Raymundo Vasquez Morales
Expediente 26/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Raymundo Vasquez Morales
Actuaciones
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a once de febrero de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 98, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el acuerdo dictado por este Tribunal el once de enero de dos mil dieciséis; con fundamento en el artículo 2º de la Ley antes invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el mencionado acuerdo por el que se tuvo por desechada la demanda HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PREVIO AVISO.- Oaxaca de Juárez, Oaxaca a once de enero de dos mil dieciséis. Vista la demanda de garantías promovida por Reymundo Vázquez Morales, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Pinotepa Nacional Oaxaca; en consecuencia, fórmese expediente; regístrese en el libro respectivo, con el número 26/2016; al respecto se provee: Ahora bien, la demanda debe desecharse de plano por causa manifiesta e indudable de improcedencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Articulo 107.- El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos emanados de procedimientos jurisdiccionales o administrativos seguidos en forma de juicio que sean de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales en los que México sea parte, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que sólo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. En el caso, el acto impugnado consistente en la omisión del Juez Mixto de Primera Instancia de Pinotepa Nacional, Oaxaca, de proveer los escritos de dieciocho y veintitrés de noviembre de dos mil quince, en el expediente civil 179/2011, en el que el promovente es parte actora, no transgrede un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino que se trata de una cuestión de carácter adjetiva, surgida dentro del propio procedimiento jurisdiccional, en el que el promovente debe atender a las reglas que rigen en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada (derechos de debido proceso y acción). En esas condiciones, es evidente que el citado acto de procedimiento que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente intraprocesales, mas no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos personales del inconforme (propiedades, posesiones o derechos). Por tanto, la omisión reclamada, no se ubica en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no causar un daño de imposible reparación al promovente, en atención al concepto de irreparabilidad citado, pues el hecho de que se omita acordar su escrito, no priva a la parte quejosa del derecho de defensa que tiene en el procedimiento, y tampoco altera las cuestiones debatidas en los mismos, además de tener a su alcance los medios establecidos en la legislación local para obligar a la responsable a dar respuesta a su petición. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan la Jurisprudencia 8/2015 (10a.), relativa a la contradicción de tesis 130/2014, resuelta el veintiuno de enero de dos mil quince, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8º CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la citada causa de improcedencia, en términos del 113 de la invocada ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que mencionan, sin gozar de la amplitud de facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, al no acreditar contar con cédula profesional de licenciado en derecho. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Finalmente, hágase saber a los promoventes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de las resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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