Rebeca Adriana Quevedo de la Cruz
Expediente 1730/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1730/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Rebeca Adriana Quevedo de la Cruz
Actuaciones
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación que antecede, de la cual se desprende que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el diez de octubre del presente año, en el cual se desechó de plano la demanda intentada por Rebeca Adriana Quevedo de la Cruz, transcurrió del catorce al veinte de octubre del año que transcurre, sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito de demanda mediante el cual Rebeca Adriana Quevedo de la Cruz, por su propio derecho, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de CFE, Suministrador de Servicios Básicos, con residencia en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1730/2022-5. DESECHAMIENTO A efecto de proveer lo conducente, se hace necesario traer a contexto lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace la promovente en el escrito de demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Ahora, de la demanda que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado que atribuye la parte quejosa a CFE, Suministrador de Servicios Básicos, con residencia en esta ciudad, que señaló como responsable, consiste en: "La inconstitucional e inconvencional multa que se pretende cobrar al quejoso misma multa de la cual no tenía conocimiento hasta que fueron a cortarme la luz en mi domicilio, ubicado en CTO FLORENCIA MZ4 LT 106 F. LAS TERRAZAS 2DA ETAPA, SALOYA 2DA R/A SALOYA 2a SECCION, TABASCO C.P. 86245." Así, la suscrita juzgadora, advierte que en el caso concreto, se evidencia un motivo de improcedencia del juicio de amparo que amerita su desechamiento. En efecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103, fracción I, Constitucional, en concordancia con los diversos 1° fracción I y 5° fracción II, de la legislación de la materia, interpretados en sentido contrario, mismos que señalan: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general..." [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Ello, en razón que para efectos del amparo, no constituyen actos de autoridad los que la agraviada atribuye a CFE, Suministrador de Servicios Básicos, con residencia en esta ciudad, que en su perspectiva designó como responsable. Pues el reclamo no comprende decisiones unilaterales y coercitivas, por exclusión de los actos de particulares; cuando el juicio biinstancial sólo procede contra actos de autoridad y acorde al arábigo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, procede excepcionalmente, contra particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad. Para estimar el carácter de autoridad responsable, debe ubicarse dentro de la relación jurídica de supra a subordinación, en que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Sobre el tema, se cita la jurisprudencia 2ª./J.164/2011 de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En ese sentido, solo es autoridad responsable, aquel ente con facultades de imperio, para hacer respetar por medio de la fuerza pública sus determinaciones y comprende todas aquellas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular, de una manera imperativa. En sus aspectos sustanciales, se invoca la tesis de rubro siguiente: "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. En el caso que nos ocupa, el organismo que señala la quejosa como autoridad responsable, no se encuentra en un plano de supra a subordinación respecto de los usuarios a quienes presta su servicio, sino de igualdad. Ello se considera así, en virtud que el ajuste a la facturación reclamado y la orden de corte del suministro de energía eléctrica, tienen su origen en el contrato de suministro de energía eléctrica celebrado entre la empresa que presta el servicio y los usuarios de éste. Pues, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado, conforme al numeral 2 de la legislación que la regula y, entre otras, tiene como actividades, generar, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica, mediante contratos que celebra con los particulares. Así, los actos aquí reclamados, no cumplen con las características de actos de autoridad; porque derivan de un contrato mercantil celebrado entre los usuarios y la Comisión Federal de Electricidad. Circunstancia que se corrobora con lo manifestado por la promovente al indicar que el veintitrés de septiembre del presente año, se presentó el personal adscrito a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se constituyó en su domicilio para realizar el corte de energía eléctrica por el incumplimiento del pago por la cantidad de $43,829.00.00 (cuarenta y tres mil ochocientos veintinueve pesos 00/100), como ajuste a su facturación. Lo anterior evidencia sin lugar a dudas que el ajuste a la facturación y la orden de corte de suministro de energía eléctrica, deriva del contrato mercantil efectuado entre la persona quejosa y la Comisión Federal de Electricidad. Así, se tiene que el servicio de energía está sujeto a un régimen jurídico especial que busca garantizar su prestación, bajo el esquema de libre competencia; es decir, en virtud a una relación comercial derivada de un contrato adhesivo, en el que la Comisión Federal de Electricidad propone las condiciones de la prestación del servicio y el particular usuario se adhiere voluntariamente a ellas. En otras palabras, el usuario interesado consensa adhesivamente para que le sea prestado el servicio de energía eléctrica; de modo que tal relación contractual comercial, excluye que la referida Empresa Productiva del Estado se coloque en un plano de supra a subordinación respecto del usuario y, por supuesto, las condiciones de la prestación del servicio tampoco son impuestas unilateral ni obligatoriamente, puesto que resultan consensadas. Luego, si la intención de la promovente de amparo es combatir el ajuste a la facturación y la orden de corte de energía, ello no puede considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues dicha empresa actúa en plano de igualdad y no de suprasubordinación, pues, como ya se dijo, la relación existente entre ese ente con los usuarios de su servicio se basa en un contrato. Sobre el tema, resulta aplicable la jurisprudencia bajo rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Lo anterior, sin perjuicio de que de estimarlo conveniente a sus intereses, la promovente decida optar por la vía ordinaria mercantil que proceda. Se citan al respecto, la tesis 2a. XLII/2015 (10a.) y la jurisprudencia 2ª./J.156/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con números de registro electrónico 2009410 y 2015944, visibles en las páginas 1071 y 336, de los libros 19 y 50, junio de 2015 y enero de 2018, tomo I, Materias Común, Administrativa y Civil, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su orden dicen: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común." "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. En ese tenor, es factible el desechamiento de la demanda, al actualizarse la citada causa de improcedencia de manera notoria, manifiesta e indudable, pues la naturaleza de los actos de la Comisión Federal de Electricidad ha sido definida mediante jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -como se explicó-la cual, es de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, es inexistente cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por el Máximo Tribunal del País para entrar al estudio del fondo del asunto, sea superado. Lo anterior, fue sostenido en la jurisprudencia de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS." Además, debe decirse que en este auto inicial de demanda resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, y procede su desechamiento en esos términos. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia de rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. Sin que constituya óbice a lo expuesto, en la tesis de rubro y contenido: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO INSTAURA EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN EN EL DOMICILIO DEL QUEJOSO Y DETERMINA UN CRÉDITO A CARGO DE ÉSTE, FUERA DE LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ADHESIÓN CORRESPONDIENTE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), estableció una excepción para la procedencia del juicio de amparo contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, "cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales", lo cual debe analizarse en cada caso concreto por el juzgador. En consecuencia, la empresa productiva del Estado mencionada tiene el carácter de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando como resultado de la verificación de los equipos o instrumentos de medición en el domicilio del quejoso (usuario del servicio de energía eléctrica), con fundamento en el artículo 113 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, determina un crédito a cargo de aquél, fuera de lo estipulado en el contrato de adhesión correspondiente, al no advertirse de éste que las partes hubiesen pactado de manera expresa y específica, supuesto alguno que permitiera a la propia comisión instaurar dicho procedimiento de verificación; de ahí que ese actuar es susceptible de escrutinio constitucional, para determinar si se actualiza o no alguna violación a los derechos fundamentales del particular." Lo anterior es así, pues la jurisprudencia 2ª./J.30/2018 (10ª.) invocada, señala que todas las cuestiones derivadas del contrato de energía eléctrica, incluido el corte del suministro, se tramitarán por la vía ordinaria mercantil. Si bien es cierto que la parte final de dicho criterio, alude a vulneración de derechos humanos que excepcionalmente podría hacer procedente el amparo; son supuestos específicos que detalla la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 198/2017, que aprobó la jurisprudencia aludida, conforme a las consideraciones que en esencia se citan: ".Sin embargo, no se debe descartar la eventualidad de que CFE lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Empero, ello debe ser dilucidado en cada caso concreto por el órgano jurisdiccional competente atendiendo al criterio construido por esta Superioridad; sobre lo cual podría mencionarse la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. De manera ejemplificativa, las que se citan enseguida: Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida, (enfermos dependientes de instrumentos y maquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. Afirmación que se sostiene al valorar la importancia del servicio eléctrico como íntimamente vinculado al derecho a la vivienda consagrado en el artículo 4 constitucional, así como el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que de conformidad con la Observación General número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se debe entender bajo el concepto de "vivienda adecuada" que significa "(.) disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable (.)." Asimismo, sobre la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, se ha dicho que una vivienda adecuada debería tener acceso permanente a "recursos naturales y comunes", entre otros, "(.) el alumbrado, y almacenamiento de alimentos (.)." Vale la pena referir que las actividades del sistema eléctrico se sujetan a obligaciones del servicio público universal, entre ellas de ofrecer y prestar el suministro eléctrico a todo aquel que lo solicite, contribuir al Fondo de Servicio Universal Eléctrico; cuya finalidad es financiar las acciones de electrificación en las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, así como el suministro de lámparas eficientes y el suministro básico a usuarios finales en condiciones de marginación. Dicho Fondo se integra por el excedente de ingresos que resulte de la gestión en el Mercado Eléctrico Mayorista, donativos de terceros e ingresos percibidos por el cobro de sanciones. La distribución, transmisión y por ende el suministro de servicios básicos están obligados a instalar, conservar y mantener su infraestructura, así como garantizar el servicio a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas en los términos de ley, ejerciendo los recursos asignados por el Fondo de Servicio Universal Eléctrico en congruencia con los programas de ampliación y modernización de las Redes Generales de Distribución autorizados por la Secretaría de Energía. En ese contexto, la Secretaría establecerá políticas y estrategias para suministrar electricidad a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas al menor costo para el país; para lo cual las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Desarrollo Social evaluarán la conveniencia y, en su caso, instrumentarán programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, a precios asequibles, en zonas rurales y zonas urbanas marginadas para grupos de Usuarios del Suministro Básico en condiciones económicas de vulnerabilidad. Finalmente, es dable referir que sobre el principio de impacto social y desarrollo sustentable, la Ley prevé que los proyectos de infraestructura de los sectores público y privado en la industria eléctrica atenderán los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar. Con esa finalidad la Secretaría deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda." Las excepciones que prevé dicha ejecutoria, se refieren a individuos en condiciones de vulnerabilidad, como pueblos o comunidades indígenas, personas con discapacidad, enfermos que dependan de aparatos médicos que funcionen mediante energía eléctrica y otras situaciones extremas que pongan en riesgo grave la salud o la vida; en ese sentido, en el presente asunto no se acredita con medio probatorio alguno la situación vulnerable para actualizar alguno de los supuestos de excepción descritos. Así las cosas, ante la notoria e indudable improcedencia del presente juicio de amparo, con fundamento en el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda formulada por Rebeca Adriana Quevedo de la Cruz. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizados a las personas que señala en la misma, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por no contar con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Asimismo, se les exhorta para que propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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