Raul Martinez Rubio

Expediente 900/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
900/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • Raul Martinez Rubio

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, por medio del cual la citada autoridad informa que en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto que desechó la demanda de amparo, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.?

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos copia del escrito de cuenta, a través del cual el autorizado en términos amplios de la parte quejosa interpone recurso de queja en contra del auto de veintinueve de agosto pasado en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, una vez que obre la notificación por lista del presente proveído, remítanse de inmediato los autos a la Superioridad para la substanciación del recurso de queja, así como dos impresiones del escrito de cuenta e informe sobre la materia de queja. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por********************contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán y otras autoridades. Regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número II-900/2022-2. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: La aprobación, promulgación y publicación del proyecto de Ley del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán fecha 14 del mes de agosto de 2022, por el cual se ratifica al C. ********************, como Presidente del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán de Ocampo. Al respecto, el Suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional, por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5º, fracción I, del mismo ordenamiento legal, y el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éstos últimos interpretados a contrario sensu. El citado artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate, es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Resulta aplicable la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Los preceptos legales anteriormente señalados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.; (.)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Pues bien, el interés legítimo, se encuentra establecido por la fracción I del artículo 107 Constitucional. Se establece como un principio básico del juicio de amparo, puesto que, como medio de control constitucional, aquél se debe seguir siempre a instancia de parte agraviada. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 57/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro 2014433, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." En síntesis, para la actualización del interés legítimo, se requiere que se demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, es necesario como mínimo, aunque no exclusivamente, la demostración de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. En la especie, quien aquí juzga, arriba a la plena convicción, de que el quejoso acude a este juicio con un interés simple, no con interés legítimo, pues solamente aduce que mediante el proceso legislativo se creó la Ley del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán de Ocampo; que el acto reclamado trasgrede el interés tanto individual como colectivo, ya que señala, no se respetan los requisitos para ser consejero para integrar el Comité Directivo, la forma de elección del presidente, así como su aprobación; y que al ser Consejero Económico y Social del Estado de Michoacán de Ocampo, pertenece a esa colectividad; sin embargo, ello no implica tener un interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues no se advierte la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada, y en consecuencia que se trasgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva. De tal manera que si el quejoso acude como Consejero Económico y Social del Estado de Michoacán de Ocampo, por estimar que la elección del presidente de ese consejo no fue correcto, tal pretensión sólo constituye un interés simple, en atención a que no existe una norma constitucional que establezca o tutele un interés difuso en el sentido pretendido por el quejoso, por lo que ante tal ausencia no puede existir alguna transgresión al inexistente interés difuso. Más aún que tampoco se advierte que en caso de que se concediera el amparo tampoco se traduciría en un beneficio personal para el quejoso, de ahí que su interés sea simple como el que puede tener cualquier persona por alguna acción del Estado. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 38/2016, Tomo III, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro 2012364, publicada en la página 690, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Dicho de otro modo, no se advierte que el justiciable haya resentido afectación alguna en su esfera jurídica, con motivo de los actos que ahora reclama, máxime que, de los antecedentes que narra bajo protesta de decir verdad, no se advierte que con dichas medidas se repercuta en alguno de sus derechos fundamentales. Lo anterior permite constatar, que si bien el quejoso únicamente acredita un interés simple, como el de cualquier otro ciudadano; sin embargo, el interés simple no es suficiente para la procedencia del juicio de amparo, ya que se requiere un interés legítimo en donde se demuestre una afectación real y directa en su esfera jurídica por su especial situación jurídica frente al acto reclamado. Esto es, el justiciable solamente acredita su interés simple, al manifestar que es consejero del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán de Ocampo, pero no se advierte que pudiera obtener algún beneficio concreto y real con una eventual concesión del amparo; pues, se insiste, la relación jurídica con que se ostenta, es la que existe con cualquier otro ciudadano, sin determinar individualmente algún perjuicio o la privación de algún beneficio. Bajo tal escenario, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA DE PLANO, la presente demanda de amparo, acorde a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5º, fracción I, del mismo ordenamiento legal, y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éstos últimos interpretados a contrario sensu. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Por otra parte, se tiene al quejoso señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ******************** y ********************, en virtud de que se encontraron registradas sus cédulas profesionales en el Registro Único de Profesionales del Derecho de este órgano jurisdiccional, no así la del diverso profesionista ********************, por lo cual se le tiene como autorizando únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos; asimismo, se tiene por autorizada para los mismos efectos, a la diversa persona que refiere, por así manifestarlo expresamente. Ahora, como lo solicita se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta a la parte promovente con el nombre de usuario precisado en la constancia secretarial en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que por este medio se le realicen las notificaciones y tenga acceso al expediente electrónico. Por consiguiente, sin que haya lugar a tenerle por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. Finalmente, toda vez que el promovente manifiesta oponerse a la publicación de datos personales durante el trámite del presente asunto, por tanto, se ordena la supresión de los mismos. Notifíquese personalmente.

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