Raul Trejo Martínez

Expediente 78/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
78/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Raul Trejo Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, tres de mayo de dos mil veintidós Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.Fjdh*

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de febrero de dos mil veintidós. 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo, regístrese en el libro uno de Juzgado, correspondiente al registro de juicios de amparo con el número que le corresponda; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2. Se acepta returno. Visto el oficio de cuenta mediante el cual el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, remite el juicio de amparo 50/2022 de su índice, toda vez que por auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós, declinó el turno para conocer del citado juicio a favor de este juzgado; en consecuencia, este juzgado acepta el turno planteado y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Raúl Trejo Martínez, contra un acto de las autoridades responsables Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Acúsese el recibo correspondiente. 3. Desechamiento de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Raúl Trejo Martínez, por propio derecho, se desprende que reclama la resolución emitida en la audiencia de nulidad de actuaciones, dentro de la causa penal 209/2020. Ahora, del estudio integral de la demanda de derechos, se advierte, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por lo que procede el desechamiento de la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que del estudio integral de la demanda y bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa refiere que la resolución impugnada le fue notificada el nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Como se adelantó, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el escrito de demanda fue presentado de manera extemporánea, al haber transcurrido el plazo de quince días, que al efecto señala el diverso numeral 17 del citado ordenamiento legal, para la presentación de la demanda de amparo. En efecto, la mencionada fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". Por su parte el artículo 17 de la ley de la materia literalmente dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". En el caso, cabe precisar, que la demanda de amparo debió promoverse dentro de los quince días siguientes a aquel en que surtió efectos, conforme a la ley del acto en reclamo, la notificación de éste a la parte promovente, siendo pertinente destacar que el conocimiento del acto reclamado, para iniciar el cómputo del plazo antes referido, debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse a base de presunciones. Por lo tanto, habrá de convenirse que si la parte promovente tuvo conocimiento del acto que reclama, el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo se computa a partir del día siguiente al en que surte efectos la notificación (diez de diciembre de dos mil veintiuno) por lo que el plazo inició el trece de diciembre del año en curso y feneció el treinta y uno siguiente. Por ello, si hasta el diecisiete de enero de dos mil veintidós, presentó la demanda de amparo, es inconcuso que su promoción para instar al Juzgado Federal es por demás extemporánea, al rebasar el término a que alude el citado artículo 17, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa virtud, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17, además, en el diverso 113 de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar la presente demanda de amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 27/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto que se transcriben a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación por analogía, la tesis de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, del Tomo 27, Quinta Parte, visible a página 13, cuyo rubro y contenido son del tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE POR SER PRESENTADO FUERA DE TÉRMINO. Cuando una demanda de amparo es presentada fuera del término a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, debe reputarse que el actor consintió tácitamente el acto reclamado, por lo que, en términos de la fracción XII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de amparo es improcedente, y cuando esta circunstancia es advertida por la Sala que conoce del propio juicio, debe sobreseerlo". Por lo expuesto, y al existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con apoyo legal en lo establecido en los artículos 113 y 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, de la Ley de Amparo, como se determinó, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. No es óbice a lo anterior las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su escrito de demanda, específicamente en el apartado VII relativo a la fecha de conocimiento del acto reclamado, en el que refiere que la presentación de la demanda se encuentra dentro del término de los quince días hábiles para su interposición, conforme lo estipulado en la Ley de Amparo y en relación al diverso artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, concerniente al periodo vacacional y los días inhábiles para las autoridades federales, comprendido del dieciséis al treinta y uno de diciembre del año próximo pasado, sin embargo dicha aseveración es incorrecta, toda vez que el numeral aludido y el actual 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada el siete de junio de dos mil veintiuno, alude a los periodos de receso entre los periodos de sesiones del Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, los juzgados de Distrito se rigen por un sistema de guardias que no permite el cierre total de los mismos durante los periodos vacacionales autorizados a sus servidores públicos, lo anterior de conformidad con los artículos 136, 141 y 142 de la citada legislación en vigor. En consecuencia es inconcuso que al atribuir el acto reclamado a un juzgado de Distrito, y al encontrarse abiertos para atender a los justiciables durante los periodos vacacionales que establece la ley, no es jurídicamente dable, prorrogar el plazo legal como lo pretende la parte quejosa. 4. Autorizados. En cuanto a la persona que menciona en su demanda, se tiene por autorizado en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, en caso de que tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; o, en su defecto, sólo para efecto de oír y recibir notificaciones e imponer de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 5. Usuario electrónico para recibir notificaciones. con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "Moncada1986", el acceso al expediente electrónico para su consulta, así como para recibir notificaciones vía electrónica. Ilustra lo anterior el criterio I.1o.P.34 K (10a.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." 6. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. En ese sentido, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico que señala en su demanda, para cuestiones no procesales. 7. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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