Regimen Estatal de Protección Social en Salud
Expediente 263/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 263/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Regimen Estatal de Protección Social en Salud
- Norma Rodríguez Castellanos
Actuaciones
- Principal
P. 263/2016 MESA V-B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, catorce de abril de dos mil dieciséis. Glósese a los autos, el escrito presentado por la quejosa NORMA RODRÍGUEZ CASTELLANOS; en su atención, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, en términos de su artículo 2º, en lo conducente y 17 de la Constitución Federal, expídasele a su costa copia simple de las constancias que pide; se tiene por autorizados para recibirla a las personas que indica, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos. Ahora, por cuanto al domicilio que cita para oír y recibir notificaciones, dígasele que en auto de fecha diecinueve de febrero de este año, se acordó lo conducente (foja 20). NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA 5 A PRAL. 2263/2016-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diez de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha concluido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del en contra del auto dictado el diecinueve de febrero de esta anualidad (fojas 18 a 20); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el auto de fecha veinticuatro de noviembre del año en curso (fojas 107 a 108), estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas, considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal. Como se advierte de la certificación que antecede, que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, SE ORDENA EL ARCHIVO DE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme al artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Jesús Valdivieso López, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
notificacion a la quejosa.-Número de expediente: 784/2015 Acuerdo: PRAL 784/215 MESA 2 B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintidós de febrero de dos mil dieciséis. Dada cuenta con el escrito de Pedro Mendoza Cruz, en su carácter de apoderado legal de la empresa "AUTOBÚSES ALAS DE ORO S.A. DE C V.", parte quejosa en este juicio de amparo; en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en el artículo 68, último párrafo, de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoriamente improcedente, el incidente de nulidad de notificaciones respecto de la actuación del actuario de este órgano jurisdiccional, que practicó el día cinco de febrero del año en curso (foja 836). Lo anterior, porque aduce el ocursante que: 1° El actuario realizó la diligencia de notificación en un día inhábil como es el día cinco de febrero de dos mil dieciséis, pues así lo establece el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que tal diligencia es nula. 2° No tiene conocimiento de que se haya dejado citatorio en el domicilio que señaló para tal efecto, aunado a que el notificador no se cercioró de que el domicilio ubicado en avenida de La 2 Campiña, colonia Candiani, en la ciudad de Pachuca (sic), es el señalado para que se efectúen las diligencias de notificación. Sin embargo, la improcedencia del incidente planteado se actualiza, por las siguientes consideraciones: I. En el auto de inicio de fecha ocho de junio de dos mil quince (fojas 168 a 170) se hizo saber a las partes que se HABILITABA al actuario judicial adscrito, para que, en su caso, realizara las notificaciones personales que se ordenaran, en días y horas inhábiles. II. El domicilio ubicado en avenida de La Campiña, número ciento venticinco (125), colonia Exhacienda Candiani, en esta ciudad, es el lugar en el que han sido practicadas varias notificaciones de carácter personal, a la parte quejosa, como se puede advertir de autos (fojas 364, 615, 720, 804); de ahí la certeza de ser el domicilio en que se hizo presente el actuario. III. La diligencia de notificación, como incorrectamente la denomina la parte quejosa, no es más que un AVISO que se dejó para la práctica de una diligencia judicial personal, que no se practicó dado que el actuario encontró cerrado ese domicilio (foja 836). Razón por la cual, el actuario levantó la diligencia de aviso de fecha cinco de febrero en curso (foja 837), en la que se asentó que dejó fija en la puerta de entrada del domicilio buscado el aviso correspondiente, a fin de que la parte quejosa acudiera a este Juzgado dentro de los dos días hábiles siguientes a notificarse del proveído de tres del actual (foja 835); razón por la cual, al estar transcurriendo ese plazo de dos días, en acuerdo de nueve de este mes se difirió la audiencia constitucional (foja 838); 3 cuya notificación, por lista, se llevó a cabo en términos de la diligencia de diez del actual (foja 840). En consecuencia, como se advierte que la diligencia levantada por el actuario el cinco de febrero del año en curso (foja 836), es válida; se DESECHA el incidente planteado, por notoriamente improcedente. Ilustra lo anterior, la tesis número XXXIV/2014 (10aX.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 665, del Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTES, RECURSOS O PROMOCIONES NOTORIAMENTE MALICIOSOS O IMPROCEDENTES. SU CONNOTACIÓN. El artículo 57 del Código federal de Procedimientos Civiles prevé que los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes, y que los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado ni formar artículo. Al respecto, la malicia en las promociones se presenta cuando en ellas se identifica la mala fe del promovente, por ejemplo, cuando busca retardar la ejecución de alguna resolución o evitar que una decisión judicial se materialice; por su parte, la notoria improcedencia se configura cuando de la simple lectura de la promoción se advierte en forma patente y absolutamente clara la certeza y plena convicción de que la admisión o acogimiento de lo pedido no dará lugar a una decisión diferente de la que pueda tomarse desde luego; de manera que lo que el citado artículo trata de evitar es la tramitación de promociones que resulten ociosas o intrascendentes, ya sea porque tengan un evidente propósito dilatorio, o porque se formulen peticiones infundadas por no concurrir los presupuestos de hecho o de derecho que las justifiquen pues, en esas circunstancias, no es indispensable la previa audiencia del interesado ni que se admita su promoción, por ser inútil su tramitación al carecer del derecho subjetivo o procesal correspondiente, por la propia improcedencia de la petición formulada dentro del procedimiento respectivo, esto, en aras de observar los principios de prontitud y expeditez procesal contenidos en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." NOTIFÍQUESE; y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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