Raymundo Jauregui Villanueva
Expediente 915/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 915/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 16/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Raymundo Jauregui Villanueva
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio 9435/2023, remitido por interconexión por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que acusa recibo del oficio con el que se le envió el original de este juicio de amparo al rubro citado, así como el escrito de expresión de agravios de la parte quejosa, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte impetrante, contra la determinación de doce de julio inmediato anterior; asimismo, informa que se admitió el citado recurso, quedando registrado con el número de toca 473/2023. De lo que esta Juzgadora Federal toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el escrito signado vía electrónica, con evidencia criptográfica, por Carlos Herrera Villanueva, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone el recurso de revisión contra la sentencia emitida el doce anterior, adjuntando un diverso ocurso en que expresa sus agravios. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la admisión del recurso a la parte tercero interesada, así como a la autoridad responsable, y entrégueseles copia simple del escrito de expresión de agravios. En tal virtud, una vez notificadas las partes de la interposición del recurso de referencia, remítase este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa en turno del Decimocuarto Circuito, junto con una copia del escrito de interposición del recurso de mérito y en el que se expresan los agravios, así como la copia que de éstos que corresponden al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal de Alzada. De igual forma, se ordena dar acceso al expediente electrónico, a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Finalmente, hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente asunto mediante el expediente electrónico. Notifíquese por lista; y personalmente a la parte tercero interesada. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el escrito signado vía electrónica, con evidencia criptográfica, por Carlos Herrera Villanueva, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone el recurso de revisión contra la sentencia emitida el doce anterior, adjuntando un diverso ocurso en que expresa sus agravios. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la admisión del recurso a la parte tercero interesada, así como a la autoridad responsable, y entrégueseles copia simple del escrito de expresión de agravios. En tal virtud, una vez notificadas las partes de la interposición del recurso de referencia, remítase este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa en turno del Decimocuarto Circuito, junto con una copia del escrito de interposición del recurso de mérito y en el que se expresan los agravios, así como la copia que de éstos que corresponden al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal de Alzada. De igual forma, se ordena dar acceso al expediente electrónico, a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Finalmente, hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente asunto mediante el expediente electrónico. Notifíquese por lista; y personalmente a la parte tercero interesada. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia constitucional. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con once minutos del doce de julio de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo dentro del juicio de amparo indirecto 915/2023-VII, promovido por Raymundo Jáuregui Villanueva, por su propio derecho, contra el acto que reclamó de la Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y a la tercero interesada; y, d) Proveído mediante el cual se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable y se dio vista a las partes para que expresaran lo que a sus derechos conviniera. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario procede a dar cuenta con la documental remitida por la Juez responsable, así como con las documentales, instrumental de actuaciones y la de presunciones legales y humanas, ofertadas por la parte quejosa. Atento a lo antes señalado, la Jueza acuerda: Ténganse por ofrecidas las pruebas con las que dio cuenta la Secretaría, mismas que, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan para los efectos legales, atento a su propia y especial naturaleza jurídica; cerrándose la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario de Juzgado da cuenta con las manifestaciones vertidas por la parte tercero interesada. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las alegaciones de cuenta, con lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 915/2023-VII; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Demanda de amparo. Raymundo Jáuregui Villanueva, por su propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, el que hizo consistir en la interlocutoria de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 238/2023, en la que se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada, aquí quejosa, contra el proveído de nueve anterior, en el que no se admitió la reconvención que planteó contra la parte actora. La parte quejosa señaló como vulnerados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de siete de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se reservó el emplazamiento de la parte tercero interesada, mismo que posteriormente fue realizado, como consta de las constancias que integran el cuaderno de amparo; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia civil, promovida contra el acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos se obtiene el siguiente acto reclamado: - La interlocutoria de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, emitida por la Juez responsable en el juicio ejecutivo mercantil 238/2023, en la que se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada, aquí quejosa, contra el proveído de nueve anterior, en el que no se admitió la reconvención que planteó contra la parte actora. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, porque así lo afirmó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con la copia certificada del expediente 238/2023, mismo que remitió la Juez responsable como justificación de su informe. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Oportunidad de la demanda. Debe estimarse oportuna la presentación de la demanda de amparo, en razón de que la parte quejosa fue notificada de la interlocutoria impugnada, el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, mediante publicación realizada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado; por lo que si la demanda se presentó el seis de junio siguiente, es inconcuso que fue dentro del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. Análisis de una causal de improcedencia invocada por la parte tercero interesada. La parte tercero interesada indica que, en el caso a estudio, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa señaló como acto reclamado la inadmisión de la reconvención decretada en auto de nueve de mayo anterior, la cual fuera confirmada en interlocutoria de veintinueve siguiente; por lo que, en consecuencia, se trata de un acto consumado, pues contra esa determinación de nueve de mayo de dos mil veintitrés, no se promovió el juicio de amparo dentro del plazo previsto en la ley de la materia para tal efecto. Sin embargo, contrario a lo esgrimido por la parte tercero interesada, dicha causal de improcedencia no se actualiza en la especie. Esto, pues se parte de una premisa errónea, cuenta habida que de la lectura integral de la demanda de amparo que nos atañe, se desprende que el acto reclamado lo constituye propiamente la interlocutoria de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, emitida por la Juez responsable en el juicio ejecutivo mercantil 238/2023, en la que se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada, aquí quejosa, contra el proveído de nueve anterior, en el que no se admitió la reconvención que planteó contra la parte actora. Ello, máxime que, incluso, la parte quejosa indicó que la interlocutoria reclamada le fue notificada por publicación de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Motivo por el que no existe duda respecto de que el acto reclamado lo constituye la indicada interlocutoria y no el auto que primigeniamente desechó la reconvención planteada en el juicio natural, como erróneamente considera la parte tercero interesada. Motivo por el que, se reitera, en el caso a estudio no se actualiza la causal de improcedencia invocada. SEXTO. Procedencia del juicio. Por cuanto al acto combatido, no se actualiza, en criterio de la suscrita, alguna diversa causal de improcedencia que hagan valer las partes o que se advierta de oficio, por tanto, se estudia la constitucionalidad del acto reclamado, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación, por no existir precepto legal que lo obligue, ni ordenarlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo. Sin embargo, para una mejor comprensión del caso, se procede a la síntesis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa respecto de la determinación impugnada, los que hizo consistir en lo siguiente: Aduce la parte impetrante, medularmente, que la resolución en cuestión es ilegal, cuenta habida que la inadmisión de la reconvención que opuso en el juicio natural, es violatoria de sus derechos sustantivos, pues tal afectación no es susceptible de ser reparada en la sentencia definitiva que se emita en el controvertido natural. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, son infundados, atentas las consideraciones siguientes. En el presente caso, la parte quejosa impugna la interlocutoria de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, emitida por la Juez responsable en el juicio ejecutivo mercantil 238/2023, en la que se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada, aquí impetrante, contra el proveído de nueve anterior, en el que no se admitió la reconvención que planteó contra la parte actora. Al respecto, debe decirse que la determinación emitida por la Juez responsable, se estima ajustada a derecho, atentas las siguientes consideraciones. El juicio ejecutivo es un procedimiento sumario por el que se trata de llevar a efecto, por embargo y venta de bienes, el cobro de créditos que constan en algún título que tiene fuerza suficiente para constituir, por sí mismo, plena probanza; no se dirige, en principio, a declarar derechos dudosos o controvertidos, sino a llevar a efecto los que se hayan reconocido por actos o en títulos de tal fuerza, que constituyen una presunción juris tantum de que el derecho del actor es legítimo y está suficientemente probado, para que sea desde luego atendido. Lo señalado anteriormente está plasmado en el Código de Comercio, en su artículo 1392, que dice lo siguiente: "Artículo 1392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste." Por otra parte, siendo el juicio ejecutivo un procedimiento extraordinario, sólo puede hacerse uso de él cuando medie la existencia de un título que lleve aparejada ejecución, conforme a lo dispuesto en la ley aplicable, siendo necesario, además, que en el título se consigne la existencia de un crédito y que éste sea cierto, líquido y exigible. Lo anterior se encuentra plasmado en el artículo 1391 del Código de Comercio, que prevé lo siguiente: "Artículo 1391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución. Traen aparejada ejecución: I. La sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada y la arbitral que sea inapelable, conforme al art. 1346, observándose lo dispuesto en el 1348; II. Los instrumentos públicos; III. La confesión judicial del deudor, según el artículo 1288; IV. Los títulos de crédito; V. Las pólizas de seguros conforme a la ley de la materia; VI. La decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro, observándose lo prescrito en la ley de la materia; VII. Las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor, y VIII. Los demás documentos que por disposición de la ley tienen el carácter de ejecutivos o que por sus características traen aparejada ejecución." Ahora bien, por la propia naturaleza de los juicios ejecutivos, en cuanto pretenden la satisfacción efectiva, rápida e inmediata de un crédito, no puede quedar abierta la posibilidad de que el demandado se defienda por cualquier medio, sino sólo con aquellos que no desvirtúen esa naturaleza. Esa es la razón por la cual el legislador señaló limitativamente las excepciones que se pueden hacer valer en los juicios ejecutivos mercantiles, incluso condicionando la admisión de algunas a determinados requisitos, al disponer, en los artículos 1396, 1399 y 1403 del Código de Comercio y 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo siguiente: "Artículo 1396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al deudor, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de cinco días comparezca el deudor ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad demandada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello." "Artículo 1399. Dentro de los cinco días siguientes al requerimiento de pago, al embargo, en su caso y al emplazamiento, el demandado deberá contestar la demanda, refiriéndose concretamente a cada hecho, oponiendo únicamente las excepciones que permite la ley en el artículo 1403 de este código, y tratándose de títulos de crédito las del artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y en el mismo escrito ofrecerá pruebas, relacionándolas con los hechos y acompañando los documentos que exige la ley para las excepciones." "Artículo 1403. Contra cualquier otro documento mercantil que traiga aparejada ejecución, son admisibles las siguientes excepciones: I. Falsedad del título o del contrato contenido en él; II. Fuerza o miedo; III. Prescripción o caducidad del título; IV. Falta de personalidad en el ejecutante, o del reconocimiento de la firma del ejecutado, en los casos en que ese reconocimiento es necesario; V. Incompetencia del Juez; VI. Pago o compensación; VII. Remisión o quita; VIII. Oferta de no cobrar o espera; IX. Novación de contrato. Las excepciones comprendidas desde la fracción IV a la IX sólo serán admisibles en juicio ejecutivo, si se fundaren en prueba documental." "Artículo 8o. Contra las acciones derivadas de un título de crédito, sólo pueden oponerse las siguientes excepciones y defensas: I. Las de incompetencia y de falta de personalidad en el actor; II. Las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó el documento; III. Las de falta de representación, de poder bastante o de facultades legales en quien subscribió el título a nombre del demandado, salvo lo dispuesto en el artículo 11; IV. La de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título; V. Las fundadas en la omisión de los requisitos y menciones que el título o el acto en él consignado deben llenar o contener y la ley no presuma expresamente, o que no se hayan satisfecho dentro del término que señala el artículo 15; VI. La de alteración del texto del documento o de los demás actos que en él consten, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13; VII. Las que se funden en que el título no es negociable; VIII. Las que se basen en la quita o pago parcial que consten en el texto mismo del documento, o en el depósito del importe de la letra en el caso del artículo 132; IX. Las que se funden en la cancelación del título, o en la suspensión de su pago ordenada judicialmente, en el caso de la fracción II del artículo 45; X. Las de prescripción y caducidad y las que se basen en la falta de las demás condiciones necesarias para el ejercicio de la acción; XI. Las personales que tenga el demandado contra el actor." Por su parte, es menester destacar que la reconvención es la petición que deduce el demandado contra el demandante, en el mismo juicio, al contestar la demanda, ejercitando cualquier acción que contra éste tenga. Así, si el demandado reconviene al actor, la litis del juicio versará sobre dos pretensiones distintas, la de la acción principal y la de la acción reconvencional, las cuales deben ser discutidas al mismo tiempo y decididas en la misma sentencia. Ahora bien, si la acción ejercitada en vía reconvencional es ordinaria, no podrían ser discutidas al mismo tiempo las dos pretensiones, pues para una correrían los términos correspondientes a los juicios ejecutivos y para otra los correspondientes a los juicios ordinarios. Además, para ser decididas en la misma sentencia, tendría que retardarse la decisión relativa a la acción ejecutiva hasta que transcurrieran los términos de la ordinaria, lo cual desvirtuaría la naturaleza de los juicios ejecutivos, en cuanto pretenden la satisfacción efectiva, rápida e inmediata de un crédito. En ese orden de ideas, el hecho de que el Código de Comercio no establezca la procedencia de la reconvención en juicios ejecutivos mercantiles, como sí lo hace en relación con los juicios mercantiles ordinarios, obedece, por un lado, a que la voluntad del legislador fue limitarla a estos últimos y, por otro, a la propia naturaleza de los primeros. La conclusión anterior, no implica que se deje al demandado en un estado de indefensión irremediable, dado que el hecho de que no pueda hacer valer una acción en vía reconvencional en contra del actor en un juicio ejecutivo mercantil, no impide que la pueda hacer valer en juicio independiente y en la vía correspondiente. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 318, del Tomo VII, Mayo de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "RECONVENCIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA, EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. El hecho de que el Código de Comercio no establezca expresamente la procedencia de la reconvención en juicios ejecutivos mercantiles, como sí lo hace en relación con los juicios mercantiles ordinarios en su artículo 1380, obedece a que la voluntad del legislador fue limitarla a estos últimos, voluntad que, por lo demás, es congruente con la propia naturaleza de los juicios ejecutivos, que tienen por objeto llevar a cabo el cobro de créditos ciertos, líquidos y exigibles, que constan en algún título que tiene fuerza suficiente para constituir, por sí mismo, plena probanza; es decir, no se dirigen, en principio, a declarar derechos dudosos o controvertidos, sino a llevar a efecto los que se hayan reconocido por actos o en títulos de tal fuerza, que constituyen una presunción juris tantum de que el derecho del actor es legítimo y está suficientemente probado, para que sea desde luego atendido. En esa tesitura, debe concluirse que la reconvención es improcedente en los juicios ejecutivos mercantiles, ya que, de lo contrario, se estaría desvirtuando su naturaleza." En mérito de lo antes expuesto, se reitera, devienen infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que en el caso se advierta alguna deficiencia que suplir, precisamente porque fue correcto el proceder de la Juez responsable, en la interlocutoria reclamada, al confirmar el auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, por el cual no se admitió la reconvención planteada por el demandado, aquí quejoso, en el juicio ejecutivo mercantil de origen; cuenta habida que, como quedó visto con antelación, en tratándose de un juicio de esa naturaleza, la figura de la reconvención deviene improcedente, precisamente porque, de estimarse lo contrario, se desvirtuaría su naturaleza ejecutiva, tal y como se determinó en párrafos precedentes. Ello, se insiste, de conformidad con la tesis visible en la página 699, del Tomo VI, Septiembre de 1997, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto rezan: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. RECONVENCIÓN IMPROCEDENTE. La reconvención en los juicios ejecutivos mercantiles resulta improcedente pues las disposiciones legales que regulan el procedimiento de dicho juicio, en modo alguno contemplan la posibilidad de que el demandado pueda reconvenir al actor, porque una vez emplazado al juicio, éste sólo puede, en términos del artículo 1396 del Código de Comercio, hacer pago llano de la cantidad reclamada y las costas u oponer las excepciones que tuviere para ello." Por tanto, lo que lo procedente es negar a la parte quejosa, el amparo y la protección de la Justicia Federal que impetró contra la interlocutoria de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, emitida por la Juez responsable en el juicio ejecutivo mercantil 238/2023, en la que se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada, aquí impetrante, contra el proveído de nueve anterior, en el que no se admitió la reconvención que planteó contra la parte actora. Por lo expuesto y fundado, esta Juzgadora, RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Raymundo Jáuregui Villanueva, contra el acto que reclamó de la Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida; precisado en el considerando segundo de esta sentencia y por los motivos plasmados en el último subsecuente. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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