Raul Sarmiento Diaz

Expediente 38/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
38/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
29/01/2019

Partes del expediente

  • Raul Sarmiento Diaz
  • Servicio de Administracion Tributaria

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de diecisiete de enero del año en curso (fojas 45 a 53), mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente 1 Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción I, primero y segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto referido). 2 A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Asimismo, se precisa que en el presente cuaderno no existen documentos de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese por lista a la parte quejosa

  2. Principal

    MESA VII. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio 1779/2019, que signa el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 7/2019, de su índice, al determinar que dicho órgano jurisdiccional carece de competencia por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por ***************** contra actos del Servicio de Administración Tributaria y otra autoridad, por lo que, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del asunto; por tanto, se ordena acusar recibo y formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 38/2019-VII. FIJACIÓN DEL ACTO. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado se hace consistir esencialmente en: ? La orden emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para inmovilizar la cuenta bancaria número 6030100010 de la Institución Financiera Banco HSBC, sociedad anónima; y su ejecución. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." DESECHAMIENTO. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Este juzgador advierte que se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por las razones que se expondrán enseguida. En primer término, debe puntualizarse que dicho artículo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." La citada hipótesis normativa, dispone que previo a la promoción del juicio constitucional: a) la parte que se considere agraviada con una determinada resolución proveniente de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo deberá agotar los recursos o medios de defensa contemplados dentro del procedimiento respectivo, por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados; y b) siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva. En el caso, no se está ante el señalado supuesto de excepción, ya que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar. Ello, en términos de lo resuelto por la Segunda Sala del Alto Tribunal, en la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) de la décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación libro 28, marzo de 2016, tomo II, página 1194, de rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Ahora bien, cabe destacar que en cuanto al tópico que aquí se analiza, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 361/2014 , estableció criterio en el sentido de que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, ello interpretado en relación con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación. Al respecto, el artículo 116 del código tributario establece que contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal se podrá interponer el recurso de revocación y, el numeral 117 de la citada legislación prevé las diversas resoluciones y actos contra los que se puede interponer dicho medio de defensa en sede administrativa, pues dispone lo siguiente: El precepto legal transcrito establece la regla general de procedencia del recurso de revocación, estableciendo supuestos que pueden dividirse en dos grupos, en el primero se encuentran las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que pueden impugnarse a través del citado medio de defensa; en tanto que en el segundo se precisan los actos de las referidas autoridades que pueden ser materia del recurso en comento, entre los que destacan aquellos que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, y que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución; así como los que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se argumente que éste no se ha ajustado a la ley. Por otro lado, el artículo 120 del Código Fiscal de la Federación establece que el recurso de revocación será optativo para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, el numeral 121 de ese código tributario prevé el plazo en que debe interponerse el recurso de revocación. El artículo 127 del Código Fiscal de la Federación establece, como regla general, que cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria; empero, también prevé dos hipótesis de excepción a la mencionada regla general de procedencia, a saber, la primera se actualiza cuando se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables; en tanto que la segunda se surte cuando se esté en presencia de actos de imposible reparación material. Asimismo, el propio numeral establece que en los dos últimos supuestos excepcionales, el plazo para interponer el recurso de revocación se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo. En relación con este tipo de actos, es pertinente puntualizar que la regla de excepción al plazo previsto en el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, no opera respecto de cualquier tipo de embargo, sino únicamente para aquellos que han recaído sobre bienes inembargables y que, en los demás supuestos, rige el plazo genérico de impugnación hasta antes de la convocatoria de remate. Como se advierte del contenido de los numerales invocados, la inmovilización de cuentas bancarias es un acto susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, en los términos y plazos que ya han quedado precisados. En tales términos, ante la determinación de la autoridad administrativa de inmovilización de las cuentas bancarias, el gobernado afectado tiene a su alcance el recurso de revocación, el cual, puede agotarse previamente antes de acudir al juicio contencioso administrativo. Esto, en virtud de que este medio de impugnación es de naturaleza optativa -como se expuso en párrafos precedentes-. De lo anterior se sigue que el medio ordinario de defensa carece de obligatoriedad y que su ejercicio es opcional y, en tal medida, no es exigible para el gobernado, de manera que si decide no agotarlo, tiene expedita la vía ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En ambos casos, esto es, bien en el recurso de revocación, o bien, en el procedimiento contencioso administrativo, existe la posibilidad de suspender el acto, pues en las dos vías rige lo dispuesto en el artículo 28 de le Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ante este escenario, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo puede promoverse el juicio de amparo directo. En mérito de lo expuesto, se concluye que la persona afectada con la inmovilización de la cuenta número 6030100010, aperturada en la institución bancaria Banco HSBC, sociedad anónima, puede encontrar reparabilidad de tal acto, haciendo valer el recurso de revocación en el que podrá solicitar la suspensión de tal acto, o bien, a través del juicio contencioso administrativo y, en su caso, a través de la vía uniinstancial. Apoya la conclusión anterior, la jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, del mes de Marzo de dos mil quince, Tomo II, en la página mil trescientos setenta y siete, de rubro y texto siguientes: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial." Dicha tesis es aplicable, aun y cuando el Código Fiscal de la Federación sufrió modificaciones con motivo de la reforma publicada el nueve de diciembre de dos mil trece; ya que pese a la reforma legislativa, los numerales siguen manteniendo idéntico o coincidente contenido jurídico; por lo que, sigue prevaleciendo el criterio en cuanto a que la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo. Conviene precisar que a efecto de clarificar lo expuesto en el párrafo inmediato anterior, este juzgador realizará un cuadro comparativo de los artículos 117, 121, 127 y 175 del Código Fiscal de la Federación, previos a la reforma publicada el nueve de diciembre de dos mil trece y posteriores a la misma. En tal sentido, si a pesar de la modificación legislativa, subsiste el recurso de revocación y los artículos que lo contemplan siguen manteniendo idéntico o coincidente contenido jurídico; es que continúa siendo obligatoria la señalada jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a) y por tanto, improcedente el juicio de amparo en contra de la inmovilización de cuentas bancarias. Bajo ese tenor, como se anticipó, en el caso concreto se considera actualizada la hipótesis de improcedencia del juicio constitucional prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el diverso 113 del mismo ordenamiento legal se desecha de plano la demanda de amparo. Lo aquí resuelto, obedece a que aún y cuando se admitiera la demanda a trámite, no habría medio de convicción alguno que pudiera modificar el sentido, pues en contra de lo aquí reclamado el quejoso debió verificar el principio de definitividad como ha quedado expuesto. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, correspondiente a la Novena Época, número de registro 180,663, materia común, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO. Dado que el domicilio procesal señalado por la parte quejosa se localiza fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con base en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se le tiene como tal las listas de publicación, hasta en tanto designe uno nuevo en esta ciudad. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **************** por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos a las demás personas que menciona por no contar con registro en dicho sistema, limitación que subsistirá hasta en tanto acrediten tener registrada su cédula profesional en el aludido Sistema. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese.

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