Raymundo Vásquez Velásquez
Expediente 786/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 786/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Raymundo Vásquez Velásquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de inconformidad contra el auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno; por tanto, es de estimarse que se consintió tácitamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en este asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, se hacer constar que en este expediente no obran documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que ninguna de las partes, haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el veintitrés de marzo del año en curso, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Raymundo Vásquez Velásquez; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Por lo tanto, con apoyo en el artículo 192 de la citada Ley de Amparo, requiérase al Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo; apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá al omiso multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis), en términos del numeral 258 de la ley de la materia; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 786/2020; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. RAYMUNDO VÁSQUEZ VELÁSQUEZ, por su propio derecho, mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al presidente ejecutor de la junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, consistente en la omisión de acordar sus escritos de veintidós de enero y veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en el que solicita se ordene su reinstalación, así como que se dicte auto de ejecución de pago y embargo, en el expediente laboral 328/2013, por consiguiente, de girar exhorto a la junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de México, para llevar a cabo dichas diligencias, y la omisión de dictar las medidas necesarias para la ejecución del laudo; que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito admitió la demanda de garantías, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer de la citada demanda de amparo, conforme a lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión por parte de la autoridad responsable de acordar sus escritos presentados el veintidós de enero y veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. TERCERO. La presidenta por ministerio de ley de la junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado, lo que así se advierte de las constancias que al efecto remitió, a las cuales se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º, de ésta Ley. CUARTO. Del análisis íntegro de la demanda de amparo y anexos, se advierte que la parte quejosa alega en esencia, la abstención de la autoridad responsable para acordar dos escritos presentados ante ella el veintidós de enero de dos mil veinte, en los cuales solicitó la actualización de la condena y se despachara auto de ejecución en contra de la empresa perdidosa, y toda vez que tiene su domicilio en la ciudad de México, solicita se gire el exhorto correspondiente, de igual forma, se fije fecha y hora para la diligencia de reinstalación; así también, presentó dos escritos el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en el que reitera las mencionadas peticiones, adicionando que se requiera al demandado para que al momento de la reinstalación le otorgue el documento donde se le reconozca su antigüedad, todo ello, dentro del juicio laboral 328/2013, lo cual se torna violatorio del artículo 17 Constitucional, pues no se le administra justicia pronta, expedita y en los términos y plazos fijados por las leyes. Tal motivo de disenso resulta esencialmente fundado. Al caso, conviene transcribir en lo que interesa el artículo 17 de la Constitución Federal: Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. . Por su parte el numeral 772 de la Ley Federal del Trabajo, dice: Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Presidente de la Junta deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. El precepto constitucional transcrito garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, la cual se emitirá en los plazos que al efecto se fije en la legislación aplicable. Ahora, por cuanto hace al numeral de la Ley Federal del Trabajo transcrito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido mediante jurisprudencia, que existe una dilación excesiva en el dictado de proveídos en materia laboral, cuando transcurran más de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos; criterio visible a página 1643, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En ese sentido, si conforme a las constancias de autos se tiene que los dos primeros escritos fueron presentados ante la responsable el veintidós de enero de dos mil veinte, y la demanda origen del presente juicio el veintisiete de noviembre del mismo año, sin que a la fecha en que se resuelve este asunto, la junta responsable hubiere acordado lo procedente, es evidente que han trascurrido más de los cuarenta y cinco días naturales a que se refiere la jurisprudencia invocada. Conforme a ello, se concluye que la responsable viola en perjuicio de la parte quejosa su derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, al no administrar justicia en los plazos establecidos en la legislación laboral en comento, pues desde el veintidós de enero de dos mil veinte no ha emitido pronunciamiento alguno, obstaculizando con ello la labor de administración de justicia pronta y expedita. Ahora, si bien es cierto respecto de los restantes dos escritos de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, al momento de la presentación de la demanda de amparo, no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, cierto lo es, que los mismos reiteran las peticiones formuladas en los primeros, por tanto, y en atención al artículo 17 de la Carta Magna, deberán ser proveídos. Sin que sea obstáculo para la anterior determinación, que la responsable haya manifestado que debido a la carga de trabajo con que cuenta, no se ha pronunciado al respecto, pues conforme al precepto constitucional antes mencionado, es su obligación impartir justicia dentro de los plazos y términos que al efecto dispongan las leyes. Se afirma lo anterior, pues como ya se ha expuesto, el citado artículo 17 Constitucional, garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita, mediante el cumplimiento por parte de la autoridad correspondiente, de los plazos y términos dispuestos por la ley, lo que en el caso no ha acontecido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible a página 1283, Tomo XXII, Septiembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." Por lo que en las relacionadas consideraciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el presidente ejecutor de la junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, proceda a emitir la determinación que conforme a derecho proceda respecto de sus escritos ante ella presentados el veintidós de enero y veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, y proceda a su legal notificación. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a RAYMUNDO VÁSQUEZ VELÁSQUEZ, contra el acto reclamado al presidente ejecutor de la junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en la omisión de acordar sus escritos presentados el veintidós de enero y veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, dentro del juicio laboral 328/2013; para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por la autoridad responsable, mediante el cual rinde informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal citado, téngase como prueba documental la que se acompaña al oficio de cuenta, misma que en razón de su especial naturaleza se tiene por desahogada en este acto, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, se le tiene informando el impedimento que le asiste para proporcionar un correo electrónico, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En atención a lo anterior, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere y se fijan para su verificativo las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.
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