Raul Zacarias Gonzalez

Expediente 458/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
458/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
15/10/2020

Partes del expediente

  • Raul Zacarias Gonzalez
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad de México, quince de octubre de dos mil veinte. Por recibidos los escritos suscritos por la parte quejosa, presentados a través del Portal de Justicia en Línea del Poder Judicial de la Federación, por el que señala a ******* como autorizada para oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona que indica, en los términos precisados. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos; los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 458/2020-VII, promovido por **********, por propio derecho, contra actos del Presidente del Consejo de Honor Superior, del Cuartel General del Alto Mando, de la Secretaría de Marina, Armada de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veinte (fojas 2 a 56) ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, recibido en este órgano jurisdiccional el dos de marzo siguiente, **********por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican: "III. LA AUTORIDAD RESPONSABLE: LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE HONOR SUPERIOR, DEL CUARTEL GENERAL DEL ALTO MANDO, DE LA SECRETARÍA DE MARINA, ARMADA DE MÉXICO. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. El cambio de adscripción en observación de su conducta a una comisión subalterna por el término de seis meses de derivada de la Resolución de fecha Cinco de Febrero de Dos Mil Veinte, dictada en el Recurso de Inconformidad, por la Autoridad Responsable, en el expediente ********************, que trae como consecuencia actos de tracto sucesivo como son. La restricción y privación de promocionarme y ascender al grado inmediato superior a causa y como consecuencia de dicha sentencia. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN TRANSGREDIDOS. La parte quejosa narró los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado; no señaló a nadie como tercero interesado; formuló los conceptos de violación que estimó conducentes e indicó como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 13, 14, 16, 17 y 20 apartado B fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 3). TERCERO. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Por acuerdo de tres de marzo de dos mil veinte, este juzgado registró la demanda en el libro de gobierno con el número 458/2020-VII y toda vez que advirtió diversas irregularidades, con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, para que manifestara si a su interés legal convenía señalar como acto destacado el artículo 16 del Reglamento de la Junta de Admirantes, Consejo de Honor, Superior y Ordinario. CUARTO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito de seis de marzo de dos mil veinte, el quejoso desahogó la prevención formulada e indico que no era su interés señalar como acto destacado el artículo 16 del Reglamento de la Junta de Admirantes, Consejo de Honor, Superior y Ordinario. Por acuerdo diez de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda; solicitó a la autoridad responsable el informe con justificación; dio vista al Agente el Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional; no ordenó el trámite del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa; y señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, tiene competencia constitucional y legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 52, fracciones II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se promueve en contra de actos atribuidos a autoridades administrativas con residencia en la jurisdicción que corresponde a este órgano judicial. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado: La resolución de cinco de febrero de dos mil veinte, dictado en el recurso de inconformidad, en el expediente ********************. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al Presidente del Consejo de Honor Superior, del Cuartel General del Alto Mando, de la Secretaría de Marina, Armada de México, consistente en la resolución de cinco de febrero de dos mil veinte dictada en el expediente ********************, al así haberlo aceptado dicha autoridad al rendir su informe con justificación (foja 73). Certeza que se corrobora con la copia certificada del expediente ********************, el cual obra en un legajo de pruebas por separada, documental que tiene valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Apoya lo anterior el criterio 226, establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, del Apéndice 1995, página 153, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA FUNDADAS. Previo al estudio de fondo del asunto, debe analizarse la procedencia del juicio constitucional, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. De oficio, se advierte que en el presente caso, respecto de la resolución de cinco de febrero de dos mil veinte dictada en el recurso inconformidad ******************** dictada por el Consejo de Honor Superior, del Cuartel General del Alto Mando, de la Secretaría de Marina, Armada de México, se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 63, fracción XX de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" El precepto transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo respecto de los actos que sean materialmente administrativos, esto es, que emanen de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; además, prevé su improcedencia si en su contra procede algún juicio, recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, aun cuando la parte agraviada no lo hubiera hecho valer oportunamente. Dicho principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos previstos en la ley que rige el acto reclamado para impugnarlo, pues responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos públicos subjetivos de los gobernados. De tal suerte que, de existir dicho medio ordinario de defensa legalmente reconocido sin que se haga valer, el juicio de amparo resulta improcedente. El reconocimiento constitucional del principio en comento responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación solo acontezca cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva, según la ley que la rija. Sin embargo, cabe señalar que ese principio no es absoluto, pues admite como excepciones las siguientes: Si el acto reclamado carece de fundamentación; Cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución; o, Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En ese tenor, se desprende que tratándose de actos de autoridades administrativas, cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, debe agotarse previamente a la interposición del juicio de amparo, por lo que cobra aplicación en el caso lo previsto en los artículos 3, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establecen: Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: ARTÍCULO 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos; [.] Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: ARTÍCULO 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. De los numerales citados, se desprende que el juicio contencioso administrativo federal procede ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra de resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos. Por tanto, si se toma en consideración que los actos reclamados en esta vía consisten en la resolución de cinco de febrero de dos mil veinte, dictada por el Consejo de Honor Superior del Cuartel General del Alto mando de la Secretaría de Marina Armada de México, en el recurso de inconformidad ********************, en la que determinó confirmar el veredicto de culpabilidad y la sanción impuesta al aquí quejoso consistente en el cambio de adscripción, así como su ejecución, resulta claro que el juicio de nulidad es procedente en contra de dichos actos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dado que se reclama una determinación que decidió un recurso administrativo en términos de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México. Es aplicable por identidad de razón la tesis 2a. X/2003, con numero de registro: 184733, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero de 2003, página 336 del siguiente rubro y texto: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL. La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan "resoluciones definitivas", y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de "resoluciones definitivas" las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la Administración Pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados." Así como la jurisprudencia 2a./J. 95/2004, de rubro y texto siguiente: RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 351, con el rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.", sostuvo el criterio de que es innecesario agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en los casos en que no se haga del conocimiento del gobernado el recurso que proceda en contra de tal resolución. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de tal criterio a fin de establecer que las resoluciones administrativas que en términos del referido artículo 83 son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera optativa a través del recurso de revisión o del juicio de nulidad, necesariamente deberán impugnarse a través de este último, previo al juicio de garantías, en términos del artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no obstante que se haya optado por sustanciar el recurso de revisión, con posterioridad a éste siempre deberá agotarse el juicio de nulidad. Apoya lo anterior la circunstancia de que en relación con la tramitación del juicio contencioso administrativo, el Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 155/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 576, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio de nulidad en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. (Registro: 181026, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, página: 414) En ese sentido, conviene precisar que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo, previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que solo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Además la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que para la procedencia del juicio contenciosa administrativo federal, es menester tomar en consideración la naturaleza jurídica de la resolución impugnada; que esa determinación debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública, entendiéndose como tal: La última resolución dictada para poner fin a un procedimiento; Una manifestación aislada, que no requiere de procedimientos que le antecedan para poder reflejar la última voluntad oficial. También ha establecido el Máximo Tribunal, que no podrán considerarse resoluciones definitivas las que se emitan durante las fases de un procedimiento, así como tampoco, los actos de naturaleza procedimental, puesto que únicamente le reviste ese carácter a la última decisión del procedimiento; que, en cambio, cuando se trata de actos aislados de la Administración Pública, serán considerados definitivos solo aquellos que contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados. Es aplicable el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis 2a. X/2003, publicada en la página trescientos treinta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, febrero de 2003, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL. La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan "resoluciones definitivas", y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de "resoluciones definitivas" las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la Administración Pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados." Sobre estas bases debe decirse que la resolución impugnada se encuentra fundamentada en los artículos 74 y 77 de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México, disponen lo siguiente: "Artículo 74. Los organismos disciplinarios que conocen de las faltas graves, son los siguientes: I. El Consejo de Honor Ordinario, que conocerá de las faltas graves que cometan los oficiales sin mando, clases y marinería; este Consejo funcionará en unidades y establecimientos con mando subordinado, mando superior y mando superior en jefe; II. El Consejo de Honor Superior, que conocerá de las faltas graves que cometan los capitanes sin mando en cualquier situación que se encuentren, así como en las que incurran los oficiales con mando y los miembros del Consejo de Honor Ordinario, y III. La Junta de Almirantes, que conocerá de las faltas graves que cometan los almirantes en cualquier situación en que se encuentren, los capitanes con mando y los miembros de los Consejos de Honor Superior. El Consejo de Honor Superior funcionará en las unidades con mando superior en jefe; en tanto que, la Junta de Almirantes lo hará en la sede del Alto Mando. Artículo 77. Cuando un miembro de la Armada no esté conforme con las resoluciones del organismo disciplinario que lo juzgó, podrá recurrir ante el organismo disciplinario superior al que emitió el fallo, siendo ésta la única instancia de inconformarse. En el caso de las resoluciones emitidas por la Junta de Almirantes, serán analizadas por el Consejo del Almirantazgo Reducido." De los numerales transcritos se aprecia que la Armada de México cuenta con tres organismos disciplinarios, mismos que conocerán de las faltas graves de su personal, cada uno en el ámbito de sus atribuciones; que en contra de las resoluciones que emitan los organismos disciplinarios, procederá el recurso de inconformidad, mismo que será del conocimiento del organismo disciplinario superior al que emitió el fallo. Se destaca que el artículo 77 de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México, establece expresamente que los miembros de la armada contarán con una sola instancia para inconformarse en relación con las resoluciones disciplinarias. Sobre estas bases, es que se puede considerar que la resolución impugnada fue emitida por el Pleno de la Junta de Almirantes de la Secretaría de Marina; entonces, de conformidad con lo previsto en la parte final del artículo 77 de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México, aquélla podrá ser analizada por el Consejo de Almirantazgo Reducido. Lo anterior, porque como se dijo, el artículo 77 de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México, establece expresamente que solo existe una instancia para que los miembros de la armada se inconformen respecto de las resoluciones del organismo disciplinario que los juzgó, del que corresponderá conocer al organismo disciplinario superior al que emitió el fallo de primera instancia. Además tratándose de actos de autoridades cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto con los mismos alcances que los previstos por la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa ni plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la propia Ley de Amparo, debe agotarse previamente a la interposición del juicio de amparo, por lo que cobra aplicación en el caso concreto lo dispuesto en el artículo 3, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En ese contexto, a continuación se verificará si en el del análisis de la Litis planteada, no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad: 1. El artículo 28, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Resulta aplicable, la jurisprudencia número 2ª./J. 130/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (Registro 2004553, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, página 1446. de rubro y texto: PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." 2. No se impugnó ninguna ley con motivo del primer acto de aplicación. Siendo que en el caso, el único acto destacado constituye la resolución dictada el cinco de febrero de dos mil veinte, en el recurso de inconformidad ******************** y su ejecución. 3. No solo reclama violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha excepción no aplica pues aun cuando los argumentos expuestos por la parte quejosa hagan énfasis sobre violaciones a los artículos 5, 14, 16 y 133 constitucionales, dado que reclama la resolución impugnada el análisis de su propio contenido, obligaría a examinar aspectos de legalidad que pueden ser materia de análisis en sede ordinaria de defensa, dado que se trata de una determinación que decidió un recurso administrativo en términos de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México, por lo que esta circunstancia no puede tomarse como excepción al principio de definitividad, toda vez que la parte quejosa puede ser oída con la amplitud respecto de las garantías que persigue. 4. No se trata de actos que afecte a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan. Al respecto, debe destacarse que el quejoso, no le asiste el carácter de tercero extraño, toda vez que como quedó demostrado en párrafos que anteceden, compareció desde el inicio del procedimiento incoado en su contra. 5. Los que carecen de fundamentación. En este aspecto del contenido de la resolución reclamada se advierte la cita de diversos preceptos y razonamientos en los cuales la autoridad apoyó su determinación. 6. En aquellos que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Tampoco se actualiza dicha excepción al principio de definitividad, en razón que en términos del numeral 3, fracción XVI, de la Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se prevé el juicio contencioso administrativo, el cual tiene por objeto modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama. En razón de que no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que en contra de la resolución de cinco de febrero de dos mil veinte dictada en el recurso de inconformidad ******************** y su ejecución que por esta vía se reclaman, debe promoverse juicio contencioso administrativo antes de acudir a la instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón el criterio I.11o.A.10 A (10a.) emitido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, con número de Registro: 2019542, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 64, marzo de 2019, Tomo III, página 2688, cuyo texto y rubro es "JUNTA DE ALMIRANTES DE LA ARMADA DE MÉXICO. LA RESOLUCIÓN QUE EMITE AL REVISAR UNA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO DE HONOR SUPERIOR, TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. Del artículo 74 de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México se advierte que esa institución cuenta con tres organismos disciplinarios, los cuales conocerán de las faltas graves de su personal, cada uno en el ámbito de sus atribuciones. Asimismo, que el Consejo de Honor Superior funcionará en las unidades con mando superior en jefe, en tanto que la Junta de Almirantes lo hará en la sede del Alto Mando. Por su parte, del numeral 77 del propio ordenamiento se aprecia que cuando un miembro de la Armada no esté conforme con las resoluciones del organismo disciplinario que lo juzgó, podrá recurrir ante el superior de éste, como única instancia para inconformarse. Por tanto, si la resolución que impuso una sanción se emitió por el Consejo de Honor Superior y se recurrió ante la Junta de Almirantes, se actualizó la sola instancia a que se refiere el último precepto citado y, por ende, la determinación emitida con motivo de esa revisión tiene el carácter de definitiva para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo federal. Sin que sea óbice a lo anterior que la parte final del artículo 77 indicado señale: "En el caso de las resoluciones emitidas por la Junta de Almirantes, serán analizadas por el Consejo del Almirantazgo Reducido", pues el hecho de que este último órgano analice los actos de aquélla, debe entenderse como una hipótesis diversa de competencia en materia disciplinaria, a saber, cuando en una primera instancia la Junta de Almirantes conozca de las faltas graves de los integrantes de la Armada de México." Por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamados consistentes en la emisión de la resolución dictada el cinco de septiembre de dos mil veinte, dictada en el recurso de inconformidad ********************, por haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 65, 73, 74, 75, 77 124 y 217, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Martín Adolfo Santos Pérez, Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa con Ignacio Fonseca Siordia, secretario que autoriza y certifica que la resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico, hasta el día de hoy diecisiete de septiembre de dos mil veinte, fecha en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Doy fe.

  3. Incidental

    Por recibido el oficio signado por el Presidente del Consejo de Honor Superior del Cuartel General del Alto Mando de la Secretaría de Marina, Armada de México, por el que informa el cumplimiento dado a la suspensión definitiva dictada en autos, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que hay lugar. Con fundamento en los artículos 158 en relación con el 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con las documentales exhibidas dése vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese personalmente.

  4. Incidental

    V I S T O para resolver, el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 458/2020-VII, promovido por Raúl Zacarias González, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Apertura del incidente de suspensión. Como se ordenó en el cuaderno principal, se formó por cuerda separada y por duplicado el cuaderno en que se actúa, se solicitó informe previo a la autoridad responsable, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual quedo sin efectos en virtud de lo establecido en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en los que se determinó que, se suspendieran las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, con excepción de los casos urgentes señalados en tales acuerdos. Ahora, mediante "Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la reanudación de plazos al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19" se ordenó el levantamiento de manera escalonada de todos los asuntos cuya tramitación quedó suspendida conforme a los lineamientos y razones expuestas en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020. Por lo que en auto de once de agosto del año en curso, se ordenó reanudar el presente juicio, fijándose fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El quejoso reclama de las autoridades responsables los actos siguientes: La resolución de cinco de febrero de dos mil veinte, dictada en el recurso de inconformidad, por la autoridad responsable, en el expediente número CUGAM/CHS/RI/05/2019, por medio de la cual se determina su cambio de adscripción en observación de su conducta a una comisión subalterna por el término de seis meses. La restricción y privación de acudir a promoción y ascender al grado inmediato superior. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Fundamento constitucional de las medidas cautelares de la Ley de Amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos pronunciamientos, ha considerado que la eficacia de cualquier sistema jurisdiccional depende, en gran medida, de la posibilidad de emitir medidas cautelares que permitan mantener viva la materia del proceso. En ese orden consideró que, especialmente en los procesos de protección de derechos fundamentales, la importancia del sistema de medidas cautelares radica en que tiende a evitar, en gran medida, que aquellos actos posiblemente violatorios de derechos humanos no consumen sus efectos durante la tramitación del proceso y afecten la esfera jurídica del particular de manera irreversible o de una forma difícil de reparar, ocasionando que el propio proceso instituido para su defensa terminara por resultar inútil a esos efectos. En tal virtud, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que, el derecho a la vida, a la igualdad (no discriminación), a la salud, a las libertades (trabajo, expresión, personales), los derechos de la personalidad, el derecho a la integridad física de las personas, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho de alimentos, por ejemplo, serían letra muerta sin la existencia de un proceso adecuado y capaz de garantizar que no sean transgredidos, lo que debe necesariamente incluir, en cuanto debido proceso (artículo 14 constitucional), un sistema de medidas cautelares apto para la protección efectiva y completa (artículo 17 constitucional) de los intereses jurídicos en juego, tomando en cuenta que la tardanza del procedimiento para obtener su salvaguarda no es un factor que justifique su lesión irreversible o grave. En suma, nuestro Más Alto Tribunal ha considerado que de la prohibición prevista en el artículo 17 constitucional en el sentido de que "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho", y de la exigencia constitucional a una administración de justicia "pronta, completa e imparcial", deriva el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende, como una de sus manifestaciones, el derecho a un sistema de medidas cautelares apto para la adecuada y oportuna protección de los intereses jurídicos controvertidos, tomando en cuenta que solo a través de ellas se evita que la tardanza en la emanación de la sentencia consume las violaciones alegadas de manera irreparable, y se impide, consecuentemente, que resulte inútil el proceso principal instituido para la defensa y eficacia de los derechos defendidos, considerando, además, la indispensable existencia, en todo tribunal, de la jurisdicción necesaria para que la justicia pueda ser hecha. Bajo esa relevancia constitucional será interpretado el sistema de medidas cautelares previsto en la Ley de Amparo a efecto de proveer sobre la suspensión solicitada. SEGUNDO. Presupuestos procesales para la válida paralización de los actos reclamados. La interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción X, del artículo 107 constitucional, permite arribar a la conclusión de que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la válida paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la integración de todos los presupuestos jurídicos siguientes: Solicitud de parte (salvo suspensión de oficio). Presunción de los actos reclamados. Existencia de materia para la suspensión o medida cautelar. Interés suspensional. Análisis simultáneo de peligro en la demora, apariencia de buen derecho y orden público e interés social. Cabe precisar que la ausencia de cumplimiento de cualquiera de dichas condiciones, genera que deba negarse la medida cautelar. TERCERO. Solicitud de la suspensión (artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo). Del estudio integral de la demanda, así como del capítulo respectivo, se advierte que la medida cautelar fue solicitada para el efecto de que mantengan las cosas en el estado que se encuentran, es decir, no se ejecute el cambio de adscripción de que se duele, así como que no se le restrinja o prive promocionarse y ascender al grado inmediato superior en la Marina Armada de México. Por lo que el análisis respectivo, se realizará únicamente respecto de dicho efecto. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 111/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, diciembre de 2003, página 98, que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." CUARTO. Inexistencia de actos. No es cierto el acto que se reclaman del Presidente del Consejo de Honor Superior del Cuartel General del Alto Mando de la Secretaría de Marina, Armada de México, consistentes en la restricción y privación de acudir a promoción y ascender al grado inmediato superior. Lo anterior, en virtud de que la citada autoridad negó el acto que se le atribuye al rendir su informe previo y, la parte quejosa no ofreció medio de convicción en este expediente a efecto de evidenciar que las responsables procedió en los términos que se le imputa, no obstante corresponderle la carga de la prueba de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En tal virtud, ante la inexistencia del acto reclamado, con fundamento en los artículos 128 y 144 de la Ley de Amparo, procede NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, respecto de dicha autoridad, toda vez que no existe materia sobre la cual decretarla. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/19 de la Novena Época, sustentada por el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II-julio de 1995, página 133, registro 204,855, donde se lee: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." QUINTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado del Presidente del Consejo de Honor Superior del Cuartel General del Alto Mando de la Secretaría de Marina, Armada de México, consistente en la resolución de cinco de febrero de dos mil veinte, dictada en el recurso de inconformidad, por la autoridad responsable, en el expediente número CUGAM/CHS/RI/05/2019, por medio de la cual se determina su cambio de adscripción en observación de su conducta a una comisión subalterna por el término de seis meses, ya que así lo manifestó al rendir su informe previo. SEXTO. Interés suspensional (artículo 131 de la Ley de Amparo). De conformidad con la Ley de Amparo, solo se concederá la medida cautelar cuando la parte quejosa acredite el interés jurídico o legítimo que justifique su otorgamiento, es decir, cuando el acto reclamado, sus efectos y/o consecuencias, causen daños de imposible o difícil reparación a la parte quejosa, en su esfera jurídica. En el caso, el gobernado acredita de manera presuntiva el derecho tutelado que pretende salvaguardar, con las manifestaciones que vierte bajo protesta de decir verdad, además de que dicho interés fue reconocido por la autoridad responsable al rendir su informe previo, pues acepta que mediante resolución de cinco de febrero de dos mil veinte, dictada en el recurso de inconformidad CUGAM/CHS/RI/05/2019, se determinó confirmar la resolución que impone como sanción el cambio de su adscripción por el término de seis meses. SÉPTIMO. Valoración de la existencia de materia para la concesión de la medida cautelar. Análisis de la naturaleza de los actos reclamados (artículos 131 y 147 Ley de Amparo). Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables, y no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. A ese respecto, se observa que si bien el artículo 131 de la Ley de Amparo señala que tales medidas no tendrán por efecto constituir derechos que no haya tenido la parte promovente antes de la presentación de la demanda, sin embargo el propio legislador también estableció en el artículo 147 de la Ley de Amparo facultades para que: "(.) Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo (.)"; siendo que estas últimas facultades son acordes a la finalidad constitucional ya expuesta de las medidas cautelares y las que, en todo caso, deben atenderse por resultar más favorables para la protección de la persona, a la luz del artículo 1º constitucional, en caso de posibles conflictos interpretativos. En este sentido, hay materia para proveer sobre la medida cautelar, al acreditarse la existencia del acto de autoridad dirigido al quejoso. Con el propósito de verificar la procedencia de la suspensión provisional, conviene señalar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, prevé que en el juicio de amparo los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, por lo que el órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. La medida cautelar se solicitó, para el efecto de que mantengan las cosas en el estado que se encuentran, es decir, no se ejecute el cambio de adscripción de que se duele; por tanto, procede realizar su análisis en los términos referidos. Resulta aplicable, a contrario sensu, la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo I, Febrero de 2019, foja 14, que establece lo siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." De conformidad con la fracción X, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la naturaleza del acto lo permita, los Jueces decidirán sobre la suspensión con base en un análisis ponderado sobre la apariencia del buen derecho, el peligro de la demora y el interés social, dicha norma constituye un mandato de optimización de un fin perseguido constitucionalmente, consistente en dar eficacia a la suspensión como instrumento de preservación de derechos humanos y de la materia del amparo, pero sin que se lastime el interés social. En el caso, el quejoso reclama el cambio de adscripción como elemento perteneciente a la Secretaría de Marina, Armada de México y su ejecución, por tanto, existe materia para conceder la suspensión. Al respecto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende lo siguiente: 1. El quejoso ejerce la presente acción de amparo como integrante de la Secretaría de Marina, Armada de México. 2. Refiere que mediante resolución de cinco de febrero de dos mil veinte, dictada en el recurso de inconformidad CUGAM/CHS/RI/05/2019, la responsable determinó imponerle como sanción el cambio de adscripción por el término de seis meses. En la especie, ante el conocimiento superficial del asunto, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad del derecho discutido, se concluye que existe apariencia del buen derecho y peligro de la demora, toda vez que la parte quejosa aduce esencialmente que el cambio de adscripción reclamado vulnera sus derechos fundamentales en tanto que de ser ejecutado, podría causarse una afectación de difícil reparación al promovente, ya que incidiría en la continuidad de su vida al tener en la Ciudad de México sus medios de subsistencia como es su hogar. Además, del análisis de las constancias que obran en autos se advierte que con el otorgamiento de la medida no se contravienen disposiciones de orden público, pues la medida cautelar tiene efectos provisionales y no definitivos, a efecto de analizar el acto de que se duele el quejoso, ya que en caso de negarse el amparo y la protección de la Justicia Federal, la autoridad responsable estará en aptitud de ejecutarlo o cumplimentarlo. De igual forma, con la concesión de la medida solicitada no se afecta el interés social, toda vez que del análisis del acto reclamado se aprecia que con el otorgamiento de la suspensión no se ocasiona daño a la sociedad o se le priva de un beneficio que de otro modo obtendría; sin embargo, de negarla se podría quedar sin materia el juicio de amparo. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 81/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 357 del tomo XVI-Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que señala: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Uno de los requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para el otorgamiento de la suspensión definitiva, es el relativo a que con tal otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, en tanto que la apreciación de su existencia depende del caso concreto y toda vez que los juzgadores de amparo deben respetar el mandato constitucional relativo a la fundamentación y motivación de sus resoluciones como una formalidad esencial del procedimiento, tal como se desprende del contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la ley que regula el juicio de garantías, se concluye que dichos juzgadores, según sea el caso, al otorgar o negar la suspensión definitiva del acto reclamado deben exponer los motivos por los que consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público." En ese orden y de conformidad con lo establecido en los artículos 131 y 139 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada para el efecto de que la autoridad responsable se abstengan de llevar a cabo el cambio de adscripción del quejoso Raúl Zacarias González, en la medida que ello en nada trasciende a las funciones que tiene encomendadas, ni tampoco en el funcionamiento de la dependencia invocada. Por lo expuesto, fundado y, de conformidad con lo previsto por los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, conforme a los motivos y fundamentos precisados en el considerandos cuarto. SEGUNDO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a Raúl Zacarias González, de conformidad con lo señalado en el último considerando de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

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