RAÚL ORTIZ BETANZOS y Otros.

Expediente 216/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
216/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
26/04/2022

Partes del expediente

  • RAÚL ORTIZ BETANZOS y Otros.
  • ALFREDO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ y Otros.
  • OLIVIA PIN GUTIÉRREZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el Titular y el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por el que acusa recibo del diverso de este juzgado, por el que se remitió el original del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, y del cual se advierte que aceptó la competencia declinada a su favor para conocer del mismo, asignándole el número ""......""""". Archivo del expediente En consecuencia, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año citado, archívese este cuaderno como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este antecedente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Por tanto, conforme a lo establecido en el diverso precepto 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en consulta, una vez transcurridos seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción. Coincidencia entre expediente electrónico y físico. Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse por hecha la certificación del Secretario, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotaciones carátula Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, se advierte que por auto de veintiocho de febrero del año en curso de declinó la competencia de la demanda de amparo, promovida por """....""""", contra actos de esta autoridad federal, y otras autoridades al Juez de Distrito en turno, con residencia en Salina Cruz, en el Estado de Oaxaca, por ser el más inmediato dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se obtuvo que al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, le tocó conocer dicha demanda, sin que al momento haya informado al respecto; en consecuencia solicítesele tenga a bien informar si aceptó la competencia declinada, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese.

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA. MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. Análisis sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y que de conformidad con los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 214, de la Ley de Amparo, "No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional", este órgano de control constitucional, con las constancias que obran en autos, procede a resolver si ha quedado cumplido el fallo protector. Alcances de la sentencia de amparo De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, realizara lo siguiente: A) Deje insubsistente, la parte relativa del acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, emitido en el expediente 220/2020, únicamente en cuanto a lo determinado respecto de la medida decretada para rescatar inmediatamente al menor de iniciales ""....."". B) Emita otra, en la que atendiendo a los lineamientos descritos en el cuerpo de la presente sentencia y con plenitud de jurisdicción valore el otorgamiento de la guarda y custodia provisional del menor en el ambiente más propicio para el desarrollo integral de su personalidad de acuerdo al análisis integral de las constancias que obran en autos del expediente natural, y/o en su caso, con los elementos de convicción que para tal efecto recabe, para lo cual se le otorga plena libertad de jurisdicción para allegarse del acervo probatorio que en su caso, considere idóneo. C) Siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria de amparo, analice las constancias que obran en autos del juicio de origen, y/o en su caso, con los elementos de convicción que para tal efecto recabe, y determine si resulta o no procedente ordenar la recuperación del menor de que se trata. Concesión de amparo que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución que los quejosos reclaman al Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, así como al Comisionado de la Policía Estatal, por no reclamarse por vicios propios. Actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo Con motivo de ello, en acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, remitiendo copia certificada del proveído de veinticuatro de ese mes y año, del que se advirtió que dejó insubsistente la parte relativa del auto dictado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, emitido en el expediente ""....."", únicamente en cuanto a lo determinado respecto a la medida decretada para la rescatar inmediatamente al menor de edad de iniciales "".....""; además las gestiones realizadas a efecto de proveer respecto del otorgamiento de la guarda y custodia provisional del citado menor, y después de analizar la narrativa de hechos de la demanda, así como las manifestaciones de los demandados, al contestar la demanda, determinó que no era procedente acordar favorablemente la petición de recuperación de dicho menor, por presumirse que el menor de edad de iniciales ""...."", se hallaba integrado a su entorno, dado que había pasado más de un año con tres meses aproximadamente, de la separación con su progenitor y un cambio le provocaría inestabilidad emocional, física y psicológica, al separarlo abruptamente de sus abuelos maternos; además de velar que las medidas que se dicten atiendan siempre al interés superior del niño, niña o adolescente. Así, el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la mencionada autoridad responsable, remitiendo copia del acuerdo de once de noviembre de esa misma anualidad, en el que señaló fecha y hora para desahogar una audiencia de carácter familiar, en la que se dialogaría con las partes procesales respecto de la controversia; así como de la diligencia de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la que con la asistencia de los demandados, aquí quejosos -quienes presentaron a su nieto de iniciales ""...."", de la tutora y la curadora, y de la perito en psicología designada en el juicio natural, e hizo constar la inasistencia del actor, aquí tercero interesado ""....."" , y después de escuchar las manifestaciones de la perito psicóloga, decretó la guarda y custodia provisional del menor de edad de iniciales ""...."" a favor de sus abuelos "...."". Análisis del acto emitido en cumplimiento Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que dejó insubsistente, la parte relativa del acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, emitido en el expediente ""....."" únicamente en cuanto a lo determinado respecto de la medida decretada para rescatar inmediatamente al menor de iniciales ""....""; emitió otro, en el que atendiendo a los lineamientos descritos en el cuerpo de la sentencia y con plenitud de jurisdicción valoró el otorgamiento de la guarda y custodia provisional del menor en el ambiente más propicio para el desarrollo integral de su personalidad de acuerdo al análisis de las constancias que obran en autos del expediente natural, y determinó que no era procedente ordenar la recuperación del menor de que se trata. Conclusión sobre el análisis del cumplimiento En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Determinación sobre exceso o defecto en el cumplimiento Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." Archivo del expediente como concluido En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Valor histórico, jurídico y de relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Depuración del expediente Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico. Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse por hecha la certificación de la Secretaria, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotaciones en carátula Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Incidente de suspensión En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Finalmente, téngase por hecha la certificación respecto a que la secretaria llevadora del presente expediente, hasta el día de hoy, dio cuenta con el estado de autos y con el proyecto de acuerdo de cumplimiento, para todos los efectos legales a que lugar y acuérdese lo que en derecho proceda en su expediente personal. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    POR LISTA: MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por """....."" en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 216/2022. Actos reclamados y autoridades responsables Ahora bien, toda vez que los quejosos señalan como autoridad responsable ordenadora a los Magistrados integrantes de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y como autoridad responsable ejecutora a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, de quienes reclaman lo siguiente: De la autoridad señalada como ordenadora reclama, la resolución de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós, emitida en el toca penal ""....""", en la que se impugno el auto vinculación a proceso dentro de la causa penal "".....""", del índice del Juzgado de Control de Tehuantepec, mismo que fue dictado por la Juez de Valles Centrales en cumplimiento al exhorto número "".....""", con fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno. De la autoridad señalada como ejecutora reclama las consecuencias de la ilegal resolución de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós, y que les fue notificada el día nueve de febrero de dos mil veintidós. Declaración de Incompetencia Ahora bien, debe precisarse que la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal. Por ende, es viable sostener que todo juez tiene jurisdicción, más no todos tendrán competencia para conocer de un asunto determinado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que informa la tesis emitida por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 309, Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". De este modo, se destaca que la competencia por territorio en materia de amparo constituye tema de orden público, no sólo por ser presupuesto procesal, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]". De lo anterior se obtiene en forma explícita que el juicio de amparo, se promoverá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar donde el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente; al respecto el numeral 37 de la Ley de Amparo, textualmente señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Ahora, del texto transcrito, se obtiene que para delimitar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, se desprenden tres reglas, a saber: 1) Primer párrafo. La competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquél en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Segundo párrafo. Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o empiece a ejecutarse en un Distrito y siga desarrollándose en otro, la competencia se surtirá a favor del juzgador ante el que se presente la demanda; 3) Último párrafo. Cuando el acto o actos reclamados no requieren de ejecución material, la competencia se surtirá a favor del juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a los dos primeros supuestos respecto del último, es que en aquéllos el acto controvertido requiere ejecución material, en tanto que en el tercero no. Ahora bien, en el caso, el quejoso reclama la resolución de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós, emitida en el toca penal ""....""", en la que se impugno el auto vinculación a proceso dentro de la causa penal ""...."", del índice del Juzgado de Control de Tehuantepec, mismo que fue dictado por la Juez de Valles Centrales en cumplimiento al exhorto número ""....""", con fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno. Por lo que para determinar la competencia para conocer del juicio de amparo, debe determinarse si el acto reclamado tiene ejecución material. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 96/2005-PS consideró: ".Una vez recibido el duplicado autorizado de constancias o el testimonio -por haberse admitido en el efecto devolutivo-, el tribunal de alzada lo debe poner a la vista de las partes por un determinado plazo para que promuevan las pruebas que estimen necesarias. Finalmente, señala un día para la vista del asunto y una vez declarado visto, queda cerrado el debate y se pronuncia el fallo que corresponda. La resolución que resuelva sobre la apelación deberá realizar, sobre el auto impugnado, el examen de legalidad descrito en párrafos anteriores y verificar que el mismo cumpla con todos los requisitos precisados en el apartado anterior y, de conformidad con ello, podrá revocar, modificar o confirmar el auto de formal prisión. Para poder determinar los efectos que conlleva una resolución que, dictada en un toca de apelación penal, confirma un auto de formal prisión, se considera necesario precisar, previamente, los efectos que conlleva aquella que lo revoca, por ser éste, precisamente, el supuesto contrario a la confirmación. Existen diversos supuestos que pueden llevar a la revocación de un auto de formal prisión en segunda instancia. Sin embargo, aquí únicamente se verán algunos que servirán para ejemplificar, posteriormente, los efectos que conlleva una resolución que lo confirma. Un auto de formal prisión puede revocarse, entre otros, porque la autoridad de segunda instancia advierta que: a. No existen elementos suficientes que comprueben la existencia del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado en la comisión del mismo, o ambos, o b. Está plenamente acreditada una causa excluyente de responsabilidad o que extinga la acción penal. En los supuestos anteriores, los efectos consistirían en revocar el auto de formal prisión dictado en contra del inculpado, ordenando inmediatamente su libertad y dictar, en el primer caso, auto de libertad por falta de elementos para procesar y, en el segundo, auto absolutorio. En cualquiera de los supuestos anteriormente aludidos los efectos se traducen en que el inculpado recupere su libertad, la cual tenía restringida, ya sea en virtud de haber estado recluido en prisión preventiva o gozando del beneficio de la libertad provisional bajo caución, la cual, como está señalado en el apartado anterior, conlleva una serie de obligaciones hacia el inculpado que se traducen en una restricción de su libertad. Ahora bien, un auto de formal prisión se confirma cuando del examen se desprende que el mismo está apegado a la legalidad, por haberse acreditado de manera adecuada todos los requisitos señalados en el apartado anterior, que deben satisfacerse para el dictado de dicho auto. De lo anterior puede concluirse que los efectos de la resolución, que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, sí tienen materialidad. Cierto, al confirmar un auto de formal prisión el tribunal de alzada reconoce que no se actualizó ningún supuesto que permita revocar el auto y dictar la inmediata libertad del inculpado, lo que se traduce en que: a. Permanezca privado, cautelarmente, de su libertad en un centro de reclusión destinado a la prisión preventiva, a disposición del Juez de primera instancia, o b. Permanezca a disposición del Juez de primera instancia, con ciertas restricciones de su libertad personal, en virtud de la libertad bajo caución que goza, consistente en el cumplimiento de obligaciones descritas en el apartado anterior. Respecto al último efecto anotado, cabe señalar que esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 67/96, en sesión de diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y siete, sostuvo que un ataque o restricción a la libertad personal no debe entenderse limitada a una privación total de la libertad, sino a cualquier afectación de la misma, en función, precisamente, del alto valor que se protege. Así pues, estimó que la libertad de un procesado se ataca al sujetarlo a determinadas obligaciones como son: el comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional; el concurrir a las diligencias que se practiquen en el proceso relativo; el no poder hacer uso de su libertad de tránsito si no es con autorización del propio juzgador, bajo cuya jurisdicción se encuentra sometido; el que se le dicte, en dado caso, el arraigo domiciliario, así como a todas aquellas circunstancias inherentes a las cuales queda sujeta una persona sometida a un proceso penal. La referida contradicción de tesis dio origen a la siguiente jurisprudencia: "AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO. DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA. PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER TIEMPO". (transcribe texto) Así pues, el fallo que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión es un acto con efectos materiales, ya que el mismo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, independientemente de si el mismo se encuentra en reclusión preventiva o gozando del beneficio de libertad provisional bajo caución. Aunado a que sus derechos y prerrogativas permanecerán suspendidos en términos del artículo 38, fracción II, constitucional. Al respecto, cabe señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración y la Primera Sala de este Alto Tribunal,(9) en su anterior y actual integración, han considerado que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen de alguna manera la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Ello, porque el derecho que a la libertad personal tiene el hombre le es propio, viene de su naturaleza, y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce y, al momento de ser privado de ella, por motivos que la misma determina, nace el derecho de estar libre, si éstos no se cumplen de manera adecuada. De ello que los requisitos que debe satisfacer un auto de formal prisión, establecidos en la Constitución y correlativamente en las leyes respectivas, contienen un presupuesto obvio y elemental que radica en que el procesado no pueda, entre otros, ser privado de su libertad y sujetado a proceso, si los mismos no se cumplen, lo que se traduce en que el mismo pueda gozar de su libertad si se acredita que el auto de formal prisión carece de los elementos necesarios para justificar su reclusión en prisión preventiva y sujeto a proceso. En estas condiciones, cuando se interponga un recurso de apelación en contra de un auto de formal prisión y el tribunal de alzada decida confirmar dicho auto, resulta claro que a partir de ese momento la libertad personal del procesado se encontrará restringida no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en su contra, sino también por la confirmación del mismo, en segunda instancia. Lo anterior, con independencia de que el recurso de apelación en contra de un auto de formal prisión, de conformidad con las legislaciones estudiadas por los tribunales contendientes, proceda sólo en efecto devolutivo, pues el hecho de que el Juez de primera instancia no vea suspendida su jurisdicción no elimina el efecto descrito en el párrafo que antecede, pues resulta claro que la resolución en que se confirma un auto de formal prisión, en segunda instancia -ya sea que el procesado se encuentre recluido o gozando de su libertad bajo caución- constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que la privación cautelar o restricción de la libertad del procesado -como efecto de la libertad provisional bajo caución- es consecuencia del auto de formal prisión dictado en primera instancia, no menos cierto es que continuará privado o restringido de su libertad como consecuencia positiva de esa confirmación.." Es decir, la Primera Sala del máximo tribunal del país determinó que la resolución que declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el auto de vinculación a proceso y confirma la resolución apelada, como la que constituye el acto reclamado sí tiene ejecución material, que se traduce en la restricción de la libertad del inculpado, ello, pues es un acto que repercute directamente en la libertad personal del procesado, quien continuará privado cautelarmente de su libertad, no sólo en virtud del auto de vinculación a proceso dictado en primera instancia, sino también por la confirmación que del mismo se haga en segunda instancia. En la misma ejecutoria, la Primera Sala consideró que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia -ya sea en algún centro de reclusión de prisión preventiva o gozando de la libertad bajo caución-, la ejecución material del fallo confirmatorio se da, precisamente, en el lugar de residencia de dicho Juez de la causa. De ello, dijo, la competencia para conocer del amparo que se interponga contra la resolución que, en segunda instancia, confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juez de primera instancia que conoce del proceso penal. Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, visible en la página 174, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, número de registro digital 176365, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal". Por otro lado, al resolver la diversa contradicción de tesis 187/2011, la misma Primera Sala emitió la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". Este criterio jurisprudencial se encuentra localizable en la página 2183, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Décima Época, número de registro 160608. Debe precisarse que si bien al resolver ambas contradicciones de tesis, la Primera Sala del máximo Tribunal del país analizó el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, también lo es que dicho párrafo corresponde al correlativo del artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor. En ese orden de ideas, si como ya se precisó, los actos reclamados lo constituyen la resolución de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós, emitida en el toca penal ""...."", en la que se impugno el auto vinculación a proceso dentro de la causa penal ""....."", del índice del Juzgado de Control de Tehuantepec, entonces, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido en su contra corresponde al juez de Distrito que ejerce jurisdicción en Salina Cruz, Oaxaca. Al respecto, el punto Cuarto del Acuerdo General 3/2013, modificado mediante Acuerdos 12/2016, así como el 45/2016, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dice: "CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: . XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: REFORMADO POR ACUERDO GENERAL 45/2016, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 07/10/2016. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo..". Conforme a lo anterior, son los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, los que ejercen jurisdicción en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, lugar de residencia del Juzgado de Control de Tehuantepec, donde se encuentra la causa penal que motivó este juicio de amparo. Se ordena remitir los autos al Juez competente Por consiguiente, con apoyo en lo previsto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver este juicio de amparo y, por ello, declina competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en Salina Cruz, al que se estima competente para que siga conociéndolo, a quien se ordena remitir por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Salina Cruz, la demanda de amparo; y una vez recepcionado se le solicita a su Titular comunique a este órgano de Control Constitucional, lo que tenga a bien determinar. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizados para recibir notificaciones sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ""....."", porque no se encuentran registradas sus cédulas profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, al tratarse el presente asunto de naturaleza penal, y a las restantes personas, por así solicitarlo expresamente. Número telefónico Respecto al número de teléfono que proporciona, de conformidad con los artículos 22, fracción II, y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19", reformado mediante diverso 1/2022, en relación al periodo de vigencia, que establece que las partes pueden proponer formas especiales y expeditas de contacto (como correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, número telefónico); instrúyase al Actuario que de resultar necesario establezca contacto con dicha parte quejosa a través de tal medio, para lograr el éxito de actuaciones procesales. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Fórmese cuaderno de antecedentes, con las constancias relativas. Notifíquese personalmente.

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