Raúl Sola Dávila

Expediente 738/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 27 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
738/2015
Año
2015
Actuaciones
27
Última actuación
08/12/2015

Partes del expediente

  • Raúl Sola Dávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Agréguese, únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por la Jueza Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras; mediante el cual, informa que le fue turnada la causa penal 14/2015, del índice del extinto Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, y quedó registrada con el número 325/2015 de su índice; toda vez, que en proveído de uno de septiembre de dos mil quince, causó estado el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto del cinco de agosto de dos mil quince, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se concedió la medida provisional y definitiva solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses.

  3. Incidental

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto del cinco de agosto de dos mil quince, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se concedió la medida provisional y definitiva solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses.

  4. Principal

    Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en el auto del veintitrés de julio de dos mil quince, para que recogiera los edictos ordenados en dicho proveído y gestionara su publicación, o bien, acreditara su incapacidad económica para realizar la publicación respectiva, sin que así lo hubiere hecho; por tanto, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del presente juicio de amparo, lo que permite su sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En el caso, la aludida omisión de la parte quejosa de acudir a este juzgado para recoger los edictos ordenados para emplazar a la tercero interesada Marcela Olivares Reyes, pone de relieve que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento señalada en el artículo 63, fracción II, en relación con los diversos dispositivos, 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, y 5°, fracción III, inciso c), de la citada ley.Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el juicio de amparo." De la interpretación de los preceptos transcritos se desprende que una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 27, fracción III, inciso b), y ordenado el emplazamiento a juicio de los terceros interesados por medio de edictos a costa del quejoso, si éste no los recoge paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, incluso fuera de audiencia, toda vez que incumple con un presupuesto procesal -emplazar al tercero interesado- que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Consecuentemente, en virtud de que la parte quejosa ha incumplido con un presupuesto procesal como es el emplazamiento a juicio de una de las partes interesadas en el mismo, este órgano jurisdiccional no puede pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; pues con la omisión de recoger los edictos ordenados y por ende omitir su publicación, queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la parte quejosa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puesto que se entorpece la administración de justicia pronta, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible a este Juzgado Federal, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al albedrío de una de las partes, en este caso de la parte quejosa. Ahora, de las constancias que integran el presente juicio se aprecia que después de agotar los medios correspondientes para obtener el domicilio para emplazar a la tercero interesada aludida en el juicio en que se actúa, cuya investigación resultó infructuosa, en proveído de veintitrés de julio de dos mil quince, se ordenó el emplazamiento a juicio de dicha tercero interesada mediante la publicación de los edictos correspondientes, mismos que se dejaron a disposición de la parte quejosa en la secretaría de este juzgado, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación de dicho acuerdo compareciera a recogerlos. Luego, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa para recoger los edictos a fin de emplazar a la tercero interesada Marcela Olivares Reyes, sin que así lo hubiera hecho, lo que denota su falta de interés para la integración de la litis constitucional. Por tanto, toda vez que la parte quejosa no dio cumplimiento al referido proveído de veintitrés de julio de dos mil quince, esto es, no recogió los edictos, ni acreditó su imposibilidad material o económica, que tuvieran para publicarlos y al haber agotado este juzgado federal, los medios necesarios para el llamamiento a juicio de la persona a quien le reviste el carácter de tercero interesada en el presente asunto, quedando éste a cargo de la parte quejosa, sin que se hubiese realizado, es causa imputable a ella el retraso de la justicia, siendo procedente hacer efectivo el apercibimiento realizado, y con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la ley de la materia, decretar el sobreseimiento en el presente juicio, toda vez que la parte quejosa, no cumplió con las prevenciones hechas en el expediente en que se actúa. En la ejecutoria relativa a la solicitud de modificación de jurisprudencia, se sostuvo en esencia que el incumplimiento de los quejosos de recoger los edictos para emplazar a los terceros interesados y pagar su publicación, no necesariamente conduce al sobreseimiento en el juicio. Lo anterior porque deben ponderarse las circunstancias que rodean a la parte quejosa para determinar si es el Consejo de la Judicatura Federal el que debe publicar, a su costa, los edictos de mérito, ya que en todas las materias -incluso en la penal- se debe tener en cuenta las particularidades de la parte quejosa para establecer si le resulta imposible cubrir el costo de la publicación, razón por la cual existe la posibilidad de establecer excepciones que se deben considerar para ordenar el emplazamiento mediante edictos y, en su caso, para decretar el sobreseimiento en el juicio. Con base en estas premisas, se sostuvo que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza -publicación de edictos-, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes de que no tiene la capacidad económica para sufragar dicha publicación, el juzgador podrá determinar que la publicación se realice a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Pero además, debe ponderarse, ante todo, que en términos de lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, debe respetarse el derecho de toda persona a que se le administre una justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, determinación que debe ser aplicable a todas las materias, y no en forma exclusiva a las referidas materias agraria y penal, lo cual encuentra apoyo en el siguiente criterio: 'ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.-La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.' Consecuentemente, si bien la regla general es que agotado el procedimiento para conocer el domicilio del tercero perjudicado y lograr su emplazamiento, éste debe llevarse a cabo por medio de edictos a costa del promovente; el incumplimiento a esta disposición no debe, en todos los casos, conducir al sobreseimiento en el juicio, pues deberán ponderarse las circunstancias que rodean a los quejosos, para efecto de determinar si es el Consejo de la Judicatura Federal quien debe publicar, a su costa, los edictos de mérito." Sin embargo, como quedó señalado con anterioridad, de autos se obtiene que los quejosos no realizaron manifestación alguna respecto a su imposibilidad para cubrir la publicación de los edictos. En las relatadas condiciones, si la parte quejosa no compareció a recoger los edictos ordenados para emplazar a la tercero interesada Marcela Olivares Reyes, ni manifestó su imposibilidad para cubrir la publicación de los mismos; procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en términos de los artículos 63, fracción II, en relación con los diversos numerales, 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, y 5°, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de busca, aprehensión y detención dictada en el proceso penal 14/2015 el diecisiete de febrero del presente año, en contra de Raúl Sola Dávila y Joana Avelino Ramírez y/o Yoana Avelino Ramírez, por la comisión del delito de lesiones. En las relatadas condiciones, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por ende, se deja sin efectos la audiencia señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.

Quedan 23 actuaciones en este expediente

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