe decirse, que por agravio personal y directo debe entenderse la lesión o afectación de los derechos de una persona, en especial, a través de una resolución judicial; el agravio es el equivalente al perjuicio o afectación de un derecho, y éste es el significado que se emplea en los artículos 5° fracción I y 6°, de la Ley de Amparo cuando califica de agraviado, al demandante de la protección ante los tribunales federales, que le otorga la facultad de exigir una reclamación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Ahora bien, de los antecedentes que la quejosa narra bajo protesta de decir verdad, se advierte que no es parte en el juicio 704/2016, donde se emitió la resolución que reclama; y, la notificación de once de febrero de dos mil veintidós, no se encuentra dirigida a su persona. De ahí, no se advierte que exista algún acto que produzca un agravio personal y directo a la quejosa, dado que como lo manifestó no es parte en el juicio de origen, por ende los actos reclamados no le causan perjuicio. En este sentido, para que proceda el juicio de garantías, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo cual ocurre cuando dicho acto lesiona los derechos del gobernado, entendiéndose éstos como aquellos que le asisten a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías constitucionales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Así, el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos constitucionales establecidos en la propia Carta Magna, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real y directo a la solicitante del amparo; lo cual, en el caso no acontece. De ahí que dichos actos no deben reclamarse en amparo indirecto, ya que no le causan perjuicio alguno. Consecuentemente, procede desechar de plano la demanda de amparo presentada por Regina Dimas García, por propio derecho; al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio precisado por la parte quejosa en su escrito de demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, atendiendo a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia a las personas que se autorizan en la demanda que se atiende, toda vez que no se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero, de la legislación en cita, se ordena habilitar horas y días inhábiles, para realizar las notificaciones relacionadas con este juicio de amparo. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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