Raymundo Solano García
Expediente 625/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 625/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 06/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Raymundo Solano García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio y anexo, firmado electrónicamente por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el Alto Tribunal del País le remitió la resolución dictada en el recurso de reclamación 883/2021, del que se advierte que declaró infundado dicho recurso, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por Raymundo Solano García, mediante el cual solicita copia certificada por duplicado en forma separada e individual, de la sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintiuno y acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, así como de todo lo actuado en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las reproducciones indicadas y entréguese previa razón que de recibo se otorgue en autos. Ahora bien, para efecto de estar en aptitud de expedirle dichas copias, deberá agendar cita de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Raymundo Solano García; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, devuélvase al Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal de Apelación en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, la copia certificada del toca penal 16/2020-I-C, que envió como anexo a su informe justificado, constancia que se manejó por cuerda separada, constante de un tomo. Notifíquese.
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mesa 10 En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas con cuarenta minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Raúl Gamboa Barradas, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo 625/2020-10, promovido por Raymundo Solano García. En este momento el secretario da cuenta al Juez con un escrito recibido el día de hoy, registrado con folio 4744, signado por el quejoso Raymundo Solano García, por medio del cual hace manifestaciones en vía de alegatos. En atención a lo anterior el Juez acuerda: visto el escrito de cuenta signado por el quejoso, agréguese a la presente audiencia en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, mismo que será tomando en consideración en el apartado respectivo. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa consistente en la presuncional legal y humana, copia simple del oficio sin número de trece de enero de dos mil veinte con anexo receta medica de la misma fecha, así como la instrumental de actuaciones consistente al toca de oralidad 16/2020-I C, que remitió la responsable. Así como, la documental que acompañó la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal de Apelación en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, consistente en copia certificada del toca penal 16/2020-I-C, de su índice, la cual obra por cuerda separada en la secretaría de este juzgado. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten la probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta con los formulados por el quejoso recibidos el doce de abril del año en curso, y los presentados el día de hoy, sin que las demás partes hicieran uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la parte quejosa, y por perdido el derecho de las demás partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 625/2020-10, promovido por Raymundo Solano García, contra actos del Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal de Apelación en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 8, 14, 17, 35 fracción V y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el tres de agosto de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los juzgados de Distrito, recepcionado el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este Juzgado Tercero de Distrito el cuatro siguiente, Raymundo Solano García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 ".La Autoridad Responsable mediante el Toca de Oralidad 16/2020-1 C, derivado del Cuadernillo Provisional 203/2019, del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región Nueve con sede en Centro, Tabasco, el Servidor Público Gregorio Romero Tequextle, como Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal en el Sistema Acusatorio y Oral actuando de forma Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado Libre y Soberano de Tabasco determina la INADMISIBLE el Recurso de Apelación sin motivación y fundamentación, que el suscrito como Víctima promovió, en contra el Oficio 4232, de fecha 28 de Enero 2020, donde la Servidora Pública Thelma Elena Lastra Osorio, Juez de Control de la Región Nueve, determinó sin motivación y fundamentación, el DESECHAMIENTO DE PLANO del RECURSO DE REVOCACIÓN en contra el Oficio 46088, de fecha 14 de Enero de 2020, donde se le tuvo por JUSTIFICADA SU INASISTENCIA a la Servidora Pública Nilda Fabiola López Bolaina, adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por no comparecer a la Audiencia de CONTROL JUDICIAL en el horario de las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, en el Recurso de Revocación se solicitó de que se examinara de nueva cuenta y se dictara una NUEVA RESOLUCIÓN donde se le tuviera a la Servidora Pública Nilda Fabiola López Bolaina, por faltista a la Audiencia de CONTROL JUDICIAL en el horario de las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, y se le aplicara el apercibimiento decretado bajo el Punto Quinto del Oficio 45237, de fecha 2 de Diciembre de 2019, donde se establece que en caso de no asistir a la Audiencia se aplicará al faltista una multa equivalente a veinte veces el valor diario de la Unidad de Medias y Actualización, en término del Artículo 104, fracción II inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales, motivo por el cual se promovió ante el Tribunal de Alzada quien fue notoriamente competente y la única facultada para conocer y resolver el RECURSO DE APELACIÓN en contra las Resoluciones que ponga término al procedimiento dictada por el Juez de Control, al no admitir el Recurso interpuesto ante el Tribunal de Alzada, es evidente, que provoca al suscrito como Víctima un acto cuya ejecución es de imposible reparación, toda vez que la petición, no será materia de otro recurso y de la misma se deriva un perjuicio a mis derechos subjetivos señalados por la Constitución Federal, en su Artículo 17 y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, afectándome el bien Jurídico esencial como lo es el Patrimonio.". AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal de Apelación en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El cinco de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 625/2020-10; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, TERCERO. EL QUEJOSO INTERPONE RECURSO DE QUEJA. Por auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte, el quejoso Raymundo Solano García, interpuso recurso de queja en contra del acuerdo de cinco de agosto de dos mil veinte, en el que no se llamó a juicio a las personas que señala como terceros interesados y no se acordó favorable respecto de las pruebas consistentes en requerir informes al Instituto de Seguridad Social del Estado, Unidad Médica Guerrero y Aseguradora Qualitas; por auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte, se suspendió el procedimiento en términos del artículo 102 de la Ley de Amparo. CUARTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal." En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19". Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signado por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. QUINTO. REACTIVACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de tres de marzo de dos mil veintiuno, se reactivó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido Acuerdo 21/2020, los plazos comenzaron a transcurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes. SEXTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL RESUELVE EL RECURSO DE QUEJA PLANTEADO POR EL QUEJOSO. Mediante proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio y anexo signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remitió copia autorizada de la resolución de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, emitida en la queja penal 57/2020, interpuesto por Raymundo Solano García, en el juicio en que se actúa, en contra del auto de cinco de agosto de dos mil veinte, en la que el Tribunal de Alzada declaró infundado el recurso de queja. SÉPTIMO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. En auto de doce de abril de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar mediante oficio a la Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, licenciada Nilda Fabiola López Bolaina; mismo que fue entregado el veintisiete de abril del presente año. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el Toca de Oralidad 16/2020-1 C, del índice de la Primera Sala Penal en el Sistema Acusatorio y Oral actuando de forma Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en el cual declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso Raymundo Solano García, contra el auto de veintiocho de enero de dos mil veinte, en el que la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de catorce de enero de dos mil veinte, en donde tuvo por justificada la inasistencia de la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, Nilda Fabiola López Bolaina, a la audiencia de Control Judicial. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal de Apelación en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, pues así se advierte del contenido íntegro de su informe justificado (foja 76). En tal virtud, se encuentra probada la existencia de los actos reclamados, al tenor de la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Información que se corrobora con las constancias respectivas que el Magistrado responsable anexó a su informe, consistentes en copias certificadas del toca 16/2020-I-C, a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Mediante auto de catorce de enero de dos mil veinte, la juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, tuvo a la fiscal del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, justificando su inasistencia a la audiencia de control judicial que se encontraba señalada para el trece de enero de dos mil veinte, en la carpeta administrativa 203/2019, en razón de que tuvo un accidente automovilístico, y exhibió copia de la receta médica (foja 25 del tomo de prueba). Por escrito de veintisiete de enero de dos mil veinte, el aquí quejoso Raymundo Solano García, promovió recurso de revocación, en contra del auto de catorce de enero de ese año (foja 49 a 55 del tomo de prueba). En atención a dicho escrito, mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil veinte, la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, consideró no acordar favorable el recurso intentado por el quejoso (foja 57 del tomo de prueba). Inconforme con dicho proveído, mediante escrito fechado y presentado el cuatro de febrero de dos mil veinte, el quejoso promovió recurso de apelación (fojas 85 a 99 del tomo de prueba). Mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil veinte, el Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal de Apelación en el Sistema Acusatorio y Oral, del estado de Tabasco, actuando de manera unitaria, declaró inadmisible el recurso de apelación intentado por el quejoso Raymundo Solano García (fojas 165 a 169). QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 623 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, lo cual debe hacerse previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, el suscrito advierte que en el presente caso se actualiza una causa de improcedencia en términos de los artículos 61 fracción XXIII y 107 fracción V del ordenamiento jurídico precitado. Efectivamente, el primero de los numerales citados prevé en la fracción XXIII: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. El Máximo Tribunal del País ha sostenido que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo 107, en dos de sus fracciones precisa el alcance de la expresión "actos de imposible reparación". La primera de ellas -fracción III- dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda -fracción V-, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones, el Alto Tribunal afirmó que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia P/J.37/2014 (10ª) de rubro: "PERSONALIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En el caso, el auto de veintitrés de febrero de dos mil veinte, dictado por el Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal de Apelación del Sistema Acusatorio y Oral del Estado de Tabasco, actuando de manera unitaria, con residencia en esta ciudad, en el toca penal 16/2020-C, en el que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el quejoso Raymundo Solano García, en contra del auto de veintiocho de enero de dos mil veinte, que desechó el recurso de revocación intentado por el propio quejoso, dentro de la carpeta administrativa 203/2016, iniciada a Maribel Pérez Avalos, Andrés Pérez Morales, Graciela Jiménez de la Cruz, Consuelo Jiménez de la Cruz, Consuelo Jiménez Garduza, Silvia Pascual Mendoza, Ana Cristina Camelo Fuentes y José Irving Madrigal Mandujano, por hechos de posible carácter delictivo, en agravio de Raymundo Solano García. De lo que se evidencia que dicho acto, por sí solo, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, pues el hecho de que no se haya admitido un recurso de apelación, en contra de un auto que desechó uno diverso de revocación en contra de un auto dictado por la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, en el que se le tuvo por justificada la inasistencia a la licenciada Nilda Fabiola López Bolaina, Fiscal del Ministerio adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por haber presentado un accidente automovilístico; por lo que, se insiste, el auto que aquí se reclama es evidente de naturaleza intraprocesal y, por tanto, no afecta materialmente algún derecho sustantivo del quejoso. En ese sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación dentro del procedimiento penal y de mero trámite, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número VI.1º.A. J/10 (10ª), Décima Época, número de registro 2006339, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570, Libro VI, Mayo de Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal." Así como, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con número de registro 2006338, localizable en la página 1539, libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Precisado lo anterior, se puede concluir con claridad que, en la especie, se está en presencia de un acto reclamado que, por el momento, no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que el auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, que declaró inadmisible el recurso de dentro del toca 16/2020-I C, no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos del gobernado, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales en la etapa respectiva, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo. Sin que le asista razón al inconforme al considerar que con el sobreseimiento decretado se vulneraron sus derechos sustantivos, puesto que, se insiste, se trata de derechos adjetivos relacionados con la forma en que el quejoso quiere que se lleve a cabo ese procedimiento, de ahí que no sea procedente el juicio de amparo intentado. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, tomo 70, octubre de 1993, de la octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 214593 de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". No se soslaya que al día en que se resuelve el presente juicio de amparo no se encuentre transcurriendo el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que se emplazó a la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, licenciada Nilda Fabiola López Bolaina, tercera interesada en el presente juicio; sin embargo, a ningún efecto práctico conllevaría postergar el dictado de la presente sentencia, dado que el sentido de ésta en nada variaría; aunado a que, no le depara perjuicio alguno tomando en cuenta el sentido de la misma; por el contrario, se le causaría un mayor perjuicio al quejoso derivado de la dilación en el pronunciamiento del asunto, lo cual vulneraría su derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Registro 394487, visible a página 349, que dispone: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Así como la diversa Tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Página 2428, Registro 162685, Novena Época, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. Si bien es verdad que en el contexto constitucional y jurisprudencial vigente debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a la víctima u ofendido en los juicios de amparo en materia penal y, por regla general, en caso de que el Juez de Distrito no lo hubiera llamado, el tribunal revisor debe ordenar la reposición del procedimiento para darle la intervención que debió tener con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto no siempre será necesario, pues dicha reposición deberá ordenarse en función de los resultados del fallo, pues si la sentencia le favorecerá por negarse o sobreseerse el amparo al quejoso, en realidad no existirá perjuicio alguno, y una reposición en tales condiciones no le produciría beneficio, sino, por el contrario, se le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume por la postergación del fallo del asunto; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531, publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro:"TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." Por último, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por el quejoso Raymundo Solano García, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de cinco de agosto de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Raymundo Solano García, respecto del acto y autoridad precisados en el resultando primero, y por los motivos establecidos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.
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