Raymundo de Lira Chávez

Expediente 14/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
14/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
02/03/2022

Partes del expediente

  • Raymundo de Lira Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, dos de marzo de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió, en queja, el auto de siete de enero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo intentada, por tanto, se declara que el mismo ha causado estado. Orden de archivo. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. En virtud de que dentro del presente sumario obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio que tiene señalado en autos y la requiera, con fundamento en el último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, a fin de que con identificación oficial vigente, en horario de labores, acuda ante este Juzgado a recoger los documentos de mérito, los cuales se ponen a su disposición por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos, al realizarse la destrucción del juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, glósese al expediente en que se actúa el escrito de cuenta signado por Abel Rodríguez Herrera, autorizado del aquí quejoso; atento su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese, personalmente. ...

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 02 DE MARZO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO."... Zacatecas, Zacatecas, dos de marzo de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió, en queja, el auto de siete de enero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo intentada, por tanto, se declara que el mismo ha causado estado. Orden de archivo. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. En virtud de que dentro del presente sumario obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio que tiene señalado en autos y la requiera, con fundamento en el último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, a fin de que con identificación oficial vigente, en horario de labores, acuda ante este Juzgado a recoger los documentos de mérito, los cuales se ponen a su disposición por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos, al realizarse la destrucción del juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, glósese al expediente en que se actúa el escrito de cuenta signado por Abel Rodríguez Herrera, autorizado del aquí quejoso; atento su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese, personalmente. ...

  3. Principal

    CUENTA. En siete de enero de dos mil veintidós, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Raymundo de Lira Chávez, registrada con el número de folio 254, y copias que se adjuntan. Con la circunstancia de que el licenciado Abel Rodríguez Herrera, tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de enero de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Raymundo de Lira Chávez, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad y otra autoridad, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 14/2022 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Comisión Federal de Electricidad. Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Zacatecas. "1.- El acto que le reclamo a la autoridad señalada ahora como Responsable del inciso a) del Capitulo de Autoridades señaladas como Responsables; es el PERMITIR el funcionamiento de un Pozo para explotar, usar o aprovechar Aguas Nacionales Superficiales por un volumen de 48,000.00 metros cúbicos anuales, en favor ilegalmente de los ahora terceros perjudicados sin que cuenten con título de concesión alguno, ni permiso alguno de ninguna autoridad. 2.- El acto que le reclamo a la autoridad señalada ahora como responsable en el inciso b) del Capitulo de Autoridades señaladas como responsables; es cualquier acto habido y por haber tendiente a la Expedición de título de concesión a favor del C. JUAN DE LIRA RAUDALES Y/O MIGUEL DE LIRA RAUDALES; sin mi autorización y/o ratificación ante dicha dependencia de gobierno federal, porque soy legitimo concesionario del título de concesión para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales superficiales por un volumen de 48,000.00 metros cúbicos anuales, en los términos del título de concesión que me fuera expedido por COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA en fecha 14 de marzo de 2008." Ahora, la parte quejosa en su capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, relató que: Que tiene el carácter de usufructuario gratuito del predio ubicado en el Ejido Lamporal, Vetagrande, Zacatecas, denominado el "Pirular", con una superficie de 5-13 hectáreas. Asimismo, que posee a su favor el título de concesión 07ZAC105688/37AMDL08, que ampara su derecho a extraer cuarenta y ocho mil metros cúbicos de anuales, para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales del subsuelo. Que se ausentó del territorio nacional estableciéndose en Estados Unidos y al regresar se enteró que Juan y Miguel de apellidos De Lira Raudales, dieron en arrendamiento a Jesús Guzmán Montañez el predio descrito con anterioridad. También, que Jesús Guzmán Montañez le comentó que Juan y Miguel de apellidos De Lira Raudales le dijeron que no fuera a decir nada, porque ellos no contaban con ningún documento que los avale para la extracción de los metros cúbicos de agua que están extrayendo del subsuelo a través del pozo denominado el "Pirular", pero que pronto contarían con un título de concesión por un volumen de veinticuatro mil metros cúbicos anuales. En atención al acto reclamado y a los antecedentes señalados en la demanda inicial, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los preceptos 1, fracción I, 5o., fracción II, párrafo segundo, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado no constituye acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Dichas disposiciones establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De la transcripción que antecede, se obtiene que las causas de improcedencia pueden resultar de alguna disposición de la ley; asimismo, que es autoridad responsable la que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. De ahí que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos de autoridad que violen los derechos fundamentales, así como que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora, en el caso la parte quejosa señala como actos reclamados que la autoridad responsable permite el funcionamiento de un pozo para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales sin concesión alguna. Además, reclama cualquier acto tendiente a la expedición de título de concesión de explotación de las aguas nacionales a favor de los terceros interesados, sobre el predio el "Pirular" del cual se ostenta como legítimo concesionario. Sin embargo, de los antecedentes de los actos reclamados no se advierte la intervención de las autoridades señaladas como responsables; pues lo que se actualiza son actos entre particulares. En otras palabras, si bien el quejoso reclama que las responsables permiten el funcionamiento de un pozo para explotar, usar o aprovechar Aguas Nacionales; lo cierto es que sus propias manifestaciones no se advierte su intervención inclusive a título omisivo. Ahora bien, conviene señalar las características que debe de tener la autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que, en el presente caso, no se advierte su participación en los hechos que sustentan los antecedentes del acto reclamado. Como punto de partida, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, número de registro: 161 133, visible en la página 1089, del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, señaló las notas distintivas de la autoridad para los efectos del juicio de amparo, en la que señaló lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por tanto, las características de una autoridad, para los efectos del juicio constitucional, son los siguientes: 1. Que exista un ente que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que ese ente tenga características de órgano público. 3. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 4. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. En el caso, de las propias manifestaciones que realiza el quejoso en su demanda de amparo, precisamente en los antecedentes del acto reclamado, se desprende que los terceros interesados por vías de hecho están explotando, usando y aprovechando las aguas nacionales en el predio ubicado en el Ejido Lamporal, Vetagrande, Zacatecas, denominado el "Pirular", con una superficie de 5-13 hectáreas; cuando el solicitante de amparo expresa que cuenta con el título de concesión. Declaración que constituyen confesión expresa en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2º. Lo anterior, sin que de su relatoría se advierta la participación de las autoridades responsables; como tampoco, que el quejoso haya hecho del conocimiento de la Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Zacatecas, sobre la explotación ilegal de los recursos hídricos en el multicitado predio, sobre el cual aduce cuenta con la concesión respectiva. De cuya respuesta u omisión de la misma, podría actualizarse, sin menoscabo de observar el principio de definitividad, un acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo. Pues sería un contrasentido iniciar la instancia constitucional en contra de las autoridades responsables, por actos reclamados que desconocen y de los cuales estarían imposibilitadas para rendir su informe justificado. En ese sentido, el impetrante de amparo pretende a través de esta instancia jurisdiccional resolver dicha controversia jurídica con los terceros interesados sin antes encausar sus pretensiones ante las autoridades responsables. De ahí que los actos que afectan su esfera jurídica, como lo manifiesta están ejecutándose por particulares. En ese sentido, no se puede afirmar que las autoridades responsables estén ejerciendo actos de autoridad unilaterales que afecten sus intereses. Sin que la anterior, resulte un menoscabo a los derechos fundamentales del solicitante de amparo, pues tiene expeditos sus derechos para denunciar ante las autoridades competentes la explotación de ese pozo acuífero que aduce es ilegal, además de demandar la prevalencia de su título de concesión. Al respecto, los artículos 9, 119 y 122 de la Ley de Aguas Nacionales, establecen: "Artículo 9. "La Comisión" es un órgano administrativo desconcentrado de "la Secretaría", que se regula conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior. "La Comisión" tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico. En el ejercicio de sus atribuciones, "la Comisión" se organizará en dos modalidades: a. El Nivel Nacional, y b. El Nivel Regional Hidrológico - Administrativo, a través de sus Organismos de Cuenca. Las atribuciones, funciones y actividades específicas en materia operativa, ejecutiva, administrativa y jurídica, relativas al ámbito Federal en materia de aguas nacionales y su gestión, se realizarán a través de los Organismos de Cuenca, con las salvedades asentadas en la presente Ley. Son atribuciones de "la Comisión" en su Nivel Nacional, las siguientes: (.) XXII. Analizar y resolver con el concurso de las partes que correspondan, los problemas y conflictos derivados de la explotación, uso, aprovechamiento o conservación de las aguas nacionales entre los usos y usuarios, en los casos establecidos en la fracción IX del presente Artículo; (.)" "Artículo 119. "La Autoridad del Agua" sancionará conforme a lo previsto por esta Ley, las siguientes faltas: (.) VIII. Explotar, usar o aprovechar aguas nacionales sin el título respectivo, cuando así se requiere en los términos de la presente Ley; (.)" "Artículo 122. En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XIX, XX, XXII y XXIII del Artículo 119 de esta Ley, así como en los casos de reincidencia en cualquiera de las fracciones del Artículo citado, "la Autoridad del Agua" impondrá adicionalmente la clausura temporal o definitiva, parcial o total de los pozos y de las obras o tomas para la extracción o aprovechamiento de aguas nacionales." De cuyos preceptos, se desprende el afectado puede acudir ante la autoridad competente a denunciar la explotación, el uso o aprovechamiento de aguas nacionales sin el título respectivo, además de reclamar la prevalencia de su título de concesión, quien ante tales circunstancias podrá resolver dicho conflicto e incluso sancionar a los responsables con la clausura temporal o definitiva, parcial o total del pozo y de las obras o tomas para la extracción o aprovechamiento de aguas nacionales. En consecuencia, al ser notorio y manifiesto que los actos reclamados son ejecutados por particulares en la vía de hecho, sin que se advierta la participación de las autoridades responsables en los hechos que sustentan los antecedentes del acto reclamado, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, de conformidad con el diverso numeral 113 de la legislación de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Abel Rodríguez Herrera toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su ocurso. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento del quejoso que se le permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese; personalmente quejoso.

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