Raymundo Torres Flores y Otros.

Expediente 247/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
247/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
08/03/2019

Partes del expediente

  • Raymundo Torres Flores y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veintidós de febrero de dos mil diecinueve (fojas 19 a 25); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por ***, **, **, **, **, ** y **, por propio derecho, ha causado estado. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el expediente en que se actúa transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIDO, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal concluyó el presente asunto. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica y no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Visto el escrito de demanda presentado por 1Raymundo Torres Flores, 2Luis Santos Delgado, 3Héctor Hipólito Bruno Cruz, 4Germán Guzmán Avilés, 5Abel Santos Ramírez, 6Marcelino Santos Ramírez y 7Miguel Ángel Santos Ramírez por propio derecho, contra actos del Director General de la Comisión Técnica de Transportes y Vialidad en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Fórmese expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 247/2019. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En ese contexto, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos reclaman (foja 3): "La orden de detención o retención de nuestros vehículos, emitida por el Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado, con sede oficial en esta ciudad de Chilpancingo Guerrero." En ese orden el suscrito juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Del texto trascrito se desprende que el juicio de amparo indirecto en materia administrativa, deviene improcedente cuando se reclama un acto contra el cual proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de modificar, revocar o nulificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, como se ha señalado, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo esa óptica, siguiendo los lineamientos establecidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 106/2006-SS (ejecutoria publicada en la página 676, del Tomo XXIV, noviembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época), conviene señalar que del análisis de la causa de improcedencia en estudio, se obtiene: 1. Que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de los actos que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rigen, o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa en virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; 2. Que el recurso deberá interponerse, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos del acto reclamado con la presentación del recurso o medio de defensa legal; y 3. Que no se exijan mayores requisitos que los señalados por la Ley de Amparo, para que proceda la suspensión del acto reclamado, independientemente de que el acto sea o no suspendible. No es óbice a lo anterior, que en la contradicción de tesis citada se analicen los requisitos establecidos en la Ley de Amparo abrogada, en virtud a que del análisis a los artículos 128 y 132 de la Ley de Amparo, se desprende que la legislación actual preserva dichos requisitos, en virtud que al conceder la suspensión en el juicio constitucional, el juzgador deberá analizar qué procede cuando se solicite por la parte interesada, que no se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, y ponderar en cada caso los daños o perjuicios que se pudieran causar al quejoso, hipótesis semejantes a las establecidas. Ahora bien, es necesario citar los artículos 108 y 109 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, que establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 108.- La violación a esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, los acuerdos de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad y a la señalización vial se sancionará conforme a lo previsto en el presente capítulo y en las disposiciones reglamentarias de la materia. Las autoridades de transporte y tránsito podrán retener la documentación del infractor para garantizar el cumplimiento de la sanción. ARTÍCULO 109.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior serán las siguientes: I. Multa o el aseguramiento de una o ambas placas, según la gravedad de la falta; II. Suspensión de concesión, contrato, permiso o licencia; III. Revocación de concesión, permiso o licencia; IV. Terminación anticipada de los contratos; V. Caducidad de concesión o permiso, y VI. Detención de vehículo. Los montos y duración según sea el caso y el procedimiento de aplicación de las sanciones quedará regulado en el Reglamento respectivo." Luego, en el artículo 119 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, señala lo siguiente: "ARTÍCULO 119.- Se concede el recurso administrativo de inconformidad que podrá hacer valer el interesado en contra de la sanción impuesta, ante la propia Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en primera instancia y su resolución podrá ser recurrida ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero." De igual forma, es importante destacar los diversos artículos 69, 70, 71 y 72 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 763, que para una mejor apreciación se transcriben: "Artículo 69. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por orden de autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la Sala Regional en el mismo acuerdo en que se admita la demanda, con excepción del procedimiento en responsabilidad administrativa grave. Artículo 70. El actor podrá solicitar la suspensión en el escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta antes de dictar sentencia definitiva. Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el mismo acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea solicitada, haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Artículo 71. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el proceso. Artículo 72. Cuando los actos materia de impugnación hayan sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos o impidan el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la suspensión con efectos restitutorios y dictar las medidas que estimen pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros. Se podrá incluso ordenar el levantamiento del estado de clausura, hasta en tanto se pronuncie la resolución que corresponda. También procede la suspensión con efectos restitutorios cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa, o bien cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos, dictando las medidas pertinentes para preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular." Del contenido de los anteriores preceptos, se advierte que antes de instar el juicio de amparo los quejosos debieron agotar el recurso administrativo del inconformidad, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, por lo que es inconcuso que no se está en el caso de excepción a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, para no agotar los medios ordinarios de defensa establecidos en la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero. Aunado a lo anterior, debe destacarse que el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 763, prevé la suspensión del acto reclamado sin exigir mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo, ya que establece incluso la suspensión del acto reclamado de oficio o a petición de parte si lo solicita el reclamante y tal medida no traiga perjuicio al interés social, no contravenga disposiciones de orden público o deje sin materia el juicio, sin que para el caso se exija la presentación de garantía alguna, lo que sí acontece en la Ley de Amparo, motivo por el cual es indudable que la ley a que se hace mérito no exige mayores requisitos para la obtención de la suspensión del acto reclamado, sino por el contrario resulta más benévola. Expuesto lo anterior, es inconcuso que no se está en el caso de excepción a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, para no agotar los medios ordinarios de defensa establecidos en la Ley local. En consecuencia, se colige que contra lo reclamado en esta vía constitucional, evidentemente procede recurso de inconformidad, por tratarse de un acto administrativo atribuido a una autoridad estatal y al no haberlo hecho valer los quejosos previo a comparecer a esta instancia, el juicio de amparo por el promovido se torna improcedente, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXI.1o.38 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Diciembre de 1996, visible a página cuatrocientos quince, del texto y rubro siguiente: "LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, SANCIONES PREVISTAS EN LA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTIAS DEBE AGOTARSE EL RECURSO ORDINARIO (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUERRERO). El artículo 109 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, establece como sanción por violación a la misma legislación, a sus disposiciones reglamentarias, a los acuerdos de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad y a la señalización vial a que se refiere el diverso numeral 108, entre otras, la suspensión de concesión, permiso o licencia y detención del vehículo; ahora bien, estas sanciones son impugnables a través del recurso administrativo de inconformidad que preceptúa el diverso 119 de la Ley de referencia; en tal circunstancia, al no agotarse el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de garantías, en la especie se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio de garantías." Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la diverso 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar la presente demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita. DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda (estrados). AUTORIZADOS. En términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como su autorizado a Eduardo Silva Vargas, en virtud de tener registrada cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a Ana Lilia López Castro, por no contar con el registro de su cédula profesional en el aludido sistema. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

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