Raymundo Eduardo Cruz Aguilar
Expediente 715/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 715/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/06/2019
Partes del expediente
- Raymundo Eduardo Cruz Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vistos; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO. Así entonces, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACION DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la manifestación de que el presente expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, Segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro de Documentación y Análisis. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Por último, advirtiéndose que no existen tomos, ni documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.
- Principal
Vistos; I).- El oficio y telegrama de cuenta signados por la Jueza del Ramo Penal para la Atención de Delitos No Graves de los Distritos Judiciales de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa; y Alcaide Habilitado de la Guardia "C", del Centro Estatal Preventivo Número Uno "El Canelo", residentes en Chiapa de Corzo, Chiapas, por medio de los cuales rinden informe respecto de la suspensión de plano. II).- El oficio signado por el Alcaide Habilitado de la Guardia "C", del Centro Estatal Preventivo Número Uno "El Canelo", residente en Chiapa de Corzo, Chiapas, por medio del cual rinde informe justificado, y exhibe constancias anexas al mismo. Al efecto, se acuerda: Atento al punto I), Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos la comunicación y anexos de cuenta. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 126, de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de suspensión de plano. Por lo que refiere al punto II), De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de la materia, téngase por rendido el informe justificado de la potestad responsable. Ahora bien, de los informes de suspensión de plano y justificado antes citados, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, como se evidenciará a continuación: En el caso en estudio, el quejoso +++, reclama esencialmente de las autoridades aquí responsables, lo siguiente: Privación de la libertad fuera de procedimiento, y, Los posibles actos de tortura. De las constancias remitidas por la responsable, las cuales merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es solo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, y las constancias que remitió la autoridad responsable ejecutora se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en la privación de la libertad fuera del procedimiento y los posibles actos de tortura. Sin embargo, de los oficios de suspensión de plano y justificado, se advierte que el Juez responsable, el veintinueve del mes en curso, tuvo por cumplimentada la orden de aprehensión contra del aquí quejoso dentro de la causa penal 5/2019, de su índice, y en esa misma fecha se le otorgó la libertad provisional bajo caución al quejoso, ordenando su inmediata libertad, lo que se corrobora con la boleta respectiva. Circunstancias que se consideran suficientes para llegar a concluir que los actos reclamados consistentes en la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento y tortura, ha cesado sus efectos. Por tanto, se colige que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, tal y como sí se hubiera otorgado la protección de la justicia federal. De lo antes expuesto, se considera que sobreviene en el presente juicio de amparo, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En las condiciones apuntadas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia, además que esa circunstancia no provoca indefensión al gobernado, porque tiene a su alcance el recurso de revisión; y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima al artículo 17, de la Constitución Federal. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sin que obste a lo anterior el que también se haya reclamado los posibles actos de tortura; sin embargo, de la lectura de la razón actuarial de veintinueve del mes en curso, se advierte que el directamente quejoso manifestó que no había sufrido actos de tortura; además de la valoración médica practicada por el médico cirujano adscrito al centro penitenciario número uno, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas, no se aprecia que el quejoso tenga lesiones ni que haya sido objeto de actos de tortura, amén de que quien presentó la demanda de amparo en representación del quejoso no lo señaló como un acto inminente, sino como un acto posible, lo que no aconteció. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de junio de dos mil diecinueve.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Vistos; I).- El oficio y telegrama de cuenta signados por la Jueza del Ramo Penal para la Atención de Delitos No Graves de los Distritos Judiciales de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa; y Alcaide Habilitado de la Guardia "C", del Centro Estatal Preventivo Número Uno "El Canelo", residentes en Chiapa de Corzo, Chiapas, por medio de los cuales rinden informe respecto de la suspensión de plano. II).- El oficio signado por el Alcaide Habilitado de la Guardia "C", del Centro Estatal Preventivo Número Uno "El Canelo", residente en Chiapa de Corzo, Chiapas, por medio del cual rinde informe justificado, y exhibe constancias anexas al mismo. Al efecto, se acuerda: Atento al punto I), Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos la comunicación y anexos de cuenta. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 126, de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de suspensión de plano. Por lo que refiere al punto II), De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de la materia, téngase por rendido el informe justificado de la potestad responsable. Ahora bien, de los informes de suspensión de plano y justificado antes citados, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, como se evidenciará a continuación: En el caso en estudio, el quejoso +++, reclama esencialmente de las autoridades aquí responsables, lo siguiente: Privación de la libertad fuera de procedimiento, y, Los posibles actos de tortura. De las constancias remitidas por la responsable, las cuales merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es solo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, y las constancias que remitió la autoridad responsable ejecutora se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en la privación de la libertad fuera del procedimiento y los posibles actos de tortura. Sin embargo, de los oficios de suspensión de plano y justificado, se advierte que el Juez responsable, el veintinueve del mes en curso, tuvo por cumplimentada la orden de aprehensión contra del aquí quejoso dentro de la causa penal 5/2019, de su índice, y en esa misma fecha se le otorgó la libertad provisional bajo caución al quejoso, ordenando su inmediata libertad, lo que se corrobora con la boleta respectiva. Circunstancias que se consideran suficientes para llegar a concluir que los actos reclamados consistentes en la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento y tortura, ha cesado sus efectos. Por tanto, se colige que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, tal y como sí se hubiera otorgado la protección de la justicia federal. De lo antes expuesto, se considera que sobreviene en el presente juicio de amparo, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En las condiciones apuntadas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia, además que esa circunstancia no provoca indefensión al gobernado, porque tiene a su alcance el recurso de revisión; y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima al artículo 17, de la Constitución Federal. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sin que obste a lo anterior el que también se haya reclamado los posibles actos de tortura; sin embargo, de la lectura de la razón actuarial de veintinueve del mes en curso, se advierte que el directamente quejoso manifestó que no había sufrido actos de tortura; además de la valoración médica practicada por el médico cirujano adscrito al centro penitenciario número uno, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas, no se aprecia que el quejoso tenga lesiones ni que haya sido objeto de actos de tortura, amén de que quien presentó la demanda de amparo en representación del quejoso no lo señaló como un acto inminente, sino como un acto posible, lo que no aconteció. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de junio de dos mil diecinueve.
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RADICACIÓN Vista, la demanda de amparo por comparecencia promovida por +++, en favor de +++, se ordena formar expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de amparo 715/2019-VI, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. ACTOS RECLAMADOS ? Privación de la libertad fuera de procedimiento; y, ? Tortura. AUTORIDADES RESPONSABLES ? Juez del Ramo Penal para la Atención de Delitos No Graves "El Canelo", con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas. ? Alcaide encargado de las Instalaciones del Penal "El Canelo", con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas. SUSPENSIÓN DE PLANO Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 15 y 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para que cesen de inmediato los actos consistentes en: la privación de la libertad fuera de procedimiento y tortura; de los que dice el promovente está siendo objeto el directamente quejoso, así como cualquier otro acto que atente contra su vida, integridad personal, libertad fuera de procedimiento, o derechos humanos, actos que se encuentran prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Federal y 15, de la Ley de Amparo. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN TORTURA. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que los actos reclamados constituyen tortura conforme al artículo 2, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ratificado por México el veintidós de junio de mil novecientos ochenta y siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de septiembre de dicha anualidad, que dice: "Artículo 2. Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo." Además, el numeral 3, del citado instrumento internacional, establece quienes serán responsables del delito de tortura, en lo siguiente: "Artículo 3. Serán responsables del delito de tortura: a) Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan. b) Las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso a) ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices." Aunado a lo anterior, infórmese a las autoridades responsables, que conforme al artículo 4, de la citada Convención, el hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la responsabilidad penal correspondiente. De igual modo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, las sanciones penales en las que habrían de incurrir de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, los cuales literalmente establecen: "Artículo 4o. A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de tres a doce años, de doscientos a quinientos días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta. Para los efectos de la determinación de los días multas se estará a lo dispuesto en el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal. "Artículo 5o. Las penas previstas en el artículo anterior se aplicarán al servidor público que, con motivo del ejercicio de su cargo, con cualesquiera de las finalidades señaladas en el artículo 3o., instigue, compela, o autorice a un tercero o se sirva de él para infligir a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos; o no evite que se inflijan dichos dolores o sufrimientos a una persona que esté bajo su custodia. Se aplicarán las mismas penas al tercero que, con cualquier finalidad, instigado o autorizado, explícita o implícitamente, por un servidor público, inflija dolores o sufrimientos graves sean físicos o psíquicos a un detenido". Por lo tanto, si este Juzgado de Distrito advierte algún dato que haga presumir la comisión de actos de tortura, inmediatamente se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal, para que proceda conforme a sus facultades constitucionales, en la investigación de tales hechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, que establece: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito." Ahora bien, para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión de plano decretada, comuníquese de inmediato a las autoridades responsables la suspensión de plano para su debido cumplimiento; y para que en el término de veinticuatro horas informen por oficio a este Juzgado de Distrito el cumplimiento que hayan dado a la suspensión de plano decretada, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Además, se hace saber a las autoridades responsables, que queda bajo su más estricta responsabilidad velar por la seguridad y custodia del aquí quejoso, asimismo, de respetar en todo momento los derechos fundamentales que le asisten, en términos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 15 y 16, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y 17, del Reglamento Interno de los Centros Estatales para la Reinserción Social de Sentenciados para el Estado de Chiapas. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTO Respecto del acto reclamado consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento, si dicha restricción de la libertad proviene de autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese el ataque a su libertad, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Y, de no tener relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. Así, las autoridades deberán respetar la medida cautelar hasta en tanto así le sea indicado por este Órgano Jurisdiccional, ello en términos del diverso 126, de la propia Ley de la materia. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, y como de la demanda de amparo, se advierte que el promovente menciona que el directamente quejoso se encuentra recluido en el Centro Preventivo Número Uno, "El Canelo", con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas; de conformidad con el numeral 15, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en las instalaciones del citado centro de reclusión, y requiera personalmente al directamente quejoso para que en el momento de la notificación o dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en el que le surta efectos la legal notificación de este proveído, ratifique la demanda promovida en su favor; con el apercibimiento que de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada y se dejarán sin efectos las providencias tomadas en el presente juicio; asimismo, requiérasele para que en los mismos términos, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, o ratifique el señalado por el promovente del amparo. De igual manera, el actuario judicial deberá dar fe del estado físico en que se encuentre el quejoso, a efecto de resguardar la seguridad personal del mismo; lo anterior para lograr un efectivo cumplimiento de la medida suspensional otorgada y no sea incumplida o violada por parte de la autoridad responsable. APERCIBIMIENTO A AUTORIDADES Hágase saber a las autoridades responsables, así como a los elementos de cualquier corporación de policía o militar que estén custodiando a la parte quejosa, que deberán proporcionar de manera inmediata las facilidades necesarias para que el actuario le notifique este proveído, con el apercibimiento que cualquier obstrucción, obstáculo, limitación, entorpecimiento o prohibición para que el actuario realice sus funciones de manera plena, podrá constituir el delito de "desaparición forzada" en términos de los artículos 2, 3 y 6, de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; artículos I, II y III, de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas; así como el diverso artículo 215-A del Código Penal Federal; los cuales establecen: "Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas . PRIMERA PARTE . Artículo 2 A los efectos de la presente Convención, se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Artículo 3 Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables. Artículo 6 1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para considerar penalmente responsable por lo menos: a) A toda persona que cometa, ordene, o induzca a la comisión de una desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice o participe en la misma; b) Al superior que: i) Haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente; ii) Haya ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades con las que el delito de desaparición forzada guardaba relación; y iii) No haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese una desaparición forzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento; c) El inciso b) supra se entiende sin perjuicio de las normas de derecho internacional más estrictas en materia de responsabilidad exigibles a un jefe militar o al que actúe efectivamente como jefe militar. 2. Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea ésta civil, militar o de otra índole, puede ser invocada para justificar un delito de desaparición forzada. ." "Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas . Artículo I Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a: a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención. Artículo II Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Artículo III Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fuere necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Los Estados Partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona. ." "CÓDIGO PENAL FEDERAL . CAPITULO III BIS Desaparición forzada de personas Artículo 215-A.- Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. ." Por tanto, si las autoridades responsables o los elementos de cualquier corporación de policía o militar que estén custodiando a la parte quejosa, obstruyen, limitan, entorpecen o prohíben de cualquier manera que el actuario dé cumplimiento a este proveído, con fundamento en el artículo 116, del Código Federal de Procedimientos Penales, serán denunciados ante el Ministerio Público de la Federación, por la comisión del delito de "Desaparición Forzada". Aunado a lo anterior, prevéngase a las responsables; así como a cualquier otra autoridad que sea requerida, para que otorguen las facilidades necesarias al funcionario que se comisione, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído, apercibidas que de no cumplir, con independencia de dar vista al Fiscal Federal de la adscripción, para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir, e independientemente de que sean denunciados por el delito de desaparición forzada, con fundamento en el artículo 237, fracción I, relacionado con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá como medida de apremio una multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, contemplada en los párrafos sexto y séptimo del apartado b), del artículo 26, de la Constitución Federal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en el proemio de su demanda. En términos del precepto 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a la persona que menciona, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. SOLICITUD DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Ahora bien, por cuanto a la solicitud del uso de cámaras digitales y escáner; atento a ello, se autoriza el uso de dichos medios para los fines que solicita, previa razón que obre en autos, con la salvedad de que se le hace saber que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporciona se le fincara responsabilidad, en términos de la Legislación Penal Federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la Tesis aislada I.3o.C.725 C, que a continuación se transcribe: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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