Raul Trapero Paredes
Expediente 1833/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1833/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 08/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Raul Trapero Paredes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Por recibido el oficio enviado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 1833/2019, e informa que acepta la competencia declinada a su favor; al respecto, este juzgado toma conocimiento de su contenido Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la sentencia que SOBRESEYÓ EN EL JUICIO HA CAUSADO EJECUTORIA. Comuníquese a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, por tratarse de un asunto en el que la resolución emitida por este juzgado Federal, no tiene trascendencia jurídica al sobreseer en lo principal; por consiguiente, una vez que haya transcurrido el término de cinco años, procédase a su destrucción. Aunado a que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la Ciudad de México, siendo las QUINCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo número 1833/2019-IV, promovido por Raúl Trapero Paredes, por propio derecho, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, Martín Adolfo Santos Pérez, Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido en audiencia pública con el Secretario Javier Herrera Palomares, que autoriza y da fe, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni legítimo representante de éstas. Relación de constancias de autos. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente: escrito inicial de demanda, auto admisorio de dieciocho de dos mil diecinueve, escrito de ampliación de demanda, auto admisorio de doce de febrero de dos mil veinte, constancias de notificación a las partes de los referidos autos, informes justificados y acuerdos correspondientes. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Periodo probatorio. Abierto el período de pruebas: el Secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por las partes, así como con la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones ofrecidas por el quejoso. El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las probanzas de referencia, que se desahogan en virtud de su propia y especial naturaleza. Periodo de alegatos. Abierto el período de alegatos: el Secretario da cuenta con los alegatos formulados por la parte quejosa a través del escrito registrado con el número de promoción 8084; asimismo, se hace constar que ninguna de las demás partes formularon alegatos y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló pedimento. El Juez acuerda: Téngase por hecha la constancia secretarial que antecede para los efectos legales procedentes; asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, por formulados los alegatos de referencia. Al no haber diligencia pendiente que desahogar, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. SENTENCIA Vistos, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1833/2019-IV, promovido por Raúl Trapero Paredes, por propio derecho, contra los actos que reclama del Director General Adjunto de Administración del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos , Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, remitido al día hábil siguiente a este Juzgado Federal, por razón de turno, Raúl Trapero Paredes, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se indican: "Autoridad responsable: La Dirección General Adjunta de Administración del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. Ley o actos que de las autoridades responsables se reclaman: la omisión de responder el escrito presentado con fecha 11 de octubre de 2019" SEGUNDO. derechos fundamentales vulnerados. El quejoso señaló como derecho fundamental vulnerado en su perjuicio el contenido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del acto reclamado e hizo valer el concepto de violación que consideró pertinente. TERCERO. registro y admisión de la demanda. Por acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, se registró la demanda de amparo con el número 1833/2019-IV; se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y; se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. ampliación de demanda y su admisión. La parte quejosa, mediante escrito registrado en el libro de correspondencia de éste órgano de control constitucional con el número de folio 2768, amplió su demanda de amparo respecto de la autoridad y los actos siguientes: "Autoridad responsable: Gerente del Servicio Médico de la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Adjunta de Administración del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Acto reclamado de las autoridades: La emisión del oficio GSM/191300/564/2019 de fecha 30 de diciembre de 2019 mediante el cual se hace del conocimiento al suscrito respecto de mi solicitud de fecha 11 de octubre de 2019 mediante el cual expresan la negativa a dar cumplimiento puntual al laudo de fecha nueve de julio de dos mil siete, dictado por la primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro del expediente 816/2003, en cumplimiento a las ejecutorias pronunciadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el día siete de junio del año dos mil siete, al resolver los juicios de amparo directos 3927/2007 y 3917/2007, promovidos en contra del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, las Condiciones Generales de Trabajo de 1995 y el Reglamento de Servicios Médicos de 1989 En particular la negativa del Gerente del Servicio Médico de la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Adjunta de Administración del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., de entregar al suscrito tiras reactivas, lancetas y modernización de glucómetro." Este Juzgado de Distrito, mediante proveído de doce de febrero de dos mil veinte, admitió a trámite la ampliación de demanda de amparo de que se trata; solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; e, hizo del conocimiento de las partes la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. suspensión del trámite del juicio. En términos de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020 y 14/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al funcionamiento del Poder Judicial de la Federación durante la contingencia derivada del virus COVID-19, se determinó suspender la tramitación del sumario constitucional que se resuelve, hasta en tanto, se regularizara el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales federales; toda vez que al asunto que nos ocupa no le reviste el carácter de urgente en atención a los actos reclamados; aunado al hecho de que no se cumplieron con los requerimientos necesarios para la tramitación del juicio en línea. SEXTO. reanudación del trámite del juicio. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veinte, se ordenó continuar con la tramitación del presente juicio de amparo y, en consecuencia, se fijó nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. SÉPTIMO. verificación de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. incompetencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo por cuanto hace al acto que se reclama del Gerente de Servicio Médico del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (en su denominación actual y correcta), consistente en la emisión del oficio GSM/191300/564/2019 de treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Lo anterior, por las consideraciones que a continuación se exponen. La competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio se encuentra obligado a realizar el juez de distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional; pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Sirve de fundamento, la jurisprudencia I.2o.P. J/40 definida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 56, agosto de 1992, página 36, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el Juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, a saber: a) Competencia por territorio. b) Competencia por materia. c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por materia. Al respecto, debe decirse que la razón para fijar límites a la jurisdicción de los diversos órganos de amparo y establecer diversas competencias por razón de materia es lograr una mejor impartición de justicia a favor de los gobernados, objetivo tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el entendido de que la división de la competencia por razón de materia no solo tiene el propósito de realizar una mera distribución formal de los asuntos entre los órganos jurisdiccionales especializados, sino lograr que el conocimiento de las diversas controversias sea sometido a aquel órgano jurisdiccional con una práctica jurisprudencial continua en determinada área del derecho. Siendo que ello redunda en una eficiente administración de justicia al remitir el asunto al órgano jurisdiccional del cual se presume una mayor pericia sobre determinada materia dado su conocimiento constante sobre el área de especialización. Bajo tal contexto, para fijar la competencia por razón de materia al conocer del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y la autoridad que lo emite. A lo expuesto resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 145/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, página 1689, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA. SE DETERMINA ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 79/2015, en sesión de 10 de junio de 2015, por mayoría de 3 votos interrumpió el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 4/2013 (10a.) (*). Así, actualmente, para establecer la competencia por materia de un Tribunal Colegiado de Circuito especializado para conocer del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia, debe atenderse tanto a la naturaleza del acto reclamado como a la de la autoridad señalada como responsable, sin considerar la materia en la que el Juez de Distrito con competencia mixta haya fijado su competencia." Cabe señalar que cuando resulte complejo determinar la competencia por razón de materia en los casos en que sea discrepante la naturaleza formal de la autoridad responsable con la naturaleza material del acto reclamado que emitió, entonces la competencia debe fincarse al privilegiar el carácter del acto reclamado sobre el de la autoridad responsable. En efecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en los autos de la contradicción de tesis 313/2012, resolvió, en lo que aquí interesa, lo siguiente: "Si bien, se advierte que las reglas para la distribución de las competencias, tratándose de juzgados de distrito especializados por materia, toman como elemento para determinar la competencia material tanto el carácter de la autoridad emisora del acto reclamado, como la naturaleza del acto que emiten; también lo es que igualmente se advierte que las reglas para la distribución de las competencias ponen especial énfasis en el contenido material del acto reclamado, tal y como sucede en las impugnaciones de leyes o de disposiciones de carácter general, en donde no infiere el carácter de la autoridad emisora para determinar la naturaleza del acto que se reclama en amparo. Esto es, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advierte que es un elemento fundamental para determinar la competencia material la naturaleza del acto que prima sobre la calidad de la autoridad que lo emite." Conforme a lo antes transcrito, es dable afirmar que el carácter formal de la autoridad señalada como responsable no es determinante para establecer la competencia del Juez de Distrito al que corresponde conocer del juicio de que se trate, ya que para ello prima la naturaleza del acto reclamado, por ser éste el que da la pauta y la referencia para el análisis constitucional que debe realizarse, partiendo de la legislación en la cual se apoye. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.24/2009 de la Segunda Sala del Alto Tribunal Constitucional, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 412, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado." Los artículos 48, 49, 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen y regulan la competencia por materia de los Jueces de Distrito, estableciendo, entre otros, Jueces de Distrito en Materia Administrativa y Jueces de Distrito en Materia de Trabajo. Luego, toda controversia que apunte a la preservación de derechos laborales, se encuentra enmarcada en los objetivos del derecho del trabajo y; en consecuencia, constituirá la materia que deben conocer los tribunales de amparo en materia laboral, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, pues en ellos estará a discusión un derecho consagrado por la Constitución, por la ley o por contratos particulares en favor de los trabajadores o de los sindicatos de trabajadores o de los miembros de éstos. En efecto, para que el juicio de amparo se considere en materia de trabajo el acto reclamado debe afectar de manera directa e inmediata algún derecho consagrado en los derechos y prerrogativas previstas por el artículo 123 de la Constitución Federal, que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. Entonces, la calidad del sujeto que interviene como parte en el juicio de amparo y la naturaleza jurídica del acto reclamado son los que determinan la existencia de un juicio de amparo en materia laboral, sin importar el origen del acto reclamado; es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, pues basta que se afecte algún interés fundamental tutelado por las disposiciones constitucionales y legales antes citadas y que en el amparo intervenga un trabajador en defensa de aquél para que se esté en presencia de un conflicto en materia de trabajo. En tales condiciones, a efecto de establecer lo relativo a la competencia para conocer del acto reclamado que en presente considerando nos ocupa (a saber, el oficio GSM/191300/564/2019 de treinta de diciembre de dos mil diecinueve), resulta relevante traer a colación lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Del artículo trascrito se desprende que es competente el Juez de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de naturaleza laboral, esto es, que se encuentran contenidos tanto en la legislación sustantiva como adjetiva de dicha materia, de lo cual en ningún caso puede conocer un órgano en materia distinta. Lo anterior obedece a que el espíritu del legislador fue el de dar efectivo cumplimiento al artículo 17 constitucional, en cuanto a garantizar la eficacia y rapidez en la tramitación y fallo de los juicios, en virtud de que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican, en forma preferente, a una rama del derecho. Corrobora lo anterior el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que limita la competencia de éste órgano jurisdiccional a lo siguiente: Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III de artículo anterior en lo conducente, y V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio." Bajo ese contexto, este Juzgador considera que el acto reclamado en comento es de naturaleza laboral; puesto que a través de éste se le informa al quejoso que, de conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo de mil novecientos noventa y cinco, el Reglamento de Servicios Médicos de mil novecientos noventa y ocho, así como el laudo de nueve de julio de dos mil siete, dictado en el expediente 8163/03, del índice de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Banobras no se encuentra obligado a proporcionarle las tiras reactivas, lancetas y modernización de glucómetros que solicitó a través de su escrito presentado el once de octubre de dos mil diecinueve. Negativa que incide en la prestación del servicio médico que otorga Banobras a sus jubilados y pensionados; lo que evidentemente constituye un derecho social consagrado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias, y demás disposiciones contenidas en instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Sin que sea óbice a lo anterior, que el oficio de que se trata haya derivado de un derecho de petición formulado en términos del artículo 8 constitucional, lo cual en principio tornaría el asunto como vinculado a la materia administrativa; sin embargo, atendiendo a que lo pretendido por el jubilado quejoso implica que se le proporcionen diversos insumos o accesorios con motivo de una prestación de seguridad social (a saber, la prestación de servicio médico), es dable afirmar que la controversia deriva de una relación laboral o de hechos íntimamente relacionados con ella y, por tanto, ésta debe resolverse a la luz de los principios constitucionales y convencionales rectores del derecho del trabajo; razón por la cual se considera que el asunto que nos ocupa es de naturaleza laboral y no administrativa. Máxime que, el oficio de que se trata se encuentra fundamentado en diversas normas laborales e incluso en una resolución final dictada por un tribunal del trabajo; lo cual, pone de manifiesto que la afectación que el acto reclamado provoca en la esfera jurídica del solicitante de la protección constitucional, se materializa en atención a una relación que se encuentra regida por el derecho laboral burocrático. Apoya lo expuesto con antelación la tesis aislada I.14o.T.1L, sustentada por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1714, que a la letra dice: "ACTOS DE NATURALEZA LABORAL. ELEMENTOS QUE LOS DEFINEN PARA EFECTOS DE COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. Cuando surge la disyuntiva de si un acto es de naturaleza laboral o administrativa, para considerar lo primero no basta con que el acto de autoridad tenga sustento en un dispositivo de la Ley Federal del Trabajo, ni que éste sea aplicado por alguna de las autoridades previstas en el artículo 523 de esa legislación, sino que debe tomarse en cuenta que la materia laboral se sustenta en el artículo 123 constitucional, que tiene sentido ampliamente protector de los trabajadores, y que de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo de 1931, supera la concepción individualista que sustenta la relación de trabajo en el contrato libre, para dar paso a una concepción social que niega como función de la relación de trabajo el simple intercambio de bienes patrimoniales como se concibe en la doctrina liberal al trabajo y al salario, para en la nueva tendencia valorar en la más amplia dimensión los derechos humanos de los trabajadores. Además, debe tenerse presente que concebido el derecho del trabajo en el artículo 123 de la Constitución de 1917 como un sistema de mínimos derechos en favor de los trabajadores y máximas obligaciones a su cargo, se dota a la clase trabajadora de herramientas de lucha para superar sus derechos y disminuir sus obligaciones legales, como son la sindicación, la huelga y la contratación colectiva, que le permiten nivelar su fuerza social con la fuerza económica del patrón, entonces, también las controversias que tengan que ver con la formación, registro, funcionamiento y dirección de sus organizaciones, esto es, los conflictos intergremiales o de los sindicatos con sus agremiados, quedan comprendidas dentro del marco de la materia laboral. Por tanto, toda controversia que derive de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a la preservación de los referidos derechos o a la consecución de esas mejoras que superen los mínimos y máximos constitucionales, o que se dé dentro del ámbito sindical, quedarán enmarcados en los objetivos del derecho del trabajo y, por consecuencia, constituirá la materia que deben conocer los tribunales de amparo en materia laboral, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, pues en ellos estará a discusión un derecho consagrado por la Constitución, por la ley o por contratos particulares en favor de los trabajadores o de los sindicatos de trabajadores o de los miembros de éstos. En conclusión, para que un acto de autoridad pueda considerarse de contenido materialmente laboral, no bastará que sea emitido por una dependencia prevista como autoridad del trabajo, ni que su actuación se sustente en la facultad para aplicar la Ley Federal del Trabajo, para vigilar y hacer efectivas las normas de esa legislación, ya que si no se vincula con alguno de los campos anteriormente señalados, se quedará en el mero ámbito de la relación autoridad-gobernado y, por consecuencia, deberá considerarse que se trata de un acto materialmente administrativo, cuyo conocimiento será de la competencia de un órgano de amparo en materia administrativa. " Asimismo, en lo conducente, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9 del Tomo 205-216 Primera Parte, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "ACTOS DE CONTENIDO MATERIALMENTE LABORAL REALIZADOS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. En tratándose de un problema competencial para conocer de un amparo indirecto, la resolución del conflicto debe atender exclusivamente a la naturaleza material del acto reclamado. Desde el punto de vista material, que atiende al acto en sí, el acto reclamado es de naturaleza laboral, cuando consista en una multa impuesta por el secretario de Trabajo y Previsión Social por infracción a disposiciones tanto de la Ley Federal del Trabajo, como de los Reglamentos de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y de Higiene en el Trabajo. La circunstancia de que la multa impuesta no haya derivado de un conflicto obrero-patronal, sindical o de un laudo, no implica que dicho acto no esté comprendido dentro de la materia de trabajo, pues las hipótesis que contempla el artículo 42 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no se agotan, únicamente, en ese tipo de conflictos, sino que comprenden, además, todas aquellas cuestiones que, sin mediar controversias entre patrones y trabajadores, miran la seguridad social de estos últimos, como sucede cuando se impone una multa por infracción a disposiciones de trabajo que tutelan los intereses de la parte obrera; aspecto éste que queda comprendido en la fracción III del artículo 42 bis de la invocada ley." Por lo expuesto y de conformidad con los artículos 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, determina que carece de competencia legal para resolver el juicio de amparo por cuestión de materia respecto del acto reclamado consistente en la emisión del oficio GSM/191300/564/2019 de treinta de diciembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, remítase copia certificada de las constancias correspondientes a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, para que el Juzgado que por turno corresponda conocer del presente juicio determine si acepta la competencia planteada. SEGUNDO competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, tiene competencia constitucional y legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto Primero, fracción I y Segundo, fracción I, número 3, y Cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 03/2013, expedido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; en relación con la omisión que se reclama de una autoridad administrativa que tiene su domicilio en esta ciudad, ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. TERCERO. fijación de la litis. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso acude a la instancia constitucional a reclamar: -La omisión de dar contestación a su escrito de petición ingresado en la oficialía de partes del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, el once de octubre de dos mil diecinueve. CUARTO. certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se le atribuye al Director General Adjunto de Administración del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (en su denominación actual y correcta), consistente en la omisión de dar contestación al escrito de petición que ingresó el quejoso en la oficialía de partes de dicha Institución crediticia el once de octubre de dos mil diecinueve. Lo anterior, pues así lo reconoció la referida autoridad responsable al rendir su informe justificado. Por su aplicación es de invocarse la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número doscientos setenta y ocho, en la página doscientos treinta y uno, tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Máxime que de constancias de autos se advierte que si bien la aludida autoridad responsable dio respuesta al escrito de petición en comento; sin embargo, tal actuar fue realizado con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Se dice lo anterior, toda vez que del original del acuse de recibo del oficio GSM/191300/564/2019, a través del cual el Gerente de Servicio Médico del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, da respuesta al escrito presentado por el quejoso el día once de octubre de dos mil diecinueve -documental que, en términos de lo dispuesto en los artículos 79, 93, fracción II, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2, tiene valor probatorio pleno-, se advierte que el mismo fue emitido el día treinta de diciembre del año próximo pasado, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, lo cual aconteció el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Aunado al hecho de que el oficio de respuesta de referencia le fue notificado al accionante de amparo, por conducto de su autorizada para oír y recibir notificaciones Irma del Carmen Salinas Castellanos, hasta el diecisiete de enero de dos mil veinte. Derivado de lo expuesto, debe tenerse como cierta la omisión que se reclama del Director General Adjunto de Administración del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. Apoya lo anterior, la tesis II. 1o. C. T. 217 K., sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Octubre de 1994, página 313, que a la letra dice: "INEXISTENCIA Y CESACION DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." QUINTO. causa de improcedencia fundada. Previo al estudio de fondo del asunto, debe analizarse la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este Juzgador advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al escrito de petición que el quejoso ingresó en la oficialía de partes del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, el once de octubre de dos mil diecinueve. Ello, en atención a los siguientes razonamientos y consideraciones: El precepto legal establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Con relación a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, esto es, la desaparición total de los efectos del acto reclamado, de manera incondicional e inmediata, y sin dejar huella en su esfera jurídica que amerite subsanarse. Entonces, podemos concluir que la cesación de efectos del acto reclamado, ocurre al momento en que se actualizan los supuestos siguientes: -Que desaparezcan todos los efectos del acto impugnado en forma inmediata, total e incondicional. -Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Precisado lo anterior, conviene señalar que el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable Director General Adjunto de Administración del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, de dar contestación al escrito de petición que le fue presentado el día once de octubre de dos mil diecinueve, por medio del cual el quejoso solicitó que le fueran proporcionados tiras reactivas, lancetas y modernización de glucómetro con motivo de las prestaciones de seguridad social a que tiene derecho, particularmente, la atinente al servicio médico. Ahora, de las constancias que obran en el juicio de amparo, se advierte que el Gerente de Servicio Médico del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, emitió el oficio GSM/191300/564/2019 de treinta de diciembre de dos mil diecinueve, donde dio contestación a la petición formulada por el quejoso en los siguiente términos: / En las circunstancias relatadas, es evidente que con la emisión de dicho oficio han cesado los efectos de la omisión que por esta vía se combate, pues de esta manera se le restituyó al quejoso en el goce de sus derechos. Es aplicable a lo anterior, por las razones que orientan y por no contravenir la legislación vigente, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, enero de 2009, página 605, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". Así las cosas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al escrito de petición que el quejoso ingresó en la oficialía de partes del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, el once de octubre de dos mil diecinueve; y, por consiguiente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento en el juicio, respecto de dicho acto reclamado. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del juicio respecto del acto reclamado consistente en la emisión del oficio GSM/191300/564/2019 de treinta de diciembre de dos mil diecinueve, por los fundamentos y motivos contenidos en el considerando PRIMERO de esta sentencia. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Raúl Trapero Paredes, por propio derecho, en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación a su escrito de petición ingresado el once de octubre de dos mil diecinueve, en términos de lo expuesto en el considerando QUINTO de este fallo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Por recibido el escrito signado por la parte quejosa, por el que realiza diversas manifestaciones y ofrece diversas pruebas documentales; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por realizadas sus manifestaciones en forma de alegatos. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales ofrecidas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
De conformidad con lo establecido en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó que, se suspendieran las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, con excepción de los casos urgentes señalados en tales acuerdos. Lo anterior, tuvo como consecuencia la suspensión de plazos de manera provisional del presente juicio y que tácitamente se dejara sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS DEL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE. Ahora, mediante "Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la reanudación de plazos al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19" se ordenó el levantamiento de manera escalonada de todos los asuntos cuya tramitación quedó suspendida conforme a los lineamientos y razones expuestas en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020. Por lo anterior, y atendiendo de manera puntual el esquema laboral establecido en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 y las cargas de trabajo que tiene este juzgado, es que en este acuerdo se ordena reanudar el presente juicio y se fijan las QUINCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE para que conforme a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, tenga verificativo la audiencia constitucional. Lo anterior se hace del conocimiento a las partes para los efectos legales a que haya lugar, en el entendido de que los plazos establecidos en este juicio, empezarán a correr a partir que se notifique el presente acuerdo conforme a las reglas establecidas en los artículos 27, 28 y 30 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 13,735 expedientes
- Raul Rosas Espinoza1364/2022
- Raul Rosillo Flores16/2019
- Raul Salinas de Gortari254/2018
- Raúl Sánchez Contreras1484/2017
- Raul Tornel Ruíz227/2018
- Raul Torres Romero1513/2019
- Raul Trejo Hernandez2326/2014
- Raul Trinidad Isuart1384/2018
- Raúl Vázquez Martínez1902/2023
- Raul Vazquez Sanchez756/2020
- Raul Vicario Nuñez662/2017
- Raul Zacarias Gonzalez458/2020