Raúl Roberto Ruano Domínguez
Expediente 523/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 523/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 01/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Raúl Roberto Ruano Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, uno de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ( Se ordena archivo. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. ( Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el presente juicio dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. No se ordena devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales, toda vez que los mismos no obran en autos. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable los discos versátil digital DVD y el tomo de prueba que remitió la autoridad responsable con su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.ciov
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, doce de julio de dos mil veintitrés. Se agrega razón Agréguese a los autos la razón de cuenta, realizada por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante el cual hace constar la imposibilidad para realizar la notificación de la resolución de treinta de junio de dos mil veintitrés a la parte quejosa, en virtud que al constituirse en el Centro de Reinserción Social de Apizaco, Tlaxcala, le fue informado que la persona buscada fue puesto en libertad el veintinueve de junio de la presente anualidad. Se tiene por efectuada la notificación Ahora bien, de autos se advierte que, en el escrito de demanda que dio origen al presente sumario constitucional, la parte quejosa señaló un domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones; lugar en el que personal actuarial se constituyó a efecto de realizar la notificación de la resolución de treinta de junio de dos mil veintitrés y procedió en términos del numeral 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, como consta en autos, el quejoso dejó de estar recluido en el Centro Penitenciario en el que fue buscado por el actuario adscrito a este Juzgado Federal, por lo que es materialmente imposible su localización en dicho lugar. En ese sentido, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo téngase por efectuada la notificación de la resolución de treinta de junio de dos mil veintitrés a la parte quejosa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Pamela Elizabeth Hernández López, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, seis de julio de dos mil veintitrés. Autoridad responsable informa Visto el oficio signado por ********************, Juez Presidente de la causa judicial ******************** en su etapa de juicio oral; mediante el cual remite constancias relativas al cumplimiento efectuado a la ejecutoria del Toca Penal ******************** y copia de audio y video de la audiencia correspondiente; sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento, toda vez que por resolución de treinta de junio de dos mil veintitrés se sobreseyó fuera de audiencia el presente sumario constitucional. Cabe precisar que respecto de la videograbación que es exhibida en unidad DVD, adquiere el carácter de una prueba documental lato sensu, misma que se tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Al respecto, por su contenido es aplicable la jurisprudencia 1ª./J. 43/2013 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Resguardo de unidad DVD Por otra parte, a fin de tener un mejor manejo y seguridad de la unidad DVD remitida por la autoridad oficiante, se ordena que sea resguardado en la Secretaria de este órgano jurisdiccional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Pamela Elizabeth Hernández López, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, treinta de junio de dos mil veintitrés. Autoridad responsable informa. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Presidente de la Causa judicial ********************, en su etapa de Juicio Oral; mediante el cual esencialmente refiere que en cumplimiento a lo resuelto por la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, en el Toca Penal número ********************; en veintinueve de junio de dos mil veintitrés se señaló audiencia de revisión de medida cautelar, en la que se dejó en libertad al acusado ********************, subsistiendo las medidas cautelares que son diferentes a la prisión preventiva justificada, siendo las previstas en el artículo 155, fracción VII y VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, en primer lugar, se destaca que en proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, respecto al acto reclamado consistente en la resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, que niega la variación de medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada, impuesta en dieciocho de marzo de dos mil veintitrés, dentro de la causa judicial ********************. Atento a lo anterior y a lo informado por la autoridad responsable, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción XVII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Asimismo, conforme a los preceptos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora, para que opere la causal de improcedencia del juicio de amparo referida se requiere necesariamente de la concurrencia de los elementos que se enuncian: a) Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto reclamado en el juicio constitucional; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio de amparo, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en razón de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, se sustenta en el criterio que se cita: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional" Ahora bien, de lo informado por la Juez Presidente de la Causa judicial ********************, en su etapa de Juicio Oral, en concatenación con la copia certificada de la ejecutoria pronunciada dentro del toca penal ********************, allegada por este órgano jurisdiccional en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que en cumplimiento a lo resuelto por la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, en el citado Toca Penal, se dejó sin efectos la audiencia de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintitrés y se señaló el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de revisión de medida cautelar, en la que el ministerio Público se desistió de dicha solicitud y se dejó en libertad al quejoso ********************, subsistiendo las medidas cautelares que son diferentes a la prisión preventiva justificada, siendo las previstas en el artículo 155, fracción VII y VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales. Precisado lo anterior, es evidente que, al haberse dejado en libertad al quejoso ********************, subsistiendo las medidas cautelares previstas en el artículo 155, fracción VII y VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la causa judicial ********************, del índice de la autoridad responsable, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, cometido en agravio de la víctima ********************, es patente, que no puede emprenderse estudio de la inconstitucionalidad planteada contra la resolución dictada en la audiencia de revisión de medida cautelar impuesta a la parte quejosa, el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, consistente en prisión preventiva justificada, porque no puede decidirse sobre ella sin afectar la nueva situación a la que está sujeta el quejoso, es decir, a la resolución de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, pues se trata de un diverso acto que genera sus propios efectos, de tal modo que las violaciones reclamadas por el quejoso, deben considerarse consumadas de modo irreparable. Por tanto, se configura la causa de improcedencia prevista en el primer párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia legislación, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, respecto del acto consistente en la resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, que niega la variación de medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada, impuesta en dieciocho de marzo de dos mil veintitrés, dentro de la causa judicial ********************. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizable en la página 270 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia Penal, Novena Época, cuyo contenido es: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se dejan insubsistentes las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Por otra parte, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Pamela Elizabeth Hernández López, Secretaria que autoriza y da fe.
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