Raydel Toledo Montero
Expediente 526/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 08/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Raydel Toledo Montero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
El ocho de febrero de dos mil veintitrés, José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado certifica que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del cuatro al diecisiete de agosto de dos mil veintidós; sin que hubiera interpuesto recurso de revisión contra la resolución de sobreseimiento fuera de audiencia, emitida dentro del juicio de derechos en que se actúa. Sí se concedió la suspensión de plano en el presente asunto. Sí se tramitó incidente de suspensión en el que se negó la suspensión provisional y la definitiva. No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la resolución de veintisiete de julio de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer en el presente asunto fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, de conformidad con lo previsto en el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de veintiséis de agosto de dos mil veinte, que establece el tratamiento para los expedientes con suspensión de plano; este expediente es DEPURABLE, en razón de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia pero se concedió la suspensión de plano. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; dentro de los noventa días siguientes, llévese a cabo su depuración e inclúyase el presente asunto en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, con fundamento en el Artículo 21, inciso c, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es DESTRUIBLE en razón de que se negó la suspensión provisional y la definitiva, por lo que se determina que el cuaderno original del incidente de suspensión ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 21 del precitado acuerdo, dentro de los treinta días siguientes llévese a cabo el proceso de destrucción del cuaderno original del incidente de suspensión e inclúyanse en el acta de baja documental correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del nueve de febrero de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
El veintisiete de julio de dos mil veintidós, se da cuenta con una promoción registrada con folio 14435 y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la promoción de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de Zacatecas, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de veintiuno de julio de la anualidad que transcurre, remite copia certificada del procedimiento administrativo migratorio instaurado en contra de Andrés Silva Rivero. Por tanto, con fundamento en el artículo 119, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas como pruebas de su parte las documentales que adjunta a su comunicado; mismas que dada su propia y especial naturaleza se admiten y desahogan. Ahora bien, una vez impuesto este juzgador de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El precepto antes transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En efecto, de las constancias que obran en autos, se colige que han cesado los efectos de los actos reclamados. Es así, pues de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos Raydel Toledo Montero y Andrés Silva Rivero, reclamaron: AUTORIDADES RESPONSABLES: -INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN DELEGACIÓN FEDERAL DEL ESTADO DE ZACATECAS. DELEGADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL ESTADO DE ZACATECAS. ACTOS RECLAMADOS: De lo expuesto tenemos que, los quejosos primordialmente reclaman su detención en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, sin haber llevado a cabo el procedimiento correspondiente; y, su retención e incomunicación en dichas oficinas migratorias. Sin que sea inadvertido que los quejosos también reclamaron su traslado o deportación; sin embargo, no ha lugar a tenerlos como actos reclamados, en atención a que atendiendo a la causa de pedir, se obtiene que dichos actos fueron señalados por los quejosos como una posible consecuencia de su alojamiento en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas; por lo que no ha lugar a tenerlos como actos reclamados dentro del presente juicio de derechos fundamentales. Lo anterior encuentra apoyo en los criterios siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Ahora bien, con relación a los actos ya precisados, se advierte que el siete de abril de abril del año en curso, la autoridad responsable permitió el egreso de los quejosos Raydel Toledo Montero y Andrés Silva Rivero con la única condición de acudir a firma los días y horas ahí precisados, a las instalaciones de la Delegación en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración, con el fin de continuar con su procedimiento administrativo. Asimismo se les hizo del conocimiento que de incumplir con las condiciones fijadas para autorizar su egreso, se emitiría la alerta migratoria correspondiente, tal como lo dispone el artículo 216 del Reglamento de la Ley de Migración. La documental de cuenta y la recibida por auto de treinta de junio de dos mil veintidós, cuentan con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, al ser documentos públicos suscritos por un funcionario público en ejercicio de sus facultades. Con las constancias anteriores, se advierte que el Delegado en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración, destruyó totalmente las afectaciones aducidas por los quejosos, en razón a que el siete de abril de dos mil veintidós, ordenó el egreso de los quejosos de referencia, a fin de que continuaran con el procedimiento administrativo que se les sigue, en libertad. Asimismo, el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, el jefe de departamento de control migratorio del Instituto Nacional de Migración, delegación Estatal Zacatecas, puso fin a los procedimientos migratorios instaurados en contra de Raydel Toledo Montero y Andrés Silva Rivero, por los motivos expresados. En consecuencia, se tiene que los actos reclamados en este juicio, cesaron en la producción de sus efectos jurídicos, precisamente porque fueron egresados de las instalaciones de dicha delegación estatal; lo cual permite concluir que se han destruido en forma total las afectaciones que se podrían generar a las amparistas, de ahí que se afirme que han cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso que nos ocupa la tesis aislada V.5o.1 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto consignan lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." De lo anterior se sigue que si la autoridad responsable, el siete de abril de dos mil veintidós, fecha posterior a la promoción del presente juicio que fue el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, inhabilitó los efectos de los actos reclamados; debe considerarse que han sido destruidos los efectos de los actos tildados de inconstitucionales en forma absoluta, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, pues a nada práctico conduciría el análisis de los actos consistentes en la detención en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, sin haber llevado a cabo el procedimiento correspondiente; y, su retención en dichas oficinas migratorias, si éstos ya fueron puestos en libertad y, posteriormente, se dieron por concluidos los procedimientos administrativos correspondientes. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Atento a lo anterior, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA con relación a los actos reclamados por los quejosos Raydel Toledo Montero y Andrés Silva Rivero, precisados en esta determinación. Consecuentemente, se deja sin efecto legal la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las diez horas del veintitrés de agosto de dos mil veintidós; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan García Trejo secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del Titular, licenciado Rodolfo García Camacho, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y autorizado por el oficio CCJ/ST/2327/2022 de trece de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe. gfp En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintiocho de julio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
El veintiuno de julio de dos mil veintidós, el suscrito José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado certifico: Que se encuentra fijada para las nueve horas con treinta minutos del día de hoy la audiencia constitucional en el presente juicio. Lo que se asienta para constancia legal. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con treinta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Sin embargo, del estado de autos se advierte que la autoridad responsable Instituto Nacional de Migración Delegación Zacatecas, al dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, solo remitió copia certificada del procedimiento administrativo instaurado en contra del quejoso Raydel Toledo Montero, no así del diverso impetrante Andrés Silva Rivero. Por tanto, toda vez que para el dictado de la resolución respectiva es necesario contar con copia certificada de los autos del procedimiento administrativo migratorio instaurado en contra del referido Andrés Silva Rivero; con apoyo en el artículo 75 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable en cita, para que dentro del término de tres días legalmente computados remita copia certificada del procedimiento administrativo de que se trata o bien indique el inconveniente legal que tenga para no hacerlo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Luego, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el Estado, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. gfp En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintidós de julio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
El treinta de junio de dos mil veintidós, se da cuenta con una promoción registrada con folio 12835 y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de Zacatecas, mediante el cual informa que ha dado por concluido el procedimiento administrativo migratorio con base en el artículo 57, fracción V, de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, asimismo en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de veintitrés de junio de la anualidad que transcurre, remite copia certificada del referido procedimiento administrativo. Con lo anterior, se ordena dar vista a las partes a fin de que en el término de ocho días manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del uno de julio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
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