Raúl Velázquez Molina

Expediente 1206/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1206/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • Raúl Velázquez Molina
  • Diocelina Cuevas Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio de resolución pronunciada en la queja 155/2021, relativo al recurso de queja interpuesto contra el acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo; de la que aparece que la citada Superioridad en su único punto resolutivo declaró infundado el recurso de queja. Acúsese recibo vía interconexión. En consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración,depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se desechó el presente juicio de amparo y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, once de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno, formándose por tal motivo, el toca 155/2021. De lo que este órgano de control constitucional toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Pamela Medina Sánchez, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/2223/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Agréguese a estos autos el escrito de los quejosos Raúl Velázquez Molina y Diocelina Cuevas Vázquez, en el que interponen el recurso de queja en contra del auto de cinco de julio del año en curso, dictado en estos autos; en mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 97 y 101 de la Ley de Amparo en vigor, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LA RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de cinco de julio del año en curso, se desechó la demanda de garantías en el presente juicio, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, el escrito de interposición del recurso de mérito con el que de igual forma expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente; asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado, sin que haya necesidad de otorgarle a la parte quejosa el plazo de tres días que consigna el artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de la naturaleza del acto que reclama. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias en el momento indicado, a fin de que el Tribunal de Alzada, se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico, una vez que se encuentre debidamente integrado el mismo. Asimismo, obténgase copia certificada del escrito de interposición del recurso de queja aludido y agréguese a estos autos, lo anterior a fin de que se pueda constatar la fecha en la que se interpuso tal recurso.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Raúl Velázquez Molina y Diocelina Cuevas Vázquez; contra un acto que reclama del Fiscal General del Estado de Guanajuato y de otras autoridades. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de mérito se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por lo cual, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostienen los quejosos en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que establece lo siguiente: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. En el caso, la suscrita estima que la demanda de amparo debe desecharse al existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; conclusión a la que se arriba, de acuerdo con las puntualizaciones siguientes. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en su calidad de víctima, instó la protección constitucional en contra de la abstención del Fiscal General del Estado de Guanajuato y otras autoridades, de investigar los hechos delictivos que motivaron la apertura de la carpeta de investigación 26226, en concreto de la Fiscal Regional B, con sede en Irapuato, Guanajuato. Ahora bien, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en vigor, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Establecido lo anterior, del trascrito numeral constitucional relativo a los derechos fundamentales de las víctimas, se destaca el estatuido para la impugnación de las decisiones o abstenciones del ministerio público ante un órgano jurisdiccional, situación que antaño no era concebida. Así las cosas las abstenciones del ministerio público en la etapa de investigación inicial de acuerdo al ordenamiento constitucional en el nuevo sistema de justicia, deberá ser impugnada directamente ante el juez de control. En el caso, es pertinente señalar que, la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal tiene por objeto abandonar las tendencias inquisitivas para adoptar un proceso con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos, con base en los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad, en donde las partes tienen una situación de igualdad. En este contexto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, detalla la estructura general del proceso penal de acuerdo al sistema acusatorio, destacándose la etapa de investigación, que asume el Ministerio Público con los cuerpos de policía, con control judicial garantizado por el Juez de Control; sobre este aspecto, el artículo 109, fracción XXI, del propio ordenamiento dispone: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (...) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.)" De los anteriores dispositivos se obtiene que al Juez de Control corresponderá en la etapa de investigación, resolver en forma inmediata y por cualquier medio, entre otros, sobre el respeto y protección de los derechos de las víctimas del delito; controlar las facultades del fiscal investigador; otorgar autorizaciones y exigir el cumplimiento de los principios y garantías procesales y constitucionales. Así, el juez de control es el contrapeso natural para el director de la investigación como es el Ministerio Público, sin importar si la autoridad ministerial depende del Ejecutivo, del Judicial o es un órgano autónomo. La dependencia o no a una rama del Estado no impide de hablar de principios a ser observados durante el ejercicio de la función fiscal y el respeto a los derechos constitucionales durante el desarrollo de la investigación penal, o bien, de la necesidad de órganos de control y vigilancia de la actuación fiscal como es el caso de este juez. En este contexto, analizadas en su conjunto la disposición constitucional y del Código Nacional de Procedimientos Penales, se deriva la legitimación para impugnar el actuar o las omisiones del ministerio público en la fase de investigación, ante el juez de control, toda vez que se establece como un derecho fundamental consagrado a su favor en la Carta Magna, máxime que dicho sujeto es el que se ve afectado en sus intereses con la negación o paralización de sus pretensiones. El procedimiento para realizar dicha impugnación será incidental, es decir, se realizará la petición ante el juez de control, quien convocará a una audiencia y en presencia de ambas partes (ministerio público y víctima) escuchará sus pretensiones, y con base en ellas decidirá lo conducente. En atención a lo anterior, el promovente del amparo tiene la obligación de impugnar ante el Juez de control competente la abstención del agente del Ministerio Público responsable de investigar la carpeta de investigación de acuerdo a lo establecido en el numeral 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que dicha impugnación es el medio legal idóneo y específico para lograr la pretensión de los aquí quejosos; en consecuencia, el acto aquí reclamado, se traduce en un acto jurídico-administrativo de una autoridad estatal, toda vez que este tipo de actuación tiene prevista reglamentación al respecto y por ello la parte quejosa queda constreñida u obligada a agotar el medio ordinario de defensa en acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Por tanto, en contra de las omisiones reclamadas por la parte quejosa a la autoridades dependientes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, es improcedente el juicio de amparo, dado que en contra de las mismas tendrá que acudir ante el Juez de Control correspondiente para agotar el procedimiento establecido en el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en estricta observancia al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de 2018, Tomo I, página 945, que señala lo siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha??????????????? conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por otro lado, como lo señalan los promoventes, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda, y como sus autorizados a Moisés Velázquez Cuevas, en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo; asimismo, ténganse como medios alternativos de comunicación, la dirección de correo electrónico y el número telefónico que proporciona en la demanda de mérito. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante de la parte quejosa a Raúl Velázquez Molina, sin perjuicio de que los promoventes lo sustituyan por otro. Asimismo, la parte quejosa solicita acceso y consulta al expediente electrónico. En tal virtud, toda vez que consta que el nombre de usuario "MvelazquezC79", que proporciona el ocursante, se encuentran registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con apoyo en los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda de conformidad su solicitud, por lo que se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa a través del citado usuario, quedando facultado para promover en el juicio con el propio nombre de usuario. Hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.

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