Raymundo Segura Estrada y Otros.
Expediente 779/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 779/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 06/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Raymundo Segura Estrada y Otros.
- Raymundo Segura Estrada
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, seis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, se advierte que en auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés se ordenó el archivo del asunto, sin que en el mismo se haya pronunciado sobre el destino del cuaderno incidental derivado del presente juicio de amparo. Por tanto, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del acuerdo general de referencia, el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa es conservable, toda vez que mediante resolución interlocutoria de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se otorgó la suspensión definitiva solicitada; asimismo, se deja sin efectos la suspensión definitiva, concedida en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida del Secretario Alfonso Ruiz Quintana, que da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley en Aplicación, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: Al haberse sobreseído el presente juicio respecto a todos los acto reclamados, de acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 20, fracción I, transcurridos tres años contados a partir de la presente determinación, será DESTRUIDO en su totalidad. Aunado a que este juicio no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos por el Acuerdo de mérito y no contiene documentos que se hayan determinado como información reservada con motivo de una solicitud de acceso a la información. Hágase la devolución su lugar de origen de las copias certificadas del juicio laboral ********************constantes de un tomo, que remitió como complemento a su informe justificado la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, recibidas en proveído de quince de junio de dos mil veintitrés; en el entendido que la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador de que se recibió el precitado anexo, se tomará como acuse de recibo. Por último, se hace del conocimiento a las partes que el uno de octubre de dos mil veintitrés, tomó posesión como titular de este juzgado federal, Maribel Castillo Moreno; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida del Secretario Alfonso Ruiz Quintana, que da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo********************, promovido por ********************-por propio derecho- contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y diversas autoridades, y; R E S U L T A N D O I. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintitrés -ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo-, remitida el mismo día por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: ".III.- AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA.- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS.- 1.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. 2.- Dirección General de Cobro Coactivo y Vigilancia, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. IV. ACTO RECLAMADO: El auto de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral número ********************, en el que determinó la autoridad responsable aplicar una multa de veinte días de salario mínimo vigente en la capital del Estado, al Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero." II. Derechos fundamentales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados, los consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Admisión y trámite. El nueve de junio de esta anualidad, se registró la demanda de amparo bajo el número de expediente********************; se admitió a trámite; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se requirió a las autoridades responsables sus informes justificados; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto que se reclama tiene ejecución dentro del territorio en que este juzgado de distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, los actos reclamados deben fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. De la lectura integral de la demanda y las constancias allegadas al juicio, se advierte que ********************reclama del a) Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: i. El acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés -dictado en los autos del juicio laboral ********************-, mediante el cual se impuso a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, una multa consistente en veinte días de salario mínimo. De la b) Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, así como de la c) Dirección General de Cobro Coactivo y Vigilancia dependiente de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, reclama: ii. La ejecución de la multa impuesta. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Tanto la a) Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al rendir su informe justificado acepó la existencia del acto reclamado, consistente en el auto en el que se impuso la multa reclamada; por tanto, se tiene por cierta su existencia. Ello se corrobora con las copias certificadas del juicio laboral ********************, que el tribunal responsable adjuntó a su informe justificado; actuaciones que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Por su parte, tanto la b) Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, como la c) Dirección General de Cobro Coactivo y Vigilancia, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, negaron el acto que se les reclama, al señalar que no han emitido acto alguno que vulnere la esfera jurídica del quejoso; no obstante, se les tiene como cierto el acto de ejecución, en atención a su carácter de ejecutoras, que las obliga a cumplir con las órdenes del tribunal laboral -quien aceptó la existencia del acto reclamado-, por lo que es cierta e inminente la ejecución del acto reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público analizable aun de oficio, lo aleguen o no las partes, y debe ocurrir previo al análisis de fondo del asunto, porque de actualizarse alguna causal de improcedencia, se hace innecesario el estudio de la litis constitucional planteada. I. Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo [falta de interés jurídico]. En la especie, este órgano constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia descrita, dado que el quejoso no demostró el interés jurídico necesario para la promoción del presente juicio de amparo, al respecto, esos dispositivos legales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." El interés jurídico a que alude el primero de los preceptos legales transcritos, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en vía de amparo algún acto jurisdiccional violatorio de sus derechos fundamentales; es decir, se refiere en principio a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular; esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. En este orden de ideas, de acuerdo con el sistema consagrado en el artículo 107 constitucional y 61, fracción XII [en relación con el 5°, fracción I] ambos de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, configurando el interés jurídico que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio constitucional. Esto es así, dado que el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo; es decir, cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de tales derechos y, lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Entonces, para acudir al juicio de amparo es necesario que exista un acto autoritario que -según la apreciación subjetiva del gobernado-, sea violatorio de sus derechos fundamentales. Cabe destacar que no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio constitucional, sino que es necesario que el peticionario de amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. En este sentido, debe destacarse que entre otros requisitos de procedencia del juicio de amparo, el actual texto del artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentado en esa parte en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto reclamado exista, sino que es necesario para efectos de procedencia del juicio de derechos -según se precisó-, que transgreda en perjuicio del quejoso un derecho subjetivo que le otorgue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún instrumento internacional. Lo anterior, dado que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación sostuvo que la interpretación del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación, y que sólo ha cambiado el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material". Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación emitió la tesis XIV/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 34, con registro digital 161286, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO "OBJETIVO" CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de "interés jurídico" para efectos de la procedencia del juicio de amparo, muchos de los cuales provienen de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, pero con posterioridad el tema ha sido abordado por la jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra lo que podría pensarse, el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material". Asimismo, la Primera Sala del Alto Tribunal, sostuvo que la reforma al artículo 107 de la Constitución Federal, no se traduce en una apertura absoluta para acudir al juicio de amparo, en la medida en que el quejoso debe demostrar algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, sino un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse en un beneficio jurídico en favor de la parte quejosa derivado de la afectación a su esfera de derechos en sentido amplio. Lo anterior, se obtiene de la tesis 1a. XLIII/2013, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, página 822, con registro digital: 2002812, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el mismo sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que tanto el interés jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, asimismo, hizo la precisión de que tratándose de actos derivados de órganos jurisdiccionales necesariamente se requiere de un derecho subjetivo, que en cambio, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, pero sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico". Lo anterior se desprende de la tesis 2a. XVIII/2013, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1736, registro digital: 2003067, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. Además, el interés jurídico debe probarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones, y para que se satisfaga el principio de instancia de parte, la parte quejosa no sólo debe acreditar que tiene interés jurídico; sino que, además, debe probar que resiente un agravio directo y concreto, como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, registro digital: 170500, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." De este modo, el quejoso ********************, reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, la emisión del acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés -dictado en los autos del juicio laboral ********************-, mediante el cual se impuso a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, una multa consistente en veinte días de salario mínimo. Ahora, de las actuaciones que adjuntó el tribunal responsable a su informe justificado relativas al juicio laboral ********************, se obtiene que mediante acuerdo de diez de octubre de dos mil veintidós, apercibió a la demandada -Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero- a efecto de que diera cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral de origen. Sin embargo, ante la actitud contumaz de esa autoridad, mediante auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés impuso a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, una multa consistente en vente días de salario mínimo, la cual ordenó se descontara (foja 84); por tanto, la afectación del interés jurídico le asiste a quien en su caso acredite contar con ese cargo y no a cualquier persona que por propio derecho acuda al juicio de amparo. En consecuencia, no se afecta el interés jurídico del quejoso ********************, dado que, los actos que reclama en el presente juicio no fueron dictados en su contra; porque en todo caso, éstos afectan el interés de la parte demandada en el juicio laboral de origen, puesto que el quejoso no acreditó ser el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. Entonces, no cabe duda que la parte quejosa no demostró tener interés jurídico para promover el presente juicio de amparo a fin de controvertir la multa impuesta a la autoridad estatal demandada en el juicio laboral ********************; porque como se advierte de los anexos de la demanda de amparo, únicamente se acreditó la identidad del promovente (con la copia de su credencial para votar expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral), la notificación del acuerdo reclamado y copia del acuerdo que se reclama. Por lo anterior, es posible establecer que de los documentos descritos, no se obtiene que el quejoso tenga la calidad de titular de la dependencia sancionada, aun cuando le correspondía la carga de la prueba en el presente juicio. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 82, Octubre de 1994, página 17, registro digital: 206338, de rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Es aplicable -por las rezones que la sustentan- la tesis de jurisprudencia VI.2o.C.143 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Junio de 2001, página 741, con registro digital: 189415, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. SE ACREDITA CON LA COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRAMIENTO QUE OTORGA EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE PUEBLA, SI EL MISMO FUE EXPEDIDO POR EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA. El Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, en sus artículos 3o., 5o., 8o., fracciones LXVIII y LXIX y 41, fracción IX, prevé que dicha secretaría contará con una Dirección de Asuntos Jurídicos, como unidad administrativa, misma que está integrada por el personal directivo, técnico y administrativo que el servicio requiera; que el secretario puede, como parte de su competencia, designar a los titulares de la unidades administrativas de la secretaría y autorizar los nombramientos, remociones, renuncias y licencias de los servidores públicos de las dependencias de la administración pública estatal, así como todo tipo de movimientos de personal con cargo al erario público estatal, de acuerdo con los criterios que para tal efecto establezca la dependencia competente; y que es competencia de la Dirección de Recursos Humanos expedir los documentos necesarios para la debida identificación del personal al servicio del Gobierno del Estado. De lo anterior queda de manifiesto que a cargo de cada secretaría existe un titular con facultades de designación de las unidades administrativas y para autorizar, entre otros, los nombramientos, teniendo asimismo facultades para designar a los titulares de las unidades administrativas como para expedir los nombramientos de los servidores públicos; luego, tiene facultades para designar al director de Asuntos Jurídicos. En ese mismo orden, se concluye que la copia certificada del nombramiento que se exhiba para acreditar la personalidad en un juicio, certificada por el director de Recursos Humanos de esa secretaría, prueba el carácter de director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, pues si el nombramiento fue expedido por su titular en uso de sus facultades, ajustándose a los prescrito por su reglamento interior, y la copia exhibida cuenta con la certificación del funcionario designado para ese efecto, dicho nombramiento no se expide por el director de Recursos Humanos, sino por el propio secretario del ramo, y el documento es sólo una copia certificada por el director en uso de las facultades conferidas en el citado artículo 41, fracción IX del reglamento. En consecuencia, al no acreditarse de manera fidedigna el carácter con el que se ostenta el quejoso, y comparecer al presente juicio de amaro, por su propio derecho, ello se traduce en la falta de comprobación de un interés jurídico legalmente protegido que resulte real y objetivamente alterado por el acto reclamado, de ahí que es incuestionable que no se afecta su esfera jurídica, actualizándose la causal de improcedencia en estudio, motivo por el que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades responsables ejecutoras, por no reclamarse los actos que se les atribuyen por vicios propios, sino como consecuencia del acto reclamado a la ordenadora; por ende, no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Es aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 91-96, Sexta Parte, página 286, registró digital: 253622, que señala: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." En consecuencia, conforme a la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO", existe un impedimento para examinar los conceptos de violación que formuló la quejosa al decretarse el sobreseimiento en los autos del presente juicio de amparo. QUINTO. Publicación de sentencia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; en tales condiciones, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa ante el licenciado Alfonso Ruiz Quintana el día de hoy ocho de septiembre de dos mil veintitrés, que lo permitieron las labores de este Juzgado Federal. Doy fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Vistos los escritos y anexos de cuenta signados por ********************; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngasele por apersonada al presente juicio en su calidad de tercero interesada. Por ende, se le tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el escrito que se provee, y como su autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que mencionados en su escrito. No pasa desapercibido que señala el correo electrónico bufete_barbosa@outlook.es y lic_davidrasa@hotmail.com, por tanto, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico proporcionado, únicamente con el fin de obtener un medio alternativo de contacto no procesal. Finalmente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que en vía de alegatos expresa, sin perjuicio de relacionarse en la etapa procesal oportuna y tomarse en consideración al momento de resolver el presente juicio. Notifíquese.
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