RAÚL RAMOS CASAS y Otros.

Expediente 1187/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1187/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
11/04/2022

Partes del expediente

  • Magistrados Integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca
  • RAÚL RAMOS CASAS y Otros.
  • Raúl Ramos Casas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de abril de dos mil veintidós. Agréguese el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, por el que remite testimonio de la ejecutoria de veinticinco de marzo del año en curso, dictada en el conflicto competencial ""....."", suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, de la que se advierte dicho tribunal de alzada determinó que el citado Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, es el competente para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************. Acúsese recibo. Archivo del expediente En consecuencia, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año citado, archívese este cuaderno como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este antecedente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Por tanto, conforme a lo establecido en el diverso precepto 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en consulta, una vez transcurridos seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase por hecha la certificación del Secretario, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotaciones carátula y libro de gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, por el que acusa recibo del Conflicto Competencial entre el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz y este órgano jurisdiccional para conocer del presente juicio de amparo 1187/2021 y comunica que se admitió dicho medio de impugnación y que quedó radicado bajo el número 94/2021, de su índice. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Glósese a los autos el oficio firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por el que devuelve los autos del juicio de amparo ***** del índice de este órgano jurisdiccional y comunica que por auto de veintidós de noviembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo **** de su índice, determinó no aceptar la competencia declinada por este juzgado para el conocimiento de la demanda de amparo promovida por ******, contra actos de los Magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca y de la Jefa del Departamento Jurídico del Centro de Reinserción Social de San Francisco Tanivet, Oaxaca, por los motivos y fundamentos que ahí expone. Acúsese de recibo. Ahora bien, una vez analizadas las razones que sustenta el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, para no aceptar la competencia propuesta, debe decirse que no se comparte su respetable criterio. Lo anterior, en razón a que la determinación de incompetencia planteada en auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, es la que técnicamente resulta ser la vía más acertada. Así, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. - - - Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. - - - Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El transcrito numeral establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: a) El del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las dos primeras reglas establecen como presupuesto fundamental la ejecución de los actos, pero la diferencia entre una y otra es que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, ya que la primera regla prevé todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que su ejecución se efectúe en una jurisdicción; en cambio, la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. Por otro lado, la tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito, al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de la competencia del Juez de Distrito donde se haya presentado la demanda de amparo. En ese orden de ideas, el quejoso *****, reclama de los Magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca y de la Jefa del Departamento Jurídico del Centro de Reinserción Social de San Francisco Tanivet, Oaxaca, lo siguiente: La resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por los integrantes de la citada Tercera Sala Penal, en el toca penal *****, en la que declaran inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria dictada el veintidós de junio de dos mil veintiuno, por los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, en la causa penal ******. Del aludido Tribunal de Enjuiciamiento del circuito judicial de la costa, reclama las omisiones en que incurrieron al no enlazarlo por videoconferencia el veintidós de junio de dos mil veintiuno y no dejar constancia por escrito de la supuesta negativa que expreso ante la jefa del departamento jurídico del centro en que se encuentra recluido. De la Jefa del Departamento Jurídico del Centro de Reinserción Social de Tanivet, reclama las omisiones en que incurrió al no realizar las gestiones necesarias para enlazarlo a la videoconferencia el veintidós de junio de dos mil veintiuno, para que le fuera explicada la sentencia e informar que no era su deseo estar presente. Ahora, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, sustenta que la resolución reclamada carece de ejecución material, pues sólo produce efectos declarativos, ya que su efecto se limita estrictamente a establecer si el recurso de apelación interpuesto por el sentenciado, aquí quejoso, en contra de la sentencia condenatoria dictada en su contra, fue interpuesto o no dentro del plazo legal, para que en el caso, de haberse interpuesto en tiempo se admitiera a trámite dicho medio de impugnación, y substanciado por sus trámites, con posterioridad se dicte la ejecutoria respectiva (acto futuro con consecuencias mediatas o posteriores que con motivo de él se generen); o en caso contrario, de no haberse interpuesto dentro del plazo legal, se desechara dicho recurso de apelación; supuesto este último que aconteció en el caso que nos ocupa; sin que esto implique un acto de ejecución; por ello, la competencia reside en el Juzgado en donde se presentó la demanda. Sin embargo, contrario a lo que establece la oficiante, atendiendo a los actos reclamados, a saber, la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por los integrantes de la citada Tercera Sala Penal, en el toca penal ******, en la que declaran inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria dictada el veintidós de junio de dos mil veintiuno, por los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, en la causa penal *****; del Tribunal de Enjuiciamiento del circuito judicial de la costa, las omisiones en que incurrieron al no enlazarlo por videoconferencia el veintidós de junio de dos mil veintiuno y no dejar constancia por escrito de la supuesta negativa que expreso ante la jefa del departamento jurídico del centro en que se encuentra recluido y, de la Jefa del Departamento Jurídico del Centro de Reinserción Social de Tanivet, reclama las omisiones en que incurrió al no realizar las gestiones necesarias para enlazarlo a la videoconferencia el veintidós de junio de dos mil veintiuno, para que le fuera explicada la sentencia e informar que no era su deseo estar presente. Por lo que para determinar la competencia para conocer del juicio de amparo, debe determinarse si el acto reclamado tiene ejecución material. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 96/2005-PS consideró: ".Una vez recibido el duplicado autorizado de constancias o el testimonio -por haberse admitido en el efecto devolutivo-, el tribunal de alzada lo debe poner a la vista de las partes por un determinado plazo para que promuevan las pruebas que estimen necesarias. Finalmente, señala un día para la vista del asunto y una vez declarado visto, queda cerrado el debate y se pronuncia el fallo que corresponda. La resolución que resuelva sobre la apelación deberá realizar, sobre el auto impugnado, el examen de legalidad descrito en párrafos anteriores y verificar que el mismo cumpla con todos los requisitos precisados en el apartado anterior y, de conformidad con ello, podrá revocar, modificar o confirmar el auto de formal prisión. Para poder determinar los efectos que conlleva una resolución que, dictada en un toca de apelación penal, confirma un auto de formal prisión, se considera necesario precisar, previamente, los efectos que conlleva aquella que lo revoca, por ser éste, precisamente, el supuesto contrario a la confirmación. Existen diversos supuestos que pueden llevar a la revocación de un auto de formal prisión en segunda instancia. Sin embargo, aquí únicamente se verán algunos que servirán para ejemplificar, posteriormente, los efectos que conlleva una resolución que lo confirma. Un auto de formal prisión puede revocarse, entre otros, porque la autoridad de segunda instancia advierta que: a. No existen elementos suficientes que comprueben la existencia del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado en la comisión del mismo, o ambos, o b. Está plenamente acreditada una causa excluyente de responsabilidad o que extinga la acción penal. En los supuestos anteriores, los efectos consistirían en revocar el auto de formal prisión dictado en contra del inculpado, ordenando inmediatamente su libertad y dictar, en el primer caso, auto de libertad por falta de elementos para procesar y, en el segundo, auto absolutorio. En cualquiera de los supuestos anteriormente aludidos los efectos se traducen en que el inculpado recupere su libertad, la cual tenía restringida, ya sea en virtud de haber estado recluido en prisión preventiva o gozando del beneficio de la libertad provisional bajo caución, la cual, como está señalado en el apartado anterior, conlleva una serie de obligaciones hacia el inculpado que se traducen en una restricción de su libertad. Ahora bien, un auto de formal prisión se confirma cuando del examen se desprende que el mismo está apegado a la legalidad, por haberse acreditado de manera adecuada todos los requisitos señalados en el apartado anterior, que deben satisfacerse para el dictado de dicho auto. De lo anterior puede concluirse que los efectos de la resolución, que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, sí tienen materialidad. Cierto, al confirmar un auto de formal prisión el tribunal de alzada reconoce que no se actualizó ningún supuesto que permita revocar el auto y dictar la inmediata libertad del inculpado, lo que se traduce en que: a. Permanezca privado, cautelarmente, de su libertad en un centro de reclusión destinado a la prisión preventiva, a disposición del Juez de primera instancia, o b. Permanezca a disposición del Juez de primera instancia, con ciertas restricciones de su libertad personal, en virtud de la libertad bajo caución que goza, consistente en el cumplimiento de obligaciones descritas en el apartado anterior. Respecto al último efecto anotado, cabe señalar que esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 67/96, en sesión de diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y siete, sostuvo que un ataque o restricción a la libertad personal no debe entenderse limitada a una privación total de la libertad, sino a cualquier afectación de la misma, en función, precisamente, del alto valor que se protege. Así pues, estimó que la libertad de un procesado se ataca al sujetarlo a determinadas obligaciones como son: el comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional; el concurrir a las diligencias que se practiquen en el proceso relativo; el no poder hacer uso de su libertad de tránsito si no es con autorización del propio juzgador, bajo cuya jurisdicción se encuentra sometido; el que se le dicte, en dado caso, el arraigo domiciliario, así como a todas aquellas circunstancias inherentes a las cuales queda sujeta una persona sometida a un proceso penal. La referida contradicción de tesis dio origen a la siguiente jurisprudencia: "AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO. DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA. PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER TIEMPO". (transcribe texto) Así pues, el fallo que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión es un acto con efectos materiales, ya que el mismo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, independientemente de si el mismo se encuentra en reclusión preventiva o gozando del beneficio de libertad provisional bajo caución. Aunado a que sus derechos y prerrogativas permanecerán suspendidos en términos del artículo 38, fracción II, constitucional. Al respecto, cabe señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración y la Primera Sala de este Alto Tribunal,(9) en su anterior y actual integración, han considerado que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen de alguna manera la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Ello, porque el derecho que a la libertad personal tiene el hombre le es propio, viene de su naturaleza, y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce y, al momento de ser privado de ella, por motivos que la misma determina, nace el derecho de estar libre, si éstos no se cumplen de manera adecuada. De ello que los requisitos que debe satisfacer un auto de formal prisión, establecidos en la Constitución y correlativamente en las leyes respectivas, contienen un presupuesto obvio y elemental que radica en que el procesado no pueda, entre otros, ser privado de su libertad y sujetado a proceso, si los mismos no se cumplen, lo que se traduce en que el mismo pueda gozar de su libertad si se acredita que el auto de formal prisión carece de los elementos necesarios para justificar su reclusión en prisión preventiva y sujeto a proceso. En estas condiciones, cuando se interponga un recurso de apelación en contra de un auto de formal prisión y el tribunal de alzada decida confirmar dicho auto, resulta claro que a partir de ese momento la libertad personal del procesado se encontrará restringida no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en su contra, sino también por la confirmación del mismo, en segunda instancia. Lo anterior, con independencia de que el recurso de apelación en contra de un auto de formal prisión, de conformidad con las legislaciones estudiadas por los tribunales contendientes, proceda sólo en efecto devolutivo, pues el hecho de que el Juez de primera instancia no vea suspendida su jurisdicción no elimina el efecto descrito en el párrafo que antecede, pues resulta claro que la resolución en que se confirma un auto de formal prisión, en segunda instancia -ya sea que el procesado se encuentre recluido o gozando de su libertad bajo caución- constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que la privación cautelar o restricción de la libertad del procesado -como efecto de la libertad provisional bajo caución- es consecuencia del auto de formal prisión dictado en primera instancia, no menos cierto es que continuará privado o restringido de su libertad como consecuencia positiva de esa confirmación.." Es decir, la Primera Sala del máximo tribunal del país determinó que la resolución que declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el auto de vinculación a proceso y confirma la resolución apelada, como la que constituye el acto reclamado sí tiene ejecución material, que se traduce en la restricción de la libertad del inculpado, ello, pues es un acto que repercute directamente en la libertad personal del procesado, quien continuará privado cautelarmente de su libertad, no sólo en virtud del auto de vinculación a proceso dictado en primera instancia, sino también por la confirmación que del mismo se haga en segunda instancia. En la misma ejecutoria, la Primera Sala consideró que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia -ya sea en algún centro de reclusión de prisión preventiva o gozando de la libertad bajo caución-, la ejecución material del fallo confirmatorio se da, precisamente, en el lugar de residencia de dicho Juez de la causa. De ello, dijo, la competencia para conocer del amparo que se interponga contra la resolución que, en segunda instancia, confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juez de primera instancia que conoce del proceso penal. Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, visible en la página 174, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, número de registro digital 176365, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal". Por otro lado, al resolver la diversa contradicción de tesis 187/2011, la misma Primera Sala emitió la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". Este criterio jurisprudencial se encuentra localizable en la página 2183, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Décima Época, número de registro 160608. Debe precisarse que si bien al resolver ambas contradicciones de tesis, la Primera Sala del máximo Tribunal del país analizó el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, también lo es que dicho párrafo corresponde al correlativo del artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor. En ese orden de ideas, si como ya se precisó, los actos reclamados lo constituyen la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por los integrantes de la citada Tercera Sala Penal, en el toca penal *****, en la que declaran inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria dictada el veintidós de junio de dos mil veintiuno, por los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Oaxaca, en la causa penal *****, entonces, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido en su contra corresponde al juez de Distrito que ejerce jurisdicción en Salina Cruz, Oaxaca, porque como se vio en la ejecutoria de la Suprema Corte, la competencia para conocer del amparo que se interponga contra la resolución que, en segunda instancia, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juez de primera instancia que conoce del proceso penal, que en el caso es el Juez de Salina Cruz quien ejerce jurisdicción en la demarcación territorial donde radica el Juez de Primera Instancia, conforme a la división territorial establecida en el Acuerdo General siguiente: Al respecto, el punto Cuarto del Acuerdo General 3/2013, modificado mediante Acuerdos 12/2016, así como el 45/2016, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dice: "CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: . XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: REFORMADO POR ACUERDO GENERAL 45/2016, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 07/10/2016. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo..". Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2004166, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Por lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 18 y 48 de la Ley de Amparo, remítase el juicio de amparo en que actúa con motivo de la incompetencia planteada, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en Turno, del Décimo Tercer Circuito, a través del buzón judicial correspondiente, para lo que tenga a bien resolver en el presente conflicto competencial. En tales condiciones fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. Hágase lo anterior del conocimiento del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para que exponga ante el Tribunal Colegiado lo que estime pertinente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA AL QUEJOSO MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Glósese a los autos el oficio firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por el que devuelve los autos del juicio de amparo ***** del índice de este órgano jurisdiccional y comunica que por auto de veintidós de noviembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo **** de su índice, determinó no aceptar la competencia declinada por este juzgado para el conocimiento de la demanda de amparo promovida por ******, contra actos de los Magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca y de la Jefa del Departamento Jurídico del Centro de Reinserción Social de San Francisco Tanivet, Oaxaca, por los motivos y fundamentos que ahí expone. Acúsese de recibo. Ahora bien, una vez analizadas las razones que sustenta el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, para no aceptar la competencia propuesta, debe decirse que no se comparte su respetable criterio. Lo anterior, en razón a que la determinación de incompetencia planteada en auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, es la que técnicamente resulta ser la vía más acertada. Así, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. - - - Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. - - - Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El transcrito numeral establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: a) El del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las dos primeras reglas establecen como presupuesto fundamental la ejecución de los actos, pero la diferencia entre una y otra es que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, ya que la primera regla prevé todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que su ejecución se efectúe en una jurisdicción; en cambio, la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. Por otro lado, la tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito, al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de la competencia del Juez de Distrito donde se haya presentado la demanda de amparo. En ese orden de ideas, el quejoso *****, reclama de los Magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca y de la Jefa del Departamento Jurídico del Centro de Reinserción Social de San Francisco Tanivet, Oaxaca, lo siguiente: La resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por los integrantes de la citada Tercera Sala Penal, en el toca penal *****, en la que declaran inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria dictada el veintidós de junio de dos mil veintiuno, por los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, en la causa penal ******. Del aludido Tribunal de Enjuiciamiento del circuito judicial de la costa, reclama las omisiones en que incurrieron al no enlazarlo por videoconferencia el veintidós de junio de dos mil veintiuno y no dejar constancia por escrito de la supuesta negativa que expreso ante la jefa del departamento jurídico del centro en que se encuentra recluido. De la Jefa del Departamento Jurídico del Centro de Reinserción Social de Tanivet, reclama las omisiones en que incurrió al no realizar las gestiones necesarias para enlazarlo a la videoconferencia el veintidós de junio de dos mil veintiuno, para que le fuera explicada la sentencia e informar que no era su deseo estar presente. Ahora, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, sustenta que la resolución reclamada carece de ejecución material, pues sólo produce efectos declarativos, ya que su efecto se limita estrictamente a establecer si el recurso de apelación interpuesto por el sentenciado, aquí quejoso, en contra de la sentencia condenatoria dictada en su contra, fue interpuesto o no dentro del plazo legal, para que en el caso, de haberse interpuesto en tiempo se admitiera a trámite dicho medio de impugnación, y substanciado por sus trámites, con posterioridad se dicte la ejecutoria respectiva (acto futuro con consecuencias mediatas o posteriores que con motivo de él se generen); o en caso contrario, de no haberse interpuesto dentro del plazo legal, se desechara dicho recurso de apelación; supuesto este último que aconteció en el caso que nos ocupa; sin que esto implique un acto de ejecución; por ello, la competencia reside en el Juzgado en donde se presentó la demanda. Sin embargo, contrario a lo que establece la oficiante, atendiendo a los actos reclamados, a saber, la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por los integrantes de la citada Tercera Sala Penal, en el toca penal ******, en la que declaran inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria dictada el veintidós de junio de dos mil veintiuno, por los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, en la causa penal *****; del Tribunal de Enjuiciamiento del circuito judicial de la costa, las omisiones en que incurrieron al no enlazarlo por videoconferencia el veintidós de junio de dos mil veintiuno y no dejar constancia por escrito de la supuesta negativa que expreso ante la jefa del departamento jurídico del centro en que se encuentra recluido y, de la Jefa del Departamento Jurídico del Centro de Reinserción Social de Tanivet, reclama las omisiones en que incurrió al no realizar las gestiones necesarias para enlazarlo a la videoconferencia el veintidós de junio de dos mil veintiuno, para que le fuera explicada la sentencia e informar que no era su deseo estar presente. Por lo que para determinar la competencia para conocer del juicio de amparo, debe determinarse si el acto reclamado tiene ejecución material. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 96/2005-PS consideró: ".Una vez recibido el duplicado autorizado de constancias o el testimonio -por haberse admitido en el efecto devolutivo-, el tribunal de alzada lo debe poner a la vista de las partes por un determinado plazo para que promuevan las pruebas que estimen necesarias. Finalmente, señala un día para la vista del asunto y una vez declarado visto, queda cerrado el debate y se pronuncia el fallo que corresponda. La resolución que resuelva sobre la apelación deberá realizar, sobre el auto impugnado, el examen de legalidad descrito en párrafos anteriores y verificar que el mismo cumpla con todos los requisitos precisados en el apartado anterior y, de conformidad con ello, podrá revocar, modificar o confirmar el auto de formal prisión. Para poder determinar los efectos que conlleva una resolución que, dictada en un toca de apelación penal, confirma un auto de formal prisión, se considera necesario precisar, previamente, los efectos que conlleva aquella que lo revoca, por ser éste, precisamente, el supuesto contrario a la confirmación. Existen diversos supuestos que pueden llevar a la revocación de un auto de formal prisión en segunda instancia. Sin embargo, aquí únicamente se verán algunos que servirán para ejemplificar, posteriormente, los efectos que conlleva una resolución que lo confirma. Un auto de formal prisión puede revocarse, entre otros, porque la autoridad de segunda instancia advierta que: a. No existen elementos suficientes que comprueben la existencia del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado en la comisión del mismo, o ambos, o b. Está plenamente acreditada una causa excluyente de responsabilidad o que extinga la acción penal. En los supuestos anteriores, los efectos consistirían en revocar el auto de formal prisión dictado en contra del inculpado, ordenando inmediatamente su libertad y dictar, en el primer caso, auto de libertad por falta de elementos para procesar y, en el segundo, auto absolutorio. En cualquiera de los supuestos anteriormente aludidos los efectos se traducen en que el inculpado recupere su libertad, la cual tenía restringida, ya sea en virtud de haber estado recluido en prisión preventiva o gozando del beneficio de la libertad provisional bajo caución, la cual, como está señalado en el apartado anterior, conlleva una serie de obligaciones hacia el inculpado que se traducen en una restricción de su libertad. Ahora bien, un auto de formal prisión se confirma cuando del examen se desprende que el mismo está apegado a la legalidad, por haberse acreditado de manera adecuada todos los requisitos señalados en el apartado anterior, que deben satisfacerse para el dictado de dicho auto. De lo anterior puede concluirse que los efectos de la resolución, que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, sí tienen materialidad. Cierto, al confirmar un auto de formal prisión el tribunal de alzada reconoce que no se actualizó ningún supuesto que permita revocar el auto y dictar la inmediata libertad del inculpado, lo que se traduce en que: a. Permanezca privado, cautelarmente, de su libertad en un centro de reclusión destinado a la prisión preventiva, a disposición del Juez de primera instancia, o b. Permanezca a disposición del Juez de primera instancia, con ciertas restricciones de su libertad personal, en virtud de la libertad bajo caución que goza, consistente en el cumplimiento de obligaciones descritas en el apartado anterior. Respecto al último efecto anotado, cabe señalar que esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 67/96, en sesión de diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y siete, sostuvo que un ataque o restricción a la libertad personal no debe entenderse limitada a una privación total de la libertad, sino a cualquier afectación de la misma, en función, precisamente, del alto valor que se protege. Así pues, estimó que la libertad de un procesado se ataca al sujetarlo a determinadas obligaciones como son: el comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional; el concurrir a las diligencias que se practiquen en el proceso relativo; el no poder hacer uso de su libertad de tránsito si no es con autorización del propio juzgador, bajo cuya jurisdicción se encuentra sometido; el que se le dicte, en dado caso, el arraigo domiciliario, así como a todas aquellas circunstancias inherentes a las cuales queda sujeta una persona sometida a un proceso penal. La referida contradicción de tesis dio origen a la siguiente jurisprudencia: "AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO. DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA. PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER TIEMPO". (transcribe texto) Así pues, el fallo que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión es un acto con efectos materiales, ya que el mismo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, independientemente de si el mismo se encuentra en reclusión preventiva o gozando del beneficio de libertad provisional bajo caución. Aunado a que sus derechos y prerrogativas permanecerán suspendidos en términos del artículo 38, fracción II, constitucional. Al respecto, cabe señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración y la Primera Sala de este Alto Tribunal,(9) en su anterior y actual integración, han considerado que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen de alguna manera la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Ello, porque el derecho que a la libertad personal tiene el hombre le es propio, viene de su naturaleza, y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce y, al momento de ser privado de ella, por motivos que la misma determina, nace el derecho de estar libre, si éstos no se cumplen de manera adecuada. De ello que los requisitos que debe satisfacer un auto de formal prisión, establecidos en la Constitución y correlativamente en las leyes respectivas, contienen un presupuesto obvio y elemental que radica en que el procesado no pueda, entre otros, ser privado de su libertad y sujetado a proceso, si los mismos no se cumplen, lo que se traduce en que el mismo pueda gozar de su libertad si se acredita que el auto de formal prisión carece de los elementos necesarios para justificar su reclusión en prisión preventiva y sujeto a proceso. En estas condiciones, cuando se interponga un recurso de apelación en contra de un auto de formal prisión y el tribunal de alzada decida confirmar dicho auto, resulta claro que a partir de ese momento la libertad personal del procesado se encontrará restringida no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en su contra, sino también por la confirmación del mismo, en segunda instancia. Lo anterior, con independencia de que el recurso de apelación en contra de un auto de formal prisión, de conformidad con las legislaciones estudiadas por los tribunales contendientes, proceda sólo en efecto devolutivo, pues el hecho de que el Juez de primera instancia no vea suspendida su jurisdicción no elimina el efecto descrito en el párrafo que antecede, pues resulta claro que la resolución en que se confirma un auto de formal prisión, en segunda instancia -ya sea que el procesado se encuentre recluido o gozando de su libertad bajo caución- constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que la privación cautelar o restricción de la libertad del procesado -como efecto de la libertad provisional bajo caución- es consecuencia del auto de formal prisión dictado en primera instancia, no menos cierto es que continuará privado o restringido de su libertad como consecuencia positiva de esa confirmación.." Es decir, la Primera Sala del máximo tribunal del país determinó que la resolución que declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el auto de vinculación a proceso y confirma la resolución apelada, como la que constituye el acto reclamado sí tiene ejecución material, que se traduce en la restricción de la libertad del inculpado, ello, pues es un acto que repercute directamente en la libertad personal del procesado, quien continuará privado cautelarmente de su libertad, no sólo en virtud del auto de vinculación a proceso dictado en primera instancia, sino también por la confirmación que del mismo se haga en segunda instancia. En la misma ejecutoria, la Primera Sala consideró que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia -ya sea en algún centro de reclusión de prisión preventiva o gozando de la libertad bajo caución-, la ejecución material del fallo confirmatorio se da, precisamente, en el lugar de residencia de dicho Juez de la causa. De ello, dijo, la competencia para conocer del amparo que se interponga contra la resolución que, en segunda instancia, confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juez de primera instancia que conoce del proceso penal. Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, visible en la página 174, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, número de registro digital 176365, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal". Por otro lado, al resolver la diversa contradicción de tesis 187/2011, la misma Primera Sala emitió la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". Este criterio jurisprudencial se encuentra localizable en la página 2183, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Décima Época, número de registro 160608. Debe precisarse que si bien al resolver ambas contradicciones de tesis, la Primera Sala del máximo Tribunal del país analizó el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, también lo es que dicho párrafo corresponde al correlativo del artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor. En ese orden de ideas, si como ya se precisó, los actos reclamados lo constituyen la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por los integrantes de la citada Tercera Sala Penal, en el toca penal *****, en la que declaran inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria dictada el veintidós de junio de dos mil veintiuno, por los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Oaxaca, en la causa penal *****, entonces, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido en su contra corresponde al juez de Distrito que ejerce jurisdicción en Salina Cruz, Oaxaca, porque como se vio en la ejecutoria de la Suprema Corte, la competencia para conocer del amparo que se interponga contra la resolución que, en segunda instancia, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juez de primera instancia que conoce del proceso penal, que en el caso es el Juez de Salina Cruz quien ejerce jurisdicción en la demarcación territorial donde radica el Juez de Primera Instancia, conforme a la división territorial establecida en el Acuerdo General siguiente: Al respecto, el punto Cuarto del Acuerdo General 3/2013, modificado mediante Acuerdos 12/2016, así como el 45/2016, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dice: "CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: . XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: REFORMADO POR ACUERDO GENERAL 45/2016, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 07/10/2016. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo..". Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2004166, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Por lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 18 y 48 de la Ley de Amparo, remítase el juicio de amparo en que actúa con motivo de la incompetencia planteada, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en Turno, del Décimo Tercer Circuito, a través del buzón judicial correspondiente, para lo que tenga a bien resolver en el presente conflicto competencial. En tales condiciones fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. Hágase lo anterior del conocimiento del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para que exponga ante el Tribunal Colegiado lo que estime pertinente. Notifíquese personalmente.

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