Refugio Patricia Carreño Diaz
Expediente 41/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 41/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Refugio Patricia Carreño Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA 2. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, contra el acuerdo de doce de marzo de este año, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo que promovió *********(única parte a quien puede afectar dicha determinación), sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se declara que ha causado estado el referido acuerdo; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, del estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que el siete del mes y año en curso, se tuvo a la quejosa *********, ratificando ante la presencia del actuario judicial adscrito a este juzgado, el contenido y firma del escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desistió de este juicio de amparo. Sin que exista necesidad de efectuar mayor pronunciamiento al respecto, pues como se precisó al inicio de este acuerdo, en esta fecha causó ejecutoria el acuerdo de doce de marzo de este año, el cual sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo. Por tanto, al haber causado ejecutoria el sobreseimiento fuera de audiencia decretado en este expediente, y ante la ratificación de desistimiento de la parte quejosa, es evidente que este asunto se encuentra concluido en su totalidad. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y la carátula. Se autoriza al actuario la firma y envío de los oficios correspondientes. Notifíquese vía electrónica y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
MESA 2.San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos, el escrito signado por la quejosa **********, mediante el cual manifiesta su deseo de desistirse del presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción, para que notifique de manera personal a *********el presente acuerdo. Asimismo, una vez que se identifique con documento oficial para ello; o en su caso, tenga la plena certeza de su identidad, ratifique ante su presencia el escrito por el cual se desiste del presente juicio de amparo; de igual manera, la deberá de apercibir que de ser omisa al respecto, u omitir manifestar el impedimento material que tenga para ello, se le tendrá por no desistida y se continuará con el procedimiento de este juicio hasta su conclusión. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, en los términos precisados.
- Principal
MESA 2. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, el oficio signado por la Secretaria Judicial adscrita al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, mediante el cual, remite copias certificadas de la sentencia dictada el nueve de marzo de este año, dentro del juicio oral mercantil 421/2020-III, de su índice, documental que se admite y desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, de conformidad al artículo 119 de la materia. Ahora, del contenido de las constancias de mérito, a la que se le otorga valor probatorio pleno que le confieren los artículos 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, la norma jurídica apuntada establece que el juicio de amparo es improcedente cuando en un procedimiento judicial, o en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por virtud de cambio de situación jurídica, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora, el acto reclamado en esta vía constitucional lo constituyó el acuerdo de catorce de enero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio oral mercantil 421/2020, mediante el cual se declaró por perdido el derecho a la parte actora para contestar la vista en relación a la contestación de la demanda; y si el juez del procedimiento emitió sentencia el nueve de marzo de este año; debe concluirse que en el presente caso, ha operado un cambio en su situación jurídica. Lo anterior es así, pues el acuerdo que se reclama, quedó superado al haberse dictado sentencia definitiva, cambiando la situación jurídica del procedimiento. Cabe mencionar, que lo anterior no implica dejar en estado de indefensión a la parte quejosa; pues las posibles violaciones procesales ocurridas en el procedimiento de origen, podrán reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva de mérito, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Federal y 170 de la Ley de Amparo; en el que se podrán argumentar las irregularidades de tipo procesal que se hubiesen cometido en el procedimiento en las que considere haya incurrido la autoridad responsable, como lo es la que por esta vía impugnó. En consecuencia, se concluye que en este juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; por ello, procede sobreseer el juicio fuera de audiencia. Por cobrar aplicación al respecto, se cita la tesis I.11o.C.28 K (10a.), de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La causal de improcedencia consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si de concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben reputarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, señalado es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Las causas ajenas consisten en: a) Un acto posterior al que se reclama; y, b) Haya autonomía o independencia entre ambos, de modo que la última resolución pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; dichos aspectos son ajenos, pues la nueva situación jurídica y su autónomía no son materia de impugnación en el juicio constitucional que puedan analizarse en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la ley citada; ello en atención a los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias que rigen al juicio pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al trastocar los efectos de diversa resolución judicial que no fue previamente impugnada por la parte agraviada. Ante esa finalidad normativa, el artículo 61, fracción XVII, invocado no contraviene el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada mediante diverso juicio de amparo. La circunstancia de que dicha causal de improcedencia dé lugar a que no se analicen de fondo los conceptos de violación, no resulta violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido, aunado a que las causales de improcedencia son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, los presupuestos procesales, como son las causales de improcedencia, encuentran su justificación en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es constitucionalmente correcto que la Ley de Amparo vigente establezca los términos y condiciones que deban cumplirse para la procedencia del juicio de amparo, acorde con la jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, el artículo 61, fracción XVII, referido no contraviene el artículo 1o., segundo párrafo, constitucional, en cuanto al principio de interpretación pro persona, pues ello encuentra su propia limitación a lo que prevé la propia Constitución Federal, en este caso, en el numeral 107, párrafo primero, que dispone que las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos que determine su ley reglamentaria; lo que significa que el legislador ordinario se encuentra facultado constitucionalmente para emitir leyes en donde se establezcan las formalidades que estime deban cumplirse y llevar a cabo dicho fin, máxime que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados, mediante sus órganos legislativos, pueden y deben establecer en las leyes que emitan, presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para cumplir con los propias formalidades que establece la Constitución Federal en sus artículos 1o., 14 y 17. Además, lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en cuanto a interpretar las normas en favor de las personas, no implica que el legislador ordinario se encuentre obligado a establecer que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, pues también debe emitir sus leyes para hacer posible la aplicación de los principios que establecen los artículos constitucionales de referencia." Así como la jurisprudencia 2a./J.10/2003, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Ante el sobreseimiento decretado, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas del veintitrés de marzo próximo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente a las partes en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo.
- Principal
MESA 2. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en el auto de inicio se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, ******** sin embargo, de la consulta al expediente físico y electrónico, no se advierte la constancia correspondiente. En consecuencia, se solicita al actuario adscrito que de inmediato realice el emplazamiento encomendado en autos y, una vez lo anterior, vincule la constancia al expediente electrónico, con independencia de que la entregue de forma física. Por lo anterior, la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTITRÉS DE MARZO PRÓXIMO, para su celebración vía remota por videoconferencia. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables, respecto al diferimiento de la audiencia contenido en este acuerdo, dado que en el auto inicial se precisó que sólo les serán notificadas mediante oficio, en su residencia oficial, las determinaciones que, por su importancia, deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrán ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. Notifíquese por lista electrónica y a la parte tercera interesada en los términos indicados.
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