Raúl Toledo Ochoa

Expediente 97/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
97/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
30/06/2022

Partes del expediente

  • Raúl Toledo Ochoa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de junio de dos mil veintidós. Visto; el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por el que devuelve el original del juicio de amparo 97/2021. Asimismo, remite testimonio de la resolución pronunciada por esa Superioridad, en el Incidente de Inejecución de Sentencia 45/2021, en la que determinó: "PRIMERO. Es INFUNDADO el incidente de inejecución de sentencia. SEGUNDO. Se DEJAN INSUBSISTENTES las multas impuestas al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Subdelegado Administrativo del citado Instituto."" Al efecto se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos la comunicación de cuenta. En relación al cuaderno de antecedentes, que se formó, no es necesario agregarlo en autos, dado que sus originales obran en el juicio; en consecuencia, se ordena su destrucción, glosándose a este juicio de amparo únicamente las actuaciones originales que obran en el mismo. En consecuencia, acúsese recibo respectivo a la autoridad oficiante y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Ahora, en el caso no es necesario remitir oficio a la Administradora Desconcentrada de Recaudación "1", de esta ciudad, para que cancele las multas impuestas en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, toda vez que de autos se advierte que previo a girar oficio a dicha autoridad para hacer efectiva la mencionada multa, se requirieron datos de los servidores públicos sancionados al Subdelegado Administrativo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, sin que éste hubiere remitido la información requerida. A. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; con fundamento en su ordinal 12, este expediente es depurable al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), en relación con el precepto 35, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que en el presente juicio no se aperturó el incidente de suspensión por no haber sido solicitado expresamente, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone los artículos 18, 27 y 29, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, así como en la carátula del mismo y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, procédase a su depuración. Realizado lo anterior, solicítese su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por la autoridad responsable susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. Ahora, toda vez que del análisis de las documentales que integran el presente asunto, se advierte que la parte quejosa anexó documentos en el presente juicio, hágaseles del conocimiento que cuentan con el plazo de NOVENTA DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, a efecto de que ocurra a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para recogerlos, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de ese término, los mismos serán destruidos, de conformidad con lo estipulado en el numeral 18, del acuerdo general citado supralíneas. En atención a lo anterior, dígasele que de conformidad con el artículo 3, del Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, para la consulta del expediente físico, o en su caso, para la entrega y/o expedición de copias será a través de la generación de citas, que podrá realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, en el presente caso tiene expedito su derecho para generar una cita en el portal del consejo establecido para dicho fin, y se le pueda hacer la devolución de las documentales antes referidas. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIOS A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto, el oficio signado por la Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, por medio del cual informa que mediante oficio 7.130.600.2/UJ/SF/6686/2021, requirió por tercera ocasión al Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de dicho instituto, a fin de que dé cumplimiento al mandado dictado por este juzgado relacionado con el fallo protector. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda. En principio, conviene precisar que el artículo 192, de la Ley de Amparo, establece el procedimiento para que los jueces de amparo vigilen el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, a saber el siguiente: Una vez que cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el Juez de distrito, la notificará sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258, de la Ley de Amparo, es de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Informa de lo anterior, la jurisprudencia de la siguiente literalidad: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. En ese orden de ideas, a fin de dar mayor claridad a la presente determinación conviene citar algunos antecedentes del juicio de amparo en se actúa, mismos que, en lo que interesa, son del tenor siguiente: 1. El cuatro de marzo de este año, se dictó sentencia, en la que se concedió el amparo y protección de la justifica federal a la parte quejosa Raúl Toledo Ochoa, para los efectos que a continuación se indican: "1. Deje insubsistente la determinación contenida en el oficio 007.300.302.0210/2021, de diez de febrero de dos mil veintiuno. 2. En su lugar emita otro en el que no se aplique al quejoso Raúl Toledo Ochoa, en lo presente ni en lo futuro, el artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, así como el numeral 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la ley en cita, o cualquier otra disposición que prevenga un contenido similar al declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3. Como consecuencia, deberá reintegrar a la parte quejosa las cantidades que con motivo de la aplicación de las disposiciones legales declaradas inconstitucionales, le hubieren sido retenidas o descontadas. 4. Le otorgue el pago mensual de la pensión por viudez al cien por ciento, que por derecho le corresponde y se abstenga de retenerle el pago total de esa pensión basado en las normas que han sido declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." (Sic) 2. En ese tenor, previo computo secretarial mediante acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia en comento, por lo que se ordenó requerir a la autoridad responsable Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, a fin de que diera cumplimiento a los efectos apuntados supralíneas. 3. Así, por autos de catorce de junio, ocho de julio, veintisiete de octubre y once de noviembre, todos de dos mil veintiuno, se ordenaron sendos mandamientos a la autoridad responsable de referencia, a fin de que informara a esta potestad las acciones relativas para cumplir con el fallo protector dictado en este asunto; asimismo, cabe apuntar que también se requirió a su superior jerárquico Subdelegado Administrativo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, para que a su vez vigilara tal cuestión, con el apercibimiento condigno. Sin embargo, la Titular de la Unidad Jurídica de dicho instituto, en diversas ocasiones únicamente se ha concretado a manifestar que ha requerido al Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, para que efectué las gestiones respectivas, sin que hasta la data en que se actúa se tenga una acción en concreto para acatar la ejecutoria que nos ocupa. Consecuentemente, como se ha visto de la narrativa citada supralíneas la autoridad responsable así como su superior jerárquico, han hecho caso omiso a los mandatos judiciales realizados por este órgano de control constitucional a pesar de haber transcurrido un plazo más que excesivo -ocho meses- para que den cumplimiento a la sentencia de que se trata. En mérito de lo anterior, tomando en consideración que la autoridad responsable Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Subdelegado Administrativo en su calidad de superior jerárquico, residentes en esta ciudad, HAN SIDO CONTUMACES EN INCUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS, OCASIONANDO UNA DILACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR DICTADO EN ESTE ASUNTO; en consecuencia, SE HACEN EFECTIVOS LOS APERCIBIMIENTOS A LOS QUE SE LES CONMINÓ EN AUTOS DE VEINTICINCO DE MARZO Y CATORCE DE JUNIO DE ESTA ANUALIDAD, respectivamente, por lo que se les impone A CADO UNO MULTA DE CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivale a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), en razón de que la Unidad de Medida y Actualización en esta data asciende a $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), diarios; ello, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, contemplada en los párrafos sexto y séptimo del apartado B, del artículo 26, de la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos. REQUERIMIENTO DE DATOS PARA MULTA. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, de la ley adjetiva civil federal aplicado supletoriamente a la ley de la materia, REQUIÉRASE al Subdelegado Administrativo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este auto informe a este órgano jurisdiccional el Registro Federal de Contribuyente con homoclave y/o fecha de nacimiento, así como el domicilio completo y correcto (calle, número exterior, número interior, colonia, localidad, entidad federativa, código postal y municipio) remita los datos correspondientes a su persona y de su subordinado. Lo anterior, a efecto de que este juzgado esté en condiciones de proporcionar la citada información al Administrador Desconcentrado de Recaudación "1", de esta ciudad, y cumplimentar en su totalidad el presente mandato. Asimismo, dígase al citado órgano que en caso de que en su base de datos cuente con nombres distintos a lo que obran en autos, deberá informarlo a este órgano jurisdiccional, y enviar los datos correspondientes, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, SE LE IMPONDRÁ MULTA de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA Ante ese panorama, este juzgado considera que al día de hoy ha transcurrido un plazo razonable para que el Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Subdelegado Administrativo en su calidad de superior jerárquico, residentes en esta ciudad, dieran cumplimiento a la ejecutoria de mérito; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, SE ORDENA REMITIR LOS PRESENTES AUTOS AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, sito en esta ciudad, para que proceda conforme a sus atribuciones legales correspondan. Asimismo, atento a lo estipulado en el párrafo quinto, del numeral invocado en el párrafo precedente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con la finalidad de continuar procurando el cumplimiento de la ejecutoria. NUEVO REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y SUPERIOR JERARQUICO Por otro lado, REQUIÉRASE NUEVAMENTE al Encargado del Departamento De Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores Del Estado, residente en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este acuerdo remita las constancias con las que se verifique que efectivamente se encuentra realizando las acciones para la cumplimentación del fallo protector en los términos que se le han indicado. En el entendido de que, los efectos del fallo protector son: ".1. Emita una nueva determinación en la que no se aplique al quejoso Raúl Toledo Ochoa, en lo presente ni en lo futuro, el artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, así como el numeral 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la ley en cita, o cualquier otra disposición que prevenga un contenido similar al declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2. Como consecuencia, deberá reintegrar a la parte quejosa las cantidades que con motivo de la aplicación de las disposiciones legales declaradas inconstitucionales, le hubieren sido retenidas o descontadas. 3. Le otorgue el pago mensual de la pensión por viudez al cien por ciento, que por derecho le corresponde y se abstenga de retenerle el pago total de esa pensión basado en las normas que han sido declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.." Por lo cual, en la nueva determinación que al efecto llegue a emitir en cumplimiento a esa ejecutoria, deberá de respetar el derecho de la parte quejosa a recibir su pensión por viudez, de manera íntegra, y abstenerse de aplicar una disposición de contenido similar a los artículos 51, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado, los cuales ya fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, se le indica que DE PERSISTIR SU ACTITUD CONTUMAZ Y SEGUIR CON EVASIVAS PARA CUMPLIR CON ESTE MANDATO o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA de DOSCIENTAS veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en les párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se dará inicio al incidente de inejecución de sentencia ante el Tribunal Colegiado de Circuito, quien de reiterar que existe incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico; sin perjuicio de su consignación ante un juez del orden penal. Asimismo, toda vez que el Subdelegado Administrativo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, en su calidad del superior jerárquico, tampoco ha comunicado nada en torno al mandado que se le realizó en auto de catorce de junio de este año, con fundamento en el numeral 194, de la ley de la materia, REQUIÉRASELE NUEVAMENTE, para que en el mismo término -TRES DÍAS-, contado a partir de la legal notificación de este auto-, conmine a la diversa oficiante a dar estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este asunto. Lo anterior, en el entendido de que teniendo tal carácter - superior jerárquico-, también incurre en responsabilidad por no acatar los efectos de la ejecutoria que nos ocupa en los mismos términos que la autoridad responsable en comento; de ahí que, se le apercibe que de no dar cumplimiento o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, será acreedora a la medida de apremio citada supralíneas. Finalmente, SE LES REITERA que de no acatar los efectos del fallo protector en lo subsecuente, se harán efectivos los medios coercitivos decretados supralíneas. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de noviembre de dos mil veintiuno. Visto, el oficio signado por la Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, por medio del cual informa que mediante oficio 007.130.600.2/UJ/SF/6413/2021, requirió por segunda ocasión al Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de dicho instituto, a fin de que de cumplimiento al mandado dictado por este juzgado relacionado con el fallo protector. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el ordinal 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2.°, agréguese a los autos el oficio y anexo de mérito. En ese tenor, REQUIÉRASE DE INMEDIATO Y POR ÚLTIMA OCASIÓN al ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES, SEGURIDAD E HIGIENE DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, residente en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este acuerdo remita las constancias con las que se verifique que efectivamente se encuentra realizando las acciones para la cumplimentación del fallo protector en los términos que se le han indicado. En el entendido de que, los efectos del fallo protector son: ".1. Emita una nueva determinación en la que no se aplique al quejoso Raúl Toledo Ochoa, en lo presente ni en lo futuro, el artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, así como el numeral 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la ley en cita, o cualquier otra disposición que prevenga un contenido similar al declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2. Como consecuencia, deberá reintegrar a la parte quejosa las cantidades que con motivo de la aplicación de las disposiciones legales declaradas inconstitucionales, le hubieren sido retenidas o descontadas. 3. Le otorgue el pago mensual de la pensión por viudez al cien por ciento, que por derecho le corresponde y se abstenga de retenerle el pago total de esa pensión basado en las normas que han sido declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.." Por lo cual, en la nueva determinación que al efecto llegue a emitir en cumplimiento a esa ejecutoria, deberá de respetar el derecho de la parte quejosa a recibir su pensión por viudez, de manera íntegra, y abstenerse de aplicar una disposición de contenido similar a los artículos 51, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado, los cuales ya fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, se le indica que SUBSISTE EL APERCIBIMIENTO decretado en auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno -acuerdo de origen-, por lo que DE PERSISTIR SU ACTITUD CONTUMAZ Y SEGUIR CON EVASIVAS PARA CUMPLIR CON ESTE MANDATO o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en les párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se dará inicio al incidente de inejecución de sentencia ante el Tribunal Colegiado de Circuito, quien de reiterar que existe incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico; sin perjuicio de su consignación ante un juez del orden penal. Asimismo, toda vez que el Subdelegado Administrativo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, en su calidad del superior jerárquico, tampoco ha comunicado nada en torno al mandado que se le realizó en auto de catorce de junio de este año, con fundamento en el numeral 194, de la ley de la materia, REQUIÉRASELE POR ÚLTIMA OCASIÓN, para que en el mismo término -TRES DÍAS-, contado a partir de la legal notificación de este auto-, conmine a la diversa oficiante a dar estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este asunto. Lo anterior, en el entendido de que teniendo tal carácter - superior jerárquico-, también incurre en responsabilidad por no acatar los efectos de la ejecutoria que nos ocupa en los mismos términos que la autoridad responsable en comento; de ahí que, se le apercibe que de no dar cumplimiento o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, será acreedora a la medida de apremio citada supralíneas. Finalmente es dable apuntar, que en acuerdo ve veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia emitida en el presente sumario, sin embargo, a pesar de haber transcurrido un plazo más que prudente -siete meses- para que las autoridades precisadas supralíneas den cumplimiento a la misma, no se han pronunciado al respecto, provocando un detrimento en la impartición de justicia; por tanto, SE LES REITERA POR ÚLTIMA OCASIÓN que de no acatar los efectos del fallo protector en lo subsecuente, se harán efectivos los medios coercitivos decretados supralíneas. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto, el estado de autos de los que se aprecia que en acuerdo de ocho de julio de este año, se requirió al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, a fin de que cumpliera cabalmente la sentencia emitida en el presente asunto; empero, a la data en que se actúa no se ha pronunciado al respecto a pesar de estar debidamente notificado para ello. Al efecto, se acuerda: En ese tenor, REQUIÉRASELE DE INMEDIATO Y POR ÚLTIMA OCASIÓN, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este acuerdo remita las constancias con las que se verifique que efectivamente se encuentra realizando las acciones para la cumplimentación del fallo protector en los términos que se le han indicado. En el entendido de que, los efectos del fallo protector son: ".1. Emita una nueva determinación en la que no se aplique al quejoso Raúl Toledo Ochoa, en lo presente ni en lo futuro, el artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, así como el numeral 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la ley en cita, o cualquier otra disposición que prevenga un contenido similar al declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2. Como consecuencia, deberá reintegrar a la parte quejosa las cantidades que con motivo de la aplicación de las disposiciones legales declaradas inconstitucionales, le hubieren sido retenidas o descontadas. 3. Le otorgue el pago mensual de la pensión por viudez al cien por ciento, que por derecho le corresponde y se abstenga de retenerle el pago total de esa pensión basado en las normas que han sido declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.." Por lo cual, en la nueva determinación que al efecto llegue a emitir en cumplimiento a esa ejecutoria, deberá de respetar el derecho de la parte quejosa a recibir su pensión por viudez, de manera íntegra, y abstenerse de aplicar una disposición de contenido similar a los artículos 51, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado, los cuales ya fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, se le indica que SUBSISTE EL APERCIBIMIENTO decretado en auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno -acuerdo de origen-, por lo que DE PERSISTIR SU ACTITUD CONTUMAZ Y SEGUIR CON EVASIVAS PARA CUMPLIR CON ESTE MANDATO o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en les párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se dará inicio al incidente de inejecución de sentencia ante el Tribunal Colegiado de Circuito, quien de reiterar que existe incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico; sin perjuicio de su consignación ante un juez del orden penal. Asimismo, toda vez que el Subdelegado Administrativo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, en su calidad del superior jerárquico, tampoco ha comunicado nada en torno al mandado que se le realizó en auto de catorce de junio de este año, con fundamento en el numeral 194, de la ley de la materia, REQUIÉRASELE POR TERCERA OCASIÓN, para que en el mismo término -TRES DÍAS-, contado a partir de la legal notificación de este auto-, conmine a la diversa oficiante a dar estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este asunto. Lo anterior, en el entendido de que teniendo tal carácter - superior jerárquico-, también incurre en responsabilidad por no acatar los efectos de la ejecutoria que nos ocupa en los mismos términos que la autoridad responsable en comento; de ahí que, se le apercibe que de no dar cumplimiento o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, será acreedora a la medida de apremio citada supralíneas. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.

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