Raúl Tadeo Nava

Expediente 705/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
705/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
31/05/2017

Partes del expediente

  • Raúl Tadeo Nava

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de garantías promovida por Raúl Tadeo Nava, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Apareciendo que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de garantías, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo se notifica a la parte quejosa el acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal que en lo conducente dice:Cuernavaca, Morelos, dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito aclaratorio de demanda, presentado por el autorizado del quejoso, por medio del cual en cumplimiento al auto de ocho de mayo de dos mil diecisiete, manifiesta que desconoce el domicilio de la parte tercero interesada, así mismo, informa los antecedentes del acto reclamado, de los cuales se desprende que la multa que reclama como acto reclamado no se ha hecho efectiva; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda y procédase a acordar lo siguiente: Desechamiento de demanda. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo interpuesta por los promoventes, La parte quejosa señala como actos reclamados lo siguiente: "1.- EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, LA INCONSTITUCIONAL CREACIÓN DEL ARTLCULOS 124 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, POR: . A- LA FALTA DE INICIATIVA DE LEY EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 42 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. B.-EL TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN O COMISIONES LEGISLATIVAS ASÍ COMO LA FALTA DE DICTAMEN EMITIDO POR ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO. E.- LA FALTA DE TRÁMITE ANTE EL PLENO DEL CONGRESODEL ESTADO DE MORELOS. ASI COMO LA FALTA DE APROBACIÓN POR EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. POR LAS DOS TERCERASPARTES DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 44 DE LA CONSTITUCIÓN POLFRICA DEL ESTADO LIBREY SOBERANO DE MORELOS.ASI COMO SUS EFECTOSY CONSECUENCIAS. 2.- EL GOBERNADORDEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. LA SANCIÓN. PROMULGACIÓNY PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICOOFICIAL TIERRA Y LIBERTAD DEL ARTICULO 124 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. EN T~RMINOS DE LO PREVISTO POR LOS ARTLCULOS 44. 47 Y 70 FRACCIÓN XVII INCISO N DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. ASI COMO SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS. ¡ 3.- EL SECRETARIODE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. LA FALTA DE REFRENDOY PUBLICACIÓN'EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD DEL ARTICULO 124 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL SERVICIO.CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. EN TERMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. ASI COMO SUS EFECTOSY CONSECUENCIAS. 4.- EL DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD ORGANO DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. LA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRAY LIBERTADDEL ARTICULO 124 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. ASI COMO SUS EFECTOSY CONSECUENCIAS. 5.- EL SECRETARIO DE TRABAJO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. LA FALTA DE REFRENDODEL ARTICULO 124 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL SERVICIOCIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLFTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.ASI COMO SUS EFECTOSY CONSECUENCIAS. 6.- DEL PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILLACION Y ARBITRAJE DEL JSTADO DE MORELOS: A QUIEN RECLAMO EL INCONSTITUCIONAL ACUERDO DE FECHA VEINTLTR~S DE NOVIEMBREDEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. DENTRO DEL JUICIO LABORAL 01/109/07 EN EL CUAL SE ME HACE DEL CONOCIMIENTO QUE EN DICHO ACUERDO SE ME APERCIBECON UNIA MULTA COMO PRESIDENTEMUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS. ASI COMO LO MANIRESTA EL ARTICULO 124 FRACCIÓN I DE LA UEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. Y DE IGUAL FORMA, ASF COMO SUS EFECTOSY CONSECUENCIAS. B.- AUTORIDADES EJECUTORAS: 7.- PRESIDENTEEJECUTOR DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILLACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, A QUIEN RECLAMO LA INMINENTE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERALTILDAD DE INCONSTITUCIONAL Y ORDEN DE EJECUTAR LOS ACTOS RECLAMADOS EL CUAL LO CONSTITUYE EL ACUERDO DE FECHA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTELABORAL 01/109/07. EN EL CUAL SE ME APERCIBECON UNA MULTA DE QUINCE SALARI.OSMINIMOS EN EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA. MORELOS. EN TERMINOS DE LO PREVISTOPOR EL ARTFCULO 124 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO' DE MORELOS, ASF COMO SUS EEFECTOS Y CONSECUENCIAS. Y LAS INMINENTES ÓRDENES DE EJECUTAR LOS ACTOS RECLAMADOS, ASI COMO SUS EFECTOSY CONSECUENCIAS. 8.- ACTUARIO TRIBUNAL ESTATAL DE. CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO: A QUIEN RECLAMO LA INMINENTE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL TILDAD DE INCONSTITUCIONAL Y ORDEN DE EJECUTAR LOS ACTOS RECLAMADOS EL CUAL LO CONSMUYE EL INCONSTITUCIONAL ACUERDO DE FECHA VEINTITRÉS-DE NOVIEMBRE DEL AÑO. DOS MIL DIECISÉIS DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE'LABORAL 01/109/07, EN EL CUAL SE ME APERCIBE CON UNA MULTA DEL CARGO QUE REPRESENTOCOMO PRESIDENTEMUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO, DE CUAUTLA, MORELOS. EN TERMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 124 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, ASR COMO SUS EEFECTOS Y CONSECUENCIAS. Y LAS INMINENTES ÓRDENES DE EJECUTAR LOS ACTOS RECLAMADOS.ASI COMO SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS." Ahora bien, la parte quejosa refiere que en auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, se le impuso la sanción de la fracción I del artículo 124 de la ley del Servicio Civil; sin embargo, de las constancias allegadas por la autoridad responsable, se advierte que en el citado acuerdo, se precisó lo siguiente: ".HACIENDO DEL CONOCIMIENTO QUE EL REQUERIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL LAUDO EMITIDO POR ESTE TRIBUNAL DEBE SER A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS, APERCIBIDO DE QUE EN CASO DE NO HACERLO, SE DARÁ CUENTA AL PLENO DE ETE H. TRIBUNAL PARA QUE SE LE HAGA EFECTIVA LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 124 FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, A DICHO FUNCIONARIO, ES DECIR, LA APLICACIÓN DE UNA MULTA DE HASTA QUINCE SALARIOS, LA CUAL DEBERÁ SER CUBIERTA A CARGO DEL PATRIMONIO DEL SERVIDOR PÚBLICO Y NO CO ERARIO DEL AYUNTAMIENTO." Luego entonces, este Juzgado Federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXIII, y el artículo 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los citados preceptos, establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no se ubican en ninguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, del artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo que a la letra se dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". En efecto, el artículo 5°, de la Ley de Amparo, define las partes en el juicio de garantías y establece que el quejoso es aquél quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por ello, quien ejerza la acción constitucional y no reúna tales características, el juicio será improcedente al tenor de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XII, de la Ley de la Materia, al disponer la improcedencia del juicio de amparo: "Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;."., lo cual es acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que establece, como principio esencial del juicio de amparo, que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada. Ese lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, ya que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso, la parte quejosa reclama el artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y su ejecución, la cual constituye el auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se apercibe de multa al Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, -en caso de incumplimiento- con base en el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Sin embargo, dicho apercibimiento consistente en la multa de quince salarios mínimos, no es susceptible de combatirse en esta instancia constitucional, al no producir por el momento una afectación actual, real y directa, por ser un acto futuro e incierto que está condicionada a que el obligado, en este caso, la inconforme con la calidad de servidor público municipal, cumpla o no con la medida, así como de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado en cuanto a imponer efectivamente los apercibimientos con que se les requirió, por lo que tal acto no es inminente, y por ende, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta, en términos de los numerales antes invocados, en relación con la fracción XXIII, del ordinal 61, de la Ley de la Materia, dicho de otro modo, es incierto que se haga efectivo el apercibimiento de multa realizado al Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos; pues tal evento depende, a saber: 1.-De la actividad previa de los propios peticionarios frente al mandato judicial, es decir, cuando el Actuario adscrito a la autoridad responsable, le requiera del cumplimiento de pago y éste se niegue a dicho pago. 2.- El Actuario de cuenta al Presidente Ejecutor de dicha contumacia. 3.- Que el Presidente Ejecutor determine que sí es procedente aplicar alguna de las fracciones del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y, en su caso, convoque al Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para que en sesión determinen hacer efectivo el apercibimiento consistente en la multa y destitución de los Servidores Públicos. 4.- En sesión de Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, decidan ejercer o no las atribuciones que les confiere la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y hagan efectivo dicho apercibimiento y multe al infractor. Al respecto, se aplica por analogía la jurisprudencia número PC.I.L. J/14 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 2321, del Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." Por lo anterior, es claro advertir que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues lo reclamado se trata de un acto intermedio dictado en la etapa de ejecución del laudo, el cual no puede ser combatido a través de esta instancia constitucional, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución correspondiente, momento en el cual podrán reclamarse las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, como las que refiere el inconforme en su demanda se cometieron por el Tribunal del conocimiento. En efecto, lo reclamado en esta instancia constitucional debe considerarse como un acto intermedio dictado en la etapa de ejecución de sentencia (laudo), más no como una determinación que revista el carácter de la última resolución en la citada fase procesal, para que el escrito inicial de demanda resulte procedente, conforme lo establece el numeral 107, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, que expresamente dispone la procedencia del juicio de amparo ante el juzgado de distrito, "contra actos de tribunales judiciales." y ". entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente.", la que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, hipótesis en las que de ninguna manera, se ubica la resolución reclamada, por lo que es incuestionable que en el caso cobra vigencia la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del ordinal 61, en concordancia con el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, ya que no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto. Por tanto y toda vez que los actos impugnados por el Presidente del Municipio de Cuautla, Morelos, no se tratan de actos definitivos para los efectos de la procedencia del juicio de amparo; en consecuencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción IV, y 113, todos de la Ley de Amparo, respecto de dichos actos se desecha la demanda. En consecuencia, en el caso queda actualizadas en forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia precisas con anterioridad, por lo que se desecha por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Ahora bien, y en virtud de la conclusión alcanzada, se hace extensivo el desechamiento anterior, respecto del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, tildado de inconstitucional, pues no puede desvincularse el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley por sí sola considerada en abstracto, tomando en consideración que el ordenamiento que aquí se impugna, tiene la característica de heteroaplicativa, tal y como lo reclama la parte quejosa en la presente instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencia, con el rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Al igual que la tesis de jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "LEYES O REGLAMENTOS. AMPARO PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación, necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Sirve de apoyo por analogía la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se avoque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable Juez Séptimo en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió copia certificada de las constancias que emanan del expediente 63/2015, con las que se formaron los anexos I a III; en esas condiciones, remítanse a la autoridad responsable las copias certificadas de referencia, para los efectos legales a que haya lugar Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Enrique Encarnación Martínez Sinco, que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano