Raydel Pérez Zapata

Expediente 559/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 27 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
559/2019
Año
2019
Actuaciones
27
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Raydel Pérez Zapata

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración, según lo dispuesto por la fracción IV, del numeral vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por tanto, una vez transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III, del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Y, ya que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra clasificado como depurable, de conformidad con lo que establecen los artículos segundo, fracción XXVI, y cuarto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, procédase a la separación de las constancias que deberán conservarse e intégrese, por separado, el tomo de las documentales que deberán ser destruidas, cuando sean transferidas al Centro de Documentación y Análisis. Notifíquese Lo proveyó y firma el licenciado *, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada **. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTINUEVE DE NOVIMEBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 559/2019-I-2. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, la demanda que dio origen al juicio, y fue turnada a este Juzgado de Distrito el mismo día. En el escrito inicial ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Secretario de Gobernación, Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Coordinador de Regulación Migratoria, Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Delegado y Subdelegado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en Juárez, Chihuahua, y Subdirector de la Estación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con sede en Janos, a quienes les reclamó lo siguiente: 1. De las autoridades señaladas como responsables, les reclamo el ilegal e inconstitucional aseguramiento del suscrito y prohibirme el libre tránsito dentro del país, según lo establece el artículo primero constitucional, ya que, al ingresar a México, toda persona goza de todos los derechos humanos conocidos por la Constitución Mexicana, la cual está a la par con los Tratados Internacionales de los refugiados. 2. Así mismo se reclama de todas y cada una de las autoridades, la falta de información o motivos de mi aseguramiento, y permanecer dentro de las instalaciones de LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, desde el día 20 de junio de 2019, y al día siguiente procedí a realizar mi trámite como refugiado en México dentro de las mismas instalaciones de la Estación Migratoria, lugar donde permanezco asegurado. 3. La omisión de contestar mi solicitud a obtener libertad mediante caución o fianza en los términos del artículo 102 de la Ley de Migración. 4. Por lo que se reclama la violación a la Ley de Refugiados, pues sometí solicitud para mi liberación en términos del artículo 102 de la Ley de Migración con dos diferentes autoridades: C. COORDINADOR GENERAL DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS, dos escritos presentados el día 18 de julio de 2019, uno a las 11:12 horas y otro presentado el día 23 de julio de 2019 al C. SUBDIRECTOR DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE JANOS DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, y en ninguno de los casos he recibido respuesta a mi petición de libertad, por lo que, permanezco asegurado por las autoridades migratorias tengo el temor de ser deportado a nuestro país de origen Cuba, lo cual me causaría un agravio a mi persona difícil de reparar, pues el haber salido de mi país natal Cuba sin permiso del presidente pondría en peligro mi vida. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo presentada por *******, se registró con el número 559/2019-I-2, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud que se reclama un acto en materia administrativa, que tuvo ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo y 107, fracción III, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esa forma se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama: 1. El aseguramiento de su persona, al prohibirle el libre tránsito dentro del país como refugiado. 2. La falta de información o motivos de su aseguramiento y por ello permanecer dentro de las instalaciones de la Estación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto de Migración en el Estado de Chihuahua desde el veinte de junio de dos mil diecinueve. 3. La omisión de contestar la solicitud para obtener libertad mediante caución o fianza en los términos del artículo 102 de la Ley de Migración. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los que se señalan en los párrafos precedentes, de los cuales se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Representante Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, Secretaria de Gobernación, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Comisionado del Instituto Nacional de Migración y Directora General de Regulación y Archivo Migratorio del Instituto Nacional de Migración, al rendir informe justificado negaron categóricamente las omisiones y actos que se les reclamaron. La demostración de los actos reclamados es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que cuando las autoridades responsables niegan el acto que se les imputa, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza de los actos de que se trata. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, con la voz: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En la especie, se dio vista a la quejosa con el informe justificado de las autoridades responsables Representante Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, Secretaria de Gobernación, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Comisionado del Instituto Nacional de Migración y Directora General de Regulación y Archivo Migratorio del Instituto Nacional de Migración, empero, omitió aportar algún medio de prueba para acreditar la certeza de los actos y omisiones que les endilga, pues si bien aportó diversas documentales al juicio anexas a su demanda de amparo, las mismas no son aptas e idóneas para acreditar su existencia. En efecto, si bien el quejoso anexó a su demanda copia simple de la solicitud para el reconocimiento de la condición de refugiados, tal documento al presentarse sin certificación, en su caso, únicamente acredita indiciariamente que el quejoso presentó el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, tal petición ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. También agrega un par de escritos con firma autógrafa y sellos de recibido que dirigió al Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y al Subdirector de la Estación Migratoria de Janos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, los cuales, solamente pueden probar que, en su calidad de extranjero sometido a un procedimiento administrativo, les pidió obtener los beneficios a que se refiere el artículo 102 de la Ley de Migración. Por su parte, el Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en su informe justificado indicó que no son ciertos los actos que se le reclaman. Además, señaló que la parte quejosa el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado, mismo que fue admitido por acuerdo de once de julio de dos mil diecinueve, y mediante oficio *******, de esa misma data, solicitó al Instituto de Migración, garantizar el derecho de no devolución de *******. Lo anterior, lo corrobora con las copias certificadas que remite la responsable, pues efectivamente, el once de julio de dos mil diecinueve, previo a que se presentara la demanda el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, atendió la solicitud del accionante del amparo y pidió que no se tomen medidas que impliquen la devolución del solicitante. Por otra parte, cabe mencionar que el Subdirector de la Estación Migratoria de Janos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, no se pronunció en forma precisa respecto a la existencia o no de las omisiones o actos endilgados, sino que se limitó a remitir copia certificada del expediente que se inició al quejoso como extranjero, con motivo del procedimiento administrativo migratorio. De las constancias adjuntas a su informe justificado se advierte la inexistencia de los reclamados consistentes en el aseguramiento del quejoso, al prohibirle el libre tránsito dentro del país como refugiado y la falta de información o motivos de su aseguramiento y permanecer dentro de las instalaciones de la Estación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto de Migración en el Estado de Chihuahua. En cuanto al aseguramiento del que se duele quejoso, al prohibirle el libre tránsito en el país como refugiado, cabe acotar que a las dieciséis horas con cinco minutos del veintidós de junio de dos mil diecinueve, se inició procedimiento administrativo migratorio, en su calidad de extranjero por ser de nacionalidad cubana y encontrarse en territorio mexicano sin haber acreditado su legal estancia (foja 182). Ante ello, a las dieciséis horas con veinte minutos del veintidós de junio de la presente anualidad, la Jefa del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria Janos, emitió el acuerdo de presentación (foja 186), en el que, en su parte conducente, se lee lo siguiente: HACE CONSTAR Que del contenido de las documentales que integran el expediente administrativo en el que se actúa, se advierte que el extranjero (a) de nombre ******* de nacionalidad ******* con su conducta de acción al haberse internado al país de manera irregular, sin la documentación que acreditara su legal estancia, actualizó los supuestos del artículo 144, fracción I de la Ley de Migración. ACUERDA PRIMERO.- Alójese temporalmente al extranjero (a) de nombre ******* de nacionalidad ******* en el área designada para hombres de la Estación Migratoria Janos, de esta Delegación Federal con el carácter de presentado, en virtud de haber encuadrado su conducta en lo establecido en el numeral 68, 79, 98, 99, 100 y 144, fracción I de la Ley de Migración, al no acreditar su regular internación con la documentación requerida para tal efecto, por lo que deberá permanecer alojado en esta Estación Migratoria en la cual en todo momento se le proporcionará manutención, servicios médicos y sanidad , respetándosele en todo momento sus derechos humanos, hasta en tanto esta autoridad resuelva su situación migratoria en territorio mexicano. Así, es evidente que el quejoso no fue objeto de aseguramiento alguno, por el contrario, fue alojado temporalmente en las instalaciones del área designada para hombres de la Estación Migratoria Janos, hasta en tanto se definiera su situación migratoria, y sobre este particular es necesario precisar que el aseguramiento y el alojamiento son figuras jurídicas que entrañan cuestiones completamente diferentes, así como que la Ley de Migración no prevé el aseguramiento de personas. Por tanto, resulta inexistente el aseguramiento del quejoso y con ello el impedimento de transitar libremente en su calidad de refugiado. Luego, respecto a la falta de información o motivos del aseguramiento del quejoso y de permanecer dentro de las instalaciones de la Estación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto de Migración en el Estado de Chihuahua, tampoco es cierta tal omisión. Se afirma ello, debido a que el propio veintidós de junio de dos mil diecinueve, quedó notificado del acuerdo que se emitió de inicio del procedimiento administrativo migratorio correspondiente, en su comparecencia de esa misma data se le hicieron saber expresamente los derechos que la Ley de Migración le confiere, se le informó que sería alojado en la estación migratoria y se le otorgó acceso a la comunicación telefónica, además que se le leyeron los derechos que como alojado tiene en la estación (foja 182, 183, 186, 190 a 195). Además, obra el acuerdo de quince de julio de dos mil diecinueve, emitido por la Jefa del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria Janos (fojas 210 y 211), que en su parte conducente dispone lo siguiente: [.] 2.- En fecha ******* del presente, el extranjero *******, conocedor del derecho que le asiste, realizó Solicitud de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, quedando dicha solicitud con Número de Folio-Referencia *******. 3.- Se interpuso el Juicio de Amparo número ******* contra actos de esta Autoridad reclamando cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional. 4.- El día 12 de Julio de 2019, se llegó al término que establece el plazo de alojamiento de quince días hábiles, que establece la Ley de la materia, sin embargo, en virtud de la demanda de amparo en su nombre, así como la solicitud realizada ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, siendo estos elementos esenciales a considerar a fin de emitir resolución definitiva. [.] "(.) El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: (.) V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y existe una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país: (.)". Siendo este el caso que nos ocupa. [.] ACUERDA PRIMERO.- Se ordena ampliar el tiempo de alojamiento del extranjero ******* de nacionalidad *******, en las instalaciones que ocupa esta Estación Migratoria Janos, de la Representación Federal Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, hasta en tanto se informa (sic) a esta autoridad migratoria sobre la resolución que recaiga al Juicio de Amparo, promovido a favor del extranjero de referencia, y/o a la resolución que recaiga al trámite realizado por el mencionado extranjero ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. [.] Los acuerdos en mención fueron notificados al quejoso en la propia fecha de su emisión, quien firmó para debida constancia, por tanto, es un hecho que, al momento de la presentación de la demanda, el quejoso, ciertamente, conocía el motivo por el que se encontraba alojado en la Estación Migratoria Janos, con lo que se demuestra la inexistencia del acto reclamado consistente en la falta de información o motivos de su aseguramiento y permanecer dentro de las instalaciones de la Estación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto de Migración en el Estado de Chihuahua. Finalmente, en cuanto a la omisión de contestar su solicitud para obtener libertad mediante caución o fianza en los términos del artículo 102 de la Ley de Migración, también resulta inexistente, según las constancias que componen el Procedimiento Administrativo Migratorio instaurado en contra del extranjero. El quejoso refiere haber presentado un escrito ante el Subdirector de la Estación Migratoria de Janos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, el veintitrés de julio de dos mil diecinueve, en el que solicitó se le concediera el beneficio de libertad por razones humanitarias, sin que se le hubiera dado contestación; hecho que, igualmente, se desvirtúa con las constancias. Lo anterior, porque contrario a lo que aduce el quejoso, el Subdirector de la Estación Migratoria Janos, mediante acuerdo de treinta de julio de dos mil diecinueve, dio contestación a la petición planteada por aquél, en el sentido que a continuación se transcribe: RESUELVE: PRIMERO. No ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por el promovente ******* de Nacionalidad Cubana, en razón a los argumentos y razonamientos de hecho y derecho expuestos en el apartado de Considerandos que anteceden. Proveído del que, también, el quejoso fue debidamente notificado dado que así se observa de la constancia de dos de agosto de dos mil diecinueve, en la que se advierte plasmada firma sobre el nombre de ******* (fojas 224). Consecuentemente, no es cierto que, previo a la presentación de la demanda de amparo que originó este juicio, el quejoso no hubiera recibido noticia de contestación en torno a la petición planteada al Subdirector de la Estación Migratoria de Janos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración. En relatadas circunstancias, también, se tienen como inexistentes los actos reclamados al referido Subdirector de la Estación Migratoria de Janos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua consistentes en la falta de información o motivos de su aseguramiento y permanecer dentro de las instalaciones de la Estación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto de Migración en el Estado de Chihuahua, y la omisión de contestar a su solicitud a obtener libertad mediante caución o fianza en los términos del artículo 102 de la Ley de Migración. En esa medida, dado que la quejosa omitió ofrecer prueba para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables mencionadas en este considerando, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto los actos que se les endilgan, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Además, no es posible entrar al fondo del asunto y analizar los conceptos de violación de que se duele el quejoso, en razón a que sus condiciones cambiaron, pues el trece de agosto de dos mil diecinueve, se acordó la salida de la estación migratoria al quejoso ******* con motivo de la suspensión provisional concedida en el diverso amparo 598/2019-V, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con morada en esta ciudad. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 559/2019-I-2 promovido por ******* respecto de los actos y omisiones reclamados a las autoridades precisados en el considerando tercero de esta resolución, por las razones ahí expuestas. Notifíquese personalmente al quejoso y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, toda vez que el Secretario Encargado del Despacho, no está facultado para fallar en definitiva, de conformidad con el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Consecuentemente, se ordena diferir la citada audiencia y en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Notifíquese Lo proveyó y firma el licenciado **, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos se advierte que mediante proveído de dos de octubre del presente año, se dio vista a la parte quejosa por un plazo de quince días con el fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que el quejoso no hizo manifestación alguna en el término concedido para el efecto citado en el párrafo precedente; por tanto, de conformidad con los artículos 108 y 111 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto anteriormente señalado y se ordena continuar con la tramitación de este juicio de amparo en los términos planteados en el escrito inicial de demanda. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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