Raúl Trejo Martínez

Expediente 524/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
524/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
05/09/2022

Partes del expediente

  • Raúl Trejo Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Juicio de amparo 524/2020 Cuenta. El cinco de septiembre de dos mil veintidós, se da cuenta al juez con el estado procesal de autos . Conste.Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Devolución de tomos de prueba. Del estado de autos del presente juicio de amparo, se desprende que en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se incorporó al expediente un disco versátil digital (DVD), exhibido por la autoridad responsable juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, con motivo del informe justificado rendido por la consabida autoridad; en esa virtud, y toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, se ordena devolver dicho disco ya que resulta innecesaria su retención. Por otra parte, los autos revelan que mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo y se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido; sin embargo, se omitió ordenar proveer en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales en el incidente de suspensión relativo. En mérito de lo anterior, provéase lo que en derecho corresponda en el incidente de suspensión de este asunto. Notifíquese, por oficio al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el juicio de derechos; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió tanto la medida cautelar provisional como la definitiva.1 Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. 2 Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Juicio de amparo 524/2020 Certificación. El diecinueve de abril de dos mil veintiuno, María Guadalupe Noriega Vega, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico y hago constar que el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió, del trece al veintiséis de enero del presente año, descontando los días dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de enero del año en curso sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio; lo anterior se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. El diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y el estado de los autos4595. Conste.Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo y archívese este asunto como concluido. Valoración del expediente. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos tres años, toda vez que se sobreseyó en el juicio. Devolución de documentos. Requiérase a la parte quejosa para que, dado el evento de haber exhibido documentos originales, acuda al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibida que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Integración de oficio. Agréguese a los autos si mayor determinación el oficio que remite el juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, en virtud de que en párrafos anteriores se ordenó al archivo definitivo del presente asunto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con veinticuatro minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en audiencia pública María Guadalupe Noriega Vega, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, asistida de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta a María Guadalupe Noriega Vega, secretaria encargada del despacho por vacaciones del titular, con la demanda de derechos, los informes justificados rendidos por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, y el encargado del despacho de la dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 11 "Cps Sonora", y con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridades responsables, terceras interesadas, y fiscal federal adscrita-; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impusieran de los referidos informes. Se acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales remitidas por el juez responsable. Se acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. Se acuerda: Ténganse por perdido el derecho a las parte para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Raúl Trejo Martínez, contra el acto atribuido al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Unitarios del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, Raúl Trejo Martínez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán con posterioridad. Por razón de turno, fue remitido al Sexto Tribunal Unitario del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, el cual, por determinación de veintidós de agosto siguiente, declinó la competencia del asunto a este órgano jurisdiccional, al estimar que el acto atribuido a la autoridad responsable ordenadora -control de detención, medida cautelar impuesta y auto de vinculación a proceso- son del conocimiento de un juzgado de Distrito y no de un tribunal Unitario. Mediante acuerdo de diez de septiembre del año en curso, este juzgado aceptó la competencia declinada y admitió la demanda de amparo, pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento; se emplazó a las autoridades terceras interesadas -Karla Yaneth López Maldonado y Laura Viviana Hernández Ramírez, agentes del Ministerio Público de la Federación-, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto meramente declarativo, atribuido a una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de distrito; además la medida cautelar impuesta se está ejecutando en el centro federal penitenciario ubicado en esta ciudad. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: La resolución de veintiocho de julio de dos mil veinte, en la que se decretó como legal la detención del quejoso Raúl Trejo Martínez y se le dictó auto de vinculación en su contra por hechos posiblemente constitutivos de los delitos de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el numeral 11, incisos c) y d), con la agravante del último párrafo del citado precepto 83, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; posesión de cartuchos para el abastecimiento de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que prevé y pune el arábigo 83 Quat, fracción II, en relación con el artículo 11, incisos c) y d), de la citada ley de armas, con la agravante de pandilla, contenida en el numeral 164 Bis del Código Penal Federal, dentro del proceso penal 209/2020; La determinación de la misma fecha, en la que se impuso al quejoso de mérito la medida cautelar de prisión preventiva contenida en la fracción XIV del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, Su ejecución. En este apartado debe destacarse que quien esto resuelve, se encuentra constreñida a examinar los temas sobre los que se pronunció el juez de control en la etapa inicial, y que convergen en el desarrollo de la audiencia. Es ilustrativa a lo anterior, la tesis I.6o.P.89 P (10a.), de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO SE RECLAMÓ ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE CONSTREÑIRSE A ANALIZAR SI SATISFACE LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO TAMBIÉN A EXAMINAR LOS TEMAS RESTANTES SOBRE LOS QUE SE PRONUNCIÓ EL JUEZ DE CONTROL EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN Y QUE CONVERGEN EN EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA INICIAL." Existencia del acto combatido Es cierto el acto atribuido al juez responsable, pues así lo manifestó al rendir informe con justificación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual forma, es cierto el que acto que se atribuye al encargado del despacho de la dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 11 "Cps Sonora", pues con independencia de que lo negó, lo cierto es que la ejecución de la medida cautelar impuesta por el juez responsable, se está ejecutando en el centro penitenciario a su cargo. Además, la veracidad de los actos combatidos se acredita con las documentales que al efecto acompañó a su informe el juez de control responsable, consistente en copia certificada de diversas constancias relativas a la causa penal de su índice, así como el disco compacto que contiene el audio y video de donde derivan los actos reclamados; documentales a la que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación las jurisprudencias 226 y 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubros: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." y "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 192, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el presente asunto, este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento legal, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional que alberga el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, parte del principio que no pueden ser materia de estudio las normas generales o actos consentidos tácitamente, pues al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción en cuanto a que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de tales normas o actos. Por otra parte, de los numerales el artículo 17 y 18 de la ley de la materia se evidencia que la improcedencia del juicio de amparo se materializa cuando la demanda de amparo no se promueva dentro de los quince días siguientes: Al día en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame; Al en que se haya tenido conocimiento de dicho acto o resolución o su ejecución; y, Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; Asimismo, que se exceptúan del plazo genérico de quince días para promover la demanda: Cuando se reclame una norma como autoaplicativa o se trate del procedimiento de extradición, cuyo plazo será de treinta días; Cuando se reclame una sentencia definitiva que imponga una pena de prisión, en cuyo caso la demanda se promoverá dentro de los ocho años siguientes, Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados, y Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, caso en el que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Hipótesis de excepción a la regla general dentro las cuales el control de detención, auto de vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva no encuadran; de ahí que, para su presentación deba atenderse al plazo genérico de quince días. En efecto, conforme al artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, las notificaciones serán personales en audiencia; asimismo, el último párrafo del numeral en comento, establece que las notificaciones realizadas en los aludidos términos, surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas. En ese tenor, se destaca que la audiencia celebrada el veintiocho de julio de dos mil veinte, desahogada en la causa penal 209/2020, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, en funciones de juez de control, con sede en esta ciudad, decretó de legal la detención del imputado Raúl Trejo Martínez -aquí quejoso-; asimismo, a petición de éste, en la misma audiencia resolvió su situación jurídica y dictó auto de vinculación a proceso en su contra, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delitos de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el numeral 11, incisos c) y d), con la agravante del último párrafo del citado precepto 83, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; posesión de cartuchos para el abastecimiento de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que prevé y pune el arábigo 83 Quat, fracción II, en relación con el artículo 11, incisos c) y d), de la citada ley de armas, con la agravante de pandilla, contenida en el numeral 164 Bis del Código Penal Federal, Asimismo, según se advierte del registro de audio y video relativo a dicha diligencia, el solicitante del amparo y su defensor se encontraban presentes al momento en que la autoridad responsable calificó de legal su detención dictó auto de vinculación a proceso en contra del primero y sus coimputados, y decretó medida cautelar; por tanto, dicha resolución les fue notificada en esa propia fecha. En esta parte, es importante destacar que el diecisiete de marzo del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Acuerdo General 4/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las Medidas de Contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19", el cual, en lo que interesa, ordenó la suspensión en su totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al diecinueve de abril del año en curso, quedando exceptuados de lo anterior, los órganos jurisdiccionales que se encuentren de guardia, exclusivamente para la atención de asuntos urgentes comprendidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo; y 48, fracciones I, III a IX, XI y XII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Posteriormente, el trece abril de dos mil veinte, fue publicado el diverso "Acuerdo General 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19", en el que se amplió la suspensión de labores hasta el cinco de mayo siguiente. Enseguida, en sesión extraordinaria de veintisiete de abril de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expidió el "Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19" el cual estableció que el catálogo de "asuntos urgentes", no era limitativo, y la suspensión de actividades no esenciales del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte, cuya parte medular es: "A C U E R D O Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 6 al 31 de mayo de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Únicamente se dará trámite a los casos nuevos que se califiquen como "urgentes", ya sea que se promuevan de forma física o mediante "juicio en línea" en uso de la firma electrónica, de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Para efectos del presente acuerdo, la "firma electrónica" comprende a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes", para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. [.] Capítulo I Atención a casos urgentes Artículo 3. Durante el período definido en el artículo 1, sólo se dará trámite a las solicitudes, demandas, incidentes y recursos nuevos, es decir, no radicados previamente, cuando se trate de casos urgentes, con independencia de que se promuevan física o electrónicamente. Artículo 4. Deberán considerarse como urgentes, de forma enunciativa y no limitativa, los siguientes asuntos: [.] II. En materia penal: [.] f) Las vinculaciones a proceso; [.]" Dicho acuerdo fue modificado por el diverso 10/2020¸ publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de mayo siguiente, que amplió el plazo al quince de junio de esta anualidad. Seguidamente, el doce de junio de dos mil veinte, fue publicado el diverso "Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19", en el que se estableció que durante el periodo del dieciséis al treinta de junio del dos mil veinte, la función jurisdiccional solo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente o en forma electrónica en aquellos asuntos que se califiquen como "urgentes", de conformidad con lo dispuesto en capítulo I del mismo acuerdo; modificado por el diverso 15/2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio pasado. Por último, entró en vigor el diverso Acuerdo General 21/2020, a través del cual se dio paso a una tercera etapa de restablecimiento de la actividad jurisdiccional, mediante la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones; en los considerandos SÉPTIMO y NOVENO menciona que la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 subsiste como un peligro para la salud de todas y todos. Razón por la cual la reactivación no se realiza en un contexto de "normalidad", por lo que permanecerían las medidas de sana distancia y reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, estableciendo una regulación especial, entre otros aspectos, con reglas específicas para el mes de agosto en cuanto a plazos para acordar y reactivar los asuntos ya radicados y presentados en dicho periodo. Como se ve de los Acuerdos Generales citados, a partir del seis de mayo del año en curso, se decretó la reanudación de labores o actividades en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, únicamente para el efecto de que se diera trámite y resolución, ya sea de forma física o "mediante juicio en línea", a todos aquellos casos considerados como "urgentes", de entre los que estableció se encuentran "las vinculaciones a proceso". Con base en lo anterior, si la notificación de la calificación de la detención, auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa se practicó el veintiocho de julio del presente año -es decir, en la audiencia de esa data-, la notificación surtió efectos el veintinueve siguiente. Por tanto, el plazo de quince días que dispone el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover la demanda inició el treinta de julio y concluyó el diecinueve de agosto del presente año, siendo inhábiles los días uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de agosto del presente año, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si la demanda de derechos fue presentada el veintiuno de agosto de dos mil veinte, es inconcuso que se presentó de manera extemporánea. Deviene aplicable a las consideraciones que anteceden, la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), que dice: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Debe destacarse que no pasa inadvertida para este juzgador la jurisprudencia 2a./J. 9/2018 (10a.), de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO LLEVADO EN FORMA DE JUICIO". Sin embargo, se destaca que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el diverso criterio jurisprudencial 1a./J. 37/2020 (10a.), de título: "AMPARO INDIRECTO. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 9/2018 (10a.) EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, NO ES APLICABLE PARA DETERMINAR SI LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CUANDO SE RECLAME ALGUNA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL.", determinó que aquélla tesis resulta inaplicable en asuntos derivados de un procedimiento penal acusatorio y oral, como en el caso acontece. Decisión Atento a las consideraciones que anteceden, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de derechos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VI. R e s u e l v e Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Raúl Trejo Martínez, respecto de los actos precisados en el apartado II, por las razones expuestas en el considerando IV de este fallo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y autoridades terceras interesadas, y por lista a las demás partes Así lo resolvió y firma María Guadalupe Noriega Vega, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3278/2020, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe. El suscrito Luis Felipe Escalante Pasos, certifica y hace constar que esta es la parte final de la sentencia pronunciada en el juicio de amparo 524/2020, promovido por Raúl Trejo Martínez. Doy fe. SENTENCIA ANALISTA JURÍDICO SISE LIBRO DE GOBIERNO CONTROL INTERNO LFEP

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