Raul Olivo Ruiz

Expediente 930/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
930/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2018

Partes del expediente

  • Raul Olivo Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    .CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:" Visto el escrito de cuenta, signado por José Luis Dueñes Tapia, con el carácter que actúa, a través del cual pretende cumplir con la prevención formulada en treinta y uno de octubre pasado, al indicar en los mismos supuestos que el acto que reclama el quejoso, consiste en: La negativa a seguir manteniendo válidas las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Otorgamiento y Pago de Pensión Alimenticia Provisional número 1080/2002, promovidas por -, representante legal de sus entonces menores hijos -, a cargo - en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, EN CUANTO A LA LEGITIMACION PROCESAL DE QUIEN(ES) ACTUA(N), y, a INTEGRAR DEBIDAMENTE LA RELACION JURIDICO PROCESAL, QUE VINCULA ,A LAS PARTES CON EL JUEZ Y QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LAS DIVERSAS EXPECTATIVAS Y CARGAS DE LAS PRIMERAS Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL SEGUNDO, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 38 y 39 de Código Procesal Civil del Estado, porque el juzgador, de oficio, debe vigilar el momento en que el menor adquiere su mayoría edad, notificándolo personalmente del estado que guarda el juicio y se apersone a manifestar lo que a sus intereses convenga. [.] Circunstancia que se traduce en la realización de descuentos indebidos del pago de pensiones alimenticias mensuales en perjuicio del deudor alimentario." Ahora, al advertirse que el ocursante ostenta dentro del presente juicio el carácter de autorizado de los quejosos en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, como le fue reconocido en el citado proveído, no ha lugar a tener por cumplida la prevención de mérito, virtud a que como lo dispone el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, la demanda de garantías, deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad el quejoso exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda, ello, tomando en consideración que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y a quien le constan los hechos ocurridos y narrados; mismos que son los que generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto y por ende, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a aclarar cuál es el acto que reclama en su demanda de garantías, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además, de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. A lo anterior, tiene aplicación por las razones que la informan, la tesis jurisprudencial 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Materia Común, Página 210, que al rubro es como sigue: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." En atención a lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa que el requerimiento decretado en proveído de treinta y uno de octubre último, subsiste en los términos ahí precisados, para su cabal cumplimiento por parte del quejoso directo, precisando que el plazo de cinco días concedido en el auto de prevención, no se interrumpe y por tanto, de no cumplir en sus términos dentro del plazo concedido con la prevención formulada, la demanda de amparo se tendrá por no presentada, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del precepto 114, fracción V, de la Ley de Amparo. ";.LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso - y su autorizado -, a través del cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de treinta y uno de octubre pasado. Ahora bien, del análisis de dicho escrito, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado y manifiesta lo siguiente: ".La negativa a seguir manteniendo válidas las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Otorgamiento y Pago de Pensión Alimenticia Provisional número 1080/2002, promovidas por -, representante legal de sus entonces menores hijos - de apellidos -, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, EN CUANTO A LA LEGITIMACIÓN PROCESAL DE QUIEN(ES) ACTUA(N), y, a INTEGRAR DEBIDAMENTE LA RELACION JURIDICO PROCESAL, QUE VINCULA A LAS PARTES CON EL JUEZ Y QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LAS DIVERSAS EXPECTATIVAS Y CARGAS DE LAS PRIMERAS Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL SEGUNDO, DURANTE ELDESA ROLLO DEL PROCESO, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 38 y 39 de Código Procesal Civil del Estado, porque el juzgador, de oficio, debe vigilar el momento el que el menor adquiere su mayoría de edad, notificándolo personalmente del estado que guarda el juicio y se apersone a manifestar lo que a su interés convenga. [.] ".Asimismo, bajo protesta de decir verdad y apercibido de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, o cuándo le fue notificado. RESPUESTA: Aproximadamente entre el 13 y 16 de febrero de este año al solicitar copia fotostática certificada de la resolución que decretó los alimentos provisionales ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad Michoacán." Ahora respecto del mismo, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Ahora, por su parte los numerales 61, fracción XIV en relación con los artículos 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)". De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, se interpondrá dentro de los quince días, existiendo las siguientes hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución, o se ostente sabedor. c) A partir de la entrada en vigor en el supuesto de la fracción I, del numeral 17. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que se ostente sabedor del acto, resolución o acuerdo que se reclame, actualizándose en el particular el segundo de los supuestos descritos. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos. Ahora, del escrito aclaratorio se desprende que el peticionario de garantías refiere que tuvo conocimiento del acto que reclama entre el trece y dieciséis de febrero del presente año, al solicitar copia fotostática certificada de la resolución que decretó los alimentos provisionales dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 1080/2002, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán. En las relatadas condiciones, es inconcuso que si la parte quejosa se enteró del acto reclamado, desde la fecha que solicitó copia fotostática certificada de la resolución que decretó los alimentos provisionales dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 1080/2002, de ahí que, es incuestionable que resulta extemporánea la demanda de garantías, en virtud de haber excedido el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, puesto que la misma se presentó hasta el veintinueve de octubre pasado, como se advierte del sello de recibido de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, que obra en autos. Tiene aplicación al respecto la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo: XXII, agosto de 2005, página 1890, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Igualmente, se cita la tesis publicada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 316, tomo X Octubre, que a la letra dice: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA.- En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los Jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: "El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado". Se comprende, pues, que los motivos manifiestos e indudables a que alude el precepto citado son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervinientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicas a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece, por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, siendo por tanto procedente DESECHAR la presente demanda. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora, se tiene al ocursante haciendo manifestaciones respecto a su oposición a la publicación de datos personales, en términos de los artículos 1° y 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con los artículos 21, 22, 23 y 24 de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, signado por José Luis Dueñes Tapia, con el carácter que actúa, a través del cual pretende cumplir con la prevención formulada en treinta y uno de octubre pasado, al indicar en los mismos supuestos que el acto que reclama el quejoso, consiste en: La negativa a seguir manteniendo válidas las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Otorgamiento y Pago de Pensión Alimenticia Provisional número 1080/2002, promovidas por -, representante legal de sus entonces menores hijos -, a cargo - en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, EN CUANTO A LA LEGITIMACION PROCESAL DE QUIEN(ES) ACTUA(N), y, a INTEGRAR DEBIDAMENTE LA RELACION JURIDICO PROCESAL, QUE VINCULA ,A LAS PARTES CON EL JUEZ Y QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LAS DIVERSAS EXPECTATIVAS Y CARGAS DE LAS PRIMERAS Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL SEGUNDO, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 38 y 39 de Código Procesal Civil del Estado, porque el juzgador, de oficio, debe vigilar el momento en que el menor adquiere su mayoría edad, notificándolo personalmente del estado que guarda el juicio y se apersone a manifestar lo que a sus intereses convenga. [.] Circunstancia que se traduce en la realización de descuentos indebidos del pago de pensiones alimenticias mensuales en perjuicio del deudor alimentario." Ahora, al advertirse que el ocursante ostenta dentro del presente juicio el carácter de autorizado de los quejosos en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, como le fue reconocido en el citado proveído, no ha lugar a tener por cumplida la prevención de mérito, virtud a que como lo dispone el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, la demanda de garantías, deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad el quejoso exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda, ello, tomando en consideración que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y a quien le constan los hechos ocurridos y narrados; mismos que son los que generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto y por ende, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a aclarar cuál es el acto que reclama en su demanda de garantías, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además, de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. A lo anterior, tiene aplicación por las razones que la informan, la tesis jurisprudencial 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Materia Común, Página 210, que al rubro es como sigue: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." En atención a lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa que el requerimiento decretado en proveído de treinta y uno de octubre último, subsiste en los términos ahí precisados, para su cabal cumplimiento por parte del quejoso directo, precisando que el plazo de cinco días concedido en el auto de prevención, no se interrumpe y por tanto, de no cumplir en sus términos dentro del plazo concedido con la prevención formulada, la demanda de amparo se tendrá por no presentada, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del precepto 114, fracción V, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por -, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán; regístrese como prevención en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este Juzgado con el número VI-930/2018-1, previo admitirla, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda [.]". Atendiendo a lo establecido en dicho precepto, y a fin de estar en condiciones de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, en atención al principio de seguridad jurídica que rige el juicio de amparo, procurando la celeridad en el procedimiento en términos del artículo 17 constitucional y, además, con fundamento en los numerales 108, fracción IV, 112, 114, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: Precise en concreto el acto que reclama, toda vez que resulta ambiguo al señalarlo de la forma siguiente: ".IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; 1. La negativa a seguir manteniendo válidas las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Otorgamiento y Pago de Pensión Alimenticia Provisional número 1080/2002, promovidas por María Gloria López, representante legal de sus entonces menores hijos Christian Raúl y Gloria Stephanie de apellidos Olivo López, a cargo Raúl Olivo Ruiz, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, EN CUANTO A LA LEGITIMACION PROCESAL DE QUIEN(ES) ACTUA(N), y, a INTEGRAR DEBIDAMENTE LA RELACION JURIDICO PROCESAL, QUE VINCULA ,A LAS PARTES CON EL JUEZ Y QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LAS DIVERSAS EXPECTATIVAS Y CARGAS DE LAS PRIMERAS Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL SEGUNDO, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 38 y 39 de Código Procesal Civil del Estado, circunstancia que se traduce en la realización de descuentos indebidos del pago de pensiones alimenticias mensuales en perjuicio del deudor alimentario." Pues lo así expuesto, imposibilita legalmente al suscrito, para poder analizar un determinado acto. Asimismo, bajo protesta de decir verdad y apercibido de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos, deberá expresar la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, o cuándo le fue notificado. Exhiba cinco copias más de su demanda de amparo, en virtud de que es una para el expediente principal, una para dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una para la autoridad responsable, tres para emplazar y correr traslado a cada uno de los terceros interesados, pues según se advierte de la certificación que antecede y del sello de Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, que obra en la parte superior de su libelo constitucional no exhibió copias. Sin que haya lugar a acordar favorablemente a la petición del quejoso, en relación a que de oficio este juzgado expida las copias necesarias de traslado; toda vez, que el artículo 110 de la Ley de la Materia, establece que con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes, asimismo que de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Bajo apercibimiento que de no cumplir con las prevenciones formuladas, de conformidad en el artículo 114, fracción I y V, último párrafo de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda de garantías. Asimismo, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, deberá exhibir cinco copias de su escrito aclaratorio para cada una de las partes, dado que el mismo tiene el propósito de subsanar las omisiones anotadas por lo que no puede desvincularse y analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Ahora, se tiene al ocursante haciendo manifestaciones respecto a su oposición a la publicación de datos personales, en términos de los artículos 1° y 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con los artículos 21, 22, 23 y 24 de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental. Por último, se tiene al quejoso por señalado domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a .-, virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.

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