Raúl Tadeo Nava

Expediente 1032/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1032/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
12/01/2018

Partes del expediente

  • Raúl Tadeo Nava

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1032/20017-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia terminada de engrosar en el juicio de amparo el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. En ese orden de ideas, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, devuélvase el anexo I al tribunal laboral responsable, en virtud de las constancias remitidas en su informe justificado, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, a la parte tercera interesada ROBERTO GONZÁLEZ PALACIOS, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación del acuerdo de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe...sentencia que en lo conducente establece: ...ÚNICO. SE SOBRESEE...

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1032/2017-I, promovido por Raúl Tadeo Nava, por su propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, en contra del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y otras autoridades, y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Estado de Morelos, y remitido por razón de turno el siguiente día hábil (veintiséis de junio) a este Juzgado Segundo de Distrito, Raúl Tadeo Nava, por su propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, promovió juicio de amparo contra las autoridades responsables y actos siguientes: "1.- TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS: EL ACUERDO DE FECHA VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 01/98/04, PROMOVIDO POR C. ROBERTO GONZALEZ PALACIOS, EN EL QUE EL CUAL SE DECLARA PROCEDENTE PARA QUE SE LE HAGA EFECTIVA LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 124 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS. 2.- PLENO DEL ESTATAL DE VINCULACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS: EL ACUERDO DE FECHA VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 01/98/04, PROMOVIDO POR EL C. ROBERTO GONZALEZ PALACIOS, EN EL CUAL SE DECLARA PROCEDENTE PARA QUE SE LE HAGA EFECTIVA LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 124 FRACCIÓN I DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE., MORELOS, ASÍ COMO SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS. B.- AUTORIDADES EJECUTORAS: 1.- PRESIDENTE EJECUTOR DEL TRIBUNAL ESTATAL DE. CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO: A QUIENES RECLAMO LA INMINENTE ORDEN DE EJECUTAR LOS ACTOS RECLAMADOS EL CUAL LO ES EL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 01/98/04, PROMOVIDO POR C. ROBERTO GONZÁLEZ PALACIOS, EN EL QUE EL QUE SE DECLARA PROCEDENTE APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 124 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, Y LAS INMINENTES ÓRDENES DE LLEVAR ACABO LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 01/98/04 ASÍ COMO SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS." 2.- ACTUARIO TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO: A QUIENES RECLAMO LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A JUICIO LABORAL EN EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO (EN EL CARÁCTER PRESIDENTE MUNICIPAL), AL JUICIO LABORAL DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 01/98/04, ASÍ COMO SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS Y LAS INMINENTES ÓRDENES DE LLEVAR A CABO LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 01/98/04, ASÍ COMO SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS." SEGUNDO. Por auto de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, este Juzgado formó el expediente 1032/2017-I, y previno al promovente para que aclarara su demanda de amparo; por ende, una vez que dio cumplimiento y señaló también como autoridad responsable a la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, por auto de seis de julio siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo, motivo por el cual, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por auto dictado el tres de agosto de dos mil diecisiete, este juzgador ordenó el emplazamiento del tercero interesado Roberto González Palacios, asimismo, mediante proveído de veintitrés de agosto siguiente, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y una vez que se logró emplazarlos, la audiencia constitucional fijada en auto de once de septiembre del año en curso, inició al tenor del acta que antecede y, CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA: Este Juzgado Segundo de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48, 49 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que en su numeral cuarto, fracción XVIII, se advierte que, en lo conducente, dispone que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción en el territorio que comprende dicha entidad federativa donde radica la autoridad responsable que emitió el acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la Página: 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Por tanto, en términos de lo que prevén los numerales 74, fracción I y 76 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda, analizarán los siguientes actos reclamados: a) La falta de emplazamiento al juicio laboral 01/98/04 en su carácter de tercero interesado. b) La determinación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, mediante la cual, decidieron aplicar la medida de apremio consistente en la multa de quince unidades de medida y actualización impuesta al Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, en el juicio laboral 01/98/04. c) La ejecución que recae en los oficios TECyA/0009914/2016 y TECyA/000438/2017, que signa el Presidente Ejecutor y Secretaria General, ambos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, girados a la Directora General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, en cumplimiento a dicha determinación, que contiene como nombre del infractor a Raúl Tadeo Nava en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, pues así lo admitió dicha autoridad por conducto de su Presidente, en su informe justificado, además, se acredita su existencia con las copias certificadas del juicio laboral 01/98/04. De igual forma, son ciertos los actos de ejecución reclamados al Presidente del Tribunal responsable y a la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, toda vez, la segunda de ellas, lo aceptó en su informe justificado, que acreditó con copias certificadas de los expedientes relativos a los créditos fiscales MEJ2017395 y MEJ20170265, y en cuanto a la primer autoridad, precisamente giró el oficio para cumplir la multa impuesta. Las copias certificadas por ser un documentos públicos se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para tener por acreditados los actos reclamados. CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. 1. En auto de doce de marzo de dos cuatro, se admitió a trámite la demanda presentada por Roberto González Palacio contra Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos, registrada con el expediente 01/98/04. Mediante diligencias de veintitrés y veinticuatro de marzo de ese año, se emplazó al ayuntamiento demandado, y seguido el juicio, el veinte de febrero de dos mil ocho, el Tribunal responsable emitió laudo, en el cual, condenó a la demandada Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos a diversas prestaciones. De la lectura integral de la resolución, se observa que la demandada compareció a dicho juicio y produjo contestación a la demanda (fojas del 1 a 13 anexo I). El laudo fue notificado personalmente al Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos, por conducto de su apoderado legal, en diligencia de uno de octubre de dos mil ocho (foja 15 del anexo I). 2. Mediante auto de veintiuno de octubre de dos mil ocho, el Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, requirió de pago a la demandada por la cantidad de $176,241.62 (ciento setenta y seis mil doscientos cuarenta y un mil pesos 62/100 moneda nacional) y, en caso de negativa, le otorgó el término de setenta y dos horas para que exhibiera ante dicho órgano jurisdiccional el cheque certificado a favor de la parte actora, apercibido que de no hacerlo se impondría una sanción prevista en los artículos 123 y 124, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del Estado (fojas 17 y 18 del anexo I). Luego, la actuaria adscrito al Tribunal responsable, mediante diligencia de seis de febrero de dos mil nueve, se constituyó en las oficinas del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, sitas en Portal Morelos, número Uno, colonia Centro de Cuautla, quien fue atendido por Francisco Chávez López, quien no realizó el pago (fojas 22 y 23 del anexo I). 3. Por auto de once de enero de dos mil diez, el Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, requirió de pago a la demandada por la cantidad de $216,479.60 (doscientos dieciséis mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 60/100 moneda nacional) y en caso de negativa le embargara bienes suficientes de su propiedad susceptibles de embargo que garantizaran el crédito laboral (foja 28 del anexo I). La actuaria adscrita al Tribunal responsable, mediante diligencia de veintiséis de mayo de dos mil diez, se constituyó en las oficinas del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, y fue atendida por Daniel González Vargas, quien no realizó pago ni señaló bien alguno para embargo (fojas 30 del anexo I). 4. A través de auto de diecinueve de octubre de dos mil diez, el Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, requirió de pago a la demandada por la cantidad de $241,837.04 (doscientos cuarenta y un mil ochocientos treinta y siete pesos 04/100 moneda nacional) y en caso de negativa le embargara bienes suficientes de su propiedad susceptibles de embargo que garantizaran el crédito laboral (foja 38 del anexo I). La actuaria adscrita al Tribunal responsable, mediante diligencia de catorce de abril de dos mil once, se constituyó en las oficinas del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, ubicado en Portal Morelos, número Uno frente al Jardín José María Morelos y Pavón, colonia Centro de Cuautla, y fue atendida por Edgar Sierra Guerrero, quien dijo ser asesor jurídico del Ayuntamiento, no realizó pago ni señaló bien alguno para embargo (fojas 40 a 41 del anexo I). 5. Por auto de cuatro de marzo de dos mil catorce, el Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, requirió de pago a la demandada por la cantidad de $354,917.76 (trescientos cincuenta y cuatro mil novecientos diecisiete pesos 76/100 moneda nacional) y en caso de negativa le embargara bienes suficientes de su propiedad susceptibles de embargo, que garantizaran el crédito laboral (fojas 60 y 61 del anexo I). 6. Por auto de seis de julio de dos mil quince, el Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, requirió de pago a la demandada por la cantidad de $396,688.88 (seiscientos noventa y seis mil seiscientos ochenta y ocho pesos 88/100 moneda nacional) y en caso de negativa le embargara bienes suficientes de su propiedad susceptibles de embargo, que garanticen el crédito laboral (fojas 66 y 67 del anexo I). 7. Por auto de veintiuno de diciembre de dos mil quince, el Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, requirió de pago a la demandada por la cantidad de $396,688.88 (seiscientos noventa y seis mil seiscientos ochenta y ocho pesos 88/100 moneda nacional). En dicho acuerdo, con fundamento en los artículos 79, 82 y 83, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, señaló que el Tesorero Municipal era el responsable de dar cumplimiento al laudo, por lo que le requirió a la demandada por conducto del Tesorero Municipal de Cuautla, del pago de la citada cantidad y en caso de negativa, apercibiera al Tesorero Municipal que se daría cuenta a los integrantes del Pleno de ese Tribunal para que en uso de las facultades concedidas por el artículo 124, fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado, se le hiciera efectiva una sanción consistente en multa de quince salarios mínimos vigente en el Estado (fojas 71 a 73 del anexo I). La actuaria adscrita al Tribunal responsable, mediante diligencia de ocho de marzo de dos mil dieciséis, se constituyó en las oficinas del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, ubicado en Portal Morelos, número Uno, Colonia centro de Cuautla, en busca del Tesorero Municipal y fue atendida por Lidia Elizabeth Mejía Quevedo, a quien le hizo saber el motivo de su presencia y puso a la vista la totalidad íntegra del acuerdo; no obstante, no realizó pago alguno, posteriormente, se le hizo sabedor del apercibimiento del auto (fojas 75 a 77 del anexo I). 8. Por auto de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, el Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, determinó que toda vez que el Ayuntamiento demandado no había dado cumplimiento al laudo emitido en ese juicio ni al auto de requerimiento de pago de veintiuno de diciembre de dos mil quince, y ante la omisión en que incurrió el Tesorero Municipal de Cuautla, Morelos, ordenó fueran convocados los integrantes de ese Tribunal, a efecto de llevar cabo una sesión extraordinaria de pleno con el propósito de darles vista con el auto de veintiuno de diciembre en cita y resolvieran sobre la medida de apremio, y para tal efecto señaló las doce horas con treinta minutos del veinticuatro de junio de dos mil dieciséis. En el mismo auto, determinó que conforme a lo que disponen los artículos 41, 43, 44, 79, 81 y 83, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Presidente y el Tesorero del Ayuntamiento, eran los funcionarios públicos para dar cumplimento al requerimiento de ese Tribunal y proceder en su contra para aplicar los apercibimientos previstos en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que decretó auto de requerimiento de pago a la demandada hasta por la cantidad de $396,688.88 (seiscientos noventa y seis mil seiscientos ochenta y ocho pesos 88/100 moneda nacional), asimismo, comisionó al actuario para que se constituyera en el domicilio de la demandada y le requiriera por conducto del Presidente Municipal y Tesorero Municipal, el pago de dicha suma. Apercibió al Tesorero Municipal que en caso de negativa del pago, se daría cuenta a los integrantes del Pleno del Tribunal para que hiciera efectiva la sanción consistente en su destitución sin responsabilidad para el Gobierno Estatal o Municipal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 124, fracción II de la Ley del Servicio Civil del Estado. Por otra parte, apercibió al Presidente Municipal de Cuautla, que en caso de negativa del pago, se daría cuenta a los integrantes del Pleno del Tribunal para que hiciera efectiva la sanción consistente en una multa de quince salarios mínimos vigente en el Estado de Morelos, por ser lo máximo permitido, que sería del peculio del servidor público que no diera cumplimiento y no del erario del Ayuntamiento; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 124, fracción II de la Ley del Servicio Civil del Estado (fojas 80 a 82 del anexo I). La actuaria adscrita al Tribunal responsable, mediante diligencia de treinta de junio de dos mil dieciséis, se constituyó en las oficinas del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, ubicado en Portal Morelos, de Cuautla, en busca del Presidente Municipal y fue atendida por Leslie Jeanett Alonso Pérez, quien se ostentó como asesor del síndico y se identificó con licencia para conducir COO10005510, a quien le hizo saber el motivo de su presencia y puso a la vista la totalidad íntegra del acuerdo; no obstante, no realizó pago alguno; posteriormente, le dejó citatorio para el Tesorero Municipal para que lo esperara el uno de julio siguiente, a las once horas con treinta minutos para llevar a cabo la diligencia de pago; por último, la actuaria, le hizo sabedor del apercibimiento decretado al Presidente Municipal en el auto a notificar (fojas 87 y 88 del anexo I). 9. Por auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, el Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, determinó que toda vez que el Ayuntamiento demandado no había dado cumplimiento al laudo emitido en ese juicio y ante la omisión del Presidente Municipal y Tesorero Municipal, ambos de Cuautla, Morelos, de cumplir con el auto de requerimiento de pago de veinticuatro de abril de dos mil quince, ordenó dar cuenta a los integrantes de ese Tribunal, a efecto de que determinaran lo conducente respecto a dicho acuerdo. En el mismo auto, determinó que conforme a lo que disponen los artículos 41, 43, 44, 79, 81 y 83, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Presidente es el funcionario público para dar cumplimento al requerimiento de ese Tribunal y proceder en su contra para aplicar los apercibimientos previstos en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que decretó auto de requerimiento de pago a la demandada hasta por la cantidad de $439,913.04 (cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos trece pesos 04/100 moneda nacional), asimismo, comisionó al actuario para que se constituyera en el domicilio de la demandada y le requiriera por conducto del Presidente Municipal, el pago de dicha suma. Le apercibió que en caso de negativa del pago, se daría cuenta a los integrantes del Pleno del Tribunal para que hiciera efectiva la sanción consistente en su destitución sin responsabilidad para el Gobierno Estatal o Municipal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 124, fracción II de la Ley del Servicio Civil del Estado (fojas 94 a 98 del anexo I). 10. En esa misma fecha, veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, declaró procedente la imposición de la medida de apremio por la que el Presidente Ejecutor apercibió al Presidente Municipal de Cuautla, en el auto de veinticuatro de abril anterior, consistente en una multa de hasta quince unidades de medida y actualización conforme al artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, conforme a lo previsto en el artículo 124, fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado. Para tal efecto, ordenó girar oficio a la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, para que hiciera efectiva la multa (fojas 102 a 106 del anexo I). La actuaria adscrita al Tribunal responsable, mediante diligencia de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, se constituyó en las oficinas del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, ubicado en Portal Morelos, de Cuautla, y requirió la presencia del Presidente Municipal y fue atendida por Arturo Campos García, quien se ostentó como asesor y se identificó con cédula profesional 3819597, a quien le dejó citatorio, para que el Presidente Municipal la esperara a las doce horas del tres de mayo siguiente. Luego, el tres de mayo de este año, la actuaria, acudió nuevamente al domicilio del Ayuntamiento de Cuautla, y lo atendió Perla Mireya Rojas Cortés, quien dijo ser abogada del Ayuntamiento, a quien le hizo saber el motivo de su presencia y puso a la vista la totalidad íntegra de la resolución; no obstante, al no comparecer la parte actora, la actuaria dio por terminada la diligencia (fojas 112 a 115 del anexo I). 11. Mediante oficio TECyA/000438/2017, fechado el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, girado a la Directora General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, por el Presidente Ejecutor y la Secretaria General, ambos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, notificaron hacer efectiva la multa, la cual contiene como nombre del infractor a Raúl Tadeo Nava en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos (fojas 120 del anexo I). 12. La Directora General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, dio trámite al crédito fiscal MEJ2017265, en cumplimiento al oficio TECyA/0009914/2016, fechado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, que signa el Presidente Ejecutor y Secretaria General, ambos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, girado a la Directora General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, en cumplimiento a la determinación de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis; oficio que contiene como nombre del infractor a Raúl Tadeo Nava en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, con sello de recibido dos de febrero de dos mil diecisiete. (fojas 70 a 77 del expediente principal). De nueva cuenta la Directora General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, dio trámite a otro crédito fiscal MEJ2017395, en cumplimiento al oficio TECyA/000438/2017, fechado el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, que signa el Presidente Ejecutor y Secretaria General, ambos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, girado a la Directora General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, en cumplimiento a la determinación de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis; oficio que contiene como nombre del infractor a Raúl Tadeo Nava en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, con sello de recibido dos de junio de dos mil diecisiete (fojas 79 a 81 del expediente principal). QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. A) RESPECTO AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO DEL QUEJOSO RAÚL TADEO NAVA, POR PROPIO DERECHO Y EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLA, MORELOS, AL JUICIO LABORAL 01/98/04 EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO . Por lo que hace al acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento al juicio laboral de origen, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 6° de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que conforme al citado artículo 6°, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que reclame y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Para mejor entendimiento del caso, conviene señalar que, en tratándose de actos reclamados dentro de procedimientos judiciales existe la necesidad de justificar el interés jurídico, entendido como derecho subjetivo, en razón de que no sería válidamente admisible que en un juicio donde hay dos partes que están litigando con idéntico interés, aparezca un tercero y obstaculice el ejercicio de sus derechos, con lo cual se crearía un caos ante la imposibilidad de que se ejecutaran las decisiones judiciales. En efecto, el juicio de amparo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado; tal perjuicio inmediato y directo que produce el presupuesto indispensable para la procedencia del juicio de garantías, consiste en una afectación a su esfera jurídica, es decir, al cúmulo de derechos y obligaciones que tiene cada gobernado. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia VI 3°.J/26 del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 117, Tomo VIII, Diciembre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO." Para efectos del amparo, el interés jurídico debe sustentarse en un derecho objetivo reconocido por la ley, es decir, tal interés a que se refiere la Ley de Amparo ha de demostrarse, en ciertos casos, con el documento o medio de convicción idóneo y fehaciente, con fuerza y valor probatorio pleno, por medio del cual una persona demuestre la titularidad de un derecho tutelado por la ley, lo cual debe ser eficientemente probado. Esto es así, en tanto el interés jurídico en el amparo no debe inferirse con base en presunciones, sino que debe probarse fehacientemente, lo que se ajusta a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 16/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 17, octubre de 1994, materia Común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." En esta tesitura se concluye que el quejoso Raúl Tadeo Nava, ni como persona física ni como Presidente Municipal de Cuautla, acreditó su interés jurídico, toda vez que de las constancias que obran en autos, se desprende que no son parte en el juicio laboral 01/98/04, y si bien es cierto el requerimiento de pago a la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos se hizo a través de él, fue en su carácter de Presidente Municipal al estimar la responsable que es el funcionario encargado de dar cumplimiento; sin embargo, eso no significa que por propio derecho tenga algún interés en el juicio y como tal sea necesario llamarlo al mismo. Entonces, si el quejoso no es parte en el juicio laboral 01/1201/13 no cuenta con interés jurídico para promover el presente juicio de amparo en contra de la falta de emplazamiento, lo que es claro, que con ello, no se le puede ocasionar perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan la tesis de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en los volúmenes 193-198, séptima parte, página 335, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se transcriben: "INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN PROCESAL. CONCEPTOS DISTINTOS.- Por interés jurídico debe entenderse el que tienen las partes respecto de los derechos o de las cosas materia del juicio; es la posibilidad de acudir a los tribunales para obtener de ellos una tutela jurídica, mediante la sentencia que se pronuncie, o sea, la facultad de ejercitar una acción para obtener una prestación o evitarse un perjuicio o la lesión de un derecho. La legitimación, en general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél, o de intervenir en ésta. La legitimación para obrar, a su vez, consiste en que precisamente deba actuar en el proceso, quien conforme a la ley le competa hacerlo; es la identidad de quien actúa, con quien la ley le otorga ese derecho, o sea la condición de las personas que promuevan la acción o se defienden de la que ha sido intentada contra ellas." Asimismo, la jurisprudencia 2ª./J. 75/97, publicada en la página 351, del tomo VII enero de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO.- Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." Finalmente, tiene aplicación al caso por las razones que la informan la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que aparece en la página 412 del tomo III, abril de 1996 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto a la letra dice: "LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho." Incluso, se precisa que el acto que realmente le afecta al quejoso como persona física y en su calidad de Presidente Municipal es la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, en la que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto de veinticuatro de abril de ese mismo año, en el que se había vinculado al Presidente Municipal de Cuautla al cumplimiento del laudo, debido a que dentro sus facultades legales estaba obligado a dar cumplimiento a los laudos emitidos por ese Tribunal y lo apercibió que de no cumplir con el pago a que fue condenado y liquidado el Ayuntamiento condenado, se haría acreedor a la medida de apremio consistente en una multa de quince días de salario mínimo general vigente en el Estado, y que luego, al girar oficio a la autoridad ejecutora, para su cumplimiento se individualizó en la persona de Raúl Tadeo Nava. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 41 primer párrafo, fracción XXXIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que prevé lo siguiente: "Artículo 41.- El Presidente Municipal es el representante político, jurídico y administrativo del Ayuntamiento; deberá residir en la cabecera municipal durante el lapso de su período constitucional y, como órgano ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento, tiene las siguientes facultades y obligaciones: (.) XXXIX.- Cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma los laudos que en materia laboral dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, las resoluciones que en materia administrativa emita el Tribunal de los Contencioso Administrativo, así como de las demás resoluciones emitidas por las diferentes autoridades jurisdiccionales; y Razón por la cual, la falta de emplazamiento al juicio laboral 01/98/04, tampoco puede pararle perjuicio al Presidente Municipal de Cuautla, pues su afectación deriva únicamente de la vinculación que hizo la autoridad responsable en el auto de veinticuatro de abril de dos mil dieciséis, para el cumplimiento del laudo emitido en ese procedimiento judicial y, que a la postre, dio origen al acto reclamado que es la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, en la que se hizo efectivo el apercibimiento de multa decretado en el auto de veinticuatro de abril de ese mismo año. A mayor abundamiento, el argumento de una falta de emplazamiento a la nueva administración municipal como Presidente Municipal de Cuautla, Morelos en el juicio laboral de origen, tampoco le depara perjuicio alguno, ya que se advierte que la parte demandada en el juicio laboral 01/98/04, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, es el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, no así el Presidente Municipal, quien además no cuenta con la representación en controversias jurisdiccionales en las que dicho Ayuntamiento sea parte, pues de conformidad con los artículos 44 y 45 fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, ésta le corresponde a los Síndicos. De considerar lo contrario, se estaría en el supuesto de que cada vez que cambiara una administración pública municipal, los funcionarios entrantes que manifestaran desconocer de los juicios instaurados en contra del ayuntamiento, tendrían el carácter de terceros extraños, lo que evidentemente contravendría la tutela judicial efectiva, el orden público e interés social, ello al suspender el cumplimiento de los laudos emitidos por la autoridad administrativa correspondiente. En las apuntadas circunstancias, debe de sobreseerse el presente juicio de garantías, conforme lo dispone el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al quedar plenamente justificadas las causales de improcedencia examinadas. B) RESPECTO AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MORELOS, DICTADA EN EL JUICIO LABORAL 01/98/04, EN LA QUE APLICARON LA MEDIDA DE APREMIO CONSISTENTE EN LA MULTA DE QUINCE UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN IMPUESTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLA, MORELOS Y SU EJECUCIÓN. En cuanto a dichos actos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, atendiendo a las siguientes consideraciones: El artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Esto es así, toda vez que ante este Juzgado de Distrito se encuentra radicado el juicio de amparo 787/2017-I, formado con motivo de la demanda de garantías promovida por Raúl Tadeo Nava, por propio derecho, por sí y en su carácter de Presidente Municipal de Cuautla, Morelos. Demanda que se admitió por auto de cinco de junio de dos mil diecisiete, y por sentencia terminada de engrosar el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se determinó sobreseer por cuanto a la diversa autoridad Secretario de Hacienda del Estado de Morelos y negar la protección constitucional al impetrante de amparo respecto del acto que se precisó como la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, emitida por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, dictada en el juicio laboral 01/98/04 y su ejecución; sentencia que actualmente se encuentra pendiente de causar ejecutoria. Dicho expediente se tiene a la vista y se toma en consideración para emitir la presente determinación, en términos de lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, ya que constituye un hecho notorio que este Juzgado Federal tenga conocimiento sobre la tramitación de un juicio constitucional por razón de su actividad como órgano jurisdiccional. Por su parte, en el presente juicio de amparo Raúl Tadeo Nava, por sí y en su carácter de Tesorero Municipal de Cuautla, Morelos, reclamó del Presidente, Pleno y Actuario, todos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, emitida por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, dictada en el juicio laboral 01/98/04 y su cumplimiento. En conclusión, en ambos juicios de amparo la parte quejosa es Raúl Tadeo Nava, quien solicitó la protección constitucional por propio derecho, y en su carácter de Tesorero Municipal de Cuautla, Morelos, que el acto reclamado es la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, emitida por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, dictada en el juicio laboral 01/98/04. Lo antes expuesto conduce a considerar que es improcedente el presente juicio de amparo en virtud de que el acto reclamado, es materia del diverso juicio constitucional 787/2017-I, del índice de este juzgado, el cual, por sentencia terminada de engrosar el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, determinó sobreseer y negar al impetrante de amparo, respecto de los actos antes precisados y actualmente se encuentra pendiente de causar ejecutoria; motivo por el cual, aun no se encuentra firme dicha resolución. Por tal motivo, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual prevé que el juicio constitucional es improcedente cuando los actos reclamados sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. Apoya la anterior conclusión, por analogía en el criterio la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), de la Décima Época, registro 2006145, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, materia común, página 265, que dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Sin que obste a lo anterior, que la autoridad ejecutora en este juicio respecto a dicho acto (Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos), sea una distinta a las señaladas en el presente, en virtud de que en primer lugar el acto destacado en ambos juicios es la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, emitida por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, dictada en el juicio laboral 01/98/04, a través de la cual ordenó aplicar la medida de apremio consistente en la multa de quince unidades de medida y actualización impuesta al Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, y es el que puede originar inmediatamente, violación de derechos fundamentales públicos independientemente de los concernientes a los de las autoridades que realizaran su ejecución, pues la circunstancia de que señale otras autoridades ejecutoras equivaldría a motivar la interposición de tantos juicios de amparo, como nuevas autoridades efectúen actos de ejecución, no obstante que siempre se reclame el mismo acto. En segundo lugar, las autoridades ejecutoras tanto en aquél juicio de amparo como en el presente, corresponden a la misma dependencia que es la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, que fue aquí señalada como responsable, mientras que en el juicio 787/2017-I, fueron la Directora General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos y al Notificador y Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección en cita; es decir, todas ellas están en condiciones de cumplir con el acto reclamado a la autoridad ejecutora, y más aún, porque en ambos juicios de amparo, no se reclaman sus actos de ejecución por vicios propios sino que los hacen depender del acto reclamado a la autoridad ordenadora. Apoya la anterior conclusión, la tesis de la Séptima Época, registro 388050, de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en el Informe 1969, materia común página 89, que dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, EN CASO DE OTRO AMPARO PENDIENTE DE RESOLUCIÓN, AUN EN EL CASO DE SEÑALAMIENTO DE UNA NUEVA AUTORIDAD EJECUTORA. Ni la Ley de Amparo del señor presidente Venustiano Carranza, esto es, la anterior a la vigente, promulgada el 18 de octubre de 1919, y, con mayor razón, las leyes de amparo expedidas por el Poder Legislativo de la Federación, el siglo pasado, consignaron, como causal de improcedencia, la determinada en la vigente ley del 30 de diciembre de 1935, en la fracción III de su artículo 73, inspirada en los precedentes a jurisprudencia que fue estableciendo y afinando, en sus tesis, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; acorde con los términos de la norma legal antes invocada, la improcedencia del juicio de amparo se provoca cuando, siendo uno mismo el quejoso en dos o mas juicios de garantías, hay identidad, en tales juicios, de autoridades y de actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, siempre que uno de ellos se encuentre pendiente de resolución, en primera o única instancia, o en revisión; en rigor lógico que deben ser idénticos para que opere esa causal de improcedencia, sin perjuicio de que se trate de los mismos quejosos y de las propias autoridades responsables, son los pronunciados y reclamados en amparo por las autoridades ordenadoras, que son en esencia, los que pueden originar inmediatamente, violación de derechos fundamentales públicos independientemente de los concernientes a los de las autoridades que realizaran su ejecución; cualquier otra interpretación que pretendiera darse a la fracción III del invocado artículo 73 de la ley invocada, equivaldría a motivar la interposición de tantos juicios de amparo, como nuevas autoridades efectúen actos de ejecución, no obstante que siempre se reclame el mismo acto legislativo, si se trata, por ejemplo, de una ley decreto, o el propio acto judicial o administrativo, si es una sentencia o una resolución de esa índole los que señalan como actos provenientes de las autoridades ordenadoras." Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, de conformidad con la fracción V del artículo 61 de la Ley de Amparo aplicable al caso, es procedente que se sobresea en el juicio en que se actúa. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a la autoridad la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, en virtud de que el impetrante lo hizo derivar de la inconstitucionalidad del acto reclamado a las autoridades ordenadoras, y no reclamó por vicios propios su ejecución. Tiene aplicación la jurisprudencia 516, registro 394472, Séptima Época, de la Segunda Salade la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 339 materia común, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Como consecuencia de todo lo anterior, no ha lugar a examinar los conceptos de violación expresados por el quejoso, al haberse tornado improcedente el presente juicio de amparo; al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 335, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." De igual forma, resulta innecesario ocuparse de las demás causales de improcedencia que hacen valer la autoridad responsable Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, pues no cambiaría el resultado al que se llegó en esta determinación, lo que se apoya en la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo anteriormente expuesto, y fundado además en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracción I, 2º, 5, 73 a 79, 107, fracción IV, 119 y 124 de la Ley de Amparo; así como por los numerales 1º fracción V, 48 y 52 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO 1032/2017-I promovido por Raúl Tadeo Nava, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre del dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos. Así lo resolvió y firma el maestro en derecho Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Geovanni Ramírez Chabelas, que da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guarda el expediente, del que se desprende que se fijaron las diez horas con cincuenta y minutos del día veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, como se desprende la certificación que antecede fue declarado día inhábil; en consecuencia, es procedente diferir la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional, fijando en su lugar, las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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