Raúl Terán Godinez
Expediente 430/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 430/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 15/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Raúl Terán Godinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra el acuerdo emitido el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con los artículos 229, 230, 231 y 241 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos se advierte que mediante oficio 3988/2018, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el cuatro de los corrientes y turnado a este recinto judicial al día siguiente hábil, el Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, informó que realizó la cancelación del embargo reclamado por la parte quejosa, trabado sobre los bienes inmuebles consistentes en las bodegas números 82 y 83, tipo A, edificio C, de la Central de Abastos de esta ciudad y, para acreditar su dicho remitió copia certificada de las documentales conducentes. Corolario de lo antepuesto, por auto de seis de septiembre actual, se dio vista por tres días a la parte quejosa, a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera, sin que se haya pronunciado al respecto; por tanto; este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse sobre lo informado por la responsable en cita, dado que de la información remitida se advierte que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el tres de julio del año en curso y turnado a este órgano en esa misma fecha, ************* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Monclova y otras autoridades, a quienes reclamó el embargo y anotaciones marginales que se realizaron en las inscripciones 121 y 122, folios 123 y 124, libro 4886 de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad del Distrito Bravos (ahora inscripciones 50 y 51, folios 50 y 51, del libro 6459, Sección Primera), correspondientes a bienes inmuebles que dijo son de su propiedad, consistentes en las bodegas números 82 y 83, tipo A, edificio C, de la Central de Abastos de esta ciudad, así como la eventual desposesión y remate de dichos inmuebles. Por acuerdo de cuatro del propio julio, se admitió la demanda de amparo bajo el consecutivo 430/2018-II, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, en el oficio en que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Monclova rindió su informe con justificación, informó que ordenó levantar el embargo recaído sobre los inmuebles descritos en párrafos precedentes, motivo de la controversia que originó el presente juicio; lo que se concatena con la información contenida en el diverso oficio signado por el Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, recibido en este recinto judicial mediante proveído de seis de los actuales, en el cual se dio cumplimiento a lo ordenado por el Juez de proceso. Lo anterior, revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que procede el sobreseimiento del juicio de control constitucional, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, del informe justificado rendido por el juez responsable, se advierte lo siguiente: [.] se ordenó levantar el embargo recaído en diligencia actuarial de fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho, sobre dos bienes inmuebles consistentes en 1).- UNA BODEGA DE CONDOMINIO NÚMERO **, INSCRITA CON EL NÚMERO ***, FOLIO ***, LIBRO *****, **** y *) UNA BODEGA EN CONDOMINIO NÚMERO **, INSCRITA CON EL NÚMERO ***, FOLIO ****, LIBRO ***** SECCIÓN PRIMERA, inscritos ante el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, del Distrito Judicial Bravos, Chihuahua, para todo efecto legal. ***** Asimismo, del oficio 3988/2018, signado por el Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, se advierte lo siguiente: ***** se ha realizado la cancelación del embargo registrado en la inscripción ** a folio ** del libro **** de sección segunda. Se remite copia certificada de la inscripción ** a folio ** del libro **** de sección primera así como de la inscripción ** a folio ** del libro **** de sección primera, correspondientes a los inmuebles en cuestión en donde se aprecia la cancelación del gravamen. ***** En el entendido de que a esas documentales se les reconoce valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; las cuales resultan eficaces y suficientes para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos el acto atribuido a las autoridades responsables, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues el Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, el veintidós de agosto del año en curso, canceló las anotaciones marginales trabadas sobre los bienes inmuebles, cuyo embargo se reclamó en el presente juicio de amparo; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues su actuar implica la restitución de los derechos que se alegaron transgredidos en este juicio, pues al cancelar las anotaciones marginales que nos ocupan, cesaron los actos que reclamó la parte quejosa, tal como si se le hubiera otorgado la protección constitucional solicitada. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se dejan sin efectos la hora y fecha programadas para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las nueve horas con treinta minutos del once de octubre de dos mil dieciocho. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **************. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho que a la letra dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos se advierte que mediante oficio 3988/2018, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el cuatro de los corrientes y turnado a este recinto judicial al día siguiente hábil, el Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, informó que realizó la cancelación del embargo reclamado por la parte quejosa, trabado sobre los bienes inmuebles consistentes en las bodegas números 82 y 83, tipo A, edificio C, de la Central de Abastos de esta ciudad y, para acreditar su dicho remitió copia certificada de las documentales conducentes. Corolario de lo antepuesto, por auto de seis de septiembre actual, se dio vista por tres días a la parte quejosa, a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera, sin que se haya pronunciado al respecto; por tanto; este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse sobre lo informado por la responsable en cita, dado que de la información remitida se advierte que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el tres de julio del año en curso y turnado a este órgano en esa misma fecha, ************* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Monclova y otras autoridades, a quienes reclamó el embargo y anotaciones marginales que se realizaron en las inscripciones 121 y 122, folios 123 y 124, libro 4886 de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad del Distrito Bravos (ahora inscripciones 50 y 51, folios 50 y 51, del libro 6459, Sección Primera), correspondientes a bienes inmuebles que dijo son de su propiedad, consistentes en las bodegas números 82 y 83, tipo A, edificio C, de la Central de Abastos de esta ciudad, así como la eventual desposesión y remate de dichos inmuebles. Por acuerdo de cuatro del propio julio, se admitió la demanda de amparo bajo el consecutivo 430/2018-II, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, en el oficio en que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Monclova rindió su informe con justificación, informó que ordenó levantar el embargo recaído sobre los inmuebles descritos en párrafos precedentes, motivo de la controversia que originó el presente juicio; lo que se concatena con la información contenida en el diverso oficio signado por el Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, recibido en este recinto judicial mediante proveído de seis de los actuales, en el cual se dio cumplimiento a lo ordenado por el Juez de proceso. Lo anterior, revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que procede el sobreseimiento del juicio de control constitucional, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, del informe justificado rendido por el juez responsable, se advierte lo siguiente: [.] se ordenó levantar el embargo recaído en diligencia actuarial de fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho, sobre dos bienes inmuebles consistentes en 1).- UNA BODEGA DE CONDOMINIO NÚMERO **, INSCRITA CON EL NÚMERO ***, FOLIO ***, LIBRO *****, **** y *) UNA BODEGA EN CONDOMINIO NÚMERO **, INSCRITA CON EL NÚMERO ***, FOLIO ****, LIBRO ***** SECCIÓN PRIMERA, inscritos ante el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, del Distrito Judicial Bravos, Chihuahua, para todo efecto legal. ***** Asimismo, del oficio 3988/2018, signado por el Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, se advierte lo siguiente: ***** se ha realizado la cancelación del embargo registrado en la inscripción ** a folio ** del libro **** de sección segunda. Se remite copia certificada de la inscripción ** a folio ** del libro **** de sección primera así como de la inscripción ** a folio ** del libro **** de sección primera, correspondientes a los inmuebles en cuestión en donde se aprecia la cancelación del gravamen. ***** En el entendido de que a esas documentales se les reconoce valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; las cuales resultan eficaces y suficientes para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos el acto atribuido a las autoridades responsables, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues el Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, el veintidós de agosto del año en curso, canceló las anotaciones marginales trabadas sobre los bienes inmuebles, cuyo embargo se reclamó en el presente juicio de amparo; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues su actuar implica la restitución de los derechos que se alegaron transgredidos en este juicio, pues al cancelar las anotaciones marginales que nos ocupan, cesaron los actos que reclamó la parte quejosa, tal como si se le hubiera otorgado la protección constitucional solicitada. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se dejan sin efectos la hora y fecha programadas para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las nueve horas con treinta minutos del once de octubre de dos mil dieciocho. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de seis de los actuales se dio vista por tres días a la parte quejosa con la información rendida por parte del Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos; sin que hasta la fecha haya transcurrido dicho término. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que se encontraba fijada para esta fecha y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.
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