Raúl Velázquez Estrada

Expediente 336/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
336/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
26/04/2018

Partes del expediente

  • Raúl Velázquez Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA III. ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación precedente evidencia que la parte quejosa, dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, contra el auto de tres de abril de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos procedentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: DESTINO EXPEDIENTE PRINCIPAL. El presente cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009). Además, es menester referir que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia), asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA III. Un acuerdo de notificación personal a la parte quejosa.

  3. Principal

    Mesa III. CITATORIO (QUEJOSO R.V.E.) SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE 03 DE ABRIL DE 2018, QUE DICE: "Toluca, Estado de México; tres de abril de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, mediante el cual rinde su informe justificado. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida en razón de su propia y especial naturaleza la prueba documental que anexa y describe el Junta responsable en el ocurso que se provee. En otro contexto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado:  La abstención por parte de la autoridad responsable al no dictar el acuerdo en el que señale día y hora para la celebración de la audiencia conciliación, demanda y excepciones y por ende notificar y emplazar a las demandas dentro del expediente laboral J.29/697/2017. En ese sentido, el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, al rendir el informe justificado que se provee, negó la existencia del acto reclamado, de igual manera informó que si bien era cierto que, la Junta a su cargo emitió el acuerdo respectivo en fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, mismo que le fue notificado a la parte quejosa el veintitrés siguiente; como se corrobora con la constancia que envió como anexo al oficio de cuenta; misma que se le otorga eficacia probatoria plena de conformidad en lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a Ley de la Materia. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." De lo anterior, se colige que no obstante la negativa que refiere la Junta responsable, de sus manifestaciones se aprecia la existencia del acto que se le reclama en la presente vía constitucional; sin embrago, respecto de dicho acto se acredita la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos de la dilación procesal controvertida. Esto es así, porque el numeral y la fracción en comento, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).". En efecto, de una interpretación sistemática de la norma legal citada, se deduce que dicha causal de improcedencia se puede actualizar mediante dos supuestos a saber: a) Por revocación o, b) Sustitución procesal. Es así, ya que de la norma transcrita se establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo, o bien, cuando realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo u omisivos, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Lo anterior porque el juicio de garantías no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es el restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaba antes de la violación. Luego, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causal de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. De esta forma se destaca, que del informe rendido por la responsable, se desprende que si bien existía el acto reclamado consistentes en la dilación procesal en la que había incurrido la Junta responsable, por haber sido omisa de señalar fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; así como el ordenar el emplazamiento respectivo de la parte demandada al juicio laboral J.29/697/2017. También lo es que mediante acuerdo de doce de marzo del presente año, emitido dentro del expediente laboral J.29/697/2017, la Junta responsable acordó radicar, tramitar la demanda promovida y fijar para las doce horas del tres de agosto de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, tunándose los autos del citado juicio al actuario de su adscripción para que notificara y emplazara a juicio a las partes; mismo que fue notificado a la parte quejosa el veintitrés de marzo de la presente anualidad. De lo anterior, se colige que la dilación reclamada ha cesado en sus efectos, en virtud de que la autoridad responsable acordó, señalando fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, notificándole al quejoso, por medio de su apoderada, el veintitrés del pasado mes de marzo, con lo que se destruyó, la omisión en que había incurrido, situación que sucedió durante la tramitación del presente juicio. Bajo esa óptica, se observa que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que la propia autoridad responsable, mediante un acto posterior, destruyó el que dio origen a este sumario, lo que constituye una situación jurídica idéntica a la que habría existido si le hubiera concedido el amparo, por lo que la omisión reclamada no puede continuar surtiendo sus efectos. Es aplicable, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193758, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma brinda apoyo la diversa jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, Novena Época, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196820 , que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ante lo expuesto, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción XXI, de la Legislación de la Materia, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA este juicio de garantías, por lo que se deja sin efecto legal alguno la hora y día fijados para la audiencia constitucional, misma que fue señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO; así como todas las medidas y determinaciones decretadas, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Cobra aplicación en el presente asunto, la tesis V.2o.45 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 2503, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Octubre de 2005, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO AL ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Conforme a la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, para que válidamente pueda sobreseerse en el juicio, debe invocarse alguna fracción del artículo 73 de la propia ley; sin embargo, no necesariamente toda causa de improcedencia puede considerarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías que dé lugar a decretar el sobreseimiento, fuera de la audiencia constitucional, pues para ello es menester que la causa se manifieste con tal notoriedad que la haga aplicable sin ulterior comprobación de datos o elementos que la integren, porque éstos surgen a la vista y, además, se tenga la certeza absoluta de que no existe, ni puede sobrevenir, elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa."

  4. Principal

    Mesa III. Toluca, Estado de México; catorce de marzo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, mediante el cual informa que no existe el registro de la tramitación de algún juicio de amparo directo o indirecto, en contra del acto reclamado por esta vía; atento a ello, este Juzgado de Distrito toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

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